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Galán ve «alcanzable» que en 2030 el 80% de la electricidad sea renovable siempre que se aplique «quien contamina, paga»

Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que es «perfectamente alcanzable» que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar el criterio de que “quien contamina, paga«. «El medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos el criterio de que quien contamina, paga. Si no, no lo conseguiremos», ha aseverado Galán.

Así, ha recordado que los objetivos para 2030 pasan por un peso de las energías renovables del 32% y que ello llevaría a que entre el 70% y 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables. «Son objetivos ambiciosos pero perfectamente alcanzables desde un punto de vista tecnológico y económico», indicó. Esto pasaría, abundó, por la integración en el sistema eléctrico de 40.000 nuevos megavatios (MW), la extensión y digitalización de las redes de distribución, un «aumento sustancial» de la capacidad de almacenamiento, la ayuda al consumidor para una «gestión más activa» de la demanda y la electrificación del transporte.

En este último punto, ha apostado por que «el despliegue del coche eléctrico tiene que ser una realidad». «Como empresa eléctrica, no queremos ser el cuello de botella para este despliegue y estamos en un proceso de despliegue de contadores en todas las carreteras para que pueda ocurrir», ha subrayado. Todo ello, desgranó, implicaría una inversión global de entre 70.000 y 100.000 millones de euros, pero también «marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria, atraigan ese capital y aporten visibilidad más allá de situaciones coyunturales». «Hay que hacerlo atractivo a inversores mundiales», advirtió.

En este sentido, ha reclamado que estos marcos regulatorios «apoyen a los que miren al futuro» y garanticen «un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales entre los diferentes emisores» para que «no sólo pague el sector eléctrico, sino los que tengan alguna responsabilidad». Galán espera que todos estos objetivos «claros y ambiciosos» se contengan en la próxima Ley de Transición Energética y el Plan integrado de Energía y Clima, de la que espera «una planificación energética coherente» y «mecanismos regulatorios que garanticen esa consecución del modelo más eficiente«.

La renta familiar “sube más”

Por otro lado, Galán resaltó que el precio de la electricidad para los hogares, sin computar los impuestos en la tarifa, ha subido un 30% menos que el aumento de la renta familiar disponible. «Hemos crecido más en renta que lo que ha crecido la factura, un 40% menos que el metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que productos de primera necesidad, como el pan y la leche», aseveró Galán.

Asimismo, Galán ha reconocido que existe una «sensibilidad especial con los precios» pero que esta situación «está ocurriendo en todo el mundo». Incluso considerando en este coste todos los impuestos incluidos y costes de política energética que soporta actualmente la factura eléctrica, el presidente de Iberdrola ha destacado que el precio por kilovatio hora (kWh) ha aumentado un 7% menos que la renta de las familias. «Ello ha sido posible gracias a un significativo esfuerzo de las empresas eléctricas por mejorar su eficiencia operativa», subrayó.

El Supremo ratifica una sanción de 3 millones a los dueños de la nuclear de Trillo por compartir su titularidad

Europa Press.-El Tribunal Supremo ha estimado un recurso del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la sanción solidaria de 3 millones de euros impuesta por el Ministerio de Industria en 2014 a Naturgy, Iberdrola, Hidroeléctrica del Cantábrico y Nuclenor, como cotitulares de la central nuclear de Trillo, por incumplimiento permanente de su obligación de adaptarse a la disposición de la Ley de Energía Nuclear, que exige titularidad única de la centrales en lugar del sistema de cotitularidad.

Así, el Alto Tribunal revoca la sentencia de 2016 de la Audiencia Nacional, que declaró a su vez nula la sanción de Industria, de septiembre de 2014, al estimar un recurso de la antigua Gas Natural Fenosa. La central de Trillo, situada en Guadalajara, es propiedad de Iberdrola, con un 48% del capital, Naturgy (34,5%), EDP, a través de su filial Hidroeléctrica del Cantábrico (15,5%) y Nuclenor (2%), sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa. Estas empresas, como cotitulares de la central de Trillo, habían sido sancionadas en marzo de 2013 por incumplir el plazo de un año para adaptarse a la exigencia de titularidad única, sanción que fue ratificada por la Audiencia Nacional.

