Entradas

Rocío Sicre (EDPR), nueva presidenta de la patronal eólica, mientras la Comunidad Valenciana agiliza los trámites para instalar nuevos parques

Servimedia / EFE.- El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha acordado la modificación del Acuerdo de 2001 de aprobación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) para suprimir el instrumento de convocatoria o concurso previo previsto para la construcción y puesta en funcionamiento de parques. No es la única novedad para el sector ya que la junta directiva de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha nombrado presidenta a la hasta ahora vicepresidenta en representación de EDP Renewables Europe, Rocío Sicre del Rosal.

Según explicó la patronal eólica, su presidencia es rotatoria y Sicre sustituye en el cargo a Juan Diego Díaz Vega, que vuelve a ser vicepresidente en representación de Siemens Gamesa Renewable Energy. La nueva presidenta de AEE es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). Sicre ha desarrollado toda su carrera en torno a las renovables como directiva especializada en energía y financiación: primero en Unión Fenosa Energías Especiales y posteriormente en el Grupo Hidrocantábrico (actualmente parte de EDP), donde fue nombrada en 2008 directora general de EDPR para España, cargo que continúa desempeñando en la actualidad.

La nueva presidenta subrayó que el sector eólico «se enfrenta a un momento crucial una vez más». Por ello, ha añadido que tendrán que trabajar «muy duro y junto a todas las partes interesadas para hacer valer la importancia y la necesidad de apoyo a una tecnología consolidada, eficiente, que genera empleo y que contribuye al futuro sostenible» del país.

Cambios en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana exigía que, antes de poder presentar un proyecto para realizar un parque eólico, la Generalitat, a través de la consejería competente en materia de energía (Economía Sostenible), tenía que realizar una convocatoria pública para la presentación de proyectos en una o más de las 15 zonas en las que se permiten instalar este tipo de centrales eléctricas.

En el Plan Eólico aprobado en 2001 se realizaron dos convocatorias, resueltas en 2003 y 2009, que adjudicaron una potencia aproximada de 2.680 megavatios, y en la actualidad únicamente se ha puesto en servicio un 44% de toda la potencia adjudicada (1.200 megavatios aproximadamente). La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mónica Oltra, ha explicado que el desarrollo de la energía eólica ha sido muy «desigual», ya que de las 15 zonas eólicas posibles recogidas en el PECV, sólo se han desarrollado 9 de ellas y en algunas de éstas el desarrollo ha sido parcial, mientras que en las 6 zonas restantes no se instaló ningún aerogenerador.

En este contexto, el Gobierno autonómico considera necesario eliminar la necesidad de convocatoria o concurso previo porque supone mayores plazos, por la tramitación añadida para la puesta en servicio de nuevos parques eólicos, y porque estaba diseñada de manera que las solicitudes se tenían que presentar por zonas completas, lo que se restringía a empresas con cierto tamaño empresarial. Además, las eólicas eran las únicas centrales eléctricas que tenían que pasar por ese concurso previo, ya que este procedimiento no se exige para implantar otro tipo de centrales como las fotovoltaicas, termosolares o ciclos combinados.

Por tanto, la eliminación de la convocatoria como instrumento para el desarrollo de parques eólicos permitirá que, a partir de ahora, puedan presentarse en las zonas aptas para ello, nuevos proyectos eólicos y que éstos puedan ser desarrollados por empresas más pequeñas, según el Ejecutivo. La implantación efectiva de los nuevos proyectos seguirá sujeta a las normas de ordenación del Plan Eólico, que determinan las zonas que son aptas para el desarrollo eólico de nuestro territorio. Igualmente, los proyectos presentados deberán obtener el pronunciamiento favorable previo a su construcción por parte de los órganos competentes en materia de energía, evaluación ambiental, ordenación territorial y urbanística.

Junto a la supresión de la convocatoria, también se realiza un mandato a las Consejerías con competencias en la implantación de parques eólicos para que, en un año, realicen una evaluación del actual modelo de ejecución y desarrollo de la energía eólica para proceder a una revisión o reformulación, con la finalidad de continuar aprovechando, en aquellas zonas donde sea viable, el recurso eólico disponible.

La CNMC multa a EDP Energía con 900.000 euros por aplicar una penalización a una empresa por cambiarse de suministrador

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a EDP Energía con una multa de 900.000 euros por aplicar una penalización de 2.400 euros a una empresa por cambiarse de suministrador, según indicó el regulador. En septiembre de 2014 tuvo entrada en el registro de la CNMC un escrito de una empresa mediante el cual puso en conocimiento del organismo incidencias relativas al cambio de comercializador para el suministro de energía eléctrica.

La empresa tenía su suministro contratado con Hidrocantábrico Energía, actualmente denominada EDP Energía, y pasó a contratarlo con una empresa comercializadora diferente, a raíz de lo cual Hidrocantábrico procedió a aplicar una penalización de 2.400 euros en concepto de indemnización según contrato resolución anticipada. En consecuencia, EDP aplicó una penalización a un consumidor no doméstico, a pesar de que el cliente cumplió con el preaviso de 15 días establecido para la rescisión de las prórrogas.

Según indicó Competencia, el regulador ha impuesto esta multa tras comprobar que este tipo de penalizaciones están contempladas en todos los contratos de baja tensión de clientes no domésticos de EDP Energía, cuando no debería ser así en virtud de la ley 24/2013 del sector eléctrico. Una vez instruido el expediente, la CNMC ha multado EDP Energía con 900.000 euros como responsable de la comisión de una infracción grave, consistente en el incumplimiento de medidas de protección al consumidor según lo establecido en la Ley y su normativa de desarrollo.

Además, el organismo presidido por José María Marín Quemada impone a EDP la obligación de modificar las cláusulas primera y decimosexta de los contratos de suministro en baja tensión para la inclusión en una serie de condiciones referentes a los casos en que haya una rescisión del contrato por parte del usuario. La CNMC recuerda que contra estas resoluciones no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Una veintena de empresas genera casi el 80% de las emisiones de CO2 de los sectores fijos

Europa Press / Servimedia.- Las 20 empresas con mayores emisiones suman un total del 79,53% de las emisiones procedentes de fuentes fijas, incluidas en el Registro Nacional de Emisiones (RENADE), que son la producción de energía, industria del petróleo y otras instalaciones industriales, según el informe Responsabilidad de las grandes empresas energéticas e industriales de España en el cambio climático, publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad con datos de 2015, el último año con información consolidada.

El estudio señala que España emitió en 2015 un total de 339 millones de toneladas totales de gases efecto invernadero, de las que la industria y la energía emitieron 137,1 millones de toneladas de CO2 verificadas por el RENADE, un 40,4%. Mientras, el 59,6% de las emisiones correspondieron a fuentes de emisión difusas, tales como el transporte, los hogares, los servicios, agricultura. En general, las emisiones crecieron un 3,3% en total en España respecto a 2014, mientras que «en prácticamente todos los países de la Unión Europea descendían». Esto supone un incremento de 13,77 millones respecto al 2014 y un 18% más respecto a 1990.

Además, el informe destaca que las emisiones de los sectores fijos se concentran en un núcleo de 10 empresas, que emiten el 69,4% o lo que es lo mismo, 95,2 millones de toneladas, de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores fijos. Se trata de Endesa, 33,3 millones de toneladas de CO2; Repsol (incluye Petronor), 13 millones de toneladas; Gas Natural Fenosa, 12,9 millones de toneladas de CO2; Hidrocantábrico, 10,6 millones de toneladas de CO2; ArcelorMittal, 6,4 millones de toneladas de CO2; E.On, 5,3 millones de toneladas de CO2; Cepsa, 4,8 toneladas de CO2; Cemex, 3,4 millones de toneladas de CO2; Iberdrola, 2,6 millones de toneladas de CO2 y Cementos Portland, 2,4 millones de toneladas de CO2.

Solamente Endesa emite el 9,8% de todas las emisiones de España, tanto las fijas como las difusas, y concentra la cuarta parte de todas las que emiten los sectores fijos. A esta le siguen Gas Natural Fenosa y Repsol, que suponen un 4% aproximado cada una del total emitido en España. En total, los sectores fijos con mayores emisiones se deben a la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, el tratamiento y transformación de hidrocarburos, la industria cementera y la transformación química.

La generación de carbón supone 50 millones de toneladas equivalentes de CO2 y supone el 72,3% de lo correspondiente a la generación total de energía, que produce en su conjunto la mitad de las emisiones fijas totales nacionales, casi 70 millones de toneladas de CO2. En cuanto a la producción de cemento y cal, generan 17 millones de toneladas, el 12,5% del total, algo más que las de las refinerías de petróleo y coque (14 millones de toneladas de CO2, el 10,5%). Las industrias que dependen de grandes procesos de combustión emiten el 8,5% del total, casi 12 millones de toneladas de CO2; el resto de la industria contribuye con el 18% restante (casi 25 millones de toneladas de CO2).

Con estos datos, el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad refleja que la tendencia de 2015 respecto a 2014 señala que las emisiones del sector eléctrico aumentaron un 17,6% y las que más aumentaron fueron las centrales de carbón (22,1% más) y los ciclos combinados de gas natural (16,3% más que el año anterior). El resultado final, que arroja un crecimiento del 3,3% de las emisiones españolas en 2015 respecto a 2014 va en contra de los compromisos de reducción contraídos por los firmantes del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, que España firmó en Nueva York el 22 de abril de 2016 y que ratificó el pasado enero.

Por comunidades autónomas, la más emisora es Andalucía, con el 19% de las emisiones de las fuentes fijas de España. A esta le siguen Asturias (16%), Galicia (11%), Cataluña (10%) y Castilla y León (9%), precisamente las zonas donde están instaladas las grandes centrales de carbón excepto en Cataluña, donde la incidencia de las emisiones se debe al importante sector industrial y refinero. Por el contrario, las autonomías que menos CO2 emiten son Navarra, Madrid, Extremadura, Cantabria y La Rioja, justo aquellas cuya economía está menos basada en el carbón.

De acuerdo con el estudio del Observatorio de la Sostenibilidad, si se tiene en cuenta que la fuente de datos utilizados son las verificadas por el RENADE y que las asignación de derechos a instalaciones se ha realizado mediante el Registro Mercantil, esto supone que las asignaciones pueden ser “muy conservadoras” y, que sus emisiones, por tanto sean «mucho mayores de las consignadas», ya que existen o pueden existir otras emisiones de estas empresas (minería, transporte, puertos, consumos) que no estén incluidos en esta contabilidad.

El informe subraya también ciertos riesgos empresariales del cambio climático a la hora de ser evaluado por las agencias de calificación o rating o por la apreciación del atractivo de estas empresas para acceder a recursos financieros. Por ello, muchas empresas disponen o estimulan planes estratégicos concretos para reducir emisiones de CO2. Ante este hecho, el Observatorio considera que a partir de estos datos se pueden identificar tensiones que deberán derivar en proyectos inaplazables para la adaptación inmediata al cambio climático, cuyos costes y financiaciones representarán una «distorsión muy importante para su propia valoración empresarial».

El Observatorio apela a la conveniencia de establecer “responsabilidades diferenciadas” de cada agente social según su responsabilidad con el problema y aconseja a las empresas que eviten las «políticas contradictorias» como las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Entre sus consejos, recomienda reducir las emisiones mediante el aumento de la eficiencia y la sustitución de los combustibles o las tecnologías más contaminantes como el carbón o el gas por energías renovables. También insiste en la importancia de poner un precio «realista» al carbono para que funcionen correctamente los mercados de emisiones y que las administraciones sean «limpias» y den ejemplo.

El fundador de ONO lanza Podo, una nueva comercializadora eléctrica, junto al exconsejero delegado de FCC y el de Hidrocántabrico

EFE / Servimedia.- El fundador y presidente de ONO durante 17 años, Eugenio Galdón, y el exconsejero delegado de FCC, Juan Béjar, han lanzado, junto al exconsejero delegado de Hidrocantábrico, Joaquín Coronado, la comercializadora de electricidad Podo. Según indicó Podo, el objetivo de la nueva compañía es dar «respuesta a la anómala situación del mercado eléctrico en España».

Según comunicó la compañía, Eugenio Galdón fue fundador de ONO y su presidente durante 17 años, en los que se mantuvo como accionista de referencia hasta vender su participación a Vodafone en 2014. Se ha unido en el proyecto a Juan Béjar, anterior vicepresidente y consejero delegado de FCC que fue consejero de ONO, y a Joaquín Coronado, que se unió a ONO como director general de la compañía cuando se compró Auna y que tiene una dilatada trayectoria en el sector eléctrico, donde ha sido consejero delegado de Hidrocantábrico, vicepresidente de Naturgas, y director general de la portuguesa EDP.

«Creemos que la transición energética, de la que tanto se habla, debe estar basada en los clientes, en darles un buen servicio al mejor precio, y en permitirles generar la electricidad que consumen», afirma el consejero delegado de la firma, Joaquín Coronado. Podo ofrece “tarifas competitivas comprometiéndose a mantenerlas fijas durante un año, y además, ofrece herramientas para controlar el consumo”. Así, Podo ofrece a sus clientes dos productos de electricidad muy simples: un producto fijo para los que quieren pagar lo mismo cada mes, y un producto flexible para los que prefieren pagar en función de lo que consumen.

Además, a quienes contraten fijo y finalmente consuman menos, Podo les devuelve la diferencia con un 3% de interés anual. Podo tiene previsto completar su oferta con gas, con servicios de autoconsumo con paneles fotovoltaicos, cuando la regulación lo permita según especifica la compañía, y con servicios de valor añadido para ayudar a los clientes a ahorrar, ya que la experiencia indica que un cliente informado puede bajar hasta un 12% su consumo de electricidad.

Elcogas y los sindicatos firman el acuerdo de conciliación sobre el ERE, que afecta a 143 empleos

EFE.- Representantes de CCOO y UGT y los abogados de Elcogas firmaron el acuerdo de conciliación para retirar la demanda colectiva sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supone el despido de los 143 empleados de la planta termoeléctrica de Puertollano, final que ha sido recibido con «sabor agridulce» por los trabajadores.

El acuerdo supone mejorar las indemnizaciones y crear una comisión de seguimiento que estudiará la posible recolocación de la plantilla en las empresas eléctricas españolas, como explicó el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, que admitió que este acuerdo deja «un sabor agridulce» porque lo que querían los empleados de Elcogas «era trabajo, empleo, no dinero por liquidar así la responsabilidad social» pero ha insistido en que esperan que el compromiso de estudiar las recolocaciones funcione.

El presidente del comité de empresa ha recordado que de los 143 trabajadores 121 han salido ya y los demás están en fase de preparación del desmantelamiento de la factoría, aunque no llegará hasta octubre, un plazo que ha dicho debe aprovecharse para estudiar opciones de viabilidad que devuelvan la actividad a Elcogas. José Antonio Alcaide avanzó que hay 14 compañeros que ya han sido recolocados, 7 en Endesa y 7 en Iberdrola, y ha añadido que durante un año y medio una comisión de seguimiento estudiará nuevas recolocaciones en estas empresas y en Hidrocantábrico. «Para nosotros, lo más importante de este acuerdo son esos compromisos para valorar las vacantes externas que salgan en las empresas eléctricas españolas», ha afirmado.

Esperanzas después de las elecciones

El portavoz de la plantilla ha insistido en la importancia de que la Junta de Castilla-La Mancha vele porque ese compromiso se cumpla, pero ha subrayado que los trabajadores seguirán «defendiendo que Elcogas no se desmantele», y que «no se permita el desmantelamiento de la central». De este modo, se ha mostrado confiado en que el 26 de junio, España tenga «un gobierno más progresista que entienda que una central de más de 1.000 millones de euros no se puede achatarrar». José Antonio Alcaide ha asegurado que no quieren «crear falsas expectativas» en Puertollano, pero abogan por que se estudie la posibilidad de que «otras empresas hagan lo que las empresas españolas no quieren hacer» y Elcogas vuelva a abrirse.

Por su parte, la empresa ha indicado que los accionistas españoles de Elcogas «mantienen su voluntad de ofertar a los extrabajadores de la compañía las vacantes que se produzcan en sus empresas, que coincidan con el perfil profesional solicitado, y extienden esta opción hasta diciembre de 2017». Elcogas señala que con el acuerdo ratificado finaliza un proceso «en el que la empresa ha manifestado y mostrado su mayor voluntad negociadora, para conseguir las mejores condiciones económicas posibles para todos los trabajadores» El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por su parte, indicó que aprueba la conciliación alcanzada entre las partes y archiva el procedimiento.

La CNMC estima que la compensación a las distribuidoras eléctricas alcanzará los 5.006,7 millones de euros en 2016

Servimedia.- El Estado deberá compensar a las empresas de distribución eléctrica con 5.006,7 millones de euros en 2016, según el Informe sobre la propuesta provisional de retribuciones a las empresas distribuidoras de energía eléctrica elaborado por el regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Entre las mayores empresas, Endesa debe recibir 1.984,3 millones, Iberdrola 1.644,9, Unión Fenosa 733,1, HC Energía 176,6 y E.On 148,3 millones. La CNMC debe calcular anualmente la retribución que se debe asignar a dichas compañías para cubrir los costes derivados del servicio que prestan, conforme a la metodología prevista en un real decreto de 2013. Una vez realizados dichos cálculos, remite su propuesta al Ministerio de Industria, que es el encargado de su aprobación definitiva.

Para realizar este cálculo, las distribuidoras deben remitir a la CNMC, entre otras informaciones, su inventario de instalaciones y su información regulatoria de costes, incluyendo información económica financiera. Este informe se ha realizado con los datos suministrados por las empresas hasta el 25 de febrero de 2016. Sin embargo, con posterioridad se ha recibido información adicional sobre inventarios e información regulatoria de costes, que no ha podido ser tenida en cuenta por razones operativas. La CNMC, una vez agotado el plazo de 3 meses conferido a varias empresas distribuidoras para subsanar la información remitida que ha sido considerada no válida, incorporará los nuevos datos disponibles y elaborará una propuesta definitiva.

Los extrabajadores de Elcogas presentarán una demanda colectiva por las condiciones del ERE

EFE.- Los trabajadores de Elcogas de Puertollano presentarán ante la autoridad laboral una demanda colectiva por las condiciones en las que se ha negociado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), por el que han sido despedidos 119 trabajadores de la plantilla.

El secretario general de Industria en UGT en Castilla-La Mancha, Agustín Pérez, ha informado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la asamblea que presentarán dicha demanda porque, a su juicio, el ERE «se ha negociado de mala fe mezclando, la presentación de un plan de viabilidad a la vez que un expediente extintivo».

Pérez también ha lamentado que «sólo la empresa de capital español, Iberdrola, ha sido la única que ha hecho una oferta de recolocación», mientras que ha opinado que «las otras dos eléctricas mayoritarias en Elcogas, como son Endesa e Hidrocantábrico, no han querido asumir su responsabilidad social».

Para el secretario regional de CCOO Industria en Castilla-La Mancha, Ángel León, «la solución está en la nacionalización de las eléctricas, y así se acabaría con esta actitud de ponerse de perfil frente a los trabajadores».

A pesar de todo, los sindicatos no pierden la esperanza, de forma que León ha afirmado: «vamos a pelear hasta el final, porque si se conforma un nuevo gobierno, Elcogas podría tener viabilidad».

El presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, ha lamentado que «la plantilla ha salido muy tocada después del encierro, tras comprobar cómo después de dos años de haber estado en sintonía con la empresa en la defensa de su viabilidad, al final los accionistas dan la espalda a los trabajadores y les despiden con una rigurosa indemnización de 15 mensualidades después de 23 años en la empresa».

Tras el despido de 119 trabajadores, en la central quedan desde ayer 22 personas que se encargarán de adecuar las instalaciones de la Central para dejarla en condiciones seguras para el posterior desmantelamiento y desguace.

El 31 de diciembre del 2018 dejará de existir en todos los aspectos, tras la disolución de la sociedad y tras liquidar físicamente y administrativamente la empresa.

Acciona, Endesa, Gas Natural Fenosa, HidroCantábrico e Iberdrola pujan por el contrato eléctrico de Adif

EFE.- Acciona, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa e HidroCantábrico pujan por el contrato para hacerse con el suministro de energía eléctrica de Adif para el año que viene, un contrato que tiene un valor estimado máximo de 241,88 millones de euros, según fuentes cercanas al proceso.

El contrato, el mayor de suministro eléctrico de España, incluye además cualquier punto de suministro que pueda ser necesario dar de alta para la correcta prestación del servicio ferroviario a lo largo del año 2016. La licitación excluye el coste del acceso a las redes de transporte y distribución, elemento que gestionarán Adif y la distribuidora eléctrica que gestiona cada punto de suministro. El importe definitivo del contrato dependerá de la negociación a la baja que Adif realice con la oferta más ventajosa de las que reciba y del consumo real que finalmente se produzca.

21 lotes componen el contrato

Con la finalidad de reducir los costes, Adif dividió el contrato en 21 lotes en función de criterios de proximidad geográfica y de explotación ferroviaria. Las ofertas presentadas para cada grupo deberán basarse en diferentes modalidades de obtención del precio final de la energía. En concreto, presentarán tres modalidades: un precio fijo para el conjunto del ejercicio 2016; un precio indexado con el mercado mayorista que permita cerrar precios fijos en periodos temporales de 24 horas; así como un precio de mercado con posibilidad de acudir al segmento de futuros.