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Tetra Pak apuesta por la eficiencia energética y las renovables para reducir un 13% sus emisiones de CO2 desde 2010

Europa Press.- Tetra Pak ha conseguido reducir en los últimos 7 años un 13% sus emisiones de CO2 respecto a sus emisiones en 2010, a pesar de un crecimiento del 19% de envases vendidos en este periodo, según el Informe de Sostenibilidad de la compañía. «Nuestro objetivo de sostenibilidad es limitar nuestro impacto medioambiental en 2020 en toda nuestra cadena de valor en los niveles de 2010, independientemente del crecimiento del negocio”, afirmó el director General de Tetra Pak Iberia, Alejandro Cabal.

“Esto requiere, por nuestra parte, seguir mejorando en eficiencia energética y progresar en el uso de energías renovables», asevera Cabal. En 2016 Tetra Pak asegura que se convirtió en la primera compañía de la industria de envasado de alimentos a nivel global en tener sus objetivos de reducción del impacto medioambiental aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBT). «Continuamos trabajando en nuestro compromiso público RE100 para que, en 2030, el 100% de la energía que utilizamos sea de origen renovable. En la actualidad, este dato ya alcanza el 50% globalmente. En España, el 100% es una realidad», añadió Cabal.

Greenpeace solicita al Gobierno que adelante a 2040 el año para conseguir emisiones netas cero en España

Europa Press. – La entidad Greenpeace ha solicitado a España que lidere la lucha contra el cambio climático ya que es uno de los países más afectados por sus consecuencias y por ello, pide al Gobierno que adelante a 2040 el año para lograr emisiones netas cero, con un sistema eléctrico 100% renovable, sin subsidios a las energías sucias y con el cierre de la última central española en 2025.

La ONG ha presentado recientemente un informe en el que recopila datos y testimonios científicos que advierten de la necesidad de actuar con urgencia para frenar el cambio climático. No es casualidad, por tanto, que la ONU instó, hace unos días, a los países a quintuplicar los esfuerzos contra el cambio climático para limitar a 1,5 grados centígrados el incremento global de temperatura y a triplicarlos si la ambición se queda en frenar este aumento térmico en 2 grados centígrados.

Con este contexto, Greenpeace pide al Gobierno que mantenga su posición de aumentar la ambición climática y lograr establecer 2040 como año de emisiones netas, mediante un calendario para el abandono de las energías «sucias», con una fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y las centrales nucleares.

Además, Greenpeace insta al Ejecutivo que se incluya la ley de cambio climático y transición energética y en el Plan Nacional de Energía y Clima el objetivo de acercar todo lo posible el sistema eléctrico a 100% renovable en 2030, así como alcanzar un 100% de la demanda de energía final total con renovables, acorde con lograr emisiones netas en 2040. También plantea eliminar todas las subvenciones a energías sucias e ineficientes no dar más ayudas a las térmicas y todo ello con un plan para la transición justa a nuevas actividades productivas sostenibles para todas las personas afectadas por la transición energética.

Así, entre los efectos que sufrirá España, según han explicado los científicos a Greenpeace, destacan las olas de calor, los fenómenos meteorológicos extremos, especies invasoras o más enfermedades, por lo que España debe acometer una acción «contundente y urgente» para reducir las emisiones de gases contaminantes.

Para el responsable del programa de cambio climático de la ONG en España, José Luis García Ortega, este es «el mayor peligro» actual que aumenta «cada vez más rápido», de modo que considera que ignorar las evidencias científicas es un acto «suicida» e insiste en que no se está haciendo «lo suficiente» para evitar el problema. «Seguir haciendo lo mismo no es una opción. El momento de actuar es ahora, no hay tiempo que perder».

 

Posibles efectos en España

Greenpeace ha recopilado datos científicos para destacar los efectos del cambio climático con el objetivo de insistir en la urgencia de actuar. Por ejemplo, advierte de los fenómenos atmosféricos extremos como olas de calor, sequía, gota fría, lluvias torrenciales, inundaciones o huracanes, que son cada vez más frecuentes en España y que podrían multiplicarse en los próximos años.

