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La Asamblea de la Región de Murcia rechaza tramitar una iniciativa legislativa popular para obstaculizar las perforaciones con fracking

EFE.- La Mesa de la Asamblea Regional no ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular presentada por alcaldes del Noroeste, el Altiplano y la Vega Alta para que se convirtiera en una proposición de ley en la Cámara que endurezca los requisitos necesarios para efectuar perforaciones de fracking en la Región.

Los 5 miembros de la Mesa han rechazado el documento porque, en virtud del artículo 4.2 de la Ley reguladora de la iniciativa popular, ya se encuentra en tramitación la proposición de Ley de Podemos sobre esta materia, que se registró el 2 de junio, un mes y medio antes que la iniciativa firmada por los regidores de Abarán, Calasparra, Cieza, Jumilla y el municipio albaceteño de Hellín. Los regidores planteaban que la Cámara diera luz verde a una ley que obligue al Gobierno regional a reforzar las condiciones ambientales y de salud a los proyectos de fracking que impidieran la realización de los mismos.

En cambio, la propuesta de Podemos, que actualmente se encuentra en fase de presentación de enmiendas, plantea directamente prohibir el fracking mediante esta técnica atendiendo a las competencias autonómicas en materia de protección del medioambiente y de planificación de la actividad económica. El texto considera hidrocarburos no convencionales los líquidos o gases que estuviesen atrapados en la roca madre cuya permeabilidad sea inferior a 1 millidarcy, así como los gaseosos que estuviesen atrapados en vetas de carbón o de hulla y que no saldrían ni se desprenderían sin la inyección de grandes cantidades de agua a presión con aditivos químicos.

El empleo de esta técnica, si se aprueba la ley, conllevará la comisión de una infracción urbanística por parte de la Comunidad Autónoma en virtud de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Podemos ha recordado en el preámbulo de la norma que la Región tiene escasez de recursos hídricos y altos valores naturales y acuíferos que proteger, como el sinclinal de Calasparra, que se vería «amenazado» por la explotación del fracking en el Noroeste.

Para Podemos, existen numerosos riesgos asociados a este tipo de industria, que puede generar graves consecuencias para usos fundamentales como el abastecimiento humano y la agricultura, al tiempo que ha recordado que el Gobierno regional ha otorgado permisos para llevar a cabo esta práctica sobre acuíferos calcáreos, «los más frágiles y vulnerables a procesos de contaminación». Finalmente, Podemos ha advertido de los riesgos para la salud de esta práctica, puesto que la técnica emplea un «cóctel» de entre 500 y 600 sustancias químicas «desconocidas» en su mayoría al negarse las empresas a revelar la composición.

La argentina YPF se ve obligada a hacer público el contrato íntegro con Chevron para la explotación de Vaca Muerta

EFE.– La Justicia ordenó a la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, entregar el contrato íntegro que firmó con la petrolera estadounidense Chevron para la explotación conjunta del yacimiento de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta, según fuentes judiciales.

De este modo, la Justicia ordenó a YPF remitir en forma completa el acuerdo a partir de un pedido realizado por el exsenador socialista y actual diputado de Santa Fe, Rubén Giustiniani, quien inició el proceso en 2015 con una demanda para que se desvelara el contrato al sospechar que contiene cláusulas secretas. El exlegislador hacía especial hincapié en la documentación relacionada con la calidad ambiental y las actividades desarrolladas.

Dos jueces de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmaron la orden al rechazar un recurso extraordinario que presentó la multinacional argentina en el que alegaba que algunas cláusulas de ese contrato no podían publicarse debido a que contienen «información estratégica«. Así, la instancia judicial determinó que YPF deberá entregar una copia del convenio completa y sin tachaduras, al contrario de lo que había hecho en anteriores ocasiones.

El acuerdo fue rubricado por YPF y Chevron Corporation en 2013 y contemplaba la explotación conjunta de hidrocarburos en los yacimientos de Vaca Muerta. «Estamos hablando de la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, que es Vaca Muerta que se le dio en concesión directa a Chevron por 35 años. Por lo tanto, ratificamos el derecho de acceso a la información de un tema de interés público», señaló Giustiniani.

