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Andalucía ve «disparatadas» las palabras de Nadal sobre el almacén de gas de Doñana y recalca la responsabilidad del Gobierno

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, considera «disparatadas» las declaraciones del ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre el almacén que Gas Natural tiene previsto construir en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, en las que «decía que la evaluación ambiental de los proyectos correspondía a la Junta de Andalucía cuando cualquiera sabe que es una competencia exclusiva del Gobierno de España».

En este sentido, Fiscal tachó de «desafortunadas» estas declaraciones de Nadal y ha afirmado «que de alguna manera el ministro pretendía hacer recaer la responsabilidad de esta asunto en el Gobierno de la Junta de Andalucía». Así, Fiscal señala que «esto obedece a que el Gobierno se ha quedado solo, ya que todo el mundo está en contra de esteproyecto excepto el PP y el Gobierno de España, y me refiero a la Junta, a los ayuntamientos de la zona, a las organizaciones ecologistas, a las organizaciones agrarias, colegios profesionales, universidades, comunidad científica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Geológico Minero de España, en resumen, todo el mundo, lo que ha hecho que el ministro diga estos disparates».

Además, y sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo por su departamento, ha destacado que «están utilizando todas las herramientas jurídicas y administrativas, para en lo que dependa de ellos, frenar el proyecto» y ha recordado que «han presentado un requerimiento ante el Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de los 4 subproyectos y no de uno en uno». Pero, añade, el Gobierno «hasta ahora no ha contestado y, cuando conteste, analizaremos la cuestión, porque tal y como dijimos, según esta contestación, el gabinete jurídico de la Junta iniciará acciones judiciales«, porque «entendemos que este no es lugar para un almacén de este tipo y vamos a blindar el Espacio Natural de Doñana».

En este sentido, apunta que «han impedido que se adentre en el espacio natural protegido» y «mientras nosotros estemos aquí ni un solo metro de este proyecto atravesará Doñana, de eso pueden estar los andaluces tranquilos. Hay que recordar que Nadal aseguró que el almacén de gas Marismas Occidental no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un “visto bueno 100%” de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico. Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento, después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidió encargar una evaluación al IGME.

Nadal asegura que el almacén de gas de Doñana no funcionará sin el «visto bueno» de la Junta de Andalucía

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo, Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el almacén de gas Marismas Occidental, que Gas Natural Fenosa tiene previsto llevar a cabo en las inmediaciones del Parque Natural de Doñana, no obtendrá del Gobierno una licencia de funcionamiento sin un «visto bueno 100%» de la Junta de Andalucía y del Instituto Geológico Minero de España (IGME), que elaborará dos estudios, de ámbito geológico y sísmico.

En la Comisión de Energía del Congreso, Nadal ha señalado que este proyecto tiene actualmente un informe de impacto ambiental favorable por parte del Ejecutivo andaluz, pero su departamento «por prudencia» y después de lo ocurrido con el Proyecto Castor, decidieron encargar una evaluación al IGME. Según ha insistido, si no está garantizada la seguridad de la zona por parte de estos dos actores, el almacén de gas que se pretendía construir en la zona conocido como Marismas Occidental, no se llevará finalmente a cabo. «Jamás con una declaración medioambiental desfavorable lo ordenaríamos», ha aseverado.

Sin embargo, la portavoz de Unidos Podemos, Isabel Franco, ha acusado al ministro de conocer ya el resultado del informe del IGME que, según ha señalado, acusa a Gas Natural Fenosa de «rebajar» el nivel de riesgo de inundaciones de la zona que, según el instituto, debería ser declarada «de alta peligrosidad». En este sentido, ha pedido que se haga público ya el documento para poder acceder a esa información.

En este sentido, el ministro se refirió al anuncio que el Ejecutivo andaluz realizó sobre su intención de revocar el informe favorable sobre este proyecto. Una decisión que Nadal ha animado a llevar a cabo «por los medios adecuados», es decir, a través de procesos administrativos y no «con declaraciones públicas». El ministro ha indicado que lo que no puede pasar es que el Gobierno tenga ahora un documento favorable «y luego se le pida que deniegue la ordenación de funcionamiento«. A estas palabras se ha unido el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, quien ha aplaudida “la autoenmienda”.

