EFE.- El Tribunal Supremo zanjó una de las controversias que quedaban pendientes en la polémica que desataron las prospecciones petrolíferas realizadas por Repsol a 60 kilómetros de Canarias, al dar por hecho que la compañía no podrá retomarlas, porque sus permisos han caducado. La petrolera española solo realizó uno de los tres sondeos que tenía autorizados, tras reconocer que las trazas de hidrocarburos que había hallado en esos fondos marinos no tenían ni la calidad ni la cantidad suficiente como para que resultara rentable su explotación.
El Gobierno ya anunció hace meses que los permisos de Repsol habían caducado, pero ni el Ejecutivo canario, ni los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, ni las organizaciones ecologistas dieron por buena esa información, porque ni había renuncia expresa por parte de Repsol a las autorizaciones, ni los datos que manejaban permitían hacer tal afirmación. Las administraciones canarias y los grupos ecologistas alegaban que la resolución que concedió los permisos decía literalmente que tenían tres años de vigencia, por lo que debían caducar en 2017.
El Supremo resolvió esa polémica de forma indirecta, en un recurso cuyo objetivo era dilucidar si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acertó o no en 2014 al rechazar las medidas cautelares que el gobierno de Paulino Rivero (CC) había solicitado para intentar frenar las prospecciones petrolíferas, por su posible impacto sobre el medio ambiente y el sector turístico.
El Alto Tribunal reconoce que «no ha habido renuncia formal» de Repsol a hacer uso de esos permisos en Canarias y que, en teoría, podría parecer que estos seguirán vigentes hasta el 11 de agosto de 2017, por aplicación de sus tres años de vigencia. Sin embargo, el Supremo recuerda que el valor de los permisos está directamente vinculado al cumplimiento del calendario fijado en los permisos de investigación previos, que fijaban un período de cuatro años para completar los trabajos, plazo que expiró el 21 de marzo de 2016.
«Así pues, tras el 21 de marzo de 2016 no es posible ya realizar actividad alguna en el marco de los referidos permisos de investigación Canarias 1 a 9 y, por lo tanto, tampoco los sondeos exploratorios pendientes, por mucho que la autorización para estos se extendiese hasta agosto de 2017″, razona el magistrado ponente Eduardo Espín, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. El Supremo precisa que, como esto no era el objeto del recurso, su sentencia no puede declarar formalmente que los permisos de Repsol han caducado, pero procede que analice el asunto, porque «resulta evidente que al no poder realizarse ya dichos sondeos», el recurso del gobierno canario ha perdido su sentido.
El gobierno canario había mantenido este recurso contra el fallo del TSJC a pesar de la decisión de Repsol de retirarse de esos sondeos, precisamente, con el argumento de que si el Supremo no suspendía cautelarmente los permisos, cabía la posibilidad de que Repsol los retomase en cualquier momento, antes de que expirasen. La Sala desestima su recurso sin entrar a analizar más argumentos jurídicos, porque, con los permisos ya formalmente caducados desde el 21 de marzo, considera que el litigio ha perdido su objetivo.
Celebración del gobierno autonómico canario
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, consideró una magnífica noticia que se hayan dado por caducados los permisos otorgados por el ejecutivo central a Repsol para realizar prospecciones. «Estábamos convencidos de que habían caducado, pero la sentencia del Supremo da más tranquilidad y es una magnífica noticia para todos los canarios», afirmó Clavijo. Las prospecciones podían haber sido «la peor pesadilla» por su incidencia en el sector turístico, pero el asunto queda «zanjado», señaló el presidente. Confió en que el Estado haya aprendido la lección de que no se pueden imponer las cosas en contra de la voluntad del pueblo canario, y que las empresas involucradas entiendan que «las cosas no se pueden hacer así».
WWF exige santuario de ballenas
La organización ecologista WWF celebra que el Tribunal Supremo haya declarado la caducidad de los permisos concedidos a Repsol para buscar petróleo en las aguas situadas al este de Lanzarote y Fuerteventura, y demanda que esa zona del Atlántico sea protegida «ya» como un «santuario» internacional para ballenas. De hecho, remarca, en esa zona del Atlántico están presentes una de cada tres especies de cetáceos conocidas en todo el planeta.
«Crear una gran área marina protegida en la zona, un Santuario de ballenas, es el único modo de garantizar la conservación de estos mamíferos marinos y de su hábitat, salvaguardándolos de presiones humanas que ponen en riesgo su supervivencia, como la exploración o la explotación de petróleo o gas, las colisiones o la contaminación», argumenta la ONG. WWF remarca que más de 50.000 ciudadanos firmaron ya a favor de esa petición en las diferentes campañas realizadas para que se protejan esas aguas y que la iniciativa también tiene el respaldo de científicos dedicados a la investigación de cetáceos, el Gobierno y Parlamento de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura, entre otras instituciones.