El biólogo y director del departamento de Cambio Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), David Vieites, ha subrayado que existen «evidencias palpables» de que hay desertización, en el campo, en los cultivos y en los bosques, y se espera una reducción progresiva de precipitaciones que junto con una mayor evapotranspiración aumentará los fenómenos extremos como largas olas de calor.

En la biodiversidad, también podría aumentar la presencia de especies invasoras, como el mejillón cebra, el mosquito tigre o la proliferación de medusas, así como la desaparición o descenso de otras.

En el ámbito de la salud, especialistas apuntan a un aumento de la mortalidad por las olas de calor, una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica (alergias), el agravamiento de las enfermedades circulatorias y respiratorias debido principalmente a extremos térmicos (olas de calor y frío) y el aumento del riesgo de enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos (Dengue, Chikunguya).

En este sentido, la científica del Instituto de Salud Carlos III Cristina Linares ha añadido otras consecuencias en la salud por culpa del cambio climático como el aumento de las concentraciones de NO2 y del ozono, que magnifican los problemas en el aparato respiratorio o se exacerban en los casos de Alzheimer o Parkinson.

Greenpeace y WWF piden al Gobierno que apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «ambiciosa»

Europa Press. – Greenpeace y WWF han solicitado al Gobierno de España la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética «ambiciosa» y tomar «buena nota» del informe presentado por el Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas para limitar el calentamiento global a 1,5ºC.

Así, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace España, Tatiana Nuño ha asegurado que el Gobierno «tiene que tomar buena nota del informe del IPCC» y presentar una ley de cambio climático y transición energética que asegure que se alcanza «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable antes de 2050, empezando con el cierre de las centrales de carbón y nucleares en 2025».

Para Nuño, «el paso dado de suprimir el impuesto al sol, que tiene que ratificar el Congreso, es una señal muy positiva para facilitar la participación de la sociedad en la transición energética a través del autoconsumo».

Por otro lado, la responsable de clima y energía de WWF España, Mar Asunción, ha indicado que España puede demostrar que «ha dado un giro en su política climática y se posicione entre los países que lideren la transición hacia una economía baja en carbono» y ha hecho alusión a la propuesta de Ley de cambio climático y transición energética que, a su juicio, «debe recoger objetivos ambiciosos» que fomenten «la descarbonización de forma urgente y el abandono de los combustibles fósiles».

Volviendo al nuevo informe especial del IPCC, presentado en Corea del Sur, cabe destacar, por un lado, la exhaustiva evaluación de los impactos del cambio climático en un escenario de incremento de temperatura de 1,5 grados y, por el otro, una batería de acciones indispensables para mantener la temperatura global de finales de siglo por debajo de este umbral. El documento ha sido aprobado por 195 gobiernos.

Según el informe, está previsto que las temperaturas aumenten hasta 1,5ºC entre los años 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa avanzando a su ritmo actual y no se ponen en marcha una serie de medidas a nivel internacional. Por ello, las emisiones globales deben reducirse a la mitad para el año 2030, antes de disminuir a emisiones netas cero a más tardar a mediados de siglo.

Para la entidad Greenpeace, los objetivos fijados se podrán alcanzar si el consumo de petróleo y gas también disminuyen rápidamente, en concreto, que el uso de petróleo se redujera a la mitad para 2030 y el de gas en un tercio.

Para la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, «este es el informe de ciencia climática más singular e importante hasta la fecha. Los líderes gubernamentales y empresariales no tienen dónde esconderse y deben demostrar que entienden la ciencia actuando con la urgencia que exige. Pero todos tenemos un papel. Cada persona tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para cambiar de rumbo y seguir el plan que se incluye en el informe del IPCC».

Según WWF, permitir que la temperatura global aumente en 2ºC con respecto a los niveles preindustriales tendrá «consecuencias devastadoras» que incluyen la pérdida de hábitats naturales y especies, la disminución de los casquetes polares o el aumento del nivel del mar, lo que también repercutirá en la salud de los humanos, la seguridad y el crecimiento económico.