Nadal ha tenido que enfrentarse también a las críticas vertidas por el PSOE. La portavoz socialista, Josefa Inmaculada González, ha demandado al ministro la paralización definitiva del proyecto y señaló que la seguridad no está garantizada en el entorno del Parque Natural si no se hace una evaluación de impacto «acumulativa» de los 4 almacenes. Se refiere así al resto de proyectos de Gas Natural Fenosa en la zona, conocidos como Marismas Oriental, Aznalcázar y Saladillo. El primero, según explicó Nadal, ya cuenta con un informe desfavorable de la Junta desde 2016, mientras que los otros están pendientes de evaluación.

Sin embargo, Nadal ha apuntado que su departamento, aunque tome decisiones en base a los informes de impacto ambiental, no tiene competencias en esta materia, sino que, en este caso, la autoridad es la Junta. «Una cosa es que nosotros siempre priorizamos los sistemas de seguridad ambiental, y otro que seamos nosotros los responsables de hacerlos», insistió. Del mismo modo, ha tranquilizado a los partidos de la oposición que han mostrado su preocupación por la seguridad de este proyecto: «Descuiden, nosotros no vamos a cometer el error que se cometió con el proyecto Castor», concluyó.

La Junta de Andalucía pide al IGME el informe que alerta de riesgo en el proyecto de gas de Doñana

Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que la Junta de Andalucía va a pedir «de inmediato» el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME), «una institución del propio Estado», en el que «se alerta de que existe cierto peligro de inundación que no ha sido suficientemente valorado» en el proyecto de gas de Doñana. «Si esto es así, no hay otro camino más que la paralización«, ha advertido.

Al parecer, el informe advierte de que uno de los almacenes subterráneos de gas que Gas Natural desarrolla al borde del Parque Nacional de Doñana supone un mayor riesgo por inundaciones del inicialmente admitido por la empresa lo que, unido a las nuevas restricciones legales para usos del suelo, arroja dudas sobre la viabilidad del almacén conocido como Marismas Occidental.

El consejero ha asegurado que «si esto es así, no cabe más remedio que hacer caso a lo que le ha pedido la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en un requerimiento que se le envió en diciembre para que paralice inmediatamente la ejecución de Marismas Occidental y haga una declaración de impacto ambiental nueva del conjunto de los 4 proyectos». En este sentido, Fiscal ha recordado que eso es lo mismo que ha pedido el Defensor del Pueblo andaluz y español y ha insistido en que «si este informe es así, que lo hemos solicitado, no hay otro camino más que la paralización, no vemos otra cosa«.

Maíllo (IU) arremete contra Díaz

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno la suspensión cautelar del proyecto, ya en marcha, así como también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se posicione al respecto. Maíllo ha defendido que «no puede cernirse sobre Doñana un proyecto que es una bomba en su subsuelo, de alto riesgo para el parque nacional, toda la zona y todos sus habitantes». Este informe es, según Izquierda Unida Andalucía, «una razón más, y de peso, para que se paralice este proyecto».

Maíllo ha anunciado que su formación solicitará en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, «para que haga una valoración del informe del Instituto Geológico y Minero» que alerta de la «alta peligrosidad» de uno de los mencionados almacenes. Para el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, es necesario que el Gobierno de Susana Díaz «se posicione» ya que tras este informe existe «una base que ratifica lo que numerosos colectivos, entre ellos Izquierda Unida, han advertido: el alto riesgo del gaseoducto». Asimismo, ha recordado que varias entidades y la propia Universidad de Huelva alertaron de los peligros de este proyecto, un posicionamiento «ratificado ahora por el informe del IGME.

Facua quiere paralizar Marismas Occidental

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el IGME, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en servicio. Dicho informe, según expone Facua, fue pedido por el Ministerio de Energía, tal y como exige la autorización administrativa del proyecto y el IGME debía revisar la documentación exigida a la empresa sobre el hundimiento del suelo, inundaciones y terremotos antes de tramitar la autorización de puesta en servicio.

6,3 millones subvencionando el proyecto

La asociación ha recordado la subvención concedida por el Gobierno a Gas Natural Fenosa de 6,3 millones de euros para el 2018, que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero pública a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Del mismo modo, Facua cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

REE prevé poner en servicio en el año 2025 la interconexión eléctrica submarina por el Golfo de Vizcaya con Francia

Europa Press.- Red Eléctrica de España prevé poner en servicio en 2025 el enlace eléctrico submarino con Francia, un trazado de 370 kilómetros que partirá de la estación conversora que se construirá próxima a la subestación de Gatika, hasta el Golfo de Vizcaya, para discurrir bajo el mar durante 280 kilómetros hasta la subestación de Cubnezais, cerca de Burdeos. La inversión de este proyecto rondará los 1.750 millones de euros, presupuesto que podrá sufrir variaciones dependiendo del proyecto final que se defina.

