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Los operadores dudan sobre si se ejecutarán todos los MW renovables adjudicados mientras Acciona también renuncia a la próxima subasta

Javier Angulo.- A pesar del optimismo trasladado desde el Gobierno y su confianza en que las subastas de energías renovables servirán para cumplir los objetivos climáticos para el año 2020, la duda sobre que todos los proyectos adjudicados en las subastas vayan a ejecutarse prevaleció en el III Congreso Eólico organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). El mensaje fue unánime: “las subastas serán un éxito cuando los proyectos estén vertiendo electricidad a la red”. Y Acciona no será de las adjudicatarias.

Coherencia pétrea. Por tres veces ha negado la compañía presidida por José Manuel Entrecanales la posibilidad de acudir a las subastas organizadas por el Gobierno después de la moratoria renovable. El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, se mantiene firme en las declaraciones que realizó a Energía Diario en febrero de 2016, cuando descartó que la compañía fuera a optar a potencia renovable en España “en las actuales condiciones regulatorias”. Las condiciones se mantienen desde entonces y, por lo tanto, Acciona no acudirá a la subasta ya que, según Mateo, “no acudimos a la anterior subasta y las condiciones previstas para la próxima son aún peores”, por lo que no serán partícipes de la puja del 18 de julio.

Precisamente, una de las cuestiones que mantiene en pie de guerra al sector renovable es la revisión de la rentabilidad razonable que el Gobierno puede llevar a cabo en noviembre de 2019. De hecho, con la rentabilidad razonable referenciada a la rentabilidad del bono español, parece una posibilidad cada vez más cercana. En este sentido, Enrique de las Morenas, el director de Enel Green Power España, división renovable de Endesa, se refirió a esta incertidumbre señalando que la mejor subasta es aquella en la que quién participa conoce y acepta los riesgos “que sabe gestionar”.

De todos modos, la posibilidad de adjudicar la potencia mediante subastas no es mal vista desde los operadores, pero las condiciones establecidas en España no gustan. “Subastas sí, pero subastas bien hechas”, apuntó Mateo, que denunció que “las subastas se han visto distorsionadas por la aparición de actores que no piensan ejecutar los proyectos y que han adoptado posiciones especulativas”. “Hay que cualificar previamente al que participa en las subastas, técnica y financieramente”, recalcó Xabier Viteri, director del negocio renovable de Iberdrola, que también consideró “complejo” el caso español y reclamó “mayor visibilidad de ingresos, con subastas planificadas y sencillas, que se puedan entender los riesgos”. También demandó que “si se puja por un incentivo, que luego no se modifique”.

En sentido similar, João Paulo Costeira, consejero delegado de EDP Renovables Europa, recalcó sobre las subastas que “no es lo mismo una idea que un proyecto que ya cuenta con conexión a la red y con los permisos; no son ofertas comparables, sólo un número”, por lo que emplazó al Gobierno a modificar su criterio ya que España “necesita” estos MW eólicos para cumplir los objetivos climáticos. Unos objetivos que los operadores coincidieron en señalar que se conseguirán, al menos en lo que atañe al sector eléctrico, “si se ejecutan los proyectos adjudicados en la subasta”, extremo en el que las compañías con tradición en el sector eólico español mantuvieron sus reservas ante la aparición de operadores ajenos al sector.

El único adjudicatario en la última subasta presente en esta mesa de debate, el representante de Endesa, confirmó que la compañía acudirá a la subasta de julio “aunque no con la misma agresividad”. También fueron prudentes los representantes de EDP e Iberdrola, que manifestaron que tienen que estudiar los nuevos límites establecidos al descuento sobre el incentivo y analizar si el acceso a nueva potencia renovable puede suponer la creación de valor para sus accionistas.

Otro asunto en el que coincidieron los operadores fue en demandar al Ministerio mayor planificación energética. Un paso más allá fue el representante de Acciona, que advirtió de que el sistema eléctrico está sobrecapacitado y no se contempla un cierre ordenado de ninguna tecnología convencional. “Hay que limpiar la matriz energética; sobredimensionar el parque de generación, aunque con el resultado de las subastas parezca barato, alguien lo va a pagar”, resaltó Mateo, que apuntó a que el hueco térmico que respalde el despliegue renovable va a demandar pagos por capacidad.

También se abordó la reforma del mercado eléctrico. Costeira indicó que el mayor peso renovable obligará a cambiar el pool ya que la tendencia a 0 que aportan las renovables “no aporta una señal efectiva del precio”. De las Morenas también advirtió de los problemas sociales que generará la mayor volatilidad en el mercado eléctrico que aparejan las renovables, por lo que señaló que el regulador tendrá que buscar fórmulas para reducir la volatilidad que se traspasa directamente al consumidor.

