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El Gobierno aprueba la DIA del proyecto de investigación de hidrocarburos que conllevará pruebas sísmicas en Murcia

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Leo, que prevé prospecciones sísmicas 2D en el marco del permiso para investigar hidrocarburos en Murcia. La DIA concluye que no se esperan efectos adversos «significativos» para el medio ambiente relacionados con practicar pruebas sísmicas en Murcia, una zona con actividad sísmica donde en 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1 en Lorca que provocó la muerte a 9 personas y dejó cuantiosos daños materiales.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones. Cerca del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas, a 500 metros, se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra de la Pila.

La DIA contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.

En cuanto a los acuíferos, no se prevén potenciales afecciones porque no se emite ninguna sustancia química y para paliar la posible afección de hábitats de interés se colocarán puntos de emisión de las ondas sísmicas y se pondrán geófonos en las zonas sin representaciones importantes de los hábitats o, en su caso, en las zonas más degradadas, y siempre se evitarán los hábitats prioritarios.

De cara a la avifauna, la Subdirección General del Medio Natural no prevé que puedan producirse impactos de «entidad importante» siempre que las actividades no se acometan en épocas críticas y señala que el promotor del proyecto se compromete a realizar los trabajos entre septiembre y enero, una época que no supondrá un «incremento apreciable de presión sobre la fauna«. El proyecto Leo abarca poco más de 30.000 hectáreas en Cieza, Calasparra y Jumilla, en Murcia y en Hellín (Albacete).

En esta zona se acometerá sísmica de reflexión 2D, que consiste en generar vibraciones en el subsuelo a intervalos regulares y a lo largo de una línea más o menos recta mediante el empleo de uno o dos camiones. Las ondas sísmicas generadas son captadas por geófonos que se entierran superficialmente y que trasmiten los datos a un registrador instalado en otro vehículo. Los vibrocamiones realizarán registros durante 2 o 3 semanas de entre 1 y 5 minutos de duración.

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto que, a su juicio, debería evaluarse de forma conjunta la suma de impacto de las actividades previstas en el Proyecto Leo junto a los proyectos Aries II, Escorpio y Acuario, en vez de manera fragmentada, ya que estos 4 proyectos están próximos a varios espacios de la Red Natura 2000.

La ONG advierte de que los sondeos exploratorios que se realizarían después de la campaña sísmica requieren perforaciones del terreno y denuncia que esto podría afectar a las aguas subterráneas y superficiales. Es más, añade que es de especial relevancia que el proyecto Leo se asienta sobre un acuífero, el sinclinal de Calasparra, conectado con el río Segura, de modo que alerta de que existe un riesgo de contaminación de las aguas de este cauce.

Asimismo, insiste en que la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking supondría «graves riesgos» para el medio ambiente, la salud y la economía de las poblaciones de la cuenca del Segura. Asimismo, recuerda el potencial riesgo sísmico que conlleva la técnica de la fracturación hidráulica «especialmente en un territorio donde la actividad símica es frecuente de por sí», con terremotos de magnitudes comprendidas entre 3,5 y 5,2. Por ello, pide la denegación «rotunda» del permiso del proyecto Leo así como del resto de proyectos de fracking en la comarca.

Energía compromete un incentivo «adecuado» para mantener las plantas de cogeneración actuales más allá del final de su vida regulatoria

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Europa Press.- El Gobierno trabaja en un plan que garantice «un nivel adecuado de incentivo» para mantener las instalaciones de cogeneración actuales mientras se establecen unos mecanismos para la renovación de las plantas que vayan alcanzando el final de su vida regulatoria, según el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez señaló que se tendrá «especial interés» en la renovación de las plantas de cogeneración en aquellas instalaciones que «maximizan la eficiencia y mitigan el impacto ambiental«.

La cogeneración lleva pidiendo desde hace años un marco normativo que facilite implementar una hoja de ruta para el sector con el fin de acometer las inversiones necesarias para la renovación tecnológica de sus instalaciones a través de un plan renove. Domínguez, que subrayó que la cogeneración «ha jugado un papel importante en el camino recorrido hasta ahora en la transición energética» y considera que debe «jugar un papel interesante en este tiempo de cambios rápidos», indicó que las reformas abordadas por el Gobierno del PP «contuvieron» la inversión en la cogeneración, lo que está materializándose en «una reducción progresiva de las instalaciones en funcionamiento«.

