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Iglesias traslada a Competencia su preocupación ante el «escándalo» de la subida de la luz y reclama bajar el IVA

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Europa Press / EFE.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al Gobierno que baje el IVA del recibo de la luz del 21% actual al 4% o al menos al 10%, que suprima el llamado impuesto al sol, grave las centrales nucleares y recupere la titularidad pública de las hidroeléctricas. Así lo ha hecho tras trasladar al organismo regulador CNMC la preocupación instalada en su partido ante el «escándalo» de la subida de la luz y la «ineficacia» demostrada por el Gobierno.

Iglesias recordó que Podemos reclama explicaciones a la CNMC en sede parlamentaria ante la Comisión de Energía sobre la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista.»En este país la factura de la luz es un escándalo y el Gobierno de nuestro país ha demostrado una enorme ineficacia a la hora de proteger a los consumidores, a la hora de proteger a la gente, completamente vulnerable ante unas tarifas de la luz, inexplicablemente altas, muy difíciles de comprender. «Además, las subidas en la tarifa eléctrica no solamente hacen sufrir a mucha gente sino que también afectan a los derechos de los consumidores, a la actividad de las pequeñas y medianas empresas y al trabajo de los autónomos», resaltó.

Asimismo, Iglesias ha incidido en que el Gobierno «sigue sin hacer nada» mientras «los españoles pagan una factura de la luz absurdamente alta» y ha reiterado el compromiso de su partido para «seguir defendiendo la dignidad» de España para que «no haya gente a la que se le corte el suministro por no poder pagar», algo que consideró “vergonzoso”. Por todo ello, ha denunciado «tanto la irresponsabilidad y las prácticas oligopólicas de las grandes empresas como la connivencia con un Gobierno que sigue permitiendo una realidad absurda como las puertas giratorias y que no toma medidas que podría tomar perfectamente».

El pool cae a mínimos

Mientras tanto, el precio de la electricidad se situó en una media de 47,77 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 48% menos que el máximo de 91,88 euros alcanzado este año, según datos recogidos a partir del operador del mercado ibérico, Omie. Este precio representa el nivel más bajo desde que arrancó el año 2017, después de que la segunda quincena del mes de enero haya estado marcada por los picos en el precio de la electricidad.

De esta manera, el precio de la electricidad vuelve a situarse en precios normales, después de que la ola de frío de la segunda quincena de enero llevara a marcar los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el pool llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado.

En enero, el mercado se ha visto afectado por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre las que figuran, además del aumento de la demanda y la ola de frío, la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear, y una reducción en las aportaciones de agua, cuya participación se redujo y se realiza a un coste mayor, afectando al precio. Además, la tendencia alcista del precio de los combustibles fósiles incrementó los costes de producción de las centrales de carbón y gas. El mercado mayorista, conocido como pool, funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación horaria, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

El BNG propone una bajada del IVA para la tarifa eléctrica mientras que el mercado eléctrico cerró enero en máximos

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Redacción / Agencias.- El precio mayorista de la electricidad cerró el mes de enero con una media de 71,49 euros por megavatio hora (MWh), su media mensual más alta desde septiembre de 2008, según datos del operador del mercado Omie. En esta coyuntura, la portavoz del BNG, Ana Pontón, reivindicó una bajada de los impuestos que gravan la luz, en particular el IVA%, del 21% al 4%, ya que considera que es un producto de primera necesidad y no un bien de lujo.

En una comparecencia para exponer las medidas de su formación contra la pobreza y la exclusión energética, Pontón ha asegurado que «más de la mitad» de la tarifa eléctrica corresponde a impuestos, por lo que ha defendido que se puede actuar sobre esta parte. De hecho, argumentó, el Ministerio de Hacienda se llevará unos «300 millones de euros» por la subida de los precios de la luz producida este mes.

