Escribía Jordi Dolader, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía en referencia al entonces proyecto de Reglamento de Autoconsumo, que éste era el único proyecto que nuestro país se podía permitir con lo acumulado de nuestra historia presente. Implícitamente, Dolader, hacía referencia a las decisiones regulatorias que habían conducido a la burbuja renovable, al encarecimiento de nuestro sistema de suministro y al incremento de los costes de acceso en la factura eléctrica.

En esta afirmación se encuentra la clave para comprender el problema del Decreto recién aprobado (y que había hasta apuestas de su promulgación) con todas sus dimensiones. Se trata de abordar la cuestión del autoconsumo como un elemento que se introduce dentro de la órbita de un sistema, el eléctrico  y, por tanto, con su correspondiente repercusión (técnica, organizativa y económica) a la hora de de articular el suministro de electricidad en nuestro país.

En sentido contrario, entender la cuestión del autoconsumo eléctrico como una cuestión referida meramente al impulso y promoción (o reimpulso, de unas industrias o de unas tecnologías) sería reducirlo en su alcance y dejarlo en el mero aspecto tan manoseado de los intereses (y, por otra parte, un enfoque tan frecuentado, incluso por los propios organismos reguladores). Y, la otra forma de reduccionismo es abordarlo puramente en términos de comunicación política, en clave de discurso buenista o ecologista (anzuelo que muerden los propios artífices de la comunicación política del Gobierno).

Por su parte, la reclamación de las instalaciones de autoconsumo de no contribuir en términos semejantes al de los otros consumidores al sistema, en aras del desarrollo de este mecanismo de suministro o de la mejora del medioambiente, es pueril y adanista, sobre todo teniendo en cuenta nuestros antecedentes, el coste del suministro actual y la cuestión del déficit tarifario con sus formas de absorción. Algo que, consecuentemente, crea enormes diferencias y discriminaciones, entre los consumidores que no pueden suministrarse de esta forma, afectando a capas importantes de la población y trasladando las cargas pasadas a otros consumidores, sobre todo urbanos.

Consumidores vs. autoconsumidores

Incluso, de facto, hoy es un problema de autoconsumidores contra consumidores. Si nos atenemos a la realidad demográfica, el autoconsumo es una opción para quienes poseen una instalación individual en una vivienda de unas ciertas características y capacidad de inversión para su adquisición e instalación. El autoconsumo no es opción viable para los consumidores urbanos (el 80 % de la población). Por tanto, estos últimos financiarían en el sistema los costes que los autoconsumidores que dejarían de sufragar de su desconexión al sistema en el modelo más extremo de desconexión.  Además, si nos atenemos a las posiciones y conocimiento de los consumidores a este respecto, nos damos cuenta que su concienciación es baja respecto de de las cargas indebidamente soportadas por los consumidores domésticos.

De igual forma, este mecanismo sí que se podría ver facilitado de haberse producido la separación de los costes impropios incluidos en el suministro y su atención desde los Presupuestos Generales del Estado, permitiendo un cálculo ajustado de los costes que los consumidores y, por tanto, los autoconsumidores tendrían que atender. Es decir, si se hubiera planteado de forma global en términos de “sistema” viendo su papel y aportación real.  Al igual, que la cuestión del balance neto, en términos de que necesidades de mayor oferta de generación requiere el sistema y a qué plazos.

Más allá de todo lo anterior, el Gobierno con esta regulación finaliza la legislatura en energía a excepción de la previsible revisión de precios energéticos pendientes con el horizonte de las próximas elecciones. Eso no quiere decir que la cuestión, tal y como se haya regulado, vaya a ser estable y que el Decreto recién aprobado (aunque todavía no publicado) tenga visos de permanencia. Actualmente, además de existir muchas fuerzas contrarias, esta es una cuestión muy golosa para la práctica de la demagogia, con exceso de cercanía a las elecciones. Por otra parte, de forma tímida, es una medida que alimenta la tendencia de desmembramiento del sistema, tal y como hoy lo conocemos, y afectará  a sus empresas (que empiezan a contemplarlo en sus estrategias), a sus operadores de transporte y sistema, a sus reguladores,  su organización económico-financiera y a su gobernanza.