Asimismo, afirmó que afecta a más de 1.000 megavatios (MW) de cogeneración de los 6.500 MW que se instalaron. «Somos conscientes de que hay un envejecimiento de instalaciones que se aproximan al final de su vida útil. Por lo tanto, somos conscientes de que debemos actuar», añadió Domínguez, que subrayó que la factura de la cogeneración para el sistema eléctrico asciende a unos 1.000 o 1.200 millones de euros anuales, que podrían mantenerse si no se reduce el número de plantas. «El objetivo del Gobierno es mantener las instalaciones», sentenció.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que las subastas han provocado una reactivación de las renovables, lo que ha llevado a que en el primer semestre de este año las inversiones en el sector hayan ascendido a unos 1.200 millones de euros. Por ello, consideró que estamos «en un momento de recuperación de una situación que nunca debimos perder», por lo que apostó por el desarrollo de un marco regulatorio «sólido y estable» que regule esta transición energética.

En este sentido, Domínguez recordó que el Gobierno se comprometerá con una hoja de ruta a 2030, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que remitirá a Bruselas antes de finalizar 2018, para instalar 5.000 MW al año hasta 2030, con el objetivo de alcanzar el objetivo de una generación eléctrica del 70% renovable al final de ese periodo, lo que «nos obliga a la instalación del orden de 50 gigavatios (GW)», indicó.

Alargar las centrales nucleares hasta los 60 años no puede hacerse sin consulta pública, según el Convenio de Aarhus

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Europa Press.- El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus ha establecido que los gobiernos deberán evaluar el impacto ambiental y consultar a la sociedad antes de tomar la decisión de ampliar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años.

La medida llega tras una denuncia de Greenpeace ante el Convenio en Países Bajos por la extensión de la operación de la central nuclear de Borssele (Holanda). Las decisiones de este comité que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus son extensivas a los países firmantes del convenio, de modo que la ONG avisa al Gobierno de España que ahora «será obligatorio» realizar un debate sobre la extensión o el cierre programado de la vida operativa del parque nuclear. El comité concluye que la operación de una central nuclear no puede extenderse de 40 a 60 años sin la posibilidad de efectos ambientales significativos y, por ello, debe realizarse una evaluación de impacto ambiental con la preceptiva consulta pública.

La ampliación de la operación de la central nuclear de Borssele fue autorizada por el Gobierno de Holanda sin una evaluación de impacto ambiental. En España, Greenpeace ha solicitado en varias ocasiones a los distintos departamentos que ahora aglutina el Ministerio para la Transición Ecológica que solicite un estudio de impacto ambiental para tomar su decisión de ampliar la vida de una central aunque en España, en el caso de Garoña, esa extensión nunca ha llegado a autorizarse. En definitiva, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España, Raquel Montón, indicó al Gobierno que, si decide ampliar la licencia de explotación de las centrales nucleares, deberá exigir un estudio de impacto ambiental y la participación pública en el proceso.

El Congreso debate este martes la creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor y su indemnización

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Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».

Correa acusa al Gobierno de Ecuador de pactar con Chevron tras revocarse una sentencia que condenaba a la petrolera estadounidense

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EFE.- El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó al actual Gobierno de su país de pactar con la petrolera estadounidense Chevron, después de que la empresa anunciara que un tribunal internacional revocó una sentencia que le obligaba a indemnizar al Estado ecuatoriano en un caso de contaminación medioambiental.

«Claramente, el Gobierno Cuántico ha pactado con Chevron, como lo hizo con Odebrecht. Es evidente que Chevron es culpable, y que destruyó nuestra selva. Sólo un orden mundial inmoral, y un Gobierno traidor pueden dejarla en la impunidad«, escribió el político residente en Bélgica en su perfil de la red social Twitter.

Correa acusó al Ejecutivo de mentir y lo calificó de «hipócrita».

«Al contrario de lo que dice, el fallo de La Haya deja establecido que no ha encontrado ninguna evidencia de intervención de mi Gobierno en la Justicia. Incluso el testigo de Chevron, un traidor a la Patria llamado Guerra, así lo ratifica», señaló.