La dirigente nacionalista insistió en que Galicia tenga una tarifa eléctrica propia, diferenciada del resto del país, que la beneficie por su exceso de producción. Se trataría de una tarifa «más justa, más barata» en la que se evitaría a Galicia pagar sobrecostes, «como la exportación de la energía» a otros lugares de España. «Hay que acabar con la situación de expolio de nuestra riqueza; regalamos solidariamente la electricidad al resto del Estado», proclamó Pontón, que indicó que Madrid produce únicamente el 0,4% de la electricidad y consume el 11%. Asimismo, se refirió a los 1.800 millones de euros que se pagan para compensar el precio más elevado de la generación eléctrica en las islas y en Ceuta y Melilla.

Además, ha defendido que no es cierto el argumento de la Xunta de que hay una tarifa única en los países europeos e incluso, ha señalado, en España las empresas vascas ya tienen una tarifa diferenciada. Pontón criticó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, porque con su actuación «garrafal» en el sector eólico gallego, además de provocar un «parón» a este tipo de energía, los ciudadanos tendrán que pagar en la factura el canon impuesto a las empresas por la Xunta de Galicia. Y en este caso ha indicado que sí habrá una tarifa diferenciada en Galicia, pero a «peor», para pagar más, protestó la diputada del BNG.

En paralelo, Pontón también ha requerido que se eliminen las trabas al autoconsumo energético, el conocido como impuesto al sol, lo que conllevaría «una democratización real del acceso a la energía«. Finalmente, en otro asunto en el que ha reparado es en la necesidad de «poner fin a los privilegios de las eléctricas en España», que «parece que mandan más que el Gobierno», al tiempo que ha urgido a Feijóo a «defender los intereses de los gallegos» con «una postura de país» en esta cuestión.

Precio en máximos desde 2008

Desde los 73,03 euros por MWh marcados en septiembre de 2008 no se veía en el mercado mayorista eléctrico una tasa mensual tan alta como la registrada en este primer mes de 2017, 71,49 euros. Enero ha estado marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de que la ola de frío llevara a marcar el mes pasado, uno tras otro, los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado dejaba de consistir en una referencia trimestral y quedaba vinculado al precio de cada hora en el mercado.

El mercado se ha visto afectado en este invierno por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre las que figuran, además del aumento de la demanda y la ola de frío, la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear, y una reducción en las aportaciones de agua, cuya participación se ha visto reducida y se realiza a un coste mayor, afectando al precio. Además, la tendencia alcista del precio de los combustibles fósiles, especialmente importante en el gas tras la cancelación de suministros a Europa desde Argelia, ha incrementado los costes de producción de las centrales de carbón y gas.

De esta manera, esta media mensual de enero de 71,49 euros por MWh casi duplica los 36,53 euros del mismo mes del año pasado, un incremento del 95,8% y del 18% respecto a los 60,49 euros de diciembre. De hecho, para el martes, último día de enero, el precio de la electricidad repuntó un 3,47%, para situar su valor diario en los 73,27 euros por MWh, después del respiro dado en el fin de semana, en el que se relajó por debajo de la cota de los 70 euros. La demanda prevista para el martes ascendió a 594 gigavatios hora (GWh), por debajo de los 613 GWh previstos para el lunes, según datos de Omie.

Según los registros de OMIE, este mes de enero de 2017 será el segundo mes de enero más elevado de la historia, tan solo por detrás del de 2006, cuando se alcanzó el máximo histórico de 73,14 euros por MWh de media mensual. Las fuertes subidas de este mes han reabierto el debate sobre el funcionamiento de ese mercado mayorista, donde generadores y comercializadores fijan el precio de la energía que se va a consumir al día siguiente. El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por otro lado, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.