En este tiempo, YPF, al apelar la medida, argumentó la necesidad de no hacer público de forma íntegra el contrato para salvaguardar el «interés público y el de sus accionistas, públicos y privados». Según la petrolera, como consecuencia del acuerdo con Chevron se invirtieron, hasta diciembre de 2015, 4.700 millones de dólares, de los que 3.433 millones fueron aportados por la estadounidense, y se crearon unos 5.000 puestos de trabajo.

Nadal ve «incompatible» pedir precios «adecuados» y prohibir el fracking mientras Revilla le replica que “Cantabria no es el lugar”

Europa Press / EFE.- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reiteró y pidió respeto a la postura de la comunidad autónoma en contra del fracking y subrayó que no es el territorio adecuado para que apliquen esta técnica. Por su parte, el secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, reprochó que «no se puede pedir simultáneamente una industria fuerte en Europa con precios adecuados para la energía y, a la vez, prohibir cualquier tipo de exploración de hidrocarburos» como el fracking.

En este sentido, el secretario de Estado defendió que las empresas cántabras «tienen dificultades para competir en los mercados internacionales porque el precio de la energía no es suficientemente competitivo al tiempo que se impide que España conozca cuáles son sus recursos energéticos«, indicó Nadal sobre el rechazo de varias comunidades a este método de extracción de gas no convencional.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, argumentó que esta comunidad autónoma «no es el lugar» para realizar prospecciones de fracking y pidió «respetar la decisión unánime» de los 35 diputados de la región, incluido el PP cántabro, que en abril del año 2013 aprobó una ley para no realizar estos proyectos y que el Tribunal Constitucional tumbó en junio del 2014, argumentando que una comunidad autónoma no tiene competencias en la materia. De esta forma, Revilla ha negado ante Nadal la posibilidad de que haya fracking en Cantabria debido a la orografía de la comunidad. «El fracking no lo queremos porque hay estudios que dicen que puede generar problemas», sentenció Revilla.

Preguntado acerca de la solicitud de Ecologistas en Acción Cantabria para conocer si el Ministerio ha prorrogado un permiso que «amparaba» la extracción de gas no convencional mediante la técnica de fractura hidráulica en la zona de Valderredible, Nadal reconoció que no conoce la «situación administrativa concreta» de ese expediente, pero que se sigue el «estricto cumplimiento de los procedimientos».

Cuestionado también sobre la posición en contra del fracking de la sociedad y el Parlamento de Cantabria, el secretario de Estado aseguró que comprende «la preocupación por proteger una comunidad autónoma como Cantabria». «Pero, simultáneamente, tenemos peticiones continuas del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos de la región pidiéndonos que ayudemos a empresas cántabras que están teniendo problemas porque los costes energéticos son muy altos», expuso. En este sentido, indicó que «ambas cosas son incompatibles» porque «no podemos tener la energía más cara del mundo y luego querer que nuestras industrias permanezcan en territorio español». «Todo tiene un coste. Entonces, tenemos que evaluar en cada momento qué es lo que merece la pena», zanjó.

“Europa corre riesgo de desindustrializarse”

Asimismo, aclaró que «nadie está planteando hacer ningún tipo de actividad energética o industrial cerca de zonas protegidas o cercana a zonas donde pudiera existir el mínimo riesgo para la población» y que en la actualidad hay estudios geológicos para ver si existe o no recurso en el territorio, pero añadió que «no es menos cierto que Europa está corriendo el riesgo de desindustrializarse«. Nadal añadió que, según ha trasladado la Comisión Europea, el 80% de las inversiones europeas se están dirigiendo a Estados Unidos por el abaratamiento del precio del gas, que «tiene que ver con el fracking«. «No digo que hagamos como los Estados Unidos, y habrá que adaptar a las seguridades y garantías que exige Europa”, señaló.