Para el consejero jefe de Cambio Climático de WWF, Stephen Cornelius, «cada medio grado más tiene un gran impacto en la gente y la naturaleza, esta es la realidad. No tenemos otra opción además de tomar fuertes medidas climáticas y acelerar la transición energética de todos los sectores -energía, transporte y alimentación-. Sin la rápida disminución de las emisiones de carbón, enfrentaremos cada vez más graves impactos de los ecosistemas, desde las barreras de coral al Ártico y a otras zonas en peligro».

En el mismo sentido, el responsable de Cambio Global y Prácticas Energéticas de WWF, Manuel Pulgar-Vidal, ha subrayado que limitar el calentamiento a 1,5ºC «es posible, necesario y urgente». «Traspasar esta cifra no es inevitable pero no podemos retrasar más la acción global. La diferencia entre ‘imposible’ y ‘posible’ está en el liderazgo político. Lo que necesitamos ahora es un fuerte compromiso para asegurar que enfrentamos el reto que tenemos delante».

 

También disconformidad

Amigos de la Tierra ha mostrado su disconformidad con determinadas propuestas a priori enfocadas a reconducir la situación. Así, la organización ecologista critica que la comunidad científica haya incluido escenarios que se apoyan en el uso injustificado de tecnologías no probadas para reducir la concentración de carbono en la atmósfera.

Es por esto, por lo que la la organización señala que algunos escenarios contemplan el uso de métodos «arriesgados y desconocidos» como la Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS), la baza estrella de los partidarios de la geoingeniería climática. Diversos estudios certifican que estas medidas no solo no garantizarían una disminución de partículas de carbono en la atmósfera, sino que además generarían diversos problemas adicionales especialmente entre las poblaciones más empobrecidas.

La Fundación Renovables asegura que el informe del Comité de Expertos para la Transición Energética «carece de ambición» en los objetivos a 2030

EFE / Europa Press. – La Fundación Renovables considera que el informe que la Comisión de Expertos para la Transición Energética «carece de ambición» en los objetivos a 2030 que deben marcar la senda de las descarbonización de la energía en 2050.

En un comunicado, la fundación señala que el documento «no aporta ni compromisos ni medidas concretas como requieren los retos planteados para nuestro país y que fruto del esfuerzo por lograr un consenso, en cualquier caso limitado, se diluyen las propuestas con demasiadas alternativas planteadas, con excesivos condicionantes que lo descartan como guía para afrontar la Transición Energética».

Sin embargo,  la fundación ve positivo la importancia que el informe da a la fiscalidad como herramienta del proceso de transición energética, la fijación de un precio mínimo para el CO2, el incremento de la fiscalidad de los carburantes y la corrección de los desequilibrios existentes, aunque afirma que tampoco este caso detalla concreta las medidas y deja abiertas demasiadas puertas.

Además, destaca que se pida la supresión del ‘impuesto al sol’ que «dificulta, junto con otros elementos restrictivos, el desarrollo del autoconsumo en nuestro país».

En este sentido, la Fundación Renovables considera que lo más sorprendente del documento es la afirmación de que «no se han tenido en cuenta cambios en el comportamiento de consumidores» a la hora de fijar los escenarios, aunque en varias ocasiones se hable del papel de los ciudadanos «si reciben las señales de precio y regulatorias oportunas para reducir la demanda».

La Fundación Renovables también cuestiona los objetivos de renovables que contiene el documento, en el que los expertos consideran complicado llegar al 27% de cobertura de la demanda final y que no pase del 28,4% en el escenario de transición sostenible ni del 29,7% en generación distribuida, lejos del 35% que propone el Parlamento Europeo.

Critica que la apuesta renovable de los expertos se circunscriba a la fotovoltaica y dice que no tiene sentido que la eólica sólo vaya a contar con 3.323 megavatios (MW) adicionales diez años después de las subastas cuando sólo la repotenciación de parques existentes puede multiplicar por tres esa cantidad.

A juicio de la fundación, el informe asume las tesis del ministro de Energía, Álvaro Nadal, al decir que el cierre de las nucleares incrementaría el coste de la tarifa eléctrica de 2.000 millones a 3.000 millones de euros, pero no justifica la tasa que se debe poner a sus residuos ni los costes que tendría mantener a la nuclear competitiva con respecto a las renovables.