Desde que en 2014 se cambió el sistema para fijar el componente energético estos precios tienen reflejo directo en la tarifa regulada o PVPC, donde están unos 12 millones de consumidores. Según datos del simulador de factura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo eléctrico PVPC para un doméstico tipo subirá este mes un 28,56%. La evolución de este mercado no afecta tan directamente a quienes han contratado el suministro en el mercado libre, en torno a 13 millones, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Facua reclama a la CNMC que investigue las subidas de la luz en enero

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Redacción / Agencias.- Facua reclama a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación formal sobre las «desproporcionadas» subidas de la luz en enero, que asegura que traerán el recibo “más caro de la historia”, para aclarar si las eléctricas operan “dentro de los márgenes legales o manipulan al alza los precios”. Facua remitió un escrito a la CNMC para que investigue si se están manipulando los precios artificialmente mediante prácticas como la disminución de la producción de determinadas centrales.

Ha argumentado que hay antecedentes «que inducen a sospechar», entre los que ha citado que en 2015 la CNMC multó con 25 millones a Iberdrola por haber manipulado de manera fraudulenta los precios de la electricidad mediante la disminución de la producción de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. Además, ha indicado que en junio Iberdrola fue multada en Estados Unidos con 370 millones de dólares (unos 320 millones de euros) “por haber alterado artificialmente la cotización de la luz en el mercado mayorista”, lo que supuso un encarecimiento “muy elevado” de la factura para los consumidores de California.

Facua, se esté produciendo un fraude o no en la actualidad, ha reivindicado un cambio en el modelo de fijación de precios, ya que el mecanismo «facilita la especulación y conlleva la injustificada carestía de las tarifas». Ha lamentado que la liberalización energética ha sido «una gran estafa» para los consumidores y ha manifestado que España es uno de los Estados europeos con las tarifas más caras y los niveles más altos de pobreza energética.

Facua exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español «fomenta la especulación». Ha denunciado que actualmente «es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías”, y a su juicio la solución es que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos. Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, «impropio de un servicio esencial», ya que entiende que se debe reducir al tipo mínimo permitido por la normativa europea.

“Más caro de la historia”

Asimismo, Facua asegura que la factura de la luz de este enero será la más cara de toda la historia, pues el recibo del usuario que utilizan en sus cálculos superará por primera vez los 90 euros. En este sentido, Facua denuncia que el precio del kilovatio hora (kWh) batió este miércoles un nuevo récord, al situarse en 21,71 céntimos (17,07 euros más impuestos). Con las tarifas vigentes entre el 1 y el 26 de enero, el usuario medio (consumo de 366 kWh y potencia de 4,4 kW) pagaría 88,48 euros. Sólo en los últimos 10 días, la subida fue de casi 4 euros, siendo así el recibo unos 10 euros más caros que el del pasado mes de diciembre.

Así, la organización indicó que el recibo de enero será en torno a un 85% más caro que hace 10 años, con lo que casi lo duplica. En enero de 2007 se situó 48,59 euros, prácticamente el mismo importe que en el mismo mes de 1997, 48,98 euros. El recibo de enero de 2017 estará, según Facua, por encima de los máximos históricos, que se registraron en julio de 2015, mes en que la facturación del usuario medio alcanzó los 81,18 euros; y entre enero y marzo de 2012, fechas en las que se situó en 74 euros, pero posteriormente se refacturó hasta alcanzar los 88,66 euros como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo.

Fraude en la gasolina: millones de euros que escapan al ciudadano gota a gota

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EFE.- En solo seis operaciones la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria destaparon durante el último quinquenio un fraude de impuestos en las gasolinas de 280 millones de euros, cifra similar a los presupuestos de la Diputación de Málaga y una cantidad con la que se podrían construir 10 colegios. Un delito «muy goloso» para operadoras poco escrupulosas debido al importante volumen de beneficios que genera.

Responsables del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO explican el modus operandi de estas organizaciones para defraudar a Hacienda tanto el IVA como el Impuesto Especial de Hidrocarburos, así como el arduo trabajo de los investigadores para tratar de recuperar el máximo de dinero posible de lo defraudado. Hasta ahora han conseguido la mitad, es decir, 139 millones. En primer lugar ponen sobre la mesa las cifras. Desde 2012 y hasta finales del año pasado, la UCO y la Agencia Tributaria o sus diferentes órganos llevaron a cabo 6 grandes operaciones por la práctica totalidad del territorio nacional, con 194 detenidos y 129 registros.

