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La jueza pide a la Junta una inspección a la planta de biodiésel de Carboneras (Almería) para investigar los vertidos

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Europa Press.- La jueza que instruye la causa penal abierta por vertidos de biodiésel detectados en Carboneras (Almería) ordenó a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta que gire una «visita de inspección» a las instalaciones de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel investigada para que tome muestras, haga análisis y fotografías con las que emitir un informe pericial.

La providencia del Juzgado de Instrucción 1 de Vera acuerda, asimismo, que se inspeccione la desaladora de Carboneras, cuya denuncia dio lugar a la apertura del procedimiento por supuesto delito medioambiental ya que el pasado abril el gerente de la empresa Acuamed informó a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación «emanaba un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se personaron comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les informó de que, «probablemente, provenía de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora».

La jueza Mónica Villena, que descarta acordar medidas cautelares a instancias del Ministerio Fiscal ya que estima que no procede hasta que no conste «debidamente» acreditado el fluido que se está vertiendo, pide a la Delegación de Medio Ambiente diversa documentación. En concreto, libra oficio para que remita copia compulsada de las «autorizaciones concedidas» a la mercantil FJ Sánchez Sucesores SAU para la implantación y ejercicio de la actividad de refinado de aceites vegetales y de producción de biodiésel en Carboneras y, en particular, de los «condicionados para el desarrollo de las actividades que se refieran a efluentes y vertidos». Interesa, asimismo, copia de los expedientes sancionadores que se hayan podido incoar con motivo de «incumplimientos» en materia de vertidos.

Por otro lado, la jueza precisa que la pericial que resulte de las inspecciones debe determinar si los efluentes que aparecieron en el talud de la parcela donde se ubica la desaladora proceden de la refinería investigada, si se han extendido «subterráneamente» a otros terrenos o en dirección al mar, y la «composición» de los efluentes y «sus efectos medioambientales».

Quiere saber, en esta línea, el grado de cumplimiento de la mercantil propietaria de la fábrica «de las normas y condiciones» de aplicación «para evitar y corregir» los vertidos; y también las medidas a adoptar «para reparar los daños», por lo que solicita copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de posibles vertidos.

Por otro lado, se ha incorporado a la causa penal el atestado que elaboró la Guardia Civil en octubre a raíz de otro presunto vertido, en este caso al mar, en el entorno del puerto. Cabe recordar que la Junta de Andalucía ya impuso a la mercantil F.J. Sánchez Sucesores S.A. una multa por un vertido en 2017, si bien entonces la compañía «no llevó a cabo la limpieza» a la que quedó obligada según la resolución del Gobierno andaluz y mantiene abierto un segundo expediente sancionador por los vertidos de abril de 2018 que se investigan en vía penal.

Por otro lado, el departamento que dirige el delegado Raúl Enríquez tramitaba aún este año la solicitud para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta a consecuencia del cambio normativo en el que la fábrica quedaba incluida como una instalación química para la fabricación de productos químicos orgánicos. Dichas instalaciones habían sido revisadas dentro del plan de inspección medioambiental correspondiente al 2011, sin que consten revisiones posteriores.

La declaración en calidad de investigado del representante legal de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel de Carboneras ante el Juzgado de Instrucción 1 de Vera por un presunto delito medioambiental estaba señalada para octubre aunque fue aplazada a mayo de 2019 para que se realice a través de videoconferencia tal y como solicitó su defensa. La jueza Mónica Villena ha citado a A.M.S.M. y ha acordado la práctica de dicha declaración por videoconferencia, para lo que ha librado exhorto al Juzgado de Instrucción Decano de Cabra (Córdoba).

Ecologistas denuncia ante la Fiscalía el vertido de biodiésel de Carboneras (Almería) y pide parar la actividad en la fábrica

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Europa Press.- Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía Provincial el vertido detectado en el litoral de Carboneras (Almería) y ha solicitado que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiésel para evitar que se «siga produciendo un daño ambiental irreparable».

La denuncia indica que es un «hecho conocido» en Carboneras que la fábrica «aprovecha» los días de mal tiempo y lluvia «para tirar productos altamente tóxicos para los que tiene capacidad de reciclar y tratar» ya que «el oleaje y el viento dispersa con más rapidez el vertido» y señala que este hecho es conocido como Operación Lluvia. El colectivo conservacionista asegura que hay indicios de que la planta «no tiene actualizadas todas las autorizaciones ambientales» que se precisan en la legislación aplicable a la actividad de fabricación de biodiésel y alude a la obligatoriedad de una autorización ambiental integrada.

En esta línea, traslada que, en diciembre de 2017, la Delegación Territorial de Medio Ambiente reconoció en un escrito dirigido a Ecologistas en Acción que se había realizado una inspección en 2011 y que existen «diversas denuncias» planteadas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. «La Consejería de Medio Ambiente es perfectamente conocedora de esta situación», afirma en su denuncia al Ministerio Público, al que insta a abrir diligencias de investigación por hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra el medioambiente y otro contra la salud pública.