Expertos científicos y técnicos han analizado este proyecto con administraciones, agentes económicos y colectivos medioambientales, que supondrá un aumento de la capacidad de intercambio de electricidad de hasta 5.000 megavatios (MW), frente a los 2.800 actuales, y ofrecerá una capacidad de transporte de 2.000 MW, a través de un doble enlace submarino (dos cables por enlace). El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, destacó que la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya se enmarca como uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea en materia energética y está catalogado como Proyecto de Interés Comunitario por su marcado carácter estratégico.

De Andrés ha recordado que «la Unión Europea apuesta por las interconexiones eléctricas como herramienta para la creación de un mercado único de la energía que impulsará la convergencia de precios, mejorará la competitividad de nuestras empresas y permitirá una mayor penetración de energías renovables en el sistema eléctrico con la consiguiente menor dependencia de los combustibles fósiles». Aun así, España está lejos de la capacidad objetiva de interconexión eléctrica de la gran mayoría de países europeos y a gran distancia de los objetivos comunitarios. «Las interconexiones actuales con Francia no llegan a los 3.000 MW, lo que supone un ratio de interconexión del 2,8% con los sistemas eléctricos centroeuropeos, muy lejos del 10% acordado por la Unión Europea», lamentó.

También ha intervenido el director del proyecto de interconexión eléctrica submarina España-Francia, Juan Prieto, quien ha detallado el calendario del proyecto que, en la actualidad, está en la fase de consultas, que se prolongará hasta principios de 2018. Según ha explicado, una vez recogidas sugerencias, observaciones y análisis de las administraciones, todo ello se incorporará en los estudios de detalle ambiental y técnicos, para ya en 2018 comenzar con la tramitación detallada del estudio de impacto ambiental y de los proyectos. Después, habrá otra fase de información pública en la parte de la tramitación administrativa.

Prieto ha señalado que, teniendo en cuenta «el proceso riguroso y detallado que siguen este tipo de proyectos, estaríamos hablando de que no antes de 2020 estarían resueltas todas las autorizaciones necesarias, con lo cual antes de 2020 no comenzará ningún trabajo físico en el terreno». Además, indicó que estas infraestructuras «tienen un periodo de fabricación de los cables y de instalación prolongados, con lo cual estamos manejando una fecha de puesta en servicio de interconexión en torno a 2025».

El proyecto se desarrolla a través de INELFE, una empresa mixta creada a partes iguales por Red Eléctrica, el gestor de la red pública de transporte en España y su homólogo francés, Réseau de Transport d’Electricité. Su misión es construir y poner en marcha las interconexiones entre ambos países, con el objetivo de aumentar el volumen de intercambio de energía eléctrica entre la península Ibérica y el resto de Europa.

La interconexión estará conectada a la subestación de Gatika, a 10 kilómetros de la costa vasca. Para ello se aprovechará la infraestructura existente Gatika-Lemoiz, compuesta por dos líneas eléctricas de 400 kilovatios (KW). El trazado partirá de la estación conversora, que se construirá próxima a la subestación de Gatika, hasta la zona del Golfo de Vizcaya. De acuerdo al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental español, se dará inicio al trámite de presentación del documento que a modo de resumen identificará las características y ubicación del proyecto, el análisis de los potenciales impactos de las diferentes alternativas para la conversora y la línea, así como un diagnóstico territorial y medioambiental de las afecciones del proyecto.

El enlace se conectará a la subestación eléctrica de Gatika y a la subestación de Cubnezais. La elección del trazado y la colocación del cable en el fondo marino minimizarán el impacto sobre los usos marítimos y especialmente en la pesca. Por otro lado, el trazado subterráneo recorrerá menos de 100 kilómetros, desde la ribera derecha del río Dordoña, y pasará por debajo de éste y del Garona para llegar al litoral aquitano a través del Médoc, respetando el medio ambiente y las actividades humanas.