Lo defraudado por esos grupos delictivos asciende a 280 millones de euros, cifra que, si se hace caso a las cuentas de la Asociación Española de la Carretera, con ese dinero que el Estado ha dejado de ingresar podrían mejorarse algo más de 4.300 kilómetros de la red viaria a razón de 65.000 euros cada uno. Es solo un ejemplo de cómo al contribuyente le puede afectar ese fraude, que perjudica aún más al sector, ya que se ve arrastrado por la competencia desleal de los precios más bajos que ofertan las operadoras delictivas y, en muchas ocasiones, está abocado a imitar esas mismas prácticas.

Dos son los modus operandi que ha constatado la UCO. El primero de ellos, como queda demostrado en la reciente operación Burlao, con 21 detenidos y un fraude destapado de 24 millones, comienza con la constitución de una operadora que, legalmente, adquiere hidrocarburos en los depósitos fiscales, una compra que está exenta de IVA. Ese combustible lo distribuyen a los minoristas, las gasolineras fundamentalmente, a los que repercuten un IVA del 21%. Hasta aquí, todo aparentemente legal. Porque ese impuesto repercutido no lo pagan tal cual a Hacienda, sino que lo compensan con un IVA soportado de otras actividades secundarias, generalmente ficticias, de empresas pantalla.

Red para defraudar el IVA

De este modo, del IVA repercutido a los clientes restan el impuesto soportado por esas otras actividades y el resultado es un porcentaje mínimo a declarar a Hacienda, pero un beneficio máximo. Un claro ejemplo de esta forma de actuar es la organización, dirigida por italianos, que se desarticuló en la Burlao. La red contaba con una actividad paralela a la de la operadora de hidrocarburos que, supuestamente, se dedicaba a la compraventa de metales preciosos, pero en realidad los paquetes que movía no contenían oro sino cobre o curry.

Al IVA repercutido a las gasolineras le restaban el soportado por esa actividad de compraventa ficticia y pagaban a Hacienda un porcentaje casi irrisorio. Fue desarticulada a tiempo, porque, como explican los responsables de la investigación de la Guardia Civil, ya tenían en marcha dos operadoras más, dadas de alta para comenzar a funcionar, y su intención era adquirir gasolineras hasta contar con 100 en dos años. Si no hubiera sido por la operación, el negocio hubiera sido redondo, ya que la organización hubiera contado con clientes de su propiedad, que podrían haber entrado en el mercado con precios agresivos y «engullir» a sus competidores.

El otro modus operandi del fraude es más sencillo. Su mejor ejemplo es la operación Reata, también de 2016, con 9 detenidos y 11 millones defraudados. La red compraba el combustible, lo distribuía con un IVA repercutido y no lo declaraba a Hacienda, que cuando lo reclamaba se encontraba con peticiones de prórroga, documentos falsificados o, simplemente, con la operadora desaparecida y testaferros ilocalizables. Mientras, la organización constituía otra operadora que heredaba la cartera de clientes de su antecesora, pero cuyos vínculos era difícil demostrar.

Ambas modalidades se codean con otra que, además, pone en peligro la salud de los motores: adulterar el combustible y venderlo como gasóleo A cuando es B, por ejemplo. Más de 100 detenidos y un fraude de 10 millones fue el resultado de la operación Nehar en 2014 en 23 provincias. Y muchas denuncias de coches dañados. La operación Bashnya en 2012 (120 millones de fraude), la Walkers en 2013 (100 millones) y la Zelote en 2015 (15 millones) completan las seis actuaciones más importantes.