Para finalizar en el tema nuclear, la entidad no comparte la propuesta del informe de prorrogar la vida útil de estas centrales y la fundación defiende el cierre al término de la vigencia de las actuales licencias de funcionamiento.

Greenpeace afirma que España podría cerrar las nucleares y las térmicas de carbón en 2025

EFE / Europa Press. – Un informe presentado por Greenpeace afirma que España podría prescindir sin problemas de la energía nuclear y la de carbón para satisfacer su demanda eléctrica en apenas siete años, si las sustituyera por renovables.

Según el informe ‘Único sentido: 2025 sin carbón ni energía nuclear’, la diferencia de costes y emisiones entre las diferentes opciones es «lo suficientemente pequeña como para que no sirva de base para una decisión política» y permite la viabilidad económica de este reemplazo energético. «Con este estudio, Greenpeace demuestra que se termina el falso dilema entre carbón o nuclear: ambos pueden desaparecer simultáneamente y la futura ley de cambio climático tiene que establecer el fin de ambos en 2025″, ha asegurado la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón.

El análisis ha sido elaborado por el Instituto de Investigación Técnica de la Universidad de Comillas de Madrid y contempla diferentes escenarios futuros en función del crecimiento de la demanda de energías, la aportación de la nuclear y el carbón al mix energético y la variación del porcentaje de generación renovable, incluso en situaciones de estrés hídrico y eólico.

Para la entidad ecologista, existen varias opciones, que se diferencian en términos económicos y de emisiones, al tiempo que apelan a la voluntad política para llevar a cabo el cambio. En este sentido, Montón afirma que «este estudio demuestra que el cierre simultáneo del carbón y las nucleares no es un problema técnico, ni tampoco económico, es solo una decisión política».

Durante la presentación, la responsable de Energía de Greenpeace, Montón, ha señalado que la seguridad del suministro estaría garantizada «hasta en las peores condiciones posibles», además de que «la alta penetración de renovables y el ahorro energético disminuyen los costes».

Por ello, ha incidido en la necesidad de aplicar medidas de eficiencia energética y de flexibilidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sobre cuyo borrador trabaja actualmente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Para Monton, el sobrecoste que supondría pasar de un escenario continuista a otro sin carbón ni nuclear, con un mínimo crecimiento de la demanda eléctrica y con un nivel alto -65 %- de renovables, sería de 186 millones de euros, una cifra «muy pequeña cuando estamos hablando de cambiar el sistema eléctrico»

En el análisis del estudio, los autores han construido escenarios de demanda eléctrica, de generación convencional y de inversión en energías renovables, para 2025 y 2030 -respetando como mínimo el cumplimento de las directivas europeas-, realizado con parámetros de seguridad y teniendo en cuenta los casos más desfavorables de producción hidroeléctrica o eólica, según explica Greenpeace.

Montón además, ha afirmado que los resultados de este estudio «desmienten las declaraciones ofrecidas, recientemente, por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal» cuando anunció una proposición de ley para evitar el cierre de centrales nucleares porque encarecería el precio de la factura de la luz.

Según la portavoz de la ONG, aunque los costes totales son similares en todos los casos, «precisamente el coste que se traslada de forma más directa a la factura de la luz sería más bajo con un mix energético sin carbón y sin nuclear».

Por ello considera el anuncio de Nadal una «cadena perpetua al carbón y la nuclear» así como una «táctica política» para las zonas de España «donde el asunto del carbón es más sensible, ofreciendo una hipotética continuidad que él mismo sabe que no es posible».

 

 

El Gobierno crea una comisión de 14 expertos sobre transición energética y le da 6 meses para presentar un informe

Redacción / Agencias.- El Gobierno aprobó la creación de una comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética que estará formada por 14 miembros (entre Gobierno, grupos parlamentarios y agentes sociales) y que tendrá 6 meses para elaborar un informe que se elevará al Ejecutivo. Según el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, la creación de la comisión se enmarca en el objetivo de impulsar la competitividad de la economía, el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad medioambiental.

En concreto, el informe recogerá alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética “eficiente, sostenible y baja en carbono”. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con Europa y la contribución de las políticas de eficiencia energética. De los 14 miembros que conformarán la comisión, 4 serán designados por el Gobierno, 1 por cada grupo parlamentario y 3 por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Según señaló Méndez de Vigo, esta comisión estará integrada por expertos «independientes y de reconocido prestigio».