En esta zona costera se deben integrar numerosos elementos como son la sensibilidad ambiental, la frecuentación de las playas, los núcleos urbanizados, la sensibilidad respecto al retroceso de la línea de costa, así como la posibilidad de utilizar infraestructuras ya existentes para alejarse del litoral. Los puntos de aterraje más adaptados se encuentran en la costa de Médoc. El enlace interconectará dos sistemas de corriente alterna a través de una línea submarina en corriente continua. En cada extremo del enlace, las estaciones conversoras transformarán la corriente continua en alterna para conectarse con las redes de transporte de España y Francia.

Actualmente se está desarrollando de forma simultánea en el País Vasco y Aquitania el proceso de participación pública por parte de las empresas responsables del proyecto,  garantizando la información pública y la transparencia, en conformidad con las exigencias europeas. A este respecto, sus responsables están manteniendo encuentros informativos con las administraciones regionales, con los ayuntamientos y con los vecinos de las localidades del área de actuación. Además, se han puesto en marcha ya varios canales de comunicación ciudadana y se ha distribuido información a través de medios de comunicación, folletos y puntos informativos. También se aseguraron las «máximas garantías técnicas y medioambientales del proyecto», así como la necesidad de seguir apostando por las interconexiones eléctricas.

En ese sentido, José Manuel Esteban, jefe del área funcional de Industria y Energía de la subdelegación del Gobierno en Vizcaya, ha precisado que esta línea se hace para «integrar la red eléctrica española en la red europea», ya que España «tiene capacidad de sobra para producir la energía que necesita». «Esta interconexión no es para importar ni exportar, sino para estar conectados«, ha insistido.

La Asamblea de la Región de Murcia rechaza tramitar una iniciativa legislativa popular para obstaculizar las perforaciones con fracking

EFE.- La Mesa de la Asamblea Regional no ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular presentada por alcaldes del Noroeste, el Altiplano y la Vega Alta para que se convirtiera en una proposición de ley en la Cámara que endurezca los requisitos necesarios para efectuar perforaciones de fracking en la Región.

Los 5 miembros de la Mesa han rechazado el documento porque, en virtud del artículo 4.2 de la Ley reguladora de la iniciativa popular, ya se encuentra en tramitación la proposición de Ley de Podemos sobre esta materia, que se registró el 2 de junio, un mes y medio antes que la iniciativa firmada por los regidores de Abarán, Calasparra, Cieza, Jumilla y el municipio albaceteño de Hellín. Los regidores planteaban que la Cámara diera luz verde a una ley que obligue al Gobierno regional a reforzar las condiciones ambientales y de salud a los proyectos de fracking que impidieran la realización de los mismos.

En cambio, la propuesta de Podemos, que actualmente se encuentra en fase de presentación de enmiendas, plantea directamente prohibir el fracking mediante esta técnica atendiendo a las competencias autonómicas en materia de protección del medioambiente y de planificación de la actividad económica. El texto considera hidrocarburos no convencionales los líquidos o gases que estuviesen atrapados en la roca madre cuya permeabilidad sea inferior a 1 millidarcy, así como los gaseosos que estuviesen atrapados en vetas de carbón o de hulla y que no saldrían ni se desprenderían sin la inyección de grandes cantidades de agua a presión con aditivos químicos.

El empleo de esta técnica, si se aprueba la ley, conllevará la comisión de una infracción urbanística por parte de la Comunidad Autónoma en virtud de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Podemos ha recordado en el preámbulo de la norma que la Región tiene escasez de recursos hídricos y altos valores naturales y acuíferos que proteger, como el sinclinal de Calasparra, que se vería «amenazado» por la explotación del fracking en el Noroeste.

Para Podemos, existen numerosos riesgos asociados a este tipo de industria, que puede generar graves consecuencias para usos fundamentales como el abastecimiento humano y la agricultura, al tiempo que ha recordado que el Gobierno regional ha otorgado permisos para llevar a cabo esta práctica sobre acuíferos calcáreos, «los más frágiles y vulnerables a procesos de contaminación». Finalmente, Podemos ha advertido de los riesgos para la salud de esta práctica, puesto que la técnica emplea un «cóctel» de entre 500 y 600 sustancias químicas «desconocidas» en su mayoría al negarse las empresas a revelar la composición.