Si algo une a estas formas de fraude, además del combustible, es la dificultad para encontrar al jefe de la organización, escondido entre tanto testaferro, y para recuperar la mayor cantidad posible de lo defraudado. Porque todas estas tramas depositan en cuentas extranjeras la mayor parte de sus beneficios ilícitos. A pesar de las comisiones rogatorias, no todos los países colaboran por igual y en varios casos es necesaria una negociación para que al menos retorne a España la mitad.

Los gasolineros aplauden la desarticulación de varias tramas que defraudaban el IVA de los hidrocarburos

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Europa Press.- La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (Ceees) ha aplaudido la desarticulación de dos tramas criminales que se dedicaban a defraudar el IVA en operaciones de compraventa de hidrocarburos y que provocaban «un enorme menoscabo en el sector». La asociación recomienda a los consumidores que «extremen» la precaución ante puntos de suministro de carburantes con precios «anormalmente bajos».

Asimismo, señala que el mercado de distribución de carburantes al por menor es un sector «extremadamente competitivo», en el que la diferenciación entre los principales actores tiene que ver más con el servicio que con los precios, «que se encuentran tremendamente ajustados debido a los exiguos márgenes de beneficio con los que operan». La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticularon dos tramas diferentes que defraudaban el IVA que deberían haber ingresado tras vender carburante.

Podemos presenta en Castilla-La Mancha una PnL para prohibir los cortes de luz a los consumidores vulnerables

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EFE.- Podemos ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que exige al Gobierno central la puesta en marcha de diferentes medidas para garantizar el acceso al suministro eléctrico, entre ellas, prohibir los cortes de luz “a las familias más necesitadas”.

La formación morada pide que sean las compañías eléctricas las que se dirijan a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. La PnL, calificada por la Mesa de las Cortes y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, tiene como objetivo «garantizar el acceso al suministro eléctrico, entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana».

Entre otras medidas, solicita que se ponga fin a «los abusos tarifarios» y que se apruebe una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Del mismo modo, el grupo parlamentario de Podemos propone crear una «auténtica tarifa social» y sustituir el actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

Además exigen la devolución de los CTC y proponen realizar un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas y aplicar el tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado, según afirman, «un servicio esencial para la ciudadanía».

Cae una trama que defraudó a Hacienda 25 millones en el IVA de hidrocarburos

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EFE.- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria están llevando a cabo una operación conjunta contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos y metales preciosos, que podría ascender a 25 millones de euros.

Se trata de la operación «Burlao», en la que se prevén veinte detenciones y 21 registros en siete provincias españolas de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Galicia, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Además, la trama del fraude por eludir el pago de impuestos se extiende, de forma simultánea y coordinada por Eurojust (organismo europeo de cooperación judicial) a Portugal, donde se ha arrestado a dos personas y practicado un registro, y a Italia, con tres inspecciones.

La investigación, que se inició hace un año por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, desveló la existencia de una presunta organización criminal infiltrada en el sector de los hidrocarburos.

Sus prácticas delictivas menoscababan la actividad mercantil en ese sector estratégico y provocaba la expulsión de otros operadores al no soportar las presuntas prácticas fraudulentas desplegadas por la trama, desvirtuando, por tanto, el mercado.

Los delitos investigados son los de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Durante la operación han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Tributaria de las distintas provincias, la Oficina Móvil de Europol, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).

Las diligencias permanecen secretas y no se descartan nuevas actuaciones.

Hace unas semanas, la Agencia Tributaria también desarticuló una organización que había defraudado más de 24 millones de euros en el IVA de productos petrolíferos, informáticos y electrónicos y que operaba tanto en España como en el ámbito intracomunitario.

Según fuentes de la investigación, el modus operandi de esa organización desmantelada en la operación El Dorado, es similar al de la trama de la que ha caído hoy.

Pablo Iglesias se concentrará contra la pobreza energética mientras Podemos propone que las compañías paguen la implantación de precios sociales

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Servimedia / Europa Press.– En Comú pide que las compañías suministradoras de energía se hagan cargo de todo el coste que supondría la implantación de precios sociales para las personas con más dificultades para hacer frente a estos pagos, y “evitar así que este coste repercuta en administraciones públicas y usuarios”. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participará en una concentración en Madrid el próximo lunes, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para protestar contra la pobreza energética.