Añadió que la Corte Constitucional ecuatoriana ratificó la sentencia contra Chevron en junio de este año, cuando el actual presidente del país americano, Lenín Moreno, ya se encontraba en el poder.

«Pero, como pactaron con la petrolera, ahora le dan la razón. ¡Vendepatrias!», denunció en Twitter.

La petrolera Chevron anunció que un tribunal internacional resolvió un litigio que mantiene con Ecuador al revocar una sentencia anterior que la obligaba a indemnizar al Estado ecuatoriano en un caso de contaminación medioambiental.

Según la empresa, el tribunal, bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, «concluyó unánimemente que la sentencia de 9.500 millones de dólares dictada en contra de Chevron en Lago Agrio, Ecuador, en 2011 fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción», informó la empresa petrolera.

La compañía indicó que el tribunal falló que el país andino «violó sus obligaciones bajo tratados internacionales, acuerdos de inversión y el derecho internacional», y que, «de conformidad con el derecho internacional, Chevron no está obligada a cumplir con la sentencia ecuatoriana«.

De acuerdo a la petrolera, el tribunal determinó que Nicolás Zambrano, el juez ecuatoriano que supuestamente redactó la sentencia de Lago Agrio, en realidad no lo escribió, sino que, «a cambio de una recompensa prometida, permitió que algunos representantes de los demandantes de Lago Agrio (incluidos los abogados Fajardo y Donziger), corruptamente redactaran ocultamente al menos partes sustanciales de la sentencia«.

El Tribunal de Arbitraje de La Haya se declaró en febrero de 2012 competente para juzgar una demanda planteada por la petrolera estadounidense, y le pidió a Ecuador que suspendiera la sentencia contra Chevron en el caso Lago Agrio.

Ese dictamen, emitido por una Corte ecuatoriana de la provincia de Sucumbios, obligaba a Chevron a pagar esos 9.500 millones de dólares por los daños medioambientales que Texaco, empresa adquirida por Chevron en 2001, supuestamente provocó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

La Corte provincial ecuatoriana afirmó en su veredicto que Texaco era culpable de las miles de toneladas de residuos petrolíferos que se encontraron en la zona del Lago Agrio, que contaminaron sus aguas y sus tierras.

La petrolera se negó a pagar la indemnización e inició una ofensiva judicial en varios tribunales internacionales para declarar la sentencia nula por supuesto fraude de ley.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la invalidez de la autorización de los parques eólicos de Omaña-Cepeda-Bierzo

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EFE. – Un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la invalidez de la autorización del parque eólico de Peña del Gato y, por extensión, del complejo eólico que afecta a las comarcas leonesas de Omaña, Cepeda y El Bierzo. 

Así, según asegura SEO/BirdLife en un comunicado, «tras más de 10 años de proceso judicial, el TSJ nos vuelve a dar la razón a SEO/BirdLife que desde el principio ha alegado las deficiencias de todo el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de los parque eólicos proyectados y ya construidos en estas comarcas».

De esta manera, los parques eólicos se asientan en una importante zona para el urogallo cantábrico, catalogado como en peligro de extinción y recientemente declarada como «especie en situación crítica», por el Ministerio y la propia Junta de Castilla y León.

Por ello, SEO/BirdLife ha mantenido desde el principio que ha habido una clara fragmentación de proyectos, tanto de los parques eólicos como de la subestación y tendidos necesarios para la evacuación de la energía, que en conjunto han supuesto la pérdida de una importante superficie de hábitat disponible para esta especie amenazada. «Si bien no todos los parques planteaban un mismo nivel de impacto potencial, la evaluación debía hacerse en conjunto, como así establecen las distintas normativas aplicables y puesto que formaban parte de un mismo entramado cuyos efectos eran acumulativos y sinérgicos», ha apuntado la organización ecológica.

Sin embargo, los parques se han ido autorizando y construyendo, lo que supone un impacto ya realizado. «Esto no puede aceptarse» -sugiere la entidad ecologista-, y así lo confirma el auto, se debe retrotraer el procedimiento y modificar las Declaraciones de Impacto Ambiental para intentar validar unos proyectos que no fueron evaluados adecuadamente.