El grupo de expertos tendrá 6 meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie. En concreto, los expertos deberán analizar posibles alternativas de política energética, considerando su impacto medioambiental y económico y que permitan cumplir con los objetivos establecidos de la forma más eficiente posible. Dicha estrategia tendrá como referencia los objetivos climáticos acordados por España con la Comisión Europea, que contemplan una cuota renovable del 20% en 2020 y del 27% en 2030.

Esta iniciativa se une a otras que ya desarrolla el Gobierno para la elaboración de una estrategia global en materia de energía y cambio climático con el mayor consenso posible y que impulse la competitividad y la creación de empleo. En particular, en marzo pasado se creó un grupo de trabajo interministerial para la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Las propuestas de la comisión de expertos serán igualmente presentadas a este grupo de trabajo interministerial para apoyar la labor de los ministerios en esta materia.

La potencia instalada de renovables en el mundo aumenta un 9% en 2016 gracias a la fotovoltaica y la eólica

Europa Press.- La potencia instalada de energías renovables en el mundo ascendió a 2,01 millones de megavatios (MW) en 2016, lo que supone un incremento del 9% con respecto al ejercicio anterior fruto de la incorporación de un volumen récord de nueva capacidad equivalente a 161.000 MW. En concreto, la energía solar fotovoltaica representa casi el 47% de la capacidad añadida, seguida por la energía eólica, con un 34%, y de la energía hidráulica, cuyo peso sobre el total equivalió al 15,5%.

Estos datos aparecen recogidos en el Informe 2017 sobre la situación mundial de las energías renovables (GSR por sus siglas en inglés), publicado por REN21 y recogido por la Fundación Renovables, que lamenta el «parón» sufrido por las tecnologías verdes en España. El informe muestra que las energías renovables se están convirtiendo en la opción más barata. Asimismo, la Fundación Renovables indica que la imperiosa necesidad de tener una carga base es «un mito» y considera que «no es una sorpresa que exista un incremento en el número de países que han logrado manejar con éxito los picos que se acercan o sobrepasan el 100% de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables».

El informe muestra que las innovaciones y nuevas soluciones en las tecnologías de almacenamiento van a proporcionar cada vez más flexibilidad al sistema eléctrico. En 2016, cerca de 800 MW de nueva capacidad avanzada de almacenamiento de energía entraron en operación, lo que finalmente arrojó un total estimado de 6.400 MW. Al valorar la situación en España, la Fundación Renovables expresa su «preocupación porque no se estén poniendo las bases para un cambio en 2017» y lamenta el «mal diseño de la subasta» de renovables.

El PSOE y Unidos Podemos exigen al Gobierno un informe que avala que el carbón autóctono bajaría la tarifa eléctrica

EFE / Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una solicitud del informe que posee el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón autóctono como elemento que asegure el suministro energético en España, lo que abarataría la factura. Asimismo, el PSOE exigirá al Gobierno explicaciones oficiales al más alto nivel sobre el supuesto informe elaborado Ministerio de Industria en el que se aseguraría que el consumo de carbón nacional permitiría una reducción de la tarifa eléctrica de al menos un 3,52%.

Así lo anunció el secretario general del PSOE de León, Tino Rodríguez, que ya se ha coordinado con la diputada socialista leonesa María Aurora Flórez para que de manera inmediata registre en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Energía, que actualmente posee la competencia en la materia. Un informe «confidencial», difundido por lainformacion.com y atribuido al anterior Ministerio de Industria, en el que se asegura que «si España usara el carbón autóctono en la actualidad, único combustible fósil del que se dispone, la tarifa eléctrica bajaría, al menos, un 3,52%, con un ahorro de al menos 350 millones de euros anuales».