La segunda sanción, de 3 millones de euros, se impuso al entender la Administración que la infracción grave de incumplimiento por parte de las cotitulares de Trillo estaba siendo permanente y continuada. La Audiencia Nacional entendió que esta segunda sanción no cabía porque el tipo infractor requería un elemento temporal del incumplimiento (1 año). Es decir, consideraba la Audiencia que no había cobertura legal para imponer más sanciones porque el tipo infractor no es susceptible de integrar una infracción permanente al haber acotado la ley el incumplimiento que se sanciona en él por un año.

Persistir incumplimiento de manera indefinida

En su fallo, la sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte esa interpretación y destaca que «conduce, por lo demás, a un resultado que nos parece inasumible como sería que, una vez impuesta una primera sanción por no haberse presentado el plan de adaptación en el plazo de un año señalado en la norma, las entidades titulares de la instalación podrían persistir en su incumplimiento de manera indefinida, sin temor ya a recibir ningún otro reproche sancionador».

Además, entiende acertado el planteamiento de la Administración recurrente, que, utilizando la formulación del propio Abogado del Estado, considera que el tipo de la infracción «no es no adaptarse en plazo sino no adaptarse; de manera que el transcurso del plazo sin adaptarse constituye una infracción grave y mantenerse en esa situación sigue constituyendo infracción grave que puede ser sancionada de nuevo siempre que se respete lo dispuesto en el artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993″. Asimismo, añade que «no es cierto que el tipo infractor exija la falta de adaptación en un plazo concreto, de manera que sancionado el titular por falta de adaptación en ese plazo, no podría ya volver a ser sancionado».

Tampoco acoge el Supremo el alegato que se formuló en la demanda de instancia sobre la supuesta vulneración del principio de culpabilidad, ya que el hecho de que Gas Natural SDG hubiese intentado presentar a título individual un plan de adaptación, no concertado con las demás entidades titulares de la instalación, «no significa que no pueda dirigirse contra la recurrente, lo mismo que contra aquellas otras entidades, el reproche por la falta de presentación de un plan de adaptación único y suscrito por todas las cotitulares de la instalación«, concluye.

Iberdrola pide “marcos políticos incentivadores” para el sector energético y no penalizar regulatoriamente a los que apostaron por el futuro

EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, demanda «marcos políticos incentivadores» para el sector energético, y que no se penalice en próximas regulaciones a los que apostaron «por el futuro» en beneficio de los que «durante años no hicieron nada» y siguieron «anclados en el pasado».

«No sería justo que aquellos que apostaron por el futuro, por hacer las cosas de otra manera en el mundo industrial o en el mundo energético, sean penalizados en beneficio de aquellos que durante años no hicieron nada y lo que hicieron fue sistemáticamente seguir utilizando los equipos viejos, seguir anclados en el pasado sin apostar por el futuro«, argumenta. Galán destacó que una política energética para el futuro, de transformación, puede llevar a unas inversiones en España de entre 70.000 y los 100.000 millones de euros, así como a reducir los costes a futuro.

«Es una oportunidad impresionante que no podemos despreciar en aras del cortoplacismo, en aras de situaciones puntuales para hacer que aquellos que no hicieron los deberes puedan de alguna manera seguir ordeñando sus activos», ha subrayado. Para ello, ha recalcado, son necesarios «unos marcos políticos incentivadores y unas señales claras que incentiven que esto se va a producir de esta manera». También ha reclamado «estabilidad, predicibilidad y no cambios por los temas de corto plazo, por presiones puntuales o cortoplacistas».

Se ha mostrado «muy contento» de que el Gobierno haya recuperado el Ministerio de Industria y el Ejecutivo esté trabajando en un anteproyecto de ley con un plan integrado de energía y clima que «engloba a muchos Ministerios», para tener «una economía más sostenible que cree «importantes oportunidades». Ha recalcado que el interés de España son «grandes empresas que sean tractoras, que puedan tirar de sectores y que tiren de sectores que tengan futuro». «No tapemos los agujeros del pasado, sino construyamos cosas que nos lleven al futuro», ha indicado antes de abogar para que haya «más generación limpia, más redes eléctricas flexibles, más almacenamiento de energía y más internacionalización«.