«Por tanto, la Junta de Castilla y León y la promotora eléctrica deben dejar de intentar parchear el proceso y asumir las decisiones judiciales, replanteando los proyectos desde el principio, aunque ya sea imposible deshacer los impactos que han tenido hasta la fecha», ha remarcado SEO/BirdLife.

Este nuevo auto sobre el parque de Peña del Gato, según han advertido los ecologistas, es el primero de muy probablemente otros dos: La Espina y Valdesamario, pues la tramitación que intenta legalizar los tres parques adolece de los mismos defectos.

Además, el alto tribunal de Castilla y León ha entendido que no es admisible adaptar las declaraciones de impacto ambiental a los proyectos ya construidos, pues es desvirtuar la finalidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por todo esto, el parque ha quedado sin cobertura jurídica alguna, y si el promotor quiere lograrla tiene que presentar una nueva solicitud que iniciaría el procedimiento desde cero, y todo ello sin perjuicio de que SEO/BirdLife esté estudiando la posibilidad de pedir la ejecución de este auto. 

 

Reducen el rendimiento en la planta nuclear de Paks (Hungría) por una avería

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EFE.- Uno de los cuatro bloques de la planta nuclear de Paks, al sur de Budapest, sufrió una avería, sin causar daños al medio ambiente, aseguró la empresa pública que gestiona la única instalación atómica del país. El rendimiento del bloque averiado tuvo que ser reducido hasta el 50% de sus capacidades. «El suceso no afectó a la seguridad nuclear», aseguraron desde Paks.

La planta nuclear de Paks, de fabricación soviética, comenzó a funcionar en 1982 y produce más del 50% de la electricidad que consume Hungría. En 2014, el Gobierno húngaro del conservador nacionalista Viktor Orbán firmó un acuerdo con Rusia, valorado en 12.500 millones de euros, para que la agencia nuclear estatal rusa Rosatom construya dos nuevos reactores en Paks. Según el proyecto, ambos estarán operativos en 2023 y duplicarán la generación de electricidad de Paks.

El Ministerio de Energía suspende los permisos de investigación de fracking ‘Bezana’ y ‘Bigüenzo’ de Cantabria

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EFE. – El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha declarado la suspensión de los permisos de investigación de hidrocarburos ‘Bezana’ y ‘Bigüenzo’, concedidos en 2009 para la extracción de gas no convencional a través de la técnica del ‘fracking’ o fractura hidráulica dentro de un territorio que abarca Campoo, Valderredible, Valdeprado del Río, norte de Burgos y Palencia.

El Ministerio, en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado declara que los citados permisos han estado suspendidos desde el 3 de mayo de 2013 por causa no imputable al titular, Petroleum Oil & Gas España SA, debido a la necesidad de tramitar la evaluación de impacto ambiental previa a la autorización de los sondeos.

Así, la declaración está condicionada a que continúe la tramitación del correspondiente procedimiento de autorización, por lo que no surtirá efectos en el supuesto de que el operador desista voluntariamente de tal tramitación.

En definitiva, se considera que el operador desiste voluntariamente si lo hace antes de que llegue a ser otorgada la declaración de impacto ambiental, o tras la emisión de declaración de impacto ambiental favorable, «salvo que resulte acreditado que el desistimiento viene determinado por cualesquiera actos administrativos impeditivos de la obtención de otras autorizaciones indispensables para la ejecución de los trabajos o por otras circunstancias sobrevenidas que, a juicio de la Administración, otorguen justificación bastante al mismo».

Se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para levantar, mantener y modificar la suspensión de los permisos de acuerdo con una serie de condiciones, como que la suspensión se mantendrá hasta que concluya el procedimiento administrativo de solicitud de autorización del primer trabajo que permita al titular proseguir con sus compromisos.

En caso de que la terminación sea por resolución favorable a la solicitud del promotor, la Dirección General de Política Energética y Minas, junto con la autorización de los trabajos, levantará la suspensión de los permisos de investigación.

Si por el contrario la terminación lo fuera en sentido desfavorable o si se produjera ésta por desistimiento no voluntario del titular, la Dirección General podrá levantar, mantener o modificar la suspensión en función de las circunstancias que hubiesen producido tal terminación, así como de la situación particular de los permisos de investigación.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo.