Ecologistas en Acción, que acompaña la denuncia con documental gráfica y escritos en el mismo sentido remitidos al Ayuntamiento carbonero y la Delegación Territorial de Medio Ambiente, insiste en que se está produciendo un «daño ambiental irreparable» y solicita que se decrete la paralización cautelar de la actividad industrial hasta que se garantice un adecuado cumplimiento de las medidas ambientales exigibles para evitar que siga.

Investigación abierta por el Seprona

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido, el segundo que da lugar a una investigación desde abril. Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar.

En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar. La presencia del vertido, que fue grabado y difundido por redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela.

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. “El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder”, detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. El procedimiento se incoó a raíz de que, en abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades».

La Guardia Civil investiga un nuevo vertido presuntamente desde la planta de biodiésel en el puerto de Carboneras (Almería)

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Europa Press.- Agentes del Seprona de la Guardia Civil han abierto una investigación para determinar las causas y el impacto generado por el vertido que se produjo el pasado 20 de octubre desde una planta de producción de biodiésel al mar en el entorno del puerto de Carboneras (Almería); el segundo que da lugar a una investigación desde el pasado mes de abril.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado, el vertido no peligroso derivado del tratamiento de aceites vegetales habría escapado de un depósito fluvial según la denuncia que llegó a los agentes desde la Autoridad Portuaria, lo que motivó que una patrulla del Seprona se desplazara hasta el lugar. En este sentido, desde la Comandancia han explicado que se levantó un acta sobre lo ocurrido y se tomaron muestras para determinar la composición del vertido y los posibles daños que podría haber ocasionado, en su caso. Por el momento, no se ha hecho una estimación de la cantidad de vertido que podría haber alcanzado el mar.

La presencia del vertido, que fue grabado y difundido a través de las redes sociales, provocó la «alarma» entre los vecinos de la zona, según indicó el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, a través de su perfil en Facebook, donde aseguró que acudió hasta la zona para comprobar los daños, si bien a su llegada «ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia».

Cayuela ha indicado que tanto la Autoridad Portuaria como el Seprona remitirán sus informes, que el propio Ayuntamiento solicitará por escrito junto con toda la documentación de que dispongan para trasladarla a la Fiscalía. «El Ayuntamiento de Carboneras por supuesto que también tomará las medidas oportunas al respecto y estaremos atentos para que esto no vuelva a suceder», detalló Cayuela.

El Juzgado de Instrucción 1 de Vera (Almería) ya abrió diligencias previas para esclarecer el origen de un vertido de aceite que fue detectado en el pasado mes de abril en la desaladora de Carboneras y que procedería presuntamente de la refinería de biodiésel que se encuentra frente a la planta. La jueza Mónica Villena citó a declarar en calidad de investigado al representante legal de la mercantil F.J. Sánchez Sucesores SAU como titular de la Refinería de Aceites y Estación de Biodiesel en la causa penal que se sigue por un supuesto delito medioambiental.

“Emanaba un residuo líquido viscoso”

El procedimiento, según indicaron fuentes judiciales, se incoó a raíz de que, el 11 de abril, el gerente de la empresa Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba «emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades». Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que «efectivamente» brotaba del lateral de ladera de la montaña «un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite» y el gerente les comunicó que, probablemente, «provenía» de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.

La Guardia Civil procedió entonces a realizar una inspección ocular, fotografías y también a la toma de muestras de vertido para su estudio y el gerente de Acuamed a interponer una denuncia por un delito medioambiental «nuevamente producido por biodiesel, razón por la que ya había presentado varias denuncias anteriormente». Paralelamente, un camión cisterna extrajo por succión el residuo que se estaba vertiendo y que se estaba embalsando en una canalización lateral de la instalación, concretamente en la acequia perimetral de recogida de pluviales, para así evitar que este llegase a desembocar en el mar.

En su declaración como denunciante y perjudicado ante la Guardia Civil, el jefe de la planta señaló que, de no haberse evitado el vertido de este fluido, hubiera desembocado en el mar justo en la zona de captación de agua por la desaladora, «pudiendo ocasionar no solo medioambientales sino también materiales en el sistema de filtración y membranas de ósmosis inversa y el resto de instalaciones donde se trata el agua captada en el mar«.

Trasladó, asimismo, que había hablado con el representante legal de la refinería de Biodiesel y que le había asegurado que no tenía localizado «el punto de rotura ya que la arqueta por donde habitualmente fugaba había sido revisada y no perdía». El líquido vertido se trata de agua con mezcla de aceite tratado. En el auto de apertura de diligencias, que han sido declaradas complejas, la jueza ofició al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remitiese informe de los hechos denunciados y citó, al margen de al representante legal de la refinería en calidad de investigado, al jefe de la planta y a una segunda trabajadora como testigos.

El director de la central de Trillo asegura que cambiar la gestión de los residuos nucleares implica reconfigurar los ATI

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EFE.– El director de la central nuclear de Trillo (Guadalajara), Aquilino Rodríguez, ha afirmado que se puede modificar la estrategia de gestión de residuos nucleares pero ha opinado que, de hacerlo, los ATI (Almacenes Temporales Individualizados) tendrían que ser «reconfigurados». Así se refirió a la suspensión por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del informe para la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Aquilino Rodríguez ha señalado que «el ATC para Trillo no es perentorio pero sí para otras centrales nucleares cuyo ATI es de menor capacidad y debería ampliarlo». Así, ha explicado que el ATI de la central de Trillo tiene capacidad para albergar 80 contenedores cuyo diseño les permite una vida útil de 50 años, aunque «otras centrales no tienen ATI de esa capacidad», ha precisado.

Actualmente, el ATI de Trillo tiene almacenadas 304,71 toneladas de material nuclear repartidas en 32 contenedores de almacenamiento seco y, aunque desde el año 2016 no se produjo la entrada de ningún contenedor nuevo, se prevé que en el último trimestre de 2018 se complete alguno, que será ya con el nuevo diseño. Los nuevos contenedores están diseñados para transportar hasta 32 elementos combustibles gastados no dañados (tipo PWR) frente a los 21 elementos de los contenedores utilizados hasta ahora.

Sobre cómo cree que puede afectar el cambio de estrategia en política energética del Gobierno en la renovación de la licencia de Trillo, el director de la central nuclear ha señalado que faltan 6 años para dicha renovación «y pueden pasar muchas cosas en ese tiempo», y ha agregado que «trabajamos para ganarnos el derecho a existir cada día con buenas cifras de producción energética pero, sobre todo, de seguridad».

Según apuntó Rodríguez, tanto técnicamente como teniendo en cuenta la modernización y mantenimiento continuado de las instalaciones de la central, en las que se realiza una inversión anual de 40 millones de euros, «no hay motivos para no renovar la licencia, teniendo en cuenta que centrales de otros países tienen 50 o 60 años y están en funcionamiento«. También indicó que esperan, en este tiempo, ganarse la confianza del órgano regulador y el Gobierno para renovar su actividad, pero ha apuntado al mismo tiempo que dicha continuidad también depende de cuestiones empresariales “con una rentabilidad económica bastante baja ya que soportamos una fiscalidad bastante alta».

En cuanto a los datos del primer semestre, Aquilino Rodríguez ha señalado que la actividad en la central se ha desarrollado «según lo programado» y sin incidencias reseñables. Durante el primer semestre, la producción de energía eléctrica bruta generada por dicha central ha sido de 3.589,96 gigavatios hora (GWh), mientras que la producción neta se ha situado en 3.360,57 GWh. Respecto a la seguridad laboral, si bien las cifras de accidentabilidad no son alarmantes el objetivo es lograr tasa cero. En los últimos años se ha registrado una media de 4 accidentes con baja anuales.

En relación a la unidad operativa de la Guardia Civil que desde el pasado año se desplegó en la central dentro del dispositivo de protección de infraestructuras críticas del país, Rodríguez señaló que «ahora los tenemos más cerca, si cabe, puesto que han pasado de residir en la antigua residencia de Trillo a hacerlo en unas instalaciones que se han construido ex profeso para ello». 1.300 personas trabajan en esta instalación que genera 50 millones de euros anuales de contribución a Castilla-La Mancha y en las que se imparten cerca de 50.000 horas de formación.

La central nuclear de Almaraz logra récord de producción de electricidad y ya tiene listo su ATI de combustible gastado

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EFE / Europa Press.- La central nuclear de Almaraz, participada por Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Gas Natural Fenosa (11,3%), obtuvo en 2017 sus mejores cifras de producción eléctrica a lo largo de su historia, con 16.986 millones de kWh brutos, y este año ya tendrá operativo su Almacén Temporal Individualizado (ATI), instalación destinada a guardar el combustible gastado.

Las dos unidades de la central nuclear de Almaraz generaron una producción bruta conjunta de 16.986 millones de kWh y una neta de 16.347, lo que constituyen los mejores resultados anuales logrados desde que la planta inició su actividad comercial en 1983. La producción de energía eléctrica bruta correspondiente a la Unidad I fue de 8.048 millones de kWh, y de 8.937,9 por lo que respecta a la Unidad II. Equivale al 27% de la producción eléctrica de las centrales nucleares en España. Los datos han sido aportados por el hasta ahora director de la planta, José María Bernaldo de Quirós, cargo que ha asumido el ingeniero industrial especializado en energía nuclear Rafael Campos, procedente de la central de Cofrentes.

En 2017 se realizó la vigésimo quinta recarga de combustible de la unidad I, una actividad que precisó de una parada de 34 días. En esta recarga se ejecutaron más de 9.000 actividades en las que participaron en su realización 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla, la mayoría de Extremadura. Por lo que respecta a la unidad II, operó de manera estable durante este periodo hasta junio, cuando se efectuó una parada programada de 3 días de duración para la realización de las pruebas de operabilidad del generador diesel 4DG.

El 9 de abril se inició la recarga número 24 de la unidad II, operación que durará 34 días, y en noviembre está prevista la recarga número 26 de la unidad I, ha explicado Bernaldo de Quirós. En este sentido, la próxima recarga de la unidad I obligará a inaugurar el propio ATI de Almaraz, instalación destinada a guardar el combustible gastado. Será la recarga número 26, la número 50 en el conjunto de las dos unidades de Almaraz, la que estrene este ATI, cuyas obras ya están finalizadas, por lo que, una vez se reciba la autorización correspondiente para su uso, ya estará operativo.

«La obra está finalizada completamente, el almacén está listo, las pruebas del contenedor está también finalizadas», ha explicado Bernaldo de Quirós, que indicó que se está «en el trámite de la autorización final de puesta en marcha» de la instalación. Según ha relatado, en la actualidad está en curso la autorización final por parte del Ministerio de Energía y para la que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deberá emitir un informe previo. Por eso, la central nuclear maneja la previsión de que se pueda cargar el primer contenedor en el verano de este 2018.

Por ello, la previsión de la dirección de Almaraz es extraer 32 unidades de combustible gastado antes del mes de noviembre, según explicó Rafael Campos. Aunque en cada recarga se introducen 64 nuevos elementos de combustible, la piscina de combustible gastado de la unidad I, que presenta un índice de saturación del 92%, aún permite guardar 32, por lo que los otros 32 restantes serán introducidos en un contenedor de almacenaje que será depositado en el ATI. En el caso de la Unidad II, el grado de ocupación es del 87,43% y su año de saturación está previsto para 2021.

El ATI de Almaraz, cuya construcción ha supuesto un desembolso de unos 24 millones de euros, se ubica sobre la zona norte de los terrenos de Almaraz a partir de un estudio pormenorizado de numerosos factores, tanto geológicos como medioambientales, así como de seguridad. El ATI puede albergar hasta 20 contenedores de almacenaje y transporte, cada uno de ellos con una capacidad de albergar 32 elementos de combustible gastado. Cada contenedor es de acero forjado, de blindaje biológico y presenta dos tapas, una exterior y otra interior, y un espacio presurizado con helio entre ambas. El ATI de Almaraz es similar al construido en la central nuclear José Cabrera, en Zorita de los Canes (Guadalajara).

Preguntado por la solicitud de renovación de la licencia de explotación de Almaraz, la cual finaliza en 2020, Campos ha explicado que en junio presentaron la documentación preceptiva. Sin embargo, la solicitud como tal de la renovación se deberá elevar, si así lo consideran las propietarias de la central por los años que decidan, hasta 2 meses después de la publicación del Plan de Energía y Clima, aunque la fecha tope será marzo de 2019.

Campos admitió que «hay una cierta incertidumbre» por este asunto, tras lo que ha reiterado que el objetivo de Almaraz es «seguir operando de una forma totalmente segura y totalmente fiable, listos y preparados para el futuro». Campos ha destacado que Almaraz es «la primera central española que se va a aproximar al hito de renovar la autorización de explotación», y el resto de las plantas del país van detrás, lo que supone un «reto muy importante» para la instalación cacereña, que «desde luego va a ser una referencia«, auguró.

A lo largo del pasado año, la Unidad I notificó 3 sucesos, y 5 la Unidad II, todos ellos de escasa incidencia. Campos ha aseverado que la central cacereña cuenta con los instrumentos, herramientas, procesos y planes más innovadores en materia de seguridad, ya no solo laboral sino también medioambientalmente. Ha recordado que recientemente el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) subrayó el «compromiso» de la dirección de la central nuclear con la seguridad a largo plazo de la planta y la voluntad de mejora continua en esta materia.

Expertos adscritos al Programa de Grupos de Examen de la Seguridad Operacional de la OIEA evaluaron numerosos aspectos de la central contrastando procesos, actividad, funcionamiento y fiabilidad de la planta bajo estándares internacionales de seguridad. Este grupo de especialistas internacionales han reconocido y valorado «los importantes avances realizados» por la central de Almaraz «para situar la seguridad como la prioridad principal de la planta«. Esta misión OSART ha sido la número 200 desde que este organismo internacional iniciara este tipo de evaluaciones en 1982. Según las previsiones, los expertos volverán a Almaraz dentro de 18 meses para completar esta labor.

Además, a final de año se realizará en la Central de Almaraz la evaluación de cultura de seguridad, un aspecto en el que la planta sigue «queriendo mejorar» para «seguir creciendo en este aspecto». Campos resaltó que además de la producción de la planta, «también está el valor social» por su generación de empleos directos e indirectos, así como colaboraciones, apoyos y contribuciones al entorno, a través de los impuestos.

A partir de ahí, el «principal reto» que se ha marcado Rafael Campos es «estar preparados para el futuro», con varios «hitos importantes» en 2018, como la llegada de la Guardia Civil a la planta para su vigilancia. La Guardia Civil contará con un cuartel en el interior de la planta y su llegada está prevista para «el último cuatrimestre del año«, ya que todavía se está «trabajando en ello, en contacto» con la Benemérita.

La central nuclear de Trillo finalizó 2017 con su sexto mayor año de producción y ve el ATC “irrenunciable»

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EFE. – La central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha concluido 2017 como el sexto año con mayor producción de energía eléctrica de la historia con 8.530,7 gigawatios hora, un año en el que la central ha aportado 50 millones de euros a la economía de Castilla-La Mancha.

Es uno de los puntos a destacar, tras el balance realizado por Aquilino Rodríguez, director de la Central Nuclear de Trillo. Así, Aquilino ha asegurado que la planta genera 1.300 empleos en la región, entre directos e indirectos, y tiene una inversión de unos 40 millones, en actualización tecnológica, modernización y mejora de la seguridad.

En otro sentido, el director ha afirmado que, si bien es «indudable» que la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares va con retraso, el proyecto es «irrenunciable de momento». Rodríguez ha señalado que, a pesar de los retrasos en la construcción del ATC, que se prevé ubicar en Villar de Cañas (Cuenca), «no se ha dado ni está previsto en el corto plazo dar carpetazo al ATC».

En este sentido, Rodríguez ha afirmado que el ATC es el paso previo a tener un almacenamiento geológico profundo, de forma que los residuos de las centrales nucleares pasarían del Almacenamiento Temporal Individual (ATI) al ATC y después, al almacenamiento geológico profundo, que en estos momentos no está prevista su construcción.

El director, en su balance, también ha apuntado que en octubre de 2017, la Central Nuclear de Trillo acogió una Peer Review, en la que a lo largo de tres semanas, un equipo compuesto por más de 30 expertos de diez nacionalidades diferentes evaluaron distintas facetas del funcionamiento de la planta, un trabajo que ha dado como resultado que se han identificado ocho áreas de mejora. Durante este año, como novedad, el simulacro anual de emergencia interior se gestionó desde el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE).

En otro orden de cosas, se ha informado que durante el 2017, se generaron 33,44 metros cúbicos de residuos al tiempo que se retiraron 42,24 metros cúbicos, una retirada que ha ido acompañada por la consolidación de una cultural medioambiental entre todos los trabajadores de la Central para la reducción, segregación y reciclaje de los materiales residuales.

Uno de los puntos controvertidos, trata de la dotación de la Guardia Civil. Para el director de la central,  dicha dotación que presta servicio en la planta «ha venido para quedarse», debido a que el nivel de alerta terrorista se mantiene en 4.

Por último, si hablamos de política ambiental, Rodríguez ha recordado que la misión de la central pasa por «producir energía eléctrica de forma segura, viable, económica y respetuosa con el medio ambiente».

La nuclear aportó un 21,2% de la electricidad en España en 2017, según la SNE, que lamenta la fiscalidad soportada

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Europa Press / EFE.- La energía nuclear fue la primera fuente de generación eléctrica durante 2017 en España, según indicó la patronal eléctrica Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE), en la que concretó que los 7 reactores españoles aportaron el 21,2% de la electricidad.

El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, ha destacado que del total de la electricidad libre de emisiones generada en 2017, que supuso un 55%, 5 puntos menos que el año anterior, a la nuclear se debió en torno al 40%. En este sentido, Gago ha resaltado que la energía que produce el parque atómico español es «fiable, segura» y supone la «primera fuente de producción de la cesta energética» de España y estima que este hecho debe ser algo que debe considerar el Gobierno en su toma de decisiones de futuro, una vez disponga de las conclusiones del comité de expertos de energía sobre el marco energético nacional de cara a establecer una senda de futuro.

En total, ha precisado que en 2017 se alcanzó en España una producción neta de 262.665 millones de kilovatios hora de los que 55.612 (21,2%) fueron de origen nuclear. Además, añadió que a pesar del cierre de la central de Garoña (Burgos), en 2017 se ha consolidado un cambio de tendencia positivo en el consumo energético, que ha aumentado un 1,1% respecto a 2016. Cada central estuvo más de 7.850 horas de media conectada a la red eléctrica, lo que supone el 91,32% del tiempo del año de operación de manera «fiable» y «bien gestionada» durante el cual cada central invirtió aproximadamente unos 40 millones de euros, lo que garantiza que «todas» estén en disposición de «operar a largo plazo«.

En total, el 21,2% de la producción energética fue energía nuclear; el 18,3%, eólica; el 17,2%, carbón, el 14,2%, los ciclos combinados de gas natural; el 10,7%, la cogeneración y tratamiento de residuos; 7,8%, hidráulica; 5,2% solar fotovoltaica y térmica; 2,7% fuel y otro tanto de biomasa. Precisamente, Gago ha destacado que las bajas precipitaciones han contribuido a reducir la producción hidroeléctrica del tercer al sexto puesto en el mix mientras que aumentó la generación por carbón y gas natural, lo que ha disminuido el porcentaje de electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, esta bajó al 55%, cinco puntos menos que el año anterior.

Gago ha explicado que este descenso en la generación libre de emisiones se debe a la baja producción hidráulica, que, a consecuencia de la sequía y disminución de las precipitaciones, se redujo casi a la mitad. «Hay que remontarse a 1989 para alcanzar un dato menor en España», ha destacado. En la actualidad, según el presidente de la SNE, alcanzar los compromisos adquiridos por España respecto al medio ambiente «no se pueden acometer sin la aportación de la energía nuclear». Asimismo, Gago ha calificado la energía nuclear de «pilar fundamental de aportación a la cesta eléctrica, frente a una potencia instalada de las más bajas».

En total, desde que empezó a operar la primera central en España, la de José Zorita, en 1968, en estos 50 años que se cumplirán en julio, las centrales nucleares suman un total de 330 años de experiencia operativa y han evitado la emisión a la atmósfera de 40 millones de toneladas de CO2, con un total de 2 billones de kilovatios de electricidad producidos. Por ello, ha destacado que se trata de un sector maduro y con amplia experiencia.

En cuanto a la operación a largo plazo, el responsable de la SNE ha indicado que es una «tendencia internacional» que siguen países como Estados Unidos, operador al que sigue España, y donde 86 de las cerca de 100 centrales tienen permiso hasta 60 años y 3 están tramitando operar hasta 80 años. A su juicio, en España, «si se dieran las circunstancias» podrían producirse 1,2 billones de kilovatios hora. El documento de la SNE cifra en 27.500 los empleos directos e indirectos a tiempo completo generados por el sector y en 2.781 millones de euros su aportación al PIB.

Además, ha lamentado la alta carga impositiva que tiene este tipo de energía que, tras los últimos impuestos establecidos desde 2012, suponen más del 40% del coste de generación eléctrica. «Las centrales nucleares son viables técnicamente a largo plazo, pero con la carga impositiva actual a la industria no le salen las cuentas«, ha admitido. A nivel mundial, ha apuntado que la nuclear supone en torno al 11% de la electricidad y que la experiencia operativa del parque mundial asciende a 17.000 años de experiencia operativa que han evitado 40 millones de toneladas de CO2.

Entre otras cuestiones nucleares, Gago ha revelado que «a lo largo de este año» confía en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «espera conceder» las autorizaciones iniciales pertinentes para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado, que actualmente se encuentra «en proceso para iniciar la construcción«. Otros de los avances del año 2017 según Gago, son el hecho de que el parque nuclear ha terminado de implantar todas las medidas correctoras adoptadas después de las pruebas de resistencia a las centrales españolas para aprender lecciones del accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011.

Gago también ha valorado el despliegue de la Unidad de respuesta de la Guardia Civil para protección de instalaciones nucleares, dentro del modelo de seguridad desarrollado por los Ministerios de Interior y Energía, además del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, a lo largo de 2017 se ha implantado en la central de Trillo (Guadalajara) el servicio de apoyo de la Guardia Civil tras contemplar alguna «posible o potencial amenaza de seguridad física confidencial» y ha añadido que durante 2018 terminarán de implantarse los efectivos en el resto de las centrales (Ascó, Almaraz, Vandellós y Cofrentes).

Actualmente, un grupo de unos 35 agentes, por los que los titulares de las centrales pagan 61.000 euros por guardia civil al Estado, garantizan la seguridad física de las centrales de manera permanente en la planta. Gago ha añadido que esta medida de seguridad está costeada por cada titular de central y supone unos 4 millones de coste anual para cada emplazamiento. «Se ha detectado una nueva amenaza que es confidencial y la mejor forma para afrontarla es tener una fuerza de seguridad para repeler una agresión externa», ha justificado.

«La operación de las centrales nucleares es aliada de la lucha contra el cambio climático y para contener el precio de la electricidad», ha defendido Gago, quien apuesta por un diálogo y un marco regulador estable así como por incrementar la divulgación en la sociedad de la energía nuclear como fuente fiable y solvente. Por ello, el representante de la Sociedad Nuclear Española ha reclamado al Gobierno que considere «todos» los sistemas de generación a la hora de establecer el «equilibrio» en el mix energético español a largo plazo en el que opina que la nuclear debe formar parte porque se encuentran «en el mejor nivel de seguridad y fiabilidad«.

En esta transición energética, según ha advertido, un cierre precipitado, sin que existan las tecnologías renovables de respaldo y almacenamiento que la sustituyan, incrementaría los precios; impediría el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 y pondría en riesgo la continuidad de suministro. Finalmente, insta a que el Plan Integral de Energía y Clima que tendrá que aprobar el Gobierno reconozca la trascendencia de la nuclear en la consecución de los objetivos de fiabilidad, seguridad de suministro, competitividad y respeto al medio ambiente, para lo que ha reclamado un marco regulador estable y predecible a largo plazo.

Cae una red de empresas piratas por un fraude con descuentos en la luz de hasta el 30% para pymes

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Europa Press.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al menos a 18 personas en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana por formar parte de una organización criminal liderada por una única persona que, con ayuda de una amplia red de testaferros, defraudó 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como otros 14 millones a la Hacienda Pública y 20 millones en peajes no recaudados.

La organización desmantelada en este operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que mantiene abierto y en secreto las diligencias, sobre todo en lo que afecta al entramado internacional, hacía negocio con el desfase entre la energía contratada y pagada y la que posteriormente consumían 4.000 clientes, entre los que destacan grandes pymes y algunos de alta tensión y clientes domésticos.

De la operación Ámbar informaron el teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Francisco Almansa, y la subdirectora adjunta de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Paloma Espeja. Fue este último organismo el que alertó de un fraude al detectar el desfase entre la energía contratada y la finalmente comercializada. La UCO investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó, permitiéndose que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes. Se detuvo a 18 personas en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.

«El movimiento es lo que caracteriza a esta organización, todo tenía que hacerse muy rápido«, explicó el teniente coronel de la UCO, que puso en valor que por primera vez se haya conseguido acusar penalmente a unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras y a Hacienda. La organización criminal ofrecía descuentos de entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según detalló la subdirectora de Energía de la CNMC. «Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy competitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase», explicó Espeja.

La red se aprovechaba de los 4 meses que transcurren hasta que la CNMC abre investigaciones por los desfases entre la demanda contratada y la finalmente consumida. Disponía de 2 centros operativos con oficinas en Madrid y Barcelona, que fueron registradas en la operación, cuando se detuvo a los primeros 14 integrantes de la organización. Desde Madrid gestionaban la relación con las comercializadoras eléctricas, principales perjudicadas de un fraude que también tenía un «coste indirecto en el aumento del precio de la luz que paga el usuario final». En Barcelona se canalizaban todos los fondos, con un canal de blanqueo aún pendiente de investigación, a semejanza de lo que ocurre con otros fraudes parecidos en sectores como el de hidrocarburos.

Los responsables de la investigación han subrayado que en la CNMC existe un comparador de precios con tarifas máximas y mínimas, por lo que una tarifa con descuentos por debajo de esta horquilla resulta para los supervisores «sospechoso». El teniente coronel de la UCO se mostró convencido de que, tras la operación Ámbar (electricidad en griego), «bajarán el número de empresas piratas» en un mercado en el que compiten 450 comercializadoras, un número elevado en comparación con otros países, según los responsables de la CNMC.

6 detenidos por perforar oleoductos para robar unos 200.000 litros de gasolina y gasóleo

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Servimedia / EFE.- La Guardia Civil ha detenido a 6 personas en Huelva, Cádiz, Sevilla y Valencia por perforar oleoductos para robar unos 200.000 litros de gasolina y gasóleo, operaciones en las que han causado daños que podrían alcanzar los 7 millones de euros. Según fuentes policiales, la operación Collarín se inició en octubre del 2016, cuando la Guardia Civil detectó que se estaban realizando extracciones de forma ilícita de combustible en un oleoducto de la provincia de Castellón.

Los agentes pudieron comprobar la existencia de un grupo de personas que estaban realizando extracciones de gasolina y gasóleo, por lo que se estableció un dispositivo de seguimientos y control. Fruto de ello, los agentes procedieron a la detención de 6 personas, de entre 36 y 53 años, a los que se les imputan delitos de robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y estragos.

Igualmente, se estima que los daños causados podrían alcanzar un valor de 7 millones de euros, ya que habían ideado un método muy sofisticado para sustraer el gasóleo y la gasolina. Esta práctica suponía un alto riesgo para la seguridad pública ya que para tener acceso al combustible perforaban el tubo transportador, por lo que podía haber ocasionado una gran explosión, así como un riesgo medioambiental producido por el derrame de combustible. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) que ha decretado el secreto de las actuaciones.

Fraude en la gasolina: millones de euros que escapan al ciudadano gota a gota

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EFE.- En solo seis operaciones la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria destaparon durante el último quinquenio un fraude de impuestos en las gasolinas de 280 millones de euros, cifra similar a los presupuestos de la Diputación de Málaga y una cantidad con la que se podrían construir 10 colegios. Un delito «muy goloso» para operadoras poco escrupulosas debido al importante volumen de beneficios que genera.

Responsables del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO explican el modus operandi de estas organizaciones para defraudar a Hacienda tanto el IVA como el Impuesto Especial de Hidrocarburos, así como el arduo trabajo de los investigadores para tratar de recuperar el máximo de dinero posible de lo defraudado. Hasta ahora han conseguido la mitad, es decir, 139 millones. En primer lugar ponen sobre la mesa las cifras. Desde 2012 y hasta finales del año pasado, la UCO y la Agencia Tributaria o sus diferentes órganos llevaron a cabo 6 grandes operaciones por la práctica totalidad del territorio nacional, con 194 detenidos y 129 registros.

Lo defraudado por esos grupos delictivos asciende a 280 millones de euros, cifra que, si se hace caso a las cuentas de la Asociación Española de la Carretera, con ese dinero que el Estado ha dejado de ingresar podrían mejorarse algo más de 4.300 kilómetros de la red viaria a razón de 65.000 euros cada uno. Es solo un ejemplo de cómo al contribuyente le puede afectar ese fraude, que perjudica aún más al sector, ya que se ve arrastrado por la competencia desleal de los precios más bajos que ofertan las operadoras delictivas y, en muchas ocasiones, está abocado a imitar esas mismas prácticas.

Dos son los modus operandi que ha constatado la UCO. El primero de ellos, como queda demostrado en la reciente operación Burlao, con 21 detenidos y un fraude destapado de 24 millones, comienza con la constitución de una operadora que, legalmente, adquiere hidrocarburos en los depósitos fiscales, una compra que está exenta de IVA. Ese combustible lo distribuyen a los minoristas, las gasolineras fundamentalmente, a los que repercuten un IVA del 21%. Hasta aquí, todo aparentemente legal. Porque ese impuesto repercutido no lo pagan tal cual a Hacienda, sino que lo compensan con un IVA soportado de otras actividades secundarias, generalmente ficticias, de empresas pantalla.

Red para defraudar el IVA

De este modo, del IVA repercutido a los clientes restan el impuesto soportado por esas otras actividades y el resultado es un porcentaje mínimo a declarar a Hacienda, pero un beneficio máximo. Un claro ejemplo de esta forma de actuar es la organización, dirigida por italianos, que se desarticuló en la Burlao. La red contaba con una actividad paralela a la de la operadora de hidrocarburos que, supuestamente, se dedicaba a la compraventa de metales preciosos, pero en realidad los paquetes que movía no contenían oro sino cobre o curry.

Al IVA repercutido a las gasolineras le restaban el soportado por esa actividad de compraventa ficticia y pagaban a Hacienda un porcentaje casi irrisorio. Fue desarticulada a tiempo, porque, como explican los responsables de la investigación de la Guardia Civil, ya tenían en marcha dos operadoras más, dadas de alta para comenzar a funcionar, y su intención era adquirir gasolineras hasta contar con 100 en dos años. Si no hubiera sido por la operación, el negocio hubiera sido redondo, ya que la organización hubiera contado con clientes de su propiedad, que podrían haber entrado en el mercado con precios agresivos y «engullir» a sus competidores.

El otro modus operandi del fraude es más sencillo. Su mejor ejemplo es la operación Reata, también de 2016, con 9 detenidos y 11 millones defraudados. La red compraba el combustible, lo distribuía con un IVA repercutido y no lo declaraba a Hacienda, que cuando lo reclamaba se encontraba con peticiones de prórroga, documentos falsificados o, simplemente, con la operadora desaparecida y testaferros ilocalizables. Mientras, la organización constituía otra operadora que heredaba la cartera de clientes de su antecesora, pero cuyos vínculos era difícil demostrar.

Ambas modalidades se codean con otra que, además, pone en peligro la salud de los motores: adulterar el combustible y venderlo como gasóleo A cuando es B, por ejemplo. Más de 100 detenidos y un fraude de 10 millones fue el resultado de la operación Nehar en 2014 en 23 provincias. Y muchas denuncias de coches dañados. La operación Bashnya en 2012 (120 millones de fraude), la Walkers en 2013 (100 millones) y la Zelote en 2015 (15 millones) completan las seis actuaciones más importantes.

Si algo une a estas formas de fraude, además del combustible, es la dificultad para encontrar al jefe de la organización, escondido entre tanto testaferro, y para recuperar la mayor cantidad posible de lo defraudado. Porque todas estas tramas depositan en cuentas extranjeras la mayor parte de sus beneficios ilícitos. A pesar de las comisiones rogatorias, no todos los países colaboran por igual y en varios casos es necesaria una negociación para que al menos retorne a España la mitad.