La CNMC obliga a las compañías energéticas a diferenciar sus marcas que ofrecen tarifas reguladas de las del mercado libre

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una decisión jurídicamente vinculante por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados presentes en España a que cambien su imagen de marca con el fin de hacerlos más fácilmente identificables para los consumidores, que podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora les ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o en el regulado.

Según Competencia, esta medida se centra en las empresas distribuidoras de gas y electricidad de más de 100.000 clientes y comercializadores de referencia o de último recurso, que tendrán que realizar cambios en la información y presentación de su marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. El regulador ha tomado esta decisión después de observar que, en la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas que facturan distintos precios, a las que se les denomina como comercializadoras de referencia, o de último recurso en el caso del gas.

El cliente de estas comercializadoras paga un precio regulado por su consumo (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en luz y TUR en gas), mientras que si tiene su suministro con una comercializadora del mercado libre, pagará el precio que acuerde con la empresa por la energía consumida. Ante esta situación, el organismo ya emitió varios informes y guías en los que alerta de la confusión que existe entre los consumidores a la hora de identificar quién es su suministrador y si está en el mercado regulado o libre. Según sus datos, 8 de cada 10 hogares es incapaz de distinguir en qué mercado están.

La resolución de la CNMC obligará a las empresas a modificar la denominación social para evitar confusión entre distribuidoras y comercializadoras, para lo que no será suficiente sólo con incorporar los términos «distribuidor» o «comercializador de referencia» o «comercializador de último recurso«. En segundo lugar, tendrán que cambiar el logotipo, de forma que su comparación gráfica, fonética o conceptual no induzca a ningún error, advirtiendo que utilizar los mismos símbolos para las comercializadoras o distribuidoras podría confundir a los clientes. También se obliga a diferenciar claramente las empresas en la información enviada a los clientes.

Las empresas tendrán 3 meses para aportar a la CNMC las medidas que van a realizar para que se valore si se ajustan a los cambios requeridos y 6 meses para ejecutarlas. Los grupos afectados son Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC, que deberán modificar el nombre de sus filiales. Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, ya se adelantó a esta resolución al cambiar recientemente su denominación y al diferenciar claramente sus distribuidoras (Unión Fenosa Distribución y Nedgia) y comercializadoras.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta medida está motivada por las denuncias realizadas por la organización en 2016 ante la CNMV al observar que los grupos energéticos no diferenciaban claramente sus actividades en el mercado libre y en el regulado. Para la OCU, se trata de una estrategia de estas compañías para confundir a los clientes con marcas similares «de forma consciente», de forma que se dificulta la entrada de nuevas y menos conocidas comercializadoras y se facilita que los clientes sean traspasados del mercado regulado al libre creyendo que se trata de la misma compañía, cuando, en realidad, se trata de una nueva, con sus propias tarifas y condiciones de contratación.

Iberdrola inicia los trabajos en Alemania del Baltic Eagle, un parque eólico marino de 476 MW para completar al Wikinger

EFE.- Iberdrola ha iniciado la campaña geotécnica del parque eólico marino Baltic Eagle, de 476 megavatios (MW) de potencia instalada, según anunció la compañía. Baltic Eagle es el segundo gran proyecto eólico marino de Iberdrola en Alemania después de la puesta en marcha en 2017 del parque Wikinger, de 350 MW. Además, Iberdrola tiene en desarrollo otra instalación marina en Alemania, Wikinger Süd, de 10 MW.

Estos tres parques están situados junto a la isla de Rügen y constituirán el mayor complejo eólico marino del mar Báltico, con una capacidad total instalada de 836 MW y una inversión conjunta de 2.500 millones de euros. El análisis geotécnico y geofísico del fondo marino donde se instalará Baltic Eagle será efectuado por Fugro y están valorados en más de 10 millones de euros.

El primer estudio será para la localización y supresión de posibles artefactos sin explosionar y, posteriormente, se iniciará el programa de perforación de pozos de sondeo y de investigaciones geotécnicas. Además, se llevarán a cabo varias pruebas de laboratorio y los datos obtenidos determinarán el diseño de los cimientos sobre los que se asentarán los aerogeneradores y la subestación del parque. Los trabajos en alta mar está previsto que terminen en marzo de 2019 y que el último informe esté listo en junio de 2019.

