Europa Press. – El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso de los diputados instando al Gobierno a no conceder nuevas licencias de explotación a los reactores nucleares operativos en España. De esta manera, conforme vayan expirando las que están en vigor, todo se pretenderá cerrar progresivamente todas las centrales nucleares del país en un plazo de seis años.

Ejemplos de eso, lo tendríamos con la central de Almaraz (Cáceres) que cerraría en 2020, la de Vandellós (Tarragona) en 2020, la Asco (Tarragona) en 2021, la de Cofrentes (Valencia) en 2021, y la de Trillo (Guadalajara) en 2024.

Para este grupo político, «Cada vez es mayor el consenso social y político sobre que España debe transitar de forma urgente hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética». Por todo esto, Unidos Podemos pretende, también, actualizar el Plan General de Residuos Radioactivos para «garantizar que la dotación del mismo garantice la viabilidad de asumir los costes del tratamiento de residuos radiactivos y acomodar los planes de gestión al cierre escalonado de las centrales nucleares y a la no disponibilidad del Almacén Temporal Centralizado (ATC)».

Terrenos que vuelvan a ser utilizados y «sin peligro»

Para la formación morada, «las instalaciones deben ser descontaminadas de sustancias radioactivas y cerradas de forma que el emplazamiento original «pueda reconvertirse a otros usos, sin peligro alguno para la salud y el medio ambiente». La proposición ha sido firmada por Juan López de Uralde (Equo) y Josep Vendrell (En Comú) reclama además que ENRESA siga siendo la responsable de llevar a cabo, tanto la gestión de los residuos radiactivos, como el desmantelamiento y clausura de las centrales e instalaciones del ciclo de combustible.

Por último, destacar que la iniciativa desea que se modifique la ley española para «establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales y planificar la transición económica para los territorios y las personas afectadas por este cierre que, además, «garantice el número de empleos ligados a la actividad de las centrales».