La concentración tendrá lugar en la Plaza Dos de Mayo de Madrid. Pablo Iglesias asegura que más de 5 millones de personas van a pasar frío este invierno por no poder pagar la factura de la luz. Para informar del acto, Podemos difundió un vídeo en el que aparecen los rostros más visibles de la formación, entre ellos el del secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, que denuncia que las políticas del PP y del PSOE «han impuesto la ley del salvaje oeste de las eléctricas triplicando la pobreza energética desde 2007».

Por su parte, la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, dice en el vídeo, en el que aparecen los dirigentes de Podemos encendiendo bombillas, que «mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las compañías eléctricas, lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España«. También aparece el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, diciendo que «las grandes compañías eléctricas y sus socios políticos han creado un modelo ineficaz, opaco y especulativo que han provocado que tengamos una de las facturas eléctricas más caras de toda Europa».

Por su parte, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, defiende que «seguirán luchando para recuperar los 3.500 millones de euros de dinero público que las eléctricas se han apropiado ilegítimamente en concepto de costes de transición de la competencia». Por último, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanza el siguiente mensaje: «No se puede consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. Por eso, porque llega el invierno, nos movilizamos contra la pobreza energética», dice para hacer un llamamiento a acudir el próximo lunes a esta concentración en un acto que quieren impulsar en redes sociales a través del hashtag #Nadiesinluz.

Que las compañías lo paguen

Según plantea la formación catalana del grupo de Unidos Podemos en una proposición no de ley registrada en el Congreso, la Asociación de Ciencias Ambientales expone que un 17% de los españoles sufre pobreza energética. La confluencia catalana reclama que el Gobierno tome medidas ante esta situación, máxime cuando “2 millones de familias sufrieron cortes en su suministro en 2015 por no hacer frente a sus recibos”. La electricidad que pagan los españoles es, según datos de Eurostat recogidos por En Comú, la cuarta más cara de toda Europa. En este sentido, denuncian que las tres grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han acumulado durante la crisis unas ganancias de 56.624 millones.

Otra de las medidas propuestas es el establecimiento de tarifas progresivas e incluir así la renta como principal criterio a la hora de establecer el precio social. Con ello también se conseguiría, razonan en En Comú, incentivar el ahorro y castigar el «consumo ineficiente«. También impulsar una auditoría sobre el sector eléctrico llevada a cabo por «actores independientes y con acceso a todos los datos» que cuantifique «los costes reales» del sector, y otra específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.

Asimismo, piden también establecer garantías para que todos los hogares puedan mantener «unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo» y prohibir, aplicando el principio de precaución, los cortes de suministro hasta que no existen informes previos emitidos por servicios sociales que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica. En Comú también llama a aplicar un IVA del 4% para el gas y la electricidad, que las empresas publiquen trimestralmente el número de usuarios que no pueden hacer frente a las facturas y el apoyo a toda iniciativa que impulsen las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este sentido.

Moción ya aprobada en Comisión

Precisamente la Comisión de Industria, Energía y Turismo acaba de aprobar, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a impedir los cortes del suministro energético para personas «vulnerables» y a crear fondos con capital público y privado para afrontar la pobreza energética. En esta última también se incluyó, como pide Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la obligación de contar con la valoración de los servicios sociales antes de interrumpir el suministro, aunque el resto de enmiendas presentadas por la formación morada, como la citada auditoría o analizar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no fueron incluidas. Finalmente, Unidos Podemos se abstuvo en la votación.

El Senado rechaza instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética

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Europa Press.- El Senado ha rechazado la propuesta del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética. En concreto, la propuesta ha sido rechazada durante el pleno de la Cámara Alta por 138 senadores y apoyada por 109. Se ha producido además una abstención.