El proyecto Baltic Eagle le fue adjudicado a Iberdrola en abril por la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur) en la segunda subasta eólica marina organizada en Alemania. Baltic Eagle y Wikinger serán capaces de producir la energía suficiente como para atender el 45% del consumo eléctrico total del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y evitarán la emisión de 1,65 millones de toneladas de CO2 anuales.

Enagás, Endesa, Siemens Gamesa, Naturgy, Iberdrola y Red Eléctrica figuran en el índice de sostenibilidad de empresas DJSI World 2018

Europa Press.- Un total de 15 empresas españolas figuran en la edición 2018 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World, por sus siglas en inglés), publicado por S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM, lo que supone una más que en la edición anterior, cuando ingresaron un total de 14.

En concreto, 30 compañías españolas fueron invitadas a participar en esta edición, respondiendo a un cuestionario de forma voluntaria y gratuita. No obstante, todas las empresas son evaluadas, contesten o no el formulario. «El 50% de las empresas que podían ser elegidas han sido escogidas», ha indicado la directora de Riesgos y Sostenibilidad de KPMG España, Jerusalem Hernández.

En esta edición, aparecen en el índice mundial Amadeus, BBVA, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Enagás, Endesa, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Naturgy Energy Group, Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre y Red Eléctrica. De estas, tres compañías no estaban en el índice mundial de 2017 y sí en esta última edición (BBVA, Bankinter y Mapfre).

Asimismo, tres empresas españolas son líderes en sus respectivos sectores. De este modo, Naturgy Energy Group lidera el sector Gas; Inditex, el sector Distribución; y Enagas, el sector Oil and Gas Almacenamiento y Transporte. «Son tres empresas españolas que son líderes en sus sectores. Esto es relevante porque dice que las empresas españolas en ciertos ámbitos destacan por su gestión sostenible. Tiene mucho valor», ha destacado Hernández.

En esta nueva edición, 3.505 compañías entre las más grandes del mundo por capitalización eran elegibles para los distintos índices, de las que se selecciona a cerca del 10% como miembros de DJSI 2018 World, en el que figuran las 317 más sostenibles, de acuerdo con criterios económicos, medioambientales y sociales. En el caso del índice europeo, están 149 empresas.

Respecto a la presencia de empresas españolas en el índice europeo, este año se incluyen 13 compañías, la misma cifra que en el año 2017. Amadeus, BBVA, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Enagas, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Naturgy Energy Group, Iberdrola, Inditex, Red Eléctrica y Telefónica son las 13 elegidas.

«Las compañías españolas, como todas las compañías del mundo, están dándole importancia a estar presentes en estos selectivos de sostenibilidad porque empieza a ser un atributo que contribuye a generar valor en las empresas y eleva su atractivo para los inversores. Las empresas españolas también quieren estar en estos selectivos», ha manifestado Hernández.

Además, la directora de Riesgos y Sostenibilidad de KPMG España considera que las compañías españolas «son reconocidas por su sostenibilidad en exámenes tan exigentes y tan complejos como este«. «La cantidad de atributos que se preguntan aquí es impresionante», ha asegurado, para después añadir que consta de 100 temas con cerca de 600 preguntas a las que hay que responder.

«Para las compañías no es fácil responder a todo y, sin embargo, las empresas españolas están sabiendo hacerlo bien», ha señalado Jerusalem Hernández, quien considera «importante» que la mayoría de las compañías de España se mantienen.

En cuanto a la cuestión geográfica, Jerusalem Hernández ha destacado que existen mercados que tienen una mayor presencia de líderes en la edición 2018 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones como es el caso de Estados Unidos, Japón y Francia.

La familia de índices que forman el Dow Jones Sustainability Index se viene elaborando desde 1999 con información solicitada previamente a las empresas de mayor capitalización bursátil, y constituye un índice de referencia para los sectores empresariales y financieros.

El DJSI, revisado anualmente por el Comité de Standard & Poors del índice Dow Jones y RobecoSAM, monitoriza el desempeño financiero de las compañías orientadas a la sostenibilidad y responsabilidad social. Se basa en un análisis de los factores económicos, ambientales y sociales. Las compañías que entran a formar parte del DJSI son reconocidas públicamente como líderes en las áreas social, medioambiental y de gran actividad económica.

«Este tipo de índices o selectivos son muy importantes porque siguen poniendo sobre la mesa que el valor de las compañías no está solo en su gestión financiera y deja de manifiesto que a los inversores les preocupa la forma en la que las empresas gestionan también otros asuntos, que de convertirse en un riesgo quebrantaría considerablemente el valor de las compañías», ha apuntado la experta.

Finalmente, Jerusalem Hernández ha puesto de relieve «el efecto reputacional» que tiene estar presente en índices como este porque significa estar «entre los mejores y todos los grupos de interés lo entienden así». Desde su punto de vista, esto genera confianza, pero también un riesgo y es que «se elevan las expectativas».

Iberdrola instalará más de 200 electrolineras distribuidas cada 100 kilómetros en las principales carreteras de España para recargar vehículos eléctricos

Europa Press / EFE.- Iberdrola ha anunciado un plan de movilidad sostenible en el que invertirá más de 10 millones de euros para desplegar más de 200 puntos de recarga eléctrica a menos de 100 kilómetros de distancia cada uno en las principales carreteras españolas, lo que permitirá a los usuarios de vehículos eléctricos recorrer todo el país con plena autonomía y sin emisiones. Además, Iberdrola negocia alianzas con otros operadores para completar esta red propia en España con electrolineras asociadas por toda Europa.

Las estaciones estarán localizadas en las 6 radiales que parten desde Madrid, en los 3 principales corredores, el Mediterráneo, el Cantábrico y la Ruta de la Plata, y en las capitales de provincia. En cada estación se podrán recargar entre 2 y 7 vehículos a la vez, lo que eleva el número de tomas de recarga rápida a más de 400 en toda la red. Además, los conectores estarán preparados para todo tipo de vehículos eléctricos o híbridos enchufables. La recarga será accesible mediante una aplicación para móviles también para quienes no sean clientes habituales de Iberdrola, con la posibilidad de reservar un enchufe a una determinada hora, además de su geolocalización y el pago.

Las estaciones de recarga contarán con surtidores tanto de 50 kilovatios (kW) como de 150 y de 350, llamados, respectivamente, rápido, superrápido, que permitirán la recarga de la mayor parte de la batería en un tiempo estimado de entre 20 y 30 minutos y ultrarrápido. Raquel Blanco, directora global de soluciones inteligentes de Iberdrola, ha explicado que los puntos de recarga de 350 kW permitirán el lleno de la batería en 10 minutos. Durante este tiempo, los usuarios podrán hacer uso de los servicios aledaños a las estaciones, gracias a los acuerdos que Iberdrola alcanzó con sus socios, que incluyen hoteles, cadenas de restauración y estaciones de servicio, priorizando las ubicaciones próximas a las carreteras.

Más barato que los carburantes

La carga ultrarrápida no está disponible aún en todos los vehículos eléctricos actuales y rondará su precio en unos 4 o 5 euros para cada 100 kilómetros de autonomía, que es, según Blanco, entre 1,5 y 3 veces más barato que la recarga de gasolina o diésel actual. El precio previsto para la recarga doméstica de los vehículos eléctricos es de 0,5 euros por cada recarga de autonomía para 100 kilómetros, 10 veces más barato que la gasolina, según Blanco.

Antes de que finalice el año,Iberdrola planea tener instalados hasta 30 puntos de recarga rápida, con la idea de que durante 2019 se lleven a cabo el resto de instalaciones para tener completado el desarrollo de «la mayor red de estaciones de recarga rápida en autovías y corredores de España», tal y como señala la eléctrica. La electricidad suministrada en estas estaciones de recarga será 100% verde, al contar con un certificado de garantía de origen renovable, lo que asegura que la energía proviene de fuentes de generación limpia. Por esta razón, Iberdrola enmarca esta iniciativa en el marco de su estrategia de sostenibilidad, en este caso mediante la electrificación del transporte, una «pieza clave» contra el cambio climático.

Así lo expresó la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, que indicó que «el escenario de precios de la electricidad sería completamente diferente» si las cosas hubieran sido de otra manera desde 2012, ya que no se han vuelto a acometer nuevos desarrollos en materia de renovables. Posteriormente, añadió que «se necesita a todos los agentes, con una visión a largo plazo, en la que se invierta en renovables y se potencie el papel del consumidor”. Con esta estrategia, Iberdrola prevé liderar la movilidad sostenible en el país, junto con el plan de instalación de 25.000 puntos de recarga para uso residencial, de empresas y en el espacio público en los próximos 4 años.

Aelec, nueva denominación de Unesa, recuerda que gran parte de la factura de la luz son costes e impuestos

EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), nueva denominación de la patronal Unesa, analizará las medidas que adopte el Gobierno para moderar los precios de la electricidad, y ha recordado que buena parte de lo que pagan los consumidores en su factura son costes y fiscalidad. Su presidenta, Marina Serrano, ha señalado que aguardarán a conocer las propuestas que anuncie la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pronunciarse sobre una posible reforma del mercado eléctrico y la factura.

Ha señalado que la ministra ha consultado y ha pedido opiniones para ver qué soluciones se pueden dar a la subida de los precios de la luz, originada por el incremento del precio de los derechos de dióxido de carbono (CO2), de las materias primas que utilizan para generar electricidad algunas centrales, a una mayor demanda por el calor y a una menor generación eólica. Serrano ha indicado que los clientes con tarifa regulada sufren la volatilidad del mercado mayorista, aunque una parte muy importante de lo que pagan los consumidores en su recibo son costes y fiscalidad, y algunos elementos que se incluyen en la factura deberían tener otro tratamiento a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha añadido que a veces se confunde lo que realmente es el precio de la electricidad y lo que supone el coste del suministro por una serie de elementos que se han incluido en la factura que pagan los ciudadanos. La presidenta de Aelec ha recordado que la eliminación de algunos de esos conceptos del recibo de la luz se ha planteado en numerosas ocasiones, incluso en el informe que encargó el Gobierno a una comisión de expertos para la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Respecto a la alarma que causa la subida de los precios de la electricidad y no al de otros servicios, ha indicado que ello se debe a que la luz es un elemento cotidiano, básico. No obstante, ha dicho que en un modelo como el de España hay un supervisor de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supervisa los precios y un ordenamiento jurídico para reaccionar, si hay una actuación que no es correcta. «El sistema permite esos mecanismos que deberían tranquilizar a los ciudadanos», ha apuntado Serrano que, además, ha señalado que existen vías para modificar leyes y reglamentos para corregir elementos que no estén bien diseñados o adaptarse a circunstancias nuevas.

Preguntada si las subidas de la luz benefician a las eléctricas, Serrano ha recordado que hay que distinguir los ingresos de los beneficios, pues una parte de lo que se ingresa son impuestos y los costes de las compañías no son para todas iguales, pues dependiendo de cómo sea su mix de generación (diferentes fuentes de energía con las que producen electricidad), tienen una mayor o menor exposición a la subida de materias primas como el gas o el carbón.

Nueva etapa en la patronal                                                                                                                

Por otro lado, la patronal de las cinco mayores empresas eléctricas presentes en España inicia una nueva etapa con el fin de ser más austera, tras haber recortado el presupuesto en el marco de su apuesta por un nuevo contexto de electrificación en el que la transición ecológica y el autoconsumo jueguen un papel más relevante. Así, Serrano espera que el cambio no les haga «más débiles», sino «diferentes». De este modo, la patronal eléctrica busca defender con transparencia y rigor los intereses de las compañías eléctricas ante la Administración y los reguladores, facilitar la toma de decisiones internas de la asociación y abrirse al resto de agentes del sector.

«No pretendemos presionar, sino defender nuestros intereses en un Estado plural en el que la fuerza será la legitimidad de la manera de actuar, si se expone con claridad o no». Así ha resumido Serrano la nueva filosofía de la renovada patronal. «Nos desprendemos de 74 años de denominación para cumplir el papel que nos encomiendan nuestros asociados», añadió. Los cambios efectuados en los estatutos de la asociación han ido encaminados a concretar su actuación, que pasarán por centrarse en las actividades reguladas, en particular en la distribución eléctrica con el fin de garantizar un desarrollo «adecuado» que permita obtener una rentabilidad «razonable», y en los aspectos técnicos y regulados de las actividades eléctricas liberalizadas.

En este sentido, Serrano hizo alusión a la fase de alegación en la que se encuentra la propuesta de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), organismo que, en el ámbito de sus funciones reguladoras, emitió el pasado mes de julio un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores de esta actividad.

Utilizar el WACC en retribución

Pese a que ha valorado positivamente que el regulador, en línea «con lo que se hace en otros países», haya emitido una propuesta «determinada» respecto a la tasa de rentabilidad haciendo uso de un análisis basado en el WACC (coste medio ponderado de capital), avanzó que harán alegaciones ya que considera que algunos elementos «podrían considerarse de otra manera», teniendo en cuenta que la rentabilidad para las redes de distribución eléctricas es «inferior» a la vigente en el entorno europeo.

Respecto a las decisiones anunciadas por el nuevo Gobierno en materia energética, la presidenta se ha escudado en ese cambio de estatutos, que ahora se centran en actividades reguladas, para evitar opinar sobre el posible cierre de centrales térmicas, de carbón y nucleares, un tema sobre el que las distintas empresas que conforman la Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP) tienen opiniones diferentes. «Las decisiones empresariales y estratégicas son de cada compañía con la sujeción al marco normativo de cada momento; tenemos una perspectiva neutra tecnológicamente», ha apuntado Serrano.

En cuanto a la apertura de la asociación a nuevos socios, tanto por movimientos corporativos en el sector, como la compra por parte de Repsol de activos eléctricos a Viesgo, como de nuevos actores, ha indicado que la entrada de nuevos miembros «se analizará en cada caso», si bien ha reconocido que el sector está en un momento de apertura.

Por otra parte, en relación a la eliminación del llamado impuesto al sol, algo que, según anunció la ministra recientemente se realizará mediante un anteproyecto de ley antes de fin de año, Serrano ha apuntado al autoconsumo como una de las nuevas características del nuevo modelo al que se dirige el sector. «Estamos dispuestos a facilitar el servicio necesario para el autoconsumo y la implementación del mismo», ha asegurado, al mismo tiempo que ha afirmado que estarán atentos a los nuevos requerimientos en caso de que finalmente se modifique el decreto que regula esta normativa.

 

Ribera garantiza que el Gobierno elaborara un plan “urgente” dirigido a las comarcas mineras y a las nucleares que cierren

EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, garantiza que en la estrategia de transición energética justa del Gobierno habrá un plan de acción urgente dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Ribera señaló también que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en Francia, Alemania y Reino Unido.

Ribera lamenta que no se anticiparan estrategias de diversificación para estos territorios con tiempo «suficiente«. Asimismo, ha señalado que España no se puede conformar con el paro y la calidad del empleo que tiene. Por eso, ha indicado que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética, a fin de propiciar una industria y un nuevo modo de producir bienes y servicios. «Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada», añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo «sólido» y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias «previas» y reactivar la agenda económica hacia la «transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular». Asimismo, la ministra ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, publicado en 2015, la OIT recogió varias conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra. Ribera ha asegurado que «no tener estrategia es la peor de las opciones», por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el «éxito».

Inacción mala para el empleo

Además, recordó que, según el informe de la OIT, por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán 4, si bien ha reconocido que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación. Ha añadido que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países y la aparición de tecnologías energéticas más baratas. Asimismo, ha destacado la importancia de acometer la transición energética, pues la «inacción» ha hecho que no se hayan creado empleos relacionados con la eficiencia energética o el autoconsumo.

Por su parte, el presidente del Club de la Energía y de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha recordado que en la transición de los años 90, cuando empezó el declive del carbón, se perdieron 40.000 empleos y se crearon sólo 70.000, cifra muy alejada del potencial que tienen las energías renovables. Ha advertido que en esta nueva transición energética no se van a crear puestos de trabajo si no hay inversión, y para ello hace falta un marco regulatorio que favorezca la confianza de los inversores.

Según la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, en el mundo se crearán 24 millones de nuevos puestos de trabajo con la transición energética, pero no se podrá evitar que se destruyan 6 millones, algo que hay que acometer «con valentía». Ha advertido que luchar contra el cambio climático es necesario para evitar que desaparezcan 1.200 millones de puestos de trabajo que se necesitan de un medio ambiente estable.

Además, augura que el cambio de modelo energético aumentará la competitividad de la industria en España, pues las renovables dan más estabilidad a los precios y harán que no se dependa tanto de los combustibles fósiles. Finalmente, subrayó que es urgente apostar por el cambio pues, si no, se anticiparán otros países, de los que España acabará importando tecnología y conocimiento, en lugar de exportarlos.

Imaz (Repsol) advierte de que el impuesto al diésel aumentaría las emisiones de CO2; Aires (BP) lo ve “sin sentido”

EFE.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado que «una penalización añadida al diésel va a aumentar las emisiones de CO2» y provocaría daños al sector de fabricación automovilístico en España, que ha recordado que es el segundo fabricante europeo de automóviles.

Imaz ha afirmado que aquí todos están haciendo esfuerzos y ha recordado que las emisiones de CO2 de los vehículos actuales de gasolina son un 24% menores que hace 20 años y las de los diésel un 25,2%, con lo cual se han rebajado las emisiones por cada kilómetro recorrido.

Ha añadido que un impuesto al diésel lo que haría es que hubiera más consumidores que dejen de comprar ese tipo de coches y adquirieran de gasolina, lo que no redundaría en una reducción de las emisiones de CO2.

Además, ha apuntado los efectos que tendría sobre la recaudación la sustitución de todos los vehículos que usan diésel y gasolina por eléctricos, que pasaría de los 16.000 millones de euros que se obtienen por vehículos ligeros a través del impuesto de hidrocarburos a 3.000 millones.

Ha afirmado que el problema que hay son los vehículos diésel antiguos, que contaminan más que los actuales, y ha afirmado que promover una renovación del parque automovilístico sería «más justo socialmente», pues se ayudaría a colectivos de baja renta, sería más eficiente para la competitividad de la economía y ayudaría a mejorar la reducción de emisiones de CO2.

Por su parte, el presidente de BP España, Luis Aires, ha considerado que no tienen ningún sentido las medidas para subir la fiscalidad al diésel y ha criticado la propuesta del comité de expertos en transición energética, por la que se establecía gravar las emisiones de óxido de nitrógeno, de azufre y partículas de los vehículos, que ha señalado que no tienen que ver con el cambio climático.

También ha criticado la propuesta de sufragar con un impuesto nuevo el déficit eléctrico sólo gravando a los carburantes y que sean sólo los usuarios de diésel y gasolina los que paguen algo que fue generado por decisiones de política energética y de inversión de las empresas, así como que sean los que paguen unas carreteras que también van a usar los vehículos eléctricos.

En su opinión, tiene más sentido que se suba el precio por tonelada de CO2 emitida y que se recaude de todos los emisores.

La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, cree que hay que favorecer la introducción de renovables en el mix eléctrico, ya que reducirá los precios, y ha dicho que se deben adoptar «decisiones valientes» para avanzar en una mayor electrificación.

Por su parte, el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha criticado la actual fiscalidad sobre la energía, que considera que actualmente tiene sólo «efectos recaudatorios» y cree que hay que aumentar la fiscalidad a las fuentes de energía emisoras, pues no tiene sentido que se pague un 7% por generar electricidad tanto si se hace por una planta que contamina que por una instalación que no emite CO2.

Ha indicado que hay que reformar la fiscalidad y establecer unas señales económicas claras y «contundentes» para que España no se quede atrás en la nueva «revolución industrial» que va a suponer la transición energética.

Mateo ha añadido que si el carbón es la principal fuente emisora de CO2 «habrá que cerrarlo» y ha agregado que los puestos de trabajo de esa actividad podrán ser suplidos en sectores como la fabricación de aerogeneradores y baterías.