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UGT exige que Soria asista a la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón

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Redacción / Agencias.- La Federación de Industria de UGT (FITAG-UGT) emplazó al Ministerio de Industria a convocar «urgentemente» una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón a la que asista el titular del Ministerio, José Manuel Soria, ante la «crítica» situación que atraviesan las empresas mineras.

Según el sindicato, es necesario analizar y solucionar con urgencia la coyuntura del sector en un momento en que la ratio entre carbón de importación y autóctono sigue creciendo a favor del primero, «lo que hace necesario reivindicar que se consuma más hulla nacional y que las empresas eléctricas y mineras establezcan acuerdos prioritarios a medio y largo plazo para su compra». Estas medidas deberían complementarse con la puesta en marcha del mecanismo de pagos por capacidad y la posibilidad de que este mecanismo vaya acompañado de la exención del céntimo verde para el carbón producido bajo unos estándares nacionales.

UGT reclama además la asistencia a la reunión del ministro, José Manuel Soria, para explicar «por qué el Gobierno no se ha puesto en contacto con la Comisión Europea para garantizar la actividad en las minas de carbón españolas más allá de 2018 tal y como fue su compromiso«. Este incumplimiento, afirma el sindicato, se ha puesto en evidencia estos días cuando, a preguntas sobre esta cuestión de un eurodiputado del PSOE, el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, aseguró que el Gobierno español aún no realizó ninguna gestión.

Asimismo, UGT considera necesario «el cumplimiento íntegro» del marco de actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018. Respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2016, señala la necesidad de dotar de «los suficientes medios económicos» al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, «y con ello afrontar los compromisos y obligaciones que emanan del marco de actuación para la Minería del Carbón. Además, lamentaron que la seguridad minera se ha quedado sin ninguna partida, lo cual es «inadmisible». Asimismo, Fitag-UGT denuncia la situación de los pagos de ayudas a las empresas del 2015, ya que «estamos casi en septiembre y aún siguen sin hacerse efectivos».

Fitag-UGT entiende que en estos momentos el Ministerio de Industria y la dirección de la empresa «tienen que reaccionar de inmediato y resolver ya la situación crítica de Elcogas, ya que se va a ver abocada al cierre, dejando en la calle a muchísimos trabajadores directos e indirectos, y a la comarca de Puertollano severamente empobrecida«. Por ello el sindicato considera que Industria y la dirección de Elcogas tienen que dar ya «una solución urgente» para la empresa, negociada con los representantes de los trabajadores.

García-Page: «Vamos a pelear hasta el último momento por Elcogas»

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EFE.-  El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado que se reunirá con representantes de Endesa e Iberdrola, accionistas de Elcogas, para buscar una solución al cierre de la planta y ha aseverado: «No voy a tirar la toalla y vamos a pelear hasta el último momento».

García-Page se ha pronunciado así en una entrevista con la Agencia Efe momentos antes de reunirse con el comité de empresa de Elcogas y con la alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real), Mayte Fernández, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional. «Hay una estrategia marcada por Rajoy y por el ministro de Industria y seguida muy de cerca por el PP de cierre, Elcogas no estaría como está si no le hubieran dado la vuelta que le han dado a la política energética de este país», ha criticado.

En este sentido, ha afirmado que «con un 2 por ciento de lo que se ha ido en tapar el agujero de Rato habría para mantener un parte importante del sector energético de este país». El presidente regional ha criticado no seguir apoyando a este sector energético que ya ha recibido mucho dinero: «después de haber invertido cientos y cientos de millones de euros públicos en un proyecto trascendental como Elcogas me parece un derroche no seguir con ese esfuerzo».

A su juicio, no se trata solo de salvar cientos de puestos de trabajo sino que el propio comisario español Miguel Arias Cañete admite que es «estratégico» para Europa, y ha recordado que solamente hay ocho plantas en el mundo con el «mismo comportamiento» que Elcogas, que han demostrado que se puede utilizar carbón sin contaminar. Ha subrayado, en este sentido, que esta planta es un proyecto científico, y de I+D+i en un país sin petróleo, sin gas y con una energía nuclear que cada vez es menos rentable. Por este motivo, ha señalado que «no se puede presumir de ser muy patriota en España y estar haciendo lo que se hace con el sector energético».