La AEE eleva a 15.000 MW adicionales hasta 2030 la apuesta por la tecnología eólica dentro de la transición energética

Javier Angulo / Agencias.- Apenas hay dudas de que la lucha contra el cambio climático está empezando a marcar el camino de la agenda energética de Europa y, más concretamente, de España. En este marco, el III Congreso Eólico ha servido para que la patronal del sector, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), eleve su ambición de cara al horizonte 2030, aumentando la nueva potencia a instalar en este período de los 12.700 megavatios (MW), indicados en el II Congreso Eólico, hasta los 15.000 MW.

De este modo, de los 12.700 MW contemplados hace un año para cumplir los objetivos de la Unión Europea, la ambición eólica se acrecienta hasta los 15.000 MW en línea con las voces que reclaman más renovables para cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de París. En estas cuentas se incluyen los megavatios adjudicados en las subastas que se están celebrando. 15.000 MW que garantizan, según el presidente de la AEE, Juan Diego Díaz, «el correcto funcionamiento del sistema».

Díaz destacó que la energía eólica es actualmente competitiva y eficiente para el sistema. No obstante, advirtió que las subastas renovables realizadas en España, adjudicadas con el máximo descuento posible sobre el incentivo, serán un éxito cuando los proyectos adjudicados «estén vertiendo electricidad a la red», por lo que aseguró que es «responsabilidad de todos» los implicados que se «llegue a tiempo» para cumplir los objetivos comprometidos. En esta línea, Díaz subrayó que el Acuerdo de París no hubiera sido posible «sin que la descarbonización saliera gratis a los gobiernos», subrayando la gran rebaja que ha habido en los costes de generación de energía renovable.

La AEE ha celebrado el regreso de la actividad del sector en España con las nuevas subastas «después de un largo letargo» en que las empresas eólicas han tenido que desarrollarla en el exterior. En este sentido, ha recordado que el eólico es el único sector renovable que tiene industria propia en España, donde hay 210 centros de fabricación en 16 de sus 17 comunidades autónomas, con lo que la vuelta de la actividad al mercado nacional contribuirá a la creación de empleo. Ha señalado que hoy en día un 10% de la potencia instalada en el mundo procede de empresas españolas, que crean 90.000 empleos, y que España es el cuarto exportador de aerogeneradores.

Díaz reclamó un sistema de subastas de renovables distinto al de España, que ve «muy complejo», y que se hagan diferenciadas por tecnologías y con un calendario. También pidió que se elimine la revisión cada 6 años de la rentabilidad razonable a percibir por las renovables y ha añadido que, si en noviembre de 2019 se revisase a la baja, tendrá un gran impacto y podría dejar al sector en una situación económica muy vulnerable. Así, Díez señaló que es necesario dar al sector «mayor visibilidad» con un calendario de subastas que permitan una mayor planificación para el sector, así como evitar los «movimientos bruscos» regulatorios, garantizando unos «ingresos que sean «más estables y predecibles«.

En su opinión, eliminar esa revisión, “una de las grandes preocupaciones del sector” según indicó Díaz, «sería clave» para la estabilidad regulatoria en España, al tiempo que ha señalado que, aunque ahora se esté adjudicando potencia para proyectos eólicos prácticamente sin incentivos “no significa que haya otros que no los necesiten, pues se pusieron en marcha en un momento en que la tecnología era menos madura y tienen mayores costes, y actualmente muchos de esos parques luchan por salir adelante”.

Por otro lado, ha avanzado algunos puntos del documento La transición energética en España. La visión del sector eólico, que la AEE presentará próximamente. Díaz avanzó que en el mismo apuestan por una mayor electrificación, por que se haga una planificación para los próximos años que garantice un mix equilibrado y un calendario de subastas de renovables, que tenga en cuenta los compromisos medioambientales y los hitos necesarios para una ordenada transición energética que evite «cambios radicales» del modelo regulatorio. También reclama que las comunidades autónomas eliminen impuestos medioambientales que «sólo esconden un afán recaudatorio», como los cánones eólicos, y advierte que si no lo hacen, con el incremento de la competitividad, los proyectos irán a parar a otras regiones.

Por su parte, la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, destacó que la eólica se trata de una tecnología «madura con capacidad de expansión» y señaló que es un sector que ocupa ese lugar destacado porque ha habido «mucha investigación y desarrollo». Asimismo, Poncela apostó por el papel del ICEX para acompañar a las empresas del sector en su internacionalización, tanto por medio de la promoción como dándoles servicios más especializados, en las oportunidades de inversión que se presentan fuera de nuestro país.

