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Vara y Montilla apuestan porque el PSOE sea capaz de «buscar alternativas» frente a las centrales nucleares

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que hay que aprovechar «la ampliación de vida» de la central nuclear de Almaraz para buscar «alternativas», después de que la Comisión para la Transición Ecológica del Senado haya instado al Gobierno a rechazar el cierre de esta instalación de Cáceres.

«Si España quiere cerrar las centrales nucleares tiene que buscar ya las alternativas energéticas e industriales», señaló Vara, que considera que se puede llegar a 2030 con renovables. También se pronunció el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria, José Montilla, que ha apoyado la búsqueda de alternativas que defiende Vara y ha destacado que hay que trabajar en «una política destinada al desarrollo de las renovables, que sea creíble y responsable del cierre de las centrales nucleares».

Nadal recuerda que el Tribunal Supremo impidió eludir la indemnización de Castor mientras Unidos Podemos pide una comisión de investigación

Europa Press.- Unidos Podemos y Compromís registraron en el Congreso de los Diputados una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor con el objetivo de «esclarecer las responsabilidades políticas» de este caso. Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, recordó a la Generalitat de Cataluña que fue el Ejecutivo del PP quien pidió al Tribunal Supremo (TS) la lesividad del contrato del almacén de gas Castor.

En respuesta a una carta del consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, el ministro de Energía recordó que una vez el Supremo dijo que no se podía considerar lesivo el contrato, el Gobierno elaboró un decreto ley que redujo en más de la mitad el «daño anual» de la instalación al sistema. Nadal ha asegurado que la situación del almacén es «estable» y que la extracción del gas se tiene que hacer con todas las garantías y con los estudios adecuados sin que ello perjudique a las poblaciones cercanas.

Piden una comisión de investigación

Por su parte, el diputado de En Comú, y portavoz de energía de la formación morada, Josep Vendrell, ha señalado que su comisión de investigación implicaría tanto a Gobiernos del PP como del PSOE, ya que se inició con el entonces ministro popular Josep Piqué, pero el proceso de adjudicación continuó con los socialistas Joan Clos, José Montilla y Miguel Sebastián. Todos ellos, según ha apuntado Vendrell serán llamados a comparecer en esta comisión y también el exministro José Manuel Soria, debido a su implicación en el proceso de indemnización de la empresa adjudicataria, así como el actual titular del departamento de Energía Álvaro Nadal.

Asimismo, proponen llamar a expertos, científicos y organizaciones ecologistas que avisaron de los peligros medioambientales y del riesgo sísmico de la zona, así como a la sociedad civil, ayuntamientos y asociaciones vecinales que se opusieron desde el primer momento a la construcción del almacén de gas. «Ahora estamos pagando los consumidores de gas por este capitalismo parasitario que permite que la empresa gane cuando se autoriza el proyecto y, cuando éste falla, también gane», ha denunciado el diputado catalán, quien ha recordado que esta situación también pasa en otros sectores.

Del mismo modo, ha recordado que la intención de Unidos Podemos es desmantelar la planta de Castor y sellar el pozo, con las medidas de seguridad necesarias, y recuperar la indemnización de 1.700 millones de euros que ha recibido la empresa adjudicataria. En este sentido, la formación morada ya obtuvo el voto a favor de la mayoría de los diputados y la abstención del PP a una proposición no de ley para que el Gobierno trate de recuperar la indemnización concedida a Escal UGS. Por este motivo, la diputada de Unidos Podemos, Ángela Ballester, se ha mostrado convencida de que se van a recabar los apoyos necesarios para sacar adelante esta comisión de investigación parlamentaria.

Soria dice que Inovyn-Solvay incumplió tres veces durante 2014 su compromiso de interrumpibilidad

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, responsabilizó a la dirección de la planta de Inovyn-Solvay en Martorell (Barcelona) de ser excluida de las subastas del servicio de interrumpibilidad del sistema eléctrico porque entre febrero y marzo de 2014 incumplió «sistemáticamente» las órdenes de interrumpir su consumo eléctrico, formuladas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), a pesar de que la instalación había recibido 23,6 millones de euros en pagos por interrumpibilidad para el ejercicio 2014.