A este respecto, ha incidido en que España es «el único país de Europa que no está buscando hidrocarburos, salvo Francia, pero en Francia tienen un 75% de energía nuclear», al tiempo que ha destacado que «todo el Mediterráneo está buscando hidrocarburos tanto convencionales como no convencionales», en referencia a países como Dinamarca, Chipre, Israel, Grecia o Croacia. Por ello, Nadal aboga por «lo primero, conocer cuál es nuestra riqueza en el subsuelo, saber qué es lo que tenemos; en segundo lugar, qué es lo que habría que hacer para obtenerla y si merece la pena; y, en tercer lugar, que se beneficien no solamente las empresas energéticas, sino también el conjunto de comunidades que estén próximas a la actividad».

Finalmente, ha asegurado que «pasa lo mismo con la energía nuclear», que aporta un 20% de la producción eléctrica en España. «Si desapareciera de la noche a la mañana, el coste de la energía subiría entre un 25% y un 30%. Eso quiere decir que no podemos prescindir de ella de forma inmediata, asumiendo un coste que supondría que todas las industrias electrointensivas desaparecerían de España y, al mismo tiempo, el recibo eléctrico subiría de manera importante», ha manifestado. Por ello, aunque ha comentado que la sociedad española «puede asumir» el coste de la desaparición de la energía nuclear, «pero que se sepa que existe«.

La argentina YPF y una filial de la estadounidense Dow firman un acuerdo para extraer gas no convencional

EFE.- El Gobierno de Argentina anunció un acuerdo comercial entre la petrolera estatal YPF y una filial de la multinacional estadounidense Dow que supondrá una inversión de 500 millones de dólares en 2016 para el desarrollo de un proyecto de gas no convencional, según fuentes oficiales. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentó una nueva etapa para el desarrollo masivo de El Orejano, primer proyecto de gas no convencional de Argentina ubicado en la provincia de Neuquén, con una superficie de 45 km2.

Este convenio permitiría triplicar, hacia finales de 2016, la actual producción de gas del bloque y alcanzar los 2 millones de metros cúbicos diarios, según detalló la Presidencia argentina. En ese marco, la compañía estadounidense invertirá 500 millones de dólares el próximo año, montante que se suma a los 350 millones ya concretados. Ambas compañías trabajan en este proyecto desde 2013, cuando suscribieron el primer acuerdo. Macri destacó la importancia del «trabajo en conjunto entre una empresa argentina como YPF y una multinacional tan respetada como Dow» y subrayó que la producción de gas permitirá «contribuir con el desarrollo argentino».

Más de 1.250 organizaciones de 64 países piden a los líderes políticos mundiales, incluido Rajoy, que rechacen el fracking

Europa Press / Servimedia.- Más de 1.250 organizaciones civiles y plataformas ciudadanas de 64 países firmaron una carta dirigida a los líderes mundiales, entre ellos al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que rechacen el fracking y apoyen su prohibición y lo expresen en acuerdos internacionales, como el que se negociará en la Cumbre del Clima de París. Entre estas organizaciones, figura Ecologistas en Acción, que señala que 74 organizaciones y plataformas le han hecho llegar la petición a Rajoy para que prohíba el fracking.

Además de rechazar la técnica de fractura hidráulica o fracking para la extracción de gas natural o petróleo de yacimientos no convencionales en España, los firmantes piden que se alcance un compromiso para dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo y posibilitar así una transición hacia un futuro con energía 100% renovable, necesaria para combatir el calentamiento global en la próxima cumbre mundial sobre el clima, que se celebrará en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Las organizaciones del Global Frackdown, movimiento internacional celebrado desde 2012, esperan que así se logre resaltar el creciente movimiento «contra esta peligrosa técnica y crear presión sobre los líderes nacionales para que se opongan a ella».

Las organizaciones españolas señalaron que, mientras Escocia, Francia y Bulgaria prohibieron el fracking o han establecido moratorias por los riesgos que conlleva esta técnica, el Gobierno de Rajoy ha impulsado «numerosos proyectos de extracción de gas mediante fractura hidráulica repartidos por buena parte de la geografía española».  «Estos proyectos han generado la creación de decenas de plataformas ciudadanas antifracking, con fuertes movilizaciones que se oponen a esta técnica, e incluso el desarrollo de legislación autonómica para frenarla en varias comunidades autónomas», destacaron. En septiembre, todos los partidos políticos con representación en el Congreso, a excepción de PP, CiU, PNV y UPyD, así como otras formaciones que no tenían representación parlamentaria, ratificaron su compromiso para la prohibición del fracking en España.