Energía no descarta ante ofertas competitivas ampliar más allá de 3.000 MW la potencia renovable a adjudicar en la subasta

Javier Angulo / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no descarta ampliar la potencia a adjudicar en la próxima subasta de renovables, que se celebrará en julio, «si las ofertas son competitivas y a costes interesantes para el consumidor». Por ello reconoce que desde el Ministerio han acelerado la tramitación de esta subasta, porque el margen es “estrecho” para que los proyectos eólicos puedan estar en funcionamiento en 2019 y computar para los objetivos de 2020.

Navia aseguró que el decreto permite ampliar los 3.000 megavatios (MW) verdes inicialmente previstos para la subasta, algo que podría suceder ya que en la realizada en mayo hubo mucha oferta, hasta el triple de lo previsto, que «venía por debajo del descuento máximo permitido». «Es indicativo de que hay más capacidad de competir ¿Cuánta más? Espero que mucha, cuanta más, mejor», apuntó al respecto, ya que hasta que no se celebre la subasta en julio no se podrá determinar. El decreto señala que el cupo fijado «se incrementará» por encima de esa cantidad «para permitir la inclusión de potencia de todas aquellas ofertas que tengan el mismo sobrecoste que la última adjudicada», siempre que éste sea nulo o inferior.

De cara al futuro, explicó que se va a tener que seguir incorporando renovables al sistema, pero ya entrados en 2018, aunque habrá que elaborar la planificación energética para conocer la cantidad que tendrá que incrementar España su potencia renovable. No obstante, aseveró que las subastas son, junto a otras fórmulas, la forma de llegar al objetivo que se marque en 2030, sea el 27%, el 30% o el 35%.

Eso sí, el secretario de Estado defendió las subastas como el sistema «más efectivo» para alcanzar los objetivos de renovables y se mostró convencido de que se alcanzará el objetivo del 20% en el horizonte de 2020. «Con lo que tenemos ahora mismo aprobado más esta subasta, que no sabemos todavía cuánto vamos a hacer, estaríamos en el 19,5-19,6%. Nos faltan unas 4 décimas a 3 años para el objetivo. A falta de 4 décimas deberíamos ser capaces de llegar al objetivo adoptando medidas en otros sectores», añadió al respecto.

En su participación en el III Congreso Eólico, Navia afirmó que en esta próxima subasta verde es necesario «profundizar en los descuentos», dando mayor margen a competir entre las tecnologías. A este respecto, afirmo que la experiencia de la anterior subasta fue «muy reveladora» y se debe continuar «por ese camino», con una neutralidad tecnológica que sigue siendo «un elemento fundamental». «Es la primera vez que se consiguen unos volúmenes tan significativos sin que el usuario vaya a tener que pagar una prima. Es lógica económica», añadió al respecto. Asimismo, defendió el modelo de subasta utilizado frente a los de otros países, ya que hay que ser «muy conscientes del coste porque en el pasado asumimos unos costes muy elevados».

Asimismo, mostró la predisposición del Ministerio de Energía a «facilitar» que los adjudicatarios del desarrollo de potencia renovable en las subastas puedan completar los proyectos «en plazo». Por otra parte, Navia insistió en que la planificación energética deber ser «fruto del consenso» entre los distintos agentes del sector, las fuerzas políticas y el Gobierno, y en este sentido enmarcó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la negociación del conocido como paquete de invierno de la Unión Europea. “La lucha contra el cambio climático va a condicionar a partir de ahora toda la regulación energética, indicó el secretario.

A este respecto de la transposición de los objetivos europeos, Navia señaló que debe haber «coherencia» entre los instrumentos y los objetivos para que sean alcanzables de forma efectiva, para lo que consideró que se debe avanzar en las interconexiones energéticas. «No vale de nada marcarse objetivos muy ambiciosos si no nos dotamos de los instrumentos. En algún punto del camino nos daremos cuenta que los objetivos son irrealizables. Nuestra gran preocupación es dotar a esos objetivos ambiciosos de unos instrumentos potentes para alcanzarlos de forma objetiva», añadió al respecto.

En cuanto a las acciones para avanzar en soluciones de almacenamiento energético, Navia avanzó que se ha previsto utilizar una parte del superávit eléctrico acumulado para que España cofinancie la parte que le corresponde aportar a los fondos estructurales que recibe para llevar a cabo proyectos de este tipo, así como de incorporación de renovables. Por otra parte, defendió la normativa del Gobierno que reduce la vida útil de las instalaciones de tratamiento de purines, ya que «da mandato total a la sentencia del Tribunal Supremo». «Nuestro trabajo no es ser generosos, sino hacer una estimación técnica de la vida de la vida útil razonable de la instalación», apuntó el secretario de Estado de Energía.