El ministro destacó que la interrumpibilidad la paga el sistema eléctrico, es decir, «todos los españoles que pagamos nuestra factura para nuestro hogar o las empresas». Los pagos por interrumpibilidad bonifican a las plantas industriales que están dispuestas a desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad dictaminada por REE. Soria subrayó que las empresas que optan a estos pagos aceptan «absolutamente todas» las condiciones y obligaciones que implican, por lo que, añadió, «hay que preguntarle directamente a los responsables» de la planta por qué las incumplieron. Soria se mostró convencido «al 100%» de que Montilla, que ocupó también esa cartera ministerial, «nunca habría tomado una decisión ilegal» teniendo informes de la Abogacía del Estado.

Soria precisó, además, que algunas interpretaciones jurídicas optaban por negar a todas las plantas del grupo químico la posibilidad de presentarse a las subastas de interrumpibilidad para 2016, que se están celebrando esta semana. No obstante, según esgrimió, el Gobierno aceptó la interpretación «más favorable» para la empresa. «Haga responsable de sus propias decisiones, no a los trabajadores, no al Gobierno, sino a la propia dirección de la empresa», señaló.

Soria defendió también el sistema de subastas para adjudicar los pagos por interrumpibilidad. El titular de Industria explicó que «no ha sido un capricho del Gobierno» sino una petición del sector, porque el sistema anterior de asignación corría el riesgo de ser considerado una ayuda de Estado por la Unión Europea (UE), situación que se produjo en Italia y que supuso una multa de más de 300 millones de euros para las empresas italianas afectadas.

En su intervención, el senador José Montilla de la Entesa Catalana del Progrés, reclamó al titular de Industria que buscara soluciones para evitar que la difícil situación de la empresa suponga la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. El senador catalán recordó que la planta tuvo que ampliar capital para absorber pérdidas y que la decisión de Industria de excluirla de las subastas de interrumpibilidad tiene consecuencias graves para la viabilidad de la empresa.

Montilla admitió que los argumentos del Ministerio de Industria «son defendibles» pero criticó la «desproporción» entre la actuación de la empresa y las consecuencias de la decisión de Industria puesto que también se pueden poner en peligro inversiones de 75 millones de euros para la modernización de la planta. Por ello, pidió a Soria que «busque soluciones» y reciba a los representantes de la empresa y de los trabajadores. De hecho, miembros del comité de empresa han seguido el debate desde la tribuna del Senado, según indicó el senador Montilla.

El lunes se celebró la primera jornada de las subastas de interrumpibilidad, que transcurrió con absoluta normalidad según fuentes de REE. En total concurrieron 131 plantas a la subasta. Se adjudicaron en competencia los primeros 50 bloques de 5 megavatios (MW) y 4 de los 8 bloques de 90 MW. Los otros 4 bloques de 90 MW se adjudicaron por asignación directa, según establecen las reglas de la subasta en los casos de falta de competencia. Quedan, por tanto, 326 bloques de 5 MW para subastar durante los próximos días. Respecto a los bloques de 90 MW, cabe recordar que en 2014 8 bloques fueron adjudicados en competencia y tan solo uno por asignación directa.

En 2014, Alcoa presentó un expediente de extinción de empleo para todos los trabajadores de sus plantas de Avilés y La Coruña al no conseguir ningún pago por interrumpibilidad en las subastas del pasado noviembre. Posteriormente, la compañía retiró los expedientes tras una subasta extraordinaria en la que sí consiguió algunos derechos para las dos plantas. Gestionado por REE, el servicio de interrumpibilidad hace que en una situación concreta provocada por la repentina disminución del suministro o un exceso puntual de la demanda de energía, se activa el servicio que provoca la reducción o la interrupción del consumo en las grandes industrias nacionales, que a cambio perciben una determinada retribución.