En contra de los españoles

El líder de los socialistas leoneses señaló que, de confirmarse esta información, «sería un escándalo que igualaría al exministro José Manuel Soria, de ingrato recuerdo, con el actual responsable de la cartera, Álvaro Nadal, ya que ambos habrían hecho todo lo contrario de lo que debían para beneficiar a los españoles, que ahora se enfrentan a una subida enloquecida del precio de la luz». Rodríguez pregunta «para quién están trabajando los ministros del PP y por qué ocultan este informe», y anunció que será una de las interpelaciones que el PSOE dirigirá al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas también requerirán al Ejecutivo popular que dé cuenta detallada de los términos de ese estudio, en qué momento se elaboró y si asegura que debe establecerse un incentivo para garantizar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilizan carbón autóctono como combustible. Rodríguez recordó que, además, Nadal aseguró el pasado diciembre en su primera comparecencia ante el Parlamento que no se quema más carbón autóctono en las centrales térmicas para «no encarecer el precio de la energía a todos los españoles». «Habría mentido porque ya tenía un informe que supuestamente dice lo contrario y que, probablemente, le pasó su propio hermano gemelo, Alberto Nadal, que era secretario de Estado de Energía con Soria», finaliza.

Unidos Podemos pide el informe

Por su parte, la diputada de Podemos por León, Ana Marcello, junto con otros compañeros del grupo parlamentario Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso la demanda del informe que posee «hace meses» el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón. También han respaldado la petición de información al Gobierno otros diputados podemitas, como Sofía Fernández, Segundo González y Rafael Mayoral, además de la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. Desde Podemos Castilla y León han abogado por el consumo de carbón autóctono durante las décadas en las que se desarrolle la «necesaria» transición energética, por lo que ve «imprescindible poder estudiar dicho informe hasta ahora oculto a la ciudadanía».

El emplazamiento del ATC es “apto” según los informes del CSN, que contemplan soluciones de ingeniería para sortear algunas dificultades

Europa Press / EFE.- Los informes entregados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Transparencia Internacional reflejan dudas sobre la bondad de la ubicación del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, y proponen una panoplia de soluciones para sortear las dificultades detectadas por el organismo regulador. La difusión de los documentos, enviados a dicha ONG y publicados en la web del CSN en la pestaña «transparencia», se deriva de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente).

De hecho, en su respuesta, el CSN considera «fundamental que reciba el conjunto de documentos técnicos que justifican la propuesta de dictamen técnico» que fue aprobada por el pleno del CSN en su reunión de 27 de julio de 2015. Por ello entrega 4 informes más de los exigidos para una correcta comprensión del dictamen técnico. Dicha decisión técnica recoge limitaciones del terreno del ATC de Villar de Cañas y las condiciones y soluciones de ingeniería que se tendrían que imponer a la construcción de dicha instalación para que los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica se cumpliesen según los mejores estándares de seguridad.

En estos informes se concluye con carácter general que los terrenos son aptos para albergar el futuro ATC de residuos atómicos español, pese a que se plantean algunas dudas existentes en materia de la composición profunda de los terrenos o la posible existencia de fallas tectónicas desconocidas porque faltan datos de geología y geomorfología. Esta falta de datos en los estudios que dan lugar a «incertidumbres en aspectos relevantes que sirven de base a otras áreas de conocimiento, como geoquímica, sismicidad, hidrogeología y geotecnia». Así consta en dos informes, uno de la Universidad de Cantabria y otro de la empresa estadounidense URS, que han sido tenidos en cuenta por el CSN en la evaluación del emplazamiento de Villar de Cañas.

Así, un informe de la Universidad de Cantabria subraya que «la capacidad portante del terreno es elevada y su deformabilidad ante la aplicación de cargas es reducida», por lo que la ubicación es «idónea» para construir el ATC. El informe añade que hay que prestar «especial atención» a los detalles constructivos: no hacer sondeos excesivamente profundos si no son indispensables; cementar los sondeos en cuanto sea posible, no recurrir a voladuras para la excavación y cuidar el control del flujo de agua. En todo caso, los ingenieros no han detectado huecos de disolución de yesos y valoran ese hecho como «factor positivo», por lo que ve la solución de diseño envolvente como una precaución adicional.