El grupo parlamentario proponía aplicar un tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4% para el gas y la electricidad y realizar una auditoría sobre todo el sistema eléctrico y los «costes reales» del sector y otra sobre el déficit tarifario, según recogía la propuesta. Asimismo, Podemos pedía ampliar el bono social para hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que su concesión se base en la renta familiar a través de criterios «claros, transparentes y homogéneos», tanto para viviendas de alquiler como en propiedad. Además, proponía que se responsabilizara a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo, descuentos en las facturas y bonos sociales.

La propuesta incluía también la exigencia a las empresas suministradoras de «mayor y mejor información» sobre los conceptos que se incluyen en la factura eléctrica, los servicios energéticos, las medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de bonos sociales, así como de la publicación trimestral del número de consumidores que no pueden abonar la factura y de los afectados por cortes de suministro. Podemos buscaba con su propuesta que la energía se considere “un bien público para que se garantice que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y otros servicios energéticos básicos a un precio justo”.

Además, el grupo parlamentario pedía regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos. Otra de las medidas que Podemos propuso es legislar la prohibición de los cortes de suministros aplicando el principio de precaución, de forma que no se puedan llevar a cabo suspensiones sin que haya un informe de los servicios sociales que determine el grado de vulnerabilidad de las familias, así como que se garantice la garantía de suministro en momentos críticos en forma de «tregua invernal».

El Defensor del Pueblo catalán reclama que la factura de la luz excluya los conceptos ajenos al consumo

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Europa Press / EFE.- El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, reivindicó que la factura de la luz excluya los conceptos «ajenos al consumo energético», los que se incluyen en la llamada cuña gubernamental y que suponen un 73% del crecimiento del precio de los últimos seis años, según indicó. En este sentido, considera «inaceptable» que los consumidores tengan que asumir gastos que no les corresponden, por lo que reclama que la factura incluya solo la energía consumida y los impuestos propios de cualquier operación de consumo.

La factura de la luz incluye impuestos y cargos como las compensaciones del déficit tarifario, las primas a las energías renovables y las ayudas al carbón nacional, entre otros, recuerda Ribó. El Síndic expone que los usuarios deberían disfrutar de un suministro eléctrico a un precio «asequible», con sistemas tarifarios que fomentarían el ahorro y la eficiencia, «con penalizaciones vinculadas al consumo irresponsable», y lamenta que el 33% de la factura está destinado a gastos políticos y sociales y el 28% a impuestos, «unos conceptos independientes del esfuerzo del consumidor».

¿Por qué aplican dos impuestos?

Ribó también ha propuesto que se modifique la legislación reguladora del IVA para aplicar un IVA reducido a los consumidores vulnerables, con el objetivo de asimilarlo al 10% del agua o al impuesto reducido de otros países, y ha añadido que «habría que valorar si es legítimo que sobre un suministro se apliquen a la vez dos impuestos», el IVA y el de la electricidad. «El sistema tarifario ha supuesto un encarecimiento desmedido de la luz«, denunció el órgano catalán.

Ribó ha instado al Parlamento de Cataluña a hacer un seguimiento permanente del precio de la electricidad, a través de la comisión correspondiente o con la creación de una subcomisión específica, y ha propuesto el reconocimiento del derecho a un suministro básico de electricidad para ciertos colectivos. También pidió que analice «el impacto del incremento sostenido de los precios de la electricidad sobre la economía de las personas y de las pymes», para las que el aumento del coste podría suponer «la desincentivación de la creación de puestos de trabajo».

El síndic recurrió al informe Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española, publicado recientemente por el investigador del Centro de Estudios Energéticos de Oxford (Reino Unido) David Robinson. Además de aportar el dato de que los gastos de la cuña gubernamental suponen el 73% del incremento de la factura, Robinson destacó que el precio de la electricidad en España se ha encarecido el doble que en la Unión Europea entre 2008 y 2014.