Una caída de tensión interna obliga a Petronor a parar varias unidades

EFE.- La refinería de Petronor se ha visto obligada a realizar una parada no programada en varias unidades de la Planta 3 debido a una caída de tensión en la subestación eléctrica interna. Según explicó Petronor, una vez normalizada la alimentación eléctrica «se está procediendo a arrancar las unidades». Tras la parada se dirigieron los gases del proceso a la antorcha 3, lo que originó unos minutos de llama con denso humo negro. Petronor asegura que «no se ha detectado en las cabinas de inmisión ninguna afectación al entorno«.

Abengoa incorpora al exministro Josep Piqué como consejero independiente mientras los ecologistas denuncian sus dos plantas termosolares en Ciudad Real

EFE / Servimedia.- La organización Ecologistas en Acción-Ciudad Real presentó ante la Fiscalía de Medioambiente de Castilla-La Mancha una denuncia contra las termosolares Helios I y Helios II que la empresa Abengoa tiene en la provincia de Ciudad Real. Por otro lado, el consejo de administración de Abengoa ha acordado, por unanimidad, nombrar nuevo consejero independiente al exministro Josep Piqué, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La designación de Piqué, que cubre la vacante existente en el consejo, se ha decidido a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Piqué ha entrado también en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en sustitución de José Luis del Valle, que deja de formar parte de dicha comisión. El nuevo consejero independiente de Abengoa fue ministro de Asuntos Exteriores, de Industria y de Ciencia y Tecnología, y portavoz del Ejecutivo en los gobiernos del PP de José María Aznar. También lideró el PP catalán. En el ámbito empresarial, Piqué fue presidente de Vueling y consejero delegado de OHL.

Denuncian termosolares en Ciudad Real

Según Ecologistas en Acción, la denuncia se justifica en el incumplimiento por parte de la empresa que gestiona estas plantas termosolares de las medidas correctoras incluidas en la declaración de impacto medioambiental que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dictó antes de otorgarle la autorización para su instalación. La instalación de estas termosolares, que se encuentran en terreno situados en de Arenas de San Juan, Villarta y Puerto Lápice supuso ocupar, según los ecologistas, parte de la llanura de inundación del río Gigüela, causar daños a una formación geológica singular como era una paleoduna y la destrucción de una dehesa que contenía encinas centenarias.

La plataforma Salvemos Doñana pide amparo al Defensor del Pueblo de Andalucía por la «amenaza» que suponen los proyectos gasísticos

Europa Press.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reunió con la plataforma Salvemos Doñana, que reclama el amparo de este organismo por la posible «amenaza» para la conservación del espacio natural que, a juicio de la organización, suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio promovidos por Gas Natural Fenosa.

El colectivo indicó que el proyecto no debe continuar en tanto no se haga el informe de evaluación conjunto del impacto que puede generar la ejecución de los cuatro tramos del proyecto. Según el Defensor, Maeztu señaló que, hasta que se realice un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

El Defensor está valorando la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de interés comunitario «de absoluta referencia para nuestra comunidad autónoma en términos ambientales». Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto.

Dolores Yllescas, geóloga y miembro de Ecologistas en Acción Andalucía, organización adherida a la Plataforma Salvemos Doñana, informó al Defensor sobre el desarrollo del procedimiento para la puesta en marcha del proyecto del almacén de gas natural en Doñana, que ha sido troceado para facilitar su aprobación. Planteó que lo más grave para la organización ecologista es que «el efecto acumulativo de los 4 por separado no es el mismo que la suma de los 4 efectos parciales, por lo que el estudio de impacto no es correcto«, añadiendo que la zona tiene unas peculiaridades geológicas e hidrogeológicas «importantísimas, y el estudio ni las nombra».

Tras otras aportaciones, también planteó en su intervención la «dudosa utilidad pública» que le ha sido reconocida por el Ministerio de Energía y que a su vez concedía las autorizaciones administrativas necesarias, «demostrando la insostenibilidad de los argumentos del Gobierno central para semejante decisión». El portavoz de Salvemos Doñana y representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, expuso la posición del citado órgano colegiado, cuya Comisión Permanente aprobó un acuerdo en marzo de 2015 para instar a la administración central a hacer una evaluación conjunta de los proyectos. Según Romero, «todavía estamos esperando».

España y Portugal tienen prevista una reunión en enero sobre Almaraz

EFE.- El ministro de Medioambiente portugués, João Matos Fernandes, avanzó hoy que tiene prevista una reunión en enero con su homóloga española, Isabel García Tejerina, sobre la Central Nuclear de Almaraz y el futuro almacén de residuos.