Asimismo, se concluye que los ensayos realizados sobre el potencial expansivo del terreno son correctos y adecuados y que los ensayos de inundación bajo carga son «especialmente representativos del proceso». Los expertos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos valoran como un aspecto «muy positivo» la no presencia de anhidrita. En cambio, reconoce que los terrenos plantean «problemas derivados de la expansividad o de la disolución de yesos», aunque propone como la solución «más eficaz» la elección de soluciones estructurales, geotécnicas y constructivas para reducir el riesgo de modificación de los regímenes existentes de tensiones y de flujo de agua. «Las soluciones de cimentación superficial mediante losas rígidas son muy adecuadas», aconseja.

Las soluciones contrarrestan los inconvenientes

Otro de los documentos, firmado por técnicos del área de ciencias de la tierra del CSN, concluye que no se puede afirmar que el terreno sea idóneo debido a características «desfavorables» como la presencia de materiales yesíferos y arcillas en contacto con el agua. Para autorizar la obra, cree necesario medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo, limitando la activación de fenómenos de disolución y expansividad durante la excavación, construcción y operación. También exige, entre otras cuestiones, un plan de vigilancia del terreno con finalidad geotécnica e hidrogeológica, que verifique la eficacia de estas medidas.

Otro informe de evaluación del área de ingeniería mecánica del CSN determina que es aceptable la solución estructural de Enresa para afrontar los posibles riesgos (carácter expansivo de las arcillas y la activación de disolución de yesos). No obstante, pide a Enresa un análisis en detalle de todas sus actividades y un constante control para poder identificar la aparición de procesos de hinchamientos del terreno o de disolución de yesos.

Otro de los informes entregados, elaborado por la ingeniería URS España, con fecha de 29 de julio de 2015, afirma que en los trabajos de Enresa faltan datos o se minusvaloran riesgos. Se dispone de información «insuficiente» sobre la red de fracturación del subsuelo o la posible presencia de rellenos kársticos en profundidad y bajo el río Záncara. En todo caso, URS valora que hay ausencia de tectónica reciente tanto en el emplazamiento como en el entorno, pero subraya que no se puede afirmar que no hay fallas activas en el entorno inmediato y se muestra en desacuerdo con Enresa sobre el riesgo de un seísmo, ya que en su opinión «no es descartable» un terremoto de 5,5 de magnitud.

Tampoco comparte los impactos que Enresa prevé en cuanto a la disolución de minerales en el subsuelo por las aguas subterráneas. Según la estatal, el agua subterránea está en equilibrio con el medio rocoso por lo que los procesos de disolución derivados de la interacción agua roca no pueden generar riesgo de «subsidiencia apreciable», afirmación que la consultora no comparte.

En cuanto a la inundabilidad, este informe de evaluación no plantea problemas relevantes y coincide en que los cálculos de Enresa son adecuados y «suficientes para asegurar la idoneidad del emplazamiento frente al riesgo de inundación». La conclusión es que los terrenos seleccionados están «claramente considerados a salvo de inundaciones«. Respecto al estudio hidrogeológico presentado por Enresa en 2012 estima que «carece del nivel de detalle necesario para dar respuesta a un esquema conceptual de funcionamiento hidrogeológico lo suficientemente sólido que permita elaborar un modelo matemático que simule adecuadamente flujo subterráneo en el medio y pueda emplearse como herramienta predictiva».

De hecho, en materia de hidroquímica, la evaluación de URS advierte de que aunque las aguas saturadas en yeso no tienen en principio capacidad de disolución de este mineral, es probable que en el subsuelo se produzcan, de acuerdo con las simulaciones presentadas, la disolución de otros minerales, con «potenciales efectos sobre las características geotécnicas». Los extensos informes difundidos han formado parte del proceso de decisión en la evaluación del CSN sobre el emplazamiento elegido por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 para albergar el ATC en España.

El CSN no ve «garantías» en el sistema de refrigeración de Almaraz pero la central dice que solucionó los problemas

Europa Press / EFE.- La central nuclear de Almaraz (Cáceres) reafirmó que las cuatro bombas que forman parte del sistema de refrigeración «se encuentran operando con normalidad», una vez que el problema detectado «está solucionado y solventado» después de que inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) detectaran un «problema de mantenimiento» en los motores del sistema las bombas de agua del circuito terciario de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) que no demostró «suficientes garantías» de que exista una expectativa razonable de operabilidad.