La propuesta de renovables que presenta el grupo socialista en el Parlamento Europeo plantea un 36% para España en 2030

Javier Angulo.- El eurodiputado socialista José Blanco aprovechó su intervención en el III Congreso Eólico organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para exponer la propuesta que ha elaborado como ponente en el Parlamento Europeo de la directiva de renovables que se debatirá en los próximos meses y que aborda los objetivos climáticos del horizonte 2030. En este sentido, abogó por actuar “con mayor ambición” y actualizar la propuesta de la Comisión Europea a las metas establecidas por el Acuerdo de París.

Esta actualización eleva del 27% al 35% el objetivo de procedencia de fuentes renovables del conjunto de consumo energético de la Unión Europea para el año 2030, estableciendo asimismo objetivos “vinculantes” para los países, extremo que no está previsto de momento, y fijando un objetivo concreto para España de un 36% de renovables. Para Blanco, esta directiva debe suponer un llamamiento a la acción “para los que se dedican a aplaudir París” pero no toman medidas para materializar los acuerdos. El eurodiputado socialista apuntó al bloque del Este y al Gobierno de España como los principales obstáculos para que la Comisión Europea acepte su propuesta, reconociendo sin reparos la ambición del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

“La descarbonización es una obligación”

Por todo ello Blanco considera que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París anunciada por su presidente, Donald Trump, supone para la Unión Europea «una oportunidad» para liderar «de verdad» la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Hay algo que tenemos que asumir todos: la descarbonización de nuestra economía no es una opción, es una obligación, y la descarbonización pasa por fomentar el uso de renovables», sentenció el eurodiputado socialista.

Respecto a las modificaciones regulatorias desarrolladas por varios países, entre ellos la reforma del sector energético en España de 2013 y 2014, el exministro de Fomento ha cuestionado las medidas retroactivas que han acarreado problemas de financiación para los promotores de las plantas renovables, para los que demanda establecer algún tipo de “compensación adecuada” en la próxima directiva de renovables.

Blanco defendió el fomento del autoconsumo como un derecho de los ciudadanos, simplificar trabas administrativas, evitar peajes como el impuesto al sol en España y ser «mucho más ambiciosos» en sectores «fundamentales» para conseguir la descarbonización, como el transporte y la calefacción y refrigeración. En ese sentido, el eurodiputado del grupo socialista precisó que «es el momento de pasar de las palabras a los hechos», ya que el tiempo que se pierda ahora «no lo vamos a recuperar». Blanco recordó que España era, con el Gobierno socialista del que formó parte, un país «puntero» en energía limpia, y apuntó que las «interconexiones» que plantea el Gobierno del PP para hacer una mayor apuesta por renovables «no pueden ser una excusa».

Arbitrajes: ni uno ni todos

Respecto a los arbitrajes internacionales, Luis Pérez de Ayala, socio del despacho Cuatrecasas, resaltó los precedentes no significan nada después del laudo favorable a la empresa británica Eiser y en contra del Reino de España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano donde el Estado aún debe afrontar una treintena de demandas pendientes. “Quien diga ganado uno, ganados todos, se equivoca; y al revés también», afirmó Pérez de Ayala, que subrayó que cada caso es distinto y el de Eiser afectaba a plantas termosolares. En este sentido, descartó que las indemnizaciones de los laudos adversos lleguen a los 4.000 millones de euros, aunque también rechazó el concepto de caso aislado que traslada el Gobierno.

Este abogado también rechazó que los laudos adversos puedan ser utilizados por los inversores nacionales para iniciar una nueva judicialización del proceso, si bien no descartó que puedan llegar a alegar discriminación en caso de cascada de sentencias indemnizatorias. En este sentido, recalcó que el laudo de Eiser viene a considerar que España “puede cambiar su sistema de apoyo a las renovables y ajustar la remuneración” pero lo que ha supuesto la reforma Soria es “ir más allá y cambiar el sistema entero, con una reforma retroactiva que tuvo en cuenta los ingresos ya obtenidos”.

El coche eléctrico pide infraestructuras

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la patronal del automóvil ANFAC, Mario Armero, destacó que el sector “va a cambiar en próximos 5 años más que en los últimos 50” con tendencias como el coche compartido y la electrificación del transporte. En este sentido, Armero demandó a las autoridades realizar una apuesta más decidida por el vehículo alternativo ya que España carece de infraestructuras de recarga. “Hay 1.800 puntos de recarga y son en su mayor parte de carga lenta”, señaló Armero, que demandó introducir cambios regulatorias para favorecer la expansión del vehículo eléctrico.