En una comisión parlamentaria, Matos Fernandes señaló que el encuentro está marcado para los días 12 o 13 de enero y que en él abordará el hecho de que no se han evaluado los impactos transfronterizos que tendrá el almacén de residuos de Almaraz.

La central de Almaraz se encuentra a unos cien kilómetros de la frontera portuguesa, por lo que las autoridades lusas acompañan de cerca su situación y han mantenido contactos en los últimos meses con el Gobierno español, especialmente sobre los impactos que puede tener para Portugal la construcción del almacén de residuos.

«En las primeras cartas que escribí a mi colega española tenía la duda de si habían sido evaluados los impactos transfronterizos. Mi colega española ya ha respondido y no tengo ninguna duda: no fueron evaluados los impactos transfronterizos», aseguró Matos, que añadió que no les han enviado ningún estudio de impacto ambiental.

Matos subrayó la importancia de reunirse con Tejerina para tratar el asunto y garantizó que su agenda «no tiene ninguna limitación» y que la reunión de enero «tendrá que realizarse».

Además, recordó que la directiva europea de evaluación de impactos ambientales «se aplica de la misma forma a Portugal y a España» y defendió que España no la ha cumplido.

«Aunque se llegase a la conclusión de que no hay impactos transfronterizos, hay que hacer esa evaluación y no fue hecha», dijo Matos, que considera que la construcción del almacén «parece indicar el prolongamiento de la vida de la central de Almaraz».

La central de Almaraz fue construida en la década de 1970 y en 2010 el Ministerio de Industria y Comercio español le otorgó la autorización para que siguiera funcionando durante otros diez años.

Con ello, la Unidad I y la Unidad II de la central nuclear cumplirán en 2020 los 39 y 37 años de funcionamiento, por debajo de lo que se considera ciclo útil en una planta de este tipo, fijado en 40 años.

Ecologistas en Acción ve «innecesaria» otra refinería en la Bahía de Algeciras ya que «agravaría la situación sanitaria»

Europa Press.- Ecologistas en Acción en el Campo de Gibraltar considera «innecesaria» la instalación de una nueva refinería en la Bahía de Algeciras, ya que «aumentaría las emisiones contaminantes a niveles inaceptables y agravaría la actual situación sanitaria con altos niveles de morbilidad«. Asimismo, Ecologistas apuntó que «tampoco hay que olvidar que para luchar contra el cambio climático es necesario abandonar las energías fósiles».

Los ecologistas indicaron que el proyecto promovido por la Compañía Iraní de Refinado y Distribución (Niordc) pretende refinar 10 millones de toneladas de crudo al año, 220.000 barriles de petróleo diario» y tendría la aprobación del Gobierno en funciones del PP, a la vista de las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo». Según Ecologistas en Acción, la capacidad de refino de las 10 refinerías instaladas en España es de 76,8 millones de toneladas de crudo, «muy superior a las importaciones, que en 2015 rondarán las 65 millones de toneladas», por lo que «ahora mismo hay por tanto capacidad excedente de refino».

Por ello, aseguran que «una nueva refinería daría salida comercial al crudo iraní pero supondría aumentar de forma innecesaria la ya gran capacidad de refino; su producción iría destinada en su mayor parte a la exportación». En este sentido, resaltaron que «las refinerías son las instalaciones industriales más contaminantes de todas las existentes«. «El sector del refino en España emitió más de 14 millones de toneladas de CO2 en 2015, lo que supuso el 4,82% del total de emisiones de gases invernadero de España», apuntaron. Además, durante 2014 fue «el segundo sector más contaminante en la emisión de óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles y níquel, mientras que fue el tercero en la emisión de óxidos de nitrógeno y naftaleno».

A juicio deEcologistas en Acción, «es ingenuo pensar que las emisiones no tendrán impactos sobre la salud de la población cercana a esa instalación y sobre el medio marino«. Además, ha añadido, «hay que tener en cuenta el efecto sinérgico y de acumulación a las emisiones del resto de industria pesada existente en el Campo de Gibraltar, que lo configura como el primer polígono industrial de industria pesada de Andalucía». Por todo ello, para Ecologistas «la idea de instalar una nueva refinería en la zona es completamente descabellada y solo obedece a intereses especulativos».