Así consta en un documento del equipo de inspección dirigido al director de seguridad nuclear del CSN, Antonio Munuera, el pasado 28 de enero, con los resultados de una inspección reactiva realizada el 22 de enero en la planta de Cáceres después de detectar dos fallos en las bombas del sistema de agua de servicios esenciales ocurridos el 29 de septiembre de 2015 y el 11 de enero de 2016.

A este respecto, la central nuclear de Almaraz explicó que el sistema consta de cuatro bombas que pueden dar servicio al reactor y que hay una más de repuesto por si alguna de los anteriores fallase. De este modo, asegura que las cuatro bombas que forman parte del sistema de refrigeración está «operando con normalidad» y que adicionalmente está disponible y en línea la quinta bomba que, en caso de necesidad, puede sustituir «de forma inmediata» a cualquiera de las otras cuatro. El titular afirma también que el sistema estuvo operativo «en todo momento» y que siempre estuvo «garantizada» la función esencial del mismo, así como la seguridad de Almaraz.

Tras la inspección, los técnicos habían detectado una falta de mantenimiento en una pieza, las holguras de montaje del anillo corta aceite, ya que según el titular, Almaraz, varias piezas de los motores habían sido sustituidas entre 2012 y 2013, pero no fue así con el «sello corta-aceite como el mangón», que no se cambiaron en las renovaciones de los motores puesto que el fabricante consideró que no era necesario, de modo que cuando se produjeron los dos fallos, estos componentes eran los de origen.

La inspección requirió específicamente información sobre las medidas de holguras del montaje del citado anillo corta-aceite y el titular señaló que en el montaje de los motores «nunca» se realizaba esa comprobación y que esa pieza no se había cambiado nunca porque era la original antes de la renovación de los motores. En definitiva, los técnicos concluyen en su informe tras la inspección que el titular «no ha demostrado suficientes garantías» de que exista una expectativa razonable de operabilidad de dos bombas, así como de la bomba común del sistema.

Las piezas instaladas en los motores de las tres bombas tienen «en el mejor de los casos, una antigüedad superior a 20 años», y la inspección destaca también que no realizar las medidas dimensionales del sello corta aceites durante un tiempo «tan prolongado» denota un «problema de mantenimiento de los motores«. Por último, los inspectores reflejan en el informe dirigido a la dirección de seguridad nuclear del CSN que durante la inspección Almaraz «no mostró la diligencia debida en la obtención, documentación y transmisión de la información relevante para el análisis de las anomalías detectadas».

Almaraz: Problema solucionado y solventado

Por su parte, el titular reiteró que el problema detectado «está solucionado y solventado», según confirmaron fuentes de la planta, que insistió en que «todo está en orden» en la planta, que «continúa funcionando perfectamente», por lo que «no cabe» tomar nuevas medidas en este sistema de refrigeración, porque «los equipos están funcionando con la garantía del fabricante«. «El problema que ha habido está solucionado y solventado», han subrayado en relación con la inspección radiactiva realizada a finales de enero en la que cinco técnicos analizaron el funcionamiento de cuatro bombas del sistema de refrigeración.

En este sentido, el titular añade que desde el inicio de la operación de la central, en 1983 y 1984, se han realizado planes de mantenimiento periódicos, según las prácticas de la industria en cada momento y las recomendaciones de los manuales de los fabricantes de los equipos. Finalmente, defiende que «en todo momento» se ha mantenido «puntualmente informado» al CSN sobre las actuaciones llevadas a cabo tras las incidencias detectadas, así como del plan de acción previsto para garantizar la operabilidad del sistema y la operación segura de Almaraz.

Extremadura pide datos al CSN

Ante la alarma creada, la Junta de Extremadura solicitó al CSN «toda la información» relacionada con posibles fallos en Almaraz. El jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, exigió «la máxima transparencia y el máximo rigor, y enterarse por los medios de comunicación dice muy poco de lo que deben ser las relaciones normales entre las instituciones». «Creo que tengo la obligación de trasladar a la sociedad toda la verdad, por esos he pedido información por escrito de lo que haya podido ocurrir», reiteró el presidente extremeño, quien ha agregado que, una vez llegue dicha documentación, la Junta de Extremadura tomará «una decisión u otra».