El permiso de investigación de hidrocarburos ‘Bezana’ ocupa una superficie de 87.780 hectáreas, y el permiso ‘Bigüenzo’, 91.654 hectáreas, ambos en el Sur de Cantabria y el Norte de Burgos y Palencia.

La Junta de Andalucía autoriza acciones legales para intentar impedir los proyectos de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, firmó una orden para que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a evaluar de forma conjunta de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

Según indicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, los argumentos del recurso contencioso administrativo que interpondrá la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución. El recurso del Ejecutivo andaluz también tendrá en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto «habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones» en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Según Blanco, la evaluación «por separado» de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto», por lo que la Junta va a plantear un recurso contencioso administrativo para exigir su «evaluación conjunta por vía legal«. De este modo, el portavoz ha concretado que el Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

Así las cosas, ha insistido en que la Junta reacciona y recurre «por riesgos evidentes según instituciones de solvencia» y que lo hace pensando en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en las posibles reclamaciones patrimoniales que pueden producirse. En este sentido, explicó que será el gabinete jurídico el que precise «qué procedimiento, medidas y pasos hay que dar en las próximas semanas».

Los 4 proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona, Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones.Ha recordado que en el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización del proyecto se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

El PSOE rechaza el gas

Por su parte, el senador por el PSOE de Huelva, Manuel Guerra, remarcó el «posicionamiento claro» de la Junta de Andalucía contra el proyecto de almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana y subrayó «su defensa absoluta» del medio ambiente. En este sentido, Guerra destacó que la postura de la administración regional responde a que «el Ministerio no ha tenido en cuenta los reiterados requerimientos de la Junta», la cual ha querido tener «una actitud leal» pero se ha encontrado con «la cerrazón» del Gobierno en esta materia.

Según apuntó, «la cerrazón del Gobierno no puede suponer un perjuicio para nuestra comarca». «Nosotros tenemos un posicionamiento claro de defensa absoluta del Espacio Natural de Doñana», proclamó, incidiendo en que este proyecto tendría «un impacto negativo en este territorio, hipotecándolo para el futuro». Por ello, el senador socialista reiteró que la Junta «va a poner en marcha todos los medios legales a su alcance para evitar el disparate que sería la ejecución de este proyecto en un espacio que tiene el mayor valor ambiental de todo el continente europeo».

Castilla-La Mancha recurrirá al Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes autonómicas

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Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional solicitando el levantamiento de la suspensión de la ejecutividad de la ley antifracking aprobada por las Cortes regionales el año pasado, «mientras no exista un plan estratégico regional sobre la fractura hidráulica» que impida esta práctica en la región. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha apoyado a las plataformas antifracking de la región.

«Esperamos que el Tribunal Constitucional levante la suspensión de la ejecutividad de la Ley porque de ellos depende que en Castilla-La Mancha se puedan realizar prácticas de fractura hidráulica y queremos impedirlo a través de ese recurso que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional», ha señalado. Y es que, ha incidido, la Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha «no invade competencias estatales» ya que, ha recordado, «se apoya en dos competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: el medio ambiente y la salud pública», en las que «tenemos las competencias para legislar y no estamos de acuerdo con esa posición manifestada desde el Gobierno central a través del recurso que se ha admitido por el Tribunal Constitucional», explicó.

En suspenso por el recurso

En este sentido, ha indicado que, además de garantizar la salud pública y el medio ambiente, en Castilla-La Mancha se apuesta por un «modelo energético sostenible muy alejado de prácticas como el fracking y las energías nucleares y vamos a defenderlo siempre» porque «garantiza la viabilidad de nuestro territorio«. En la Ley aprobada por las Cortes regionales, actualmente en suspenso por el recurso admitido a trámite del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, se establecen las medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la fractura hidráulica.

El Gobierno regional entiende que deben prevalecer las garantías de la salud pública y medio ambiente sobre una práctica «de la que se desconocen con precisión sus efectos» según resaltó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, quien reitera que «hay argumentos suficientes para que en Castilla-La Mancha podamos legislar sobre esta materia apoyándonos en competencias exclusivas de Castilla-La Mancha y así vamos a defender los intereses en la región en este sentido».