Entre las organizaciones firmantes hay entidades ambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace, y formaciones políticas como Equo e ICV. En este contexto, aseguran que las movilizaciones sociales de los últimos años demuestran que la ciudadanía «rechaza esta técnica debido a los riesgos que conlleva, tales como afecciones a la salud, contaminación de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, elevado consumo de agua, aumento del riesgo de seísmos o impacto paisajístico, entre otros». En definitiva, las organizaciones firmantes esperan que el presidente Rajoy tenga en cuenta esa «gran oposición» ciudadana y que el Gobierno frene de una vez los proyectos de fracking en España y abra paso a las energías renovables.

También a Juan Vicente Herrera

Por otro lado, Ecologistas en Acción de Castilla y León también envío esta carta al presidente de la comunidad autónoma, Juan Vicente Herrera, para pedir la paralización de la fractura hidráulica. Ecologistas en Acción incidió en que los impactos negativos del fracking incluyen contaminación del aire, con grandes emisiones de metano, gas con 21 veces más potencial de calentamiento global que el CO2, y agua, problemas en la salud pública, terremotos, además de ir en detrimento del cambio «urgente e inevitable» hacia las energías renovables.

La organización añadió que en Castilla y León, la provincia de Burgos es en la que los permisos de fractura hidráulica están más avanzados de toda España y, tras rechazar en tres ocasiones las mociones de oposición en terreno burgalés, acabaron por presentar alegaciones en contra de los pozos proyectados por BNK y por aprobar una moción en contra de esta técnica a la espera de nuevas informaciones que certifiquen que su puesta en marcha sería segura para la salud y el medio ambiente. Además, el permiso Gran Enara, que agrupa varios permisos de investigación que afectan a País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cantabria, fue ampliado por el Ministerio de Industria hasta 2017.

Finalmente, Ecologistas en Acción denunció que «la industria del petróleo y el gas haya gastado millones de dólares en campañas de relaciones públicas para poder extraer combustibles sin la suficiente supervisión gubernamental». Sin embargo, han asegurado la opinión pública en oposición al fracking continúa creciendo. «Mientras que la industria trabaja intensamente para proteger sus ganancias y extinguir la demanda mundial de combustibles limpios y renovables, hay un enorme movimiento en marcha en todo el mundo para proteger nuestros recursos globales del fracking«, ha aseverado Ecologistas.

El Defensor del Pueblo vuelve a pedir a Industria información sobre el fracking

Europa Press.- El Defensor del Pueblo ha vuelto a solicitar al Ministerio de Industria, por segunda vez en lo que va de año, información sobre el fracking, según indicó la organización agraria UGAM-COAG, quien planteó una queja ante esta institución en relación con el permiso de investigación Luena, en el que se prevé el uso de la fractura hidráulica en los Valles Pasiegos (Cantabria), y considera «evidente» que el Ministerio de Industria «está incumpliendo» con su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo ya manifestó previamente que se estaban tramitando permisos de investigación sin que estuviese probado que existan técnicas para minimizar los riesgos derivados del fracking. También ponía en duda que la aplicación de esta técnica supusiese un impacto positivo en la economía española. Por ello, el Defensor del Pueblo requirió en diciembre de 2014 a Industria que le remitiese información en la que acreditase «que existen soluciones técnicas para evitar impactos no deseados que deriven del fracking de manera que, aplicándolas, el riesgo de contaminación resulte equiparable al del empleo de técnicas convencionales de explotación de hidrocarburos».

En su petición, el Defensor también solicitaba al Ministerio la remisión de «estudios concluyentes acerca de la incidencia positiva y significativa» en el modelo energético nacional que tendría la explotación de los yacimientos de gas no convencional existentes en España mediante el empleo del fracking; y que valore y motive la autorización de su uso en relación con los riesgos ambientales y para la salud y seguridad de las personas.

Puesto que el Ministerio de Industria no remitía dicha información, el Defensor del Pueblo se lo volvió a requerir en el pasado marzo, esta vez con carácter de urgencia. Ahora, puesto que Industria continúa sin enviar la información, el Defensor del Pueblo ha emitido una nueva notificación. En este sentido, UGAM-COAG recuerda el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981 que establece que «todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones».

Shale Gas España destaca que dos informes avalan que el fracking es seguro

Europa Press.- La asociación Shale Gas España señala que dos informes realizados por «reputadas organizaciones científicas», la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA en sus siglas) y la Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería (Acatech) de Alemania, confirman que la técnica de fracturación hidráulica «es segura y se puede desarrollar sin riesgos cuando se aplican las mejores prácticas en la industrias y bajo una regulación adecuada».

El director general de Shale Gas España, David Alameda, destacó que los informes reconfirman que «cuando las cosas se hacen bien, la fracturación hidráulica es tan segura como otras de las técnicas industriales que nos rodean». Según Acatech, de acuerdo con las evidencias científicas y técnicas existentes «no es justificable una prohibición de la técnica de fracturación hidráulica o fracking«.

Por su parte, el informe de la EPA destaca que las actividades de fracturación hidráulica «no se han traducido en la generación sistemática de impactos sobre los acuíferos». Además, señala que en aquellos casos «extremadamente raros» en los que se ha podido producir alguna contaminación ésta obedece a defectos en la construcción de los pozos o en el proceso de tratamiento de las aguas residuales, es decir, «mala praxis que no son inherentes a la técnica de la fracturación hidráulica».

El director general de Shale Gas España añadió a este respecto que «la técnica y la ciencia han hablado y se deben escuchar». «España cuenta con el conocimiento, la legislación y las buenas prácticas para explotar nuestros recursos de gas natural de esquisto de forma segura», subrayó. Según Shale Gas España, las conclusiones de EPA y Acatech siguen en la misma línea que la de otros organismos y universidades de primer orden, tanto en los Estados Unidos como en Europa.

Shale Gas España pronostica grandes beneficios para las comunidades locales

Europa Press / EFE.- La asociación Shale Gas España considera que la modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos aprobada en el Senado introduce importantes novedades que beneficiarán a los municipios en los que se realicen trabajos de exploración, investigación o producción de hidrocarburos no convencionales mediante técnicas como el fracking, cuestionadas socialmente.

En este sentido, el director general de Shale Gas España, David Alameda, indicó que la nueva ley «acerca los beneficios de la exploración y producción de hidrocarburos a las comunidades que conviven con estos proyectos«, y al mismo tiempo «es un reconocimiento a la contribución que esta actividad supone para el conjunto de la sociedad». Para la asociación de empresas productoras y exploradoras de estos recursos, la nueva norma «mejorala seguridad de los suministros energéticos, contribuye a lamejora de la competitividad de las empresasy crea riqueza mediante la generación de actividad económica, empleo y pago de impuestos«.

La norma crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, que establece un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, se fija un canon de 125.000 euros que se abonará por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra. La Ley establece que las cantidades recaudadas tanto por el impuesto como por el canon deberán revertir con «especial intensidad» en las Comunidades Autónomas y en los municipios donde se ubiquen los pozos.

Además, las empresas deberán abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados en un perímetro en torno a los pozos, aunque esos terrenos se destinen a una actividad diferente a la extracción de hidrocarburos. En el caso del gas natural no convencional ese 1% supondrá una cantidad de entre 2 y 4 millones de euros por emplazamiento, según los cálculos de Shale Gas España. Estas nuevas tasas e impuestos se unen a las cantidades que los ayuntamientos recaudan por sus impuestos municipales, que oscila entre los 300.000 y los 600.000 euros por sondeo.

Las empresas indican que a este importe se debe añadir la actividad económica directa que genera a nivel local la construcción de un pozo de exploración, que requiere una inversión de entre 10 y 20 millones de euros y crea entre 50 y 150 puestos de trabajo en sectores como la construcción, la maquinaria auxiliar, el transporte, el suministro de materiales, la construcción o la hostelería. «En la fase de producción estas cifras se multiplican exponencialmente«, de modo que esta actividad «puede contribuir a dinamizar las economías locales en municipios que carecen de un sector industrial o de servicios», añade.