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La Junta de Andalucía lamenta que el Gobierno central «apoye económicamente» al proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana

Europa Press.- Mientras los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción, referentes en el espacio natural de Doñana, denuncian la subvención a Gas Natural por 6,3 millones de euros para el 2018 señalando que así se fomenta el «agravar» los problemas del parque, el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez Vidal, lamenta que el Ministerio» siga apoyando económicamente el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Martínez Vidal asegura que esta actuación contrasta con lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio llevó a efecto recientemente, refiriéndose a que la Junta «ha formulado un requerimiento previo al ejercicio de acciones judiciales en el Contencioso Administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente para que revise las declaraciones de impacto ambiental que se dieron a los 4 subproyectos en los que se divide este gran proyecto de almacenamiento de gas».

El director general de Prevención ha explicado que «estas declaraciones se dieron entre 2010 y 2013 y el único proyecto que cuenta con autorización es el de Marismas Occidental«, para el que solicitan que «se paralice la ejecución del proyecto«. «Nuestra petición se ampara en que recientes informes que se han conocido del IGME y del CSIC, que entienden que la evaluación que se hizo de manera fragmentada ni cuenta con el efecto acumulativo ni hace una valoración de riesgo de sismicidad inducida», ha indicado.

Por ello, ha señalado que, según el artículo 44 de la ley 21/2013, se ha solicitado la revisión de estas vías por «concurrir estas nuevas circunstancias y que se han puesto de manifiesto en los procedimientos de quejas que los defensores del pueblo, a nivel nacional y andaluz, tienen abiertos». De esta forma, ha asegurado que «el parecer de la Junta contrasta radicalmente con la forma de actuar del Gobierno que sigue apostando económicamente por este proyecto de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, un espacio natural único».

“Pagando para agravar los problemas”

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, incide en que la subvención a Gas Natural «es inmoral e incongruente».Y es que, agrega, se abona una subvención, que supone «la mitad del presupuesto anual para todo el parque», por el almacenamiento de una energía no renovable cuya utilización «agravará los problemas de cambio climático«.Por ello, el colectivo ecologista sigue reclamando la paralización del subproyecto ya en marcha y que se impidan los otros tres, así como una apuesta «clara» de las administraciones por la energía renovable «en todo su espectro y con cabeza».

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado que su asociación tiene «todas las esperanzas» puestas en los tribunales, al haber recurrido judicialmente todo el procedimiento administrativo.»Hay un informe del Defensor del Pueblo donde se pone de manifiesto que la iniciativa adolece de un estudio hidrogeológico, con una valoración de impacto incompleta. Lo más triste es confirmar cómo todo el mundo coincide en que hay que hacer una evaluación conjunta y ver la sinergia acumulativa de los proyectos y, sin embargo, el Gobierno central hace oídos sordos».

La demanda de gas natural se dispara un 9% en 2017

Europa Press.- La demanda nacional de gas natural alcanzó en 2017 los 351 teravatios hora (TWh), lo que supone un crecimiento de en torno al 9% con respecto al 2016, impulsada por las mayores entregas para generación de electricidad. De esta manera, se encadena el tercer año consecutivo de incrementos en la demanda de gas en España, según Enagás, con un incremento muy por encima de la previsión de principios de año, que era de un crecimiento anual del 2% aproximadamente.

La demanda industrial de gas natural, que representa cerca del 60% del total de la demanda, registró un incremento del 7%, «lo que pone de manifiesto la positiva evolución de la economía», señaló el operador del sistema gasístico. Además, entre los sectores industriales que más aumentaron su consumo de gas se encuentran la metalurgia y la construcción. Por su parte, la demanda de gas natural para generación de electricidad creció un 27%, influido por la escasa generación hidráulica en 2017.

Mientras, el consumo de gas natural en los hogares, comercios y pymes se ha mantenido estable con respecto al 2016, debido a que se ha compensado el efecto de la incorporación de nuevos clientes con unas temperaturas más cálidas que las registradas en 2016. La demanda de gas natural ha aumentado en casi todas las comunidades autónomas, siendo las regiones en donde más ha crecido La Rioja (+36%), la Región de Murcia (+32%), Asturias (+23%), Aragón (+21%) y Galicia (+16%).

El 88,5% de los consumidores cree que el precio de la energía en España es el más caro de Europa

Europa Press.- El 88,5% de los consumidores opina que el precio de la energía en España es uno de los más caros de Europa, según se desprende del IV Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente, realizado por el comparador Rastreator.com.

Precisamente, desde 2007 el precio antes de impuestos de la luz y el gas ha subido el doble en España respecto a Europa. La preocupación de la población por el encarecimiento del recibo es evidente, más tratándose de un servicio de primera necesidad que puede suponer hasta el 5% de un salario medio. Por ello, son muchos los hogares que toman medidas de ahorro para controlar y reducir en lo posible ese gasto, según Rastreator.

En primer lugar, el consumidor adopta proactivamente medidas para modificar su patrón de consumo eléctrico. El 83,8% intenta reducir al máximo su consumo y un 38% lo concentra en las denominadas horas valle, cuando las tarifas son más económicas. Otros han hecho el ejercicio de revisar los términos de sus contratos y cambiar a otra modalidad más adecuada a su perfil: el 40,6% ha contratado otro tipo de tarifa, el 31,8% ha cambiado de compañía suministradora de electricidad y un 31,1% redujo la potencia contratada.

Por otro lado, están las medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética de la vivienda. El 76,6% asegura que utiliza electrodomésticos más eficientes o de menor consumo, el 73,3% usa bombillas LED y el 65,3% ha invertido en un buen aislamiento de la vivienda. Los consumidores son capaces de llegar a medidas más extremas. Por ejemplo, casi un tercio de los encuestados (32,6%) asegura que pasa frío en invierno para ahorrar en calefacción. Esta situación se vuelve particularmente complicada en la población más joven, de 18 a 24 años, donde este porcentaje se incrementa sustancialmente, llegando a alcanzar el 44,3%.

Fernando Summers, CEO de Rastreator.com, asegura que «los consumidores españoles se han mostrado muy concienciados en los últimos años en cambiar sus patrones de consumo para así ahorrar, en la medida de lo posible, en la factura energética. Entre todas las medidas posibles, se hace fundamental estudiar bien y conocer nuestro consumo idóneo para poder valorar todas las opciones que ofrece el mercado. De hecho, el 32,7% de los consumidores reconoce que nunca ha cambiado de proveedor energético por pereza«.

El Gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica antifracking de Castilla-La Mancha, que argumenta “proteger el territorio”

Europa Press.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reaccionado, después de que el Gobierno central acordara interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antifracking de la región, destacando que promueve un modelo que «protege el territorio». Madrid recurre determinados preceptos de la ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medioambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking.

El fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo y el Gobierno entiende que las normas de protección reguladas en la ley manchega vulneran las competencias estatales sobre hidrocarburo y medioambiente. Por ello, el Ejecutivo de Rajoy invoca el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, considera que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental».

En País Vasco sin suspensión

En concreto, el Gabinete de Rajoy concluye que la ley manchega que prevé la elaboración de un plan estratégico para prohibir el fracking «en zonas de restricción y zonas de exclusión» supone «una vulneración de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como la Ley de Evaluación Ambiental». El Tribunal Constitucional ya ratificó en tres ocasiones recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra distintas iniciativas legislativas regionales, como sucedió en 2014 en Cantabria o en La Rioja, o en 2016 en Cataluña. En el País Vasco también se redactó en 2016 una ley similar a las anteriores, pero sin una prohibición explícita, contra la que el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Constitucional levantó la suspensión.

Castilla-La Mancha: “Protege el territorio”

Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo castellano-manchego, Francisco Martínez Arroyo, defendió en su cuenta de Twitter que «frente a un modelo energético insostenible y no respetuoso con el medio ambiente», la Junta «apuesta por otro que genera riqueza y protege el territorio«. «Frente a un modelo de decisiones sin contar con los ciudadanos, un orgullo escuchar la voz de las gentes de CLM @frackingNOguada», señaló el consejero.

El gas natural se dispara un 6,2% para el primer trimestre por el repunte del coste de la materia prima

Europa Press.– La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural se ha incrementado para este primer trimestre de 2018 un 6,2% de media respecto al precio del último trimestre del 2017, según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En concreto, el precio de la TUR 1, a la que se acogen los consumidores con consumos menores o iguales a 5.000 kWh anuales (agua caliente y cocina) subirá un 4,9%, mientras que para la TUR 2, para consumos entre 5.000 y 50.000 kWh al año (agua caliente y calefacción), se incrementará un 6,6%. Esta fuerte subida en el recibo del gas se debe, principalmente, al encarecimiento del coste de la materia prima en los mercados internacionales en un 18,8%.

De esta manera, el precio del gas natural rompe con la tendencia bajista registrada en la segunda mitad del 2017, tras haberse abaratado un 1% en el tercer trimestre y un 1,3% en el último, repuntando con fuerza coincidiendo con el invierno. Para el cálculo de la TUR se tienen en cuenta los peajes de acceso, congelados por el Gobierno por cuarto año consecutivo, y el precio del gas, que se obtiene según la cotización internacional del gas, la evolución del crudