EFE.- La comisión permanente del Congreso de Perú aprobó de forma unánime eliminar un impuesto en los recibos del servicio eléctrico para financiar el Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuya construcción está paralizada a raíz de que el consorcio concesionario devolviera el proyecto al Gobierno.

El parlamento peruano remitirá de inmediato la norma al Ejecutivo, que tendrá 150 días naturales después de su promulgación para reglamentar la ley y devolver el importe a los usuarios del servicio energético. En el debate parlamentario intervino el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien estuvo de acuerdo con dejar sin efecto este cargo. La presidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado, autora del proyecto de ley, defendió que las devoluciones deben tener efectos desde enero de 2015.

El impuesto eliminado se llama Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE) y servía para subsidiar al concesionario del gasoducto, de modo que sus ganancias durante los primeros años de operación, cuando el transporte de gas sería menor, fuesen iguales a los años posteriores, cuando operase de manera completa. El impuesto fue creado por el gobierno del presidente Ollanta Humala y actualmente implicaba un cargo adicional del 2,87% sobre el consumo mensual de electricidad.

La concesionaria Gasoducto Sur Peruano, compuesta por la constructora brasileña Odebrecht, la energética española Enagás y la constructora peruana Graña y Montero, devolvió la concesión al Gobierno por no haber logrado la financiación necesaria en el plazo marcado por el contrato. El proyecto Gasoducto Sur Peruano prevé una inversión de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.