García-Page también ha criticado la «falta de respeto absoluto» del Ministerio de Industria hacia la sociedad de Castilla-La Mancha, ya que el ministro, José Manuel Soria, aplazó una reunión con él, prevista para el 22 de julio, y días más tarde -ya en agosto y «por la puerta de atrás»- adoptó la decisión de autorizar el cierre de Elcogas de Puertollano.

El ministro Soria ve necesario introducir un mayor nivel de competencia en el mercado de los carburantes

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Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, considera que es necesario profundizar en medidas para buscar una mayor competencia en el mercado mayorista de los carburantes, en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Analizamos atentamente las nuevas sugerencias que hace el regulador para introducir modificaciones a nivel mayorista y no vamos a tener ningún inconveniente, todo lo contrario, en hacerlo, siempre y cuando veamos que efectivamente mejoran la competencia», afirmó Soria.

El ministro Soria consideró que bien es cierto que «ya no hay tiempo parlamentario» para adoptar más medidas, aunque subrayó que, «mirando al futuro, hay que insistir en introducir el máximo nivel de competencia«. Soria destacó que a lo largo de la legislatura se adoptó un importante paquete de medidas, como la Ley de Hidrocarburos, para introducir competencia a nivel minorista en el mercado de los carburantes, que han dado como resultado que el 90% de la creación de las nuevas estaciones de servicios en los últimos 18 meses sean independientes, en un mercado en el cual los cuatro grandes operadores controlan, directa o indirectamente, el 90% de las gasolineras.

«El efecto de ello, es que muchas ciudades tienen estaciones de servicio independientes que observan diferencias en precios por litro de 4 y 5 céntimos», dijo. Asimismo, defendió el papel de la CNMC como vigilante del mercado y su papel como sancionador cuando se registran acciones que restringen la competencia, como en el caso de las recientes multas a las grandes petroleras, ya que «beneficia al interés general, a los consumidores, y las empresas deben tomar buena nota». «Las reglas de los mercados se deben cumplir y me parece que ésa es la función del regulador. El regulador no está para establecer frenos o restricciones, tiene que vigilar que las condiciones del mercado y de la competencia se cumplan», añadió.

Por otro lado, el ministro se mostró partidario de «separar» el apoyo que el Gobierno presta al sector del motor mediante el Plan PIVE de la multa histórica de 171 millones aplicada por la CNMC a 21 empresas de automoción. «Seguiremos apoyando el futuro del sector por ser un elemento con efecto tractor» sobre el conjunto de la economía, afirmó el ministro, después de considerar que los planes PIVE «han sido efectivos porque han aumentado la fabricación, ventas y exportaciones y todo lo que tiene que ver con el negocio publicitario». Asimismo, dijo que le parece «bien» la posición de la CMNC y consideró que cualquier «denuncia o expediente» es una muestra de que el regulador «vela por la competencia».

El Ayuntamiento de Puertollano rechaza el cierre de Elcogas y pide el cese del ministro Soria

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EFE / Europa Press.- El pleno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) aprobó, con el voto en contra de los representantes del PP, una declaración en la que pide el cese del ministro de Industria, José Manuel Soria, y rechaza el cierre de la central termoeléctrica de Elcogas.

En la declaración, apoyada por PSOE, IU y Ciudadanos, la corporación municipal mostró su apoyo a los trabajadores afectados al tiempo que lamenta la decisión del Gobierno de autorizar el cierre de la planta de Elcogas y acusa al ministro Soria de «deslealtad» y «falta de sensibilidad». Además, criticaron la «ausencia de diálogo» por parte del Ministerio, los aplazamientos de las reuniones institucionales que se deberían haber producido, la falta de respuesta a los escritos enviados desde el Ayuntamiento, y que haya «dado la espalda» a la ciudad sin valorar «las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones» y por su falta de capacidad en la búsqueda de soluciones que eviten el cierre de Elcogas».

El Ayuntamiento exige que se incluya a Elcogas en el régimen retributivo especial previsto por la ley del sector eléctrico y que se realicen «las modificaciones que sean necesarias para garantizar la continuidad de la central». La corporación decidió también solicitar al consejo de administración de Elcogas que «retrasen cualquier decisión irreversible que tenga repercusiones negativas para los trabajadores«. Por tanto, se pide que reconsidere el cierre de la central térmica y mostró su «indignación» por esta decisión. Del mismo modo, también se instó a la Junta de Castilla-La Mancha, a la Diputación, a las instituciones europeas y a todos los agentes sociales implicados a «aunar esfuerzos en positivo para la viabilidad de esta empresa».

La alcaldesa, Mayte Fernández, reconoció que hubiese preferido un acuerdo unánime en este asunto y lamentó que el PP no aceptara la declaración institucional y así rechazar de forma frontal la decisión del Ministro de Industria, que «en ningún momento ha escuchado a ninguna de las partes», algo que «dice mucho de su falta de ganas al diálogo». Fernández indicó también que el único mensaje positivo que los trabajadores quieren escuchar es que Elcogas no se cierre. «Es una decisión muy grave, que afecta a mucha gente», manifestó, y se preguntó por qué el Ministerio de Industria no dispone para Elcogas lo mismo que para una central de Asturias, que tiene un régimen retributivo especial.

«La dimisión no soluciona nada»

El portavoz del Grupo Popular, Juan José Jiménez Prieto, justificó su voto en contra porque «aun compartiendo el fondo de la declaración no pueden compartir las formas, porque el problema de Elcogas no se soluciona pidiendo el cese del ministro sino con un plan de viabilidad para que Elcogas salga adelante«. Asimismo, el comité de empresa de Elcogas analizó la posibilidad de adelantar las movilizaciones que ya estaban previstas para el próximo septiembre, entre ellas, una gran manifestación en Puertollano. En todo caso, se esperará al próximo lunes para ver qué decisión toma en su reunión el consejo de administración de Elcogas, tras el permiso de cierre concedido por Industria y que tiene un plazo de ejecución de tres meses.

En este sentido, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, confía en que los accionistas de Elcogas tengan «más sensibilidad que el Ministerio de Industria y no se precipiten en zanjar un proyecto de investigación de 20 años, pionero en España y que es exportado a todo el mundo». Alcaide consideró que «la voluntad política de encajar los costes de esta tecnología, igual que se hizo con otras centrales no contaminantes en nuestro país, podría garantizar la viabilidad de Elcogas«. A juicio de Alcaide, Elcogas es «víctima» de los cambios regulatorios del Gobierno que «hacen compitamos con empresas contaminantes cuando los costes de la industria limpia de Elcogas son mucho mayores».

El presidente del comité de empresa también llamó la atención sobre el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de reducir los niveles de contaminación con tecnologías de generación de electricidad integral en gasificación del carbón en ciclo combinado y captura de CO2. Un sistema, apunta, que «hemos exportado desde Puertollano y Castilla-La Mancha, mientras en España no hay voluntad política de mantenerlas». Alcaide concluye que el cierre de la planta «implicaría acabar con la tradición minera de Puertollano y el cierre del centro minero de carbón a cielo abierto de Encasur».

CCOO: se «desangra» la comarca

CCOO manifestó su «absoluto rechazo» al cierre de Elcogas y pide al departamento dirigido por Soria que se abandonen unas políticas energéticas que, a su juicio, «desangran la comarca», y que no se tome ninguna medida «que no tenga marcha atrás» hasta que no se reactive «el diálogo social» que se rompió en noviembre. En este sentido, el sindicato advirtió de que había encuentros previstos para hablar de Elcogas con Soria en julio que tuvieron que posponerse hasta septiembre por problemas de agenda. «Aunque por activa y por pasiva se reclamó a Soria que fuese consecuente y paralizase el expediente hasta que se celebrasen estas reuniones, Industria decidió hacer oídos sordos y dar vía libre a un cierre«, aseguró CCOO.

CCOO de Industria recordó que el 30 de diciembre de 2014 el antiguo gobierno de Castilla-La Mancha comunicó a los trabajadores de la planta que la presidencia de Elcogas y la secretaría de Estado de Energía habían alcanzado un acuerdo que daba seguridad y estabilidad al complejo industrial hasta 2018. El acuerdo se amparaba en el que tiempo atrás habían firmado CCOO de Industria, FITAG-UGT, Carbunión y el propio Ministerio, el llamado «Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018».

Soria advierte de que vigilará el mercado eléctrico tras el alza en julio que empaña la bajada de peajes

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Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se mantendrá «vigilante» ante el comportamiento del mercado mayorista de electricidad, o pool, después de que las subidas de precios durante el mes de julio hayan empañado el recorte en un 4% de los peajes eléctricos aplicados desde el pasado sábado y encaminados a provocar un descenso en el 2,2% en el recibo de la luz.

«Siempre estamos vigilantes y también lo está el propio regulador del sistema», cuya función es «velar para que las reglas de competencia se cumplan y no haya ningún tipo de distorsión que pueda afectar a los precios«, afirmó el ministro al ser preguntado por las fuertes subidas en el mercado eléctrico en un momento en el que el Gobierno ha apostado por rebajar la parte regulada del recibo desde agosto.

«Lo que sí que hay este año es una realidad: las condiciones meteorológicas no están favoreciendo una mayor generación de renovables», ya que «hay poco viento y poco sol, poca eólica y solar», y esta circunstancia, junto a una demanda en verano desconocida en «varios años», provoca subidas en la parte de mercado del recibo de la luz, señaló. En todo caso, Soria presentó el recorte de los peajes como «una bajada real en uno de los componentes de la factura eléctrica». «Los beneficios de la reforma energética llegan al consumidor en términos de bajada de precios», aseguró el ministro.

Respecto a la evolución del recibo a lo largo de 2015 y de si se producirá una bajada con respecto al ejercicio anterior, consideró «prematuro» realizar un vaticinio. «Creo que cuando acabe el año habremos tenido un comportamiento similar a lo que fue 2014″, indicó Soria. En todo caso, el ministro rebajó las expectativas ante una posible nueva bajada de peajes antes de fin de año. «El colchón que hay de 250 millones de euros es el que ya se ha utilizado» y el que ha permitido aplicar la rebaja del 2,2% entre agosto y diciembre, de modo que ahora «habría que ver cómo van evolucionando los primeros meses los ingresos y costes del sistema«.

Por otro lado, el ministro quitó importancia a las críticas al nuevo sistema de tarifa por horas de electricidad, entre ellas la de que no permite conocer los precios con antelación suficiente o la de que resulta demasiado compleja e induce al consumidor a conductas como la de poner la lavadora por la noche. «Eso es lo anecdótico de la medición horaria de la facturación», afirmó, antes de destacar como «importante» la eliminación de un sistema de fijación de precios mediante subastas que provocaba un sobrecoste adicional de 300 millones de euros al año y de 1.500 millones en el periodo entre 2009 y 2013.

Además, Soria se mostró confiado ante cualquier denuncia interpuesta contra la tarifa por horas, así como acerca de los arbitrajes que se libran en el Ciadi a propósito de los recortes a las renovables. «El Gobierno no ha tomado ninguna decisión o medida que haya supuesto ninguna discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, por lo que no ha lugar en términos de fundamento jurídico a que se planteen ese tipo de arbitrajes internacionales», dijo. «Toda la reforma energética que impulsó el Gobierno en lo referido a incentivos de energías renovables está basado en la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que estos incentivos no pueden ser independientes de cómo evolucione el ciclo económico«, señaló Soria.

Sobre el decreto de autoconsumo, el ministro indicó que incorporarán algunas recomendaciones de la CNMC que «mejoran» el texto. «En septiembre ya irá al Consejo de Ministros», avanzó Soria. «No he visto a nadie que sea capaz de explicarme qué es el impuesto al sol. Eso no está en la ley. Lo que hay es que si alguien se instala una placa solar en su casa y sólo consume de esa instalación, no tiene que pagar absolutamente nada, pero si aparte se quiere estar enganchado a la red, en ese caso se debe pagar esa red como el resto de los consumidores, y eso es lo que hemos establecido», señaló.

Soria dice que el recibo de la luz subirá hasta un 30% si no hay un ATC en España

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que el coste de no tener un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España podría derivar en un encarecimiento de hasta el 30% en la factura de la luz. Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que el Estado sigue teniendo competencias para autorizar el ATC mientras que el PP manchego subraya que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan.

En este sentido, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que «encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura«. Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el ministro señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión sobre la protección medioambiental de los terrenos para tratar de impedir la instalación del ATC en Villar de Cañas es «única y exclusivamente hacer ruido», ya que va «en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que el ATC es un proyecto que genera actividad«. De todos modos, el ministro descarta que esta decisión vaya a afectar a la ejecución o el desarrollo del proyecto, de manera que la empresa encargada de los residuos radioactivos (Enresa) podrá iniciar «en los próximos meses» los trámites pendientes para iniciar la construcción del proyecto.

Asimismo, Soria recordó que este proyecto, que supondrá una inversión de 900 millones de euros, era del anterior Gobierno socialista, «con muy buen criterio», y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones «totalmente cerradas«. «El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio», añadió Soria al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. «Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio de Industria procederá a aprobar la autorización del ATC», dijo, añadiendo que este proceso podría completarse «a lo largo de los próximos meses».

El Gobierno sigue teniendo competencias

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró convencido de que el Estado sigue teniendo competencia para autorizar el primer permiso del proyecto de construcción del ATC pese al anuncio de la Junta de Castilla-La Mancha de ampliar la protección natural de la zona para impedir el proyecto. «Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado, en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma«, aseguró.

Según indicó el ministro, esa posibilidad existe dentro de la actual legislación, aunque Catalá reconoció que, para llevar a cabo esta medida, «tendrá que ser objeto de análisis, de estudio y de valoración» con el fin de determinar «cuál es el interés superior que pudiese concurrir en este caso». Catalá argumentó que, aunque parece que la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de «utilizar una declaración medioambiental» para paralizar el ATC «puede estar dentro su ámbito competencial», el proyecto de construcción del ATC también «tiene que ver con la protección a los ciudadanos en el tratamiento de residuos nucleares«.

«Deben ser técnicos quiénes deciden»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha cree que «deben ser los técnicos y no los políticos» los que decidan sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).La diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha lamentado que «a una zona muy deprimida» como la que rodea Villar de Cañas «se le niegue la posibilidad de tener capacidades para el fomento de riqueza y empleo». Igualmente, ha preferido esperar hasta conocer qué se plantea por parte del Gobierno autonómico para manifestarse sobre los terrenos que quieren incluir en la Red Natura 2000, aunque ha incidido en que esa cuestión debe decidirse «de manera técnica».

Soria asegura que la regasificadora de Gran Canaria depende del Cabildo Insular

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EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió de que si la inversión de 300 millones prevista para la regasificadora de Arinaga «no llega a producirse, la habrá paralizado el Cabildo de Gran Canaria, no el Gobierno de España ni el Gobierno canario». Así lo expresó después de la cumbre sectorial Canarias-Estado, en la que consideró que si Arinaga no llega a operar, sería una cuestión que situaría a Gran Canaria «en una posición de desventaja, teniendo en cuenta que la alternativa sería el fuel».

Soria destacó que «no todos los días se pone sobre la mesa una inversión de 300 millones de euros que va a introducir, además, competitividad a la industria de esta isla y a disminuir el coste de generación del sistema eléctrico«. Tanto Soria como el presidente canario, Fernando Clavijo han acordado una posición común «y muy clara» sobre este asunto, si bien el ministro ha recalcado que habrá que esperar a saber «cuál es la que plantee» el Cabildo grancanario.

El presidente de esa corporación insular, Antonio Morales, avisó el viernes de que el futuro energético de la isla no lo van a condicionar «cuatro mangantes de la política y las eléctricas», ya que el «interés general por las renovables» debe estar por encima de los grupos de presión. Para Soria, la obra de la regasificadora prevista en Arinaga puede ser considerada de interés general, si bien, a su juicio, «lo importante es saber si la sociedad grancanaria va a estar dispuesta a que no tengamos una inversión de 300 millones de euros, que puede disminuir las emisiones de anhídrido carbónico al sustituir petróleo por gas, y que puede tener uso industrial, y que sí puedan tenerla industrias de Tenerife».

La AIE recomienda a España limpiar la tarifa de la luz de los costes ajenos al suministro

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Redacción / Agencias.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomienda al Gobierno español que «reforme» la tarifa de la luz mediante la «eliminación de cualquier componente de coste que no esté relacionado con el suministro«. Así aparece recogido en el informe anual de la AIE sobre España, el Energy Policies of IEA Countries for Spain 2015 Review, presentado por la directora ejecutiva de la agencia, Maria van der Hoeven, junto al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

La directiva de la AIE subrayó que los costes de la electricidad en España siguen «entre los más altos de Europa», por lo que es recomendable «quitar barreras que no tienen que ver con esos costes» y «estar más alineados con las señales que da el mercado para conseguir mejor respuesta por parte de los clientes». Por ello, el informe considera que los costes no esenciales que se saquen de la tarifa deben recuperarse a través de «mecanismos más apropiados» y que «España debe revisar sus objetivos de renovables» con la premisa de que «la carga sea compartida por distintos sectores, lo que pasa por limitar de forma más ambiciosa el uso de carburantes fósiles en el sector del transporte«.

Por su parte, Soria recordó que en España se incluyen los extracostes peninsulares de los que «una parte ya están yendo a los Presupuestos Generales del Estado», si bien sacar este tipo de costes del recibo era «muy difícilmente planteable» en un escenario de consolidación fiscal. En cualquier caso, valoró que como consecuencia de la reforma energética se haya conseguido que «una buena parte de los costes regulados del sistema hayan disminuido» y hayan permitido corregir el «persistente» déficit tarifario. Soria subrayó los efectos positivos de las medidas emprendidas por el Gobierno en materia energética por las que, aunque el nivel de precios es todavía elevado, indica según dijo «que el camino que se ha seguido es el buen camino».

Al analizar la reforma energética, la AIE considera que el Gobierno «ha cumplido su objetivo», ya que «los costes y los ingresos del sector vuelven a estar en equilibrio y el déficit de tarifa acumulado, que alcanzó un pico de 29.000 millones en 2013, equivalente al 3% del PIB, podrá desaparecer gradualmente«. Por ello, Van der Hoeven valoró la resolución del problema del déficit de tarifa y felicitó al Gobierno «por haber luchado contra este desafío», que «no iba a ser popular ni fácil». La reforma, indica el informe, «ha sido compleja, pero necesaria. La sostenibilidad futura del sistema eléctrico depende tanto de las circunstancias macroeconómicas como del mantenimiento de un compromiso con la reforma por parte de los políticos».

Aún así, Van der Hoeven subrayó que la reforma energética ha tenido también sus contras, como frenar las inversiones en renovables al enviar una «visión negativa» a los inversores por los recortes aplicados. «Lo importante ahora es ceñirse a las reglas para poder recuperar la confianza perdida, y se conseguirá muy pronto«, añadió. Para evitar «cualquier interferencia política en el futuro», es necesario aplicar el principio de que «ningún coste nuevo debe introducirse sin un incremento anterior de ingresos», afirma la agencia. El informe también destaca la reducción en 10 puntos, del 80% al 70%, de la dependencia energética de España en el periodo entre 2009 y 2014, que «puede ser atribuida en parte al rápido incremento en las renovables».

Van der Hoeven apuntó que los esquemas de ayudas a las renovables «fueron demasiado altos para la economía española», por lo que fue necesario «tomar medidas» para reducirlas. «Esta reforma también ha tenido costes», indicó, «puesto que los inversores han aprendido sobre riesgos políticos y reglamentarios y no olvidarán estas lecciones». Por ello sostuvo que el sector renovable en España se ha visto «muy afectado» por la reforma eléctrica desarrollada, ya que las medidas han conseguido «traer equilibrio al sector pero han frenado las inversiones».

«Tenemos el riesgo de que se estanque este sector», advirtió la directora general de la AIE, quien consideró que «hay mucho por hacer» y a pesar de esa «turbulencia» percibe un «potencial grande» de energías renovables en España en el futuro. «España tiene recursos de viento y sol», indicó, «y necesita más capacidad para cumplir los objetivos europeos, por lo que confía en que con una política de precios e inversiones este sector podrá ser competitivo en España y se reducirá la necesidad de subsidios».

Por su parte, el ministro defendió que las inversiones extranjeras ahora cuentan con «certidumbre, estabilidad y confianza», lo que ha conducido, según datos del Ministerio de Industria, a un volumen de inversiones en renovables superior a los 1.000 millones de euros en el primer semestre en España. Además, recordó que el Ejecutivo lanzará una convocatoria de 700 MW de renovables, y especificó que en eólica se dedicará a la repotenciación de parques eólicos actualmente existentes pero antiguos con capacidades inferiores.

Preguntada por la postura de la AIE respecto al autoconsumo energético en España y la normativa actualmente en elaboración, la directora general coincidió con Industria en que la tarifa energética «tiene que asegurarse con que todos los suministradores contribuyan». Por ello, remarcó la necesidad de invertir en la red puesto que seguirá siendo la «columna vertebral», ya que los autoconsumidores precisarán de su utilización cuando quieran vender su superávit o no cuenten con energía suficiente.

La AIE plantea a España subir los impuestos de los carburantes

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Redacción / Agencias.- La directora ejecutiva de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Maria van der Hoeven, instó al Gobierno español a subir los impuestos a los carburantes con el objetivo de avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos medioambientales. De esta forma la AIE recomienda al Gobierno que traslade a otros sectores, además de al eléctrico, la responsabilidad de desarrollar las energías renovables en España. Asimismo, reclama «más poder e independencia» a los organismos reguladores para que fijen las tarifas.

Durante la presentación del informe anual de la AIE sobre España, el Energy Policies of IEA Countries for Spain 2015 Review, Van der Hoeven instó al Gobierno a «que considere subir los impuestos medioambientales sobre los carburantes en una forma que sea neutra respecto a los ingresos». En concreto, subrayó que «hay impuestos de combustible muy bajos respecto a otros países» que, en caso de incrementarse, supondrían beneficios «a nivel de cambio climático y ahorrar dinero y mejorar la calidad del aire». Esta posibilidad fue descartada de inmediato por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, al indicar que «no está planteado», aunque también matizó que esto «no significa que no se pueda plantear en un futuro».

Van der Hoeven alabó la seguridad de suministro en España en todos los ámbitos, aunque recomendó que se «evalúe su potencial de gas» ya que por su alta dependencia del exterior en materia de hidrocarburos el país «se está haciendo muy vulnerable». También destacó el esfuerzo realizado por España para la creación de un centro de distribución de gas, lo que ofrecerá unos precios «más transparentes«. Para reforzar esta seguridad, también abogó por aumentar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, que también servirían para colocar a España «como país de tránsito para el gas y las energías renovables» hacia Europa.

Por otra parte, entre las recomendaciones del informe, figura una apuesta por desarrollar una estrategia energética a largo plazo que cubra todos los sectores y una reforma fiscal en materia energética que incentive la reducción de los gases de efecto invernadero y la eficiencia energética. En este sentido, animó a España a que asegure a través del Fondo de Eficiencia Energética puesto en marcha en 2014 que los gastos en eficiencia energética y renovables contribuyen a la «eficacia» general del sistema energético. Además, la AIE pide un compromiso a largo plazo para mantener equilibrados los ingresos y costes de los sistemas eléctrico y gasista, de acuerdo a los principios de «transparencia, predictibilidad y certeza al sugerir cambios en estos sistemas».

Dar más poder al regulador

Van der Hoeven pidió también «dar a los reguladores más poder e independencia para fijar las tarifas» energéticas, con el objetivo de evitar la «interferencia» política. Por ello quiso lanzar «un mensaje a todas las partes, a todos los partidos» de todos los países, para que el regulador fije las tarifas energéticas y no solo la metodología para determinar esas tarifas como ahora.A su juicio, esta separación «impediría la interferencia política», al tiempo que, a medio plazo, «fomentaría una competencia saludable en el mercado», que «requiere una política estable».

Por otra parte, Van der Hoeven advirtió de que el mercado energético europeo «no está funcionando». De hecho dijo que «pensamos que ya tenemos un mercado interno que realmente funciona» en Europa, pero «no está funcionando como debería» porque existen «barreras», tanto físicas, como la falta de interconexiones eléctricas y gasistas, como las relacionadas con las «regulaciones«. Por lo que se refiere al gas natural, el desarrollo de interconexiones permitiría aliviar la situación actual, donde «España tiene infrautilizada su capacidad», en un entorno en el que la AIE prevé que las importaciones de gas se dupliquen «de ahora a 2020».

Precisamente la necesidad de interconexiones es uno de los aspectos destacados por la AIE en su informe sobre España. En este sentido, subrayó la importancia de impulsar las interconexiones energéticas para que la Península Ibérica deje de operar «como una isla». «El futuro de la energía en España está en conectarse con Europa y con el mundo», dijo Van der Hoeven al respecto. A este respecto, Soria apuntó la importancia de elevar el nivel de interconexión para reducir los pagos de capacidad en España y destacó el valor de la cumbre de Madrid celebrada en marzo «donde se establecieron compromisos firmes para llegar a un nivel de interconexión del 8%».

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, indicó que, «si queremos invertir más en renovables, lo tenemos que hacer de forma extremadamente eficiente» con atención a la mejor tecnología. Por ello subrayó la necesidad de contar con más interconexiones eléctricas para no tener que construir más capacidad de respaldo y de enfocar la búsqueda de reducción de emisiones también al transporte. Asimismo, Nadal apuntó a la necesidad de «combinar» la necesidad de una economía baja en emisiones de carbono con la posibilidad de crecer, algo que a su juicio solo se puede hacer con eficiencia. «Mucho más que producir la energía verde» el éxito está en «reducir el consumo energético», afirmó.

Soria no descarta retrasar a septiembre la regulación del autoconsumo para «mejorarla»

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Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que el Gobierno se podría plantear aplazar la aprobación del real decreto sobre autoconsumo para septiembre para mejorarlo «basándose en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)». En este sentido, Soria aseguró que el Ejecutivo tiene previsto aprobarlo el día 31 de julio, aunque subrayó que actualmente se está estudiando el informe realizado por el regulador y se podría dejar su aprobación para después del verano «si es para mejorarlo».

El titular de Industria señaló que es la «primera vez» que un Gobierno regula el autoconsumo en España y volvió a defender un peaje para los autoconsumidores que se enganchen al resto del sistema para beneficiarse cuando su capacidad de generación sea insuficiente o para vender cuando sea superior, por lo que, según Soria, deberá «contribuir a financiar los costes del sistema y otras infraestructuras porque se están beneficiando de ello» ya que, si no es así, «se consume a consta de que paguen otros».

De igual forma triunfante, Soria destacó que la reforma del sector energético ha conseguido poner final al déficit eléctrico y registrar en 2014 ya un «pequeño superávit de decenas de millones de euros», cuya cifra exacta se conocerá en noviembre. De hecho, la evolución de los ingresos y costes del sistema en lo que va de 2015 apuntan a que «muy probablemente estaremos en superávit evidente de varios cientos de millones» a cierre del ejercicio.

Asimismo, Soria insistió en que la rebaja de la luz del 2,2% aprobada por el Gobierno para el periodo de agosto a diciembre tendrá su continuidad en 2016 y podría suponer una reducción en la factura eléctrica incluso superior si se dan condiciones más favorables. De hecho, indicó que el superávit de 250 millones de euros se destinará a aminorar los peajes, lo que supone una caída del 4% en esta partida y una traducción en la factura eléctrica de un abaratamiento del 2,2% que se va a aplicar de agosto a diciembre. «En 2016 se van a aplicar también estos 250 millones de euros pero entre 12 meses, aunque no descarto una caída en la factura todavía mayor«, dijo.

Por otra parte, Soria defendió el recorte a las renovables aplicado por el Ejecutivo, a pesar de las numerosas demandas contra ella tanto dentro como fuera de España, y aseguró que se hizo basándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que «es muy clara». `Por ello defendió la reforma energética aprobada en 2013, que establece una rentabilidad razonable, y aseguró no conocer ninguna actividad que tenga «garantizado por ley una rentabilidad del 7,5% durante toda su vida útil». Además, Soria subrayó que la reforma no supuso una pérdida de interés en España en el sector renovable para los inversores, con unas inversiones que han supuesto en torno a los 1.000 millones de euros en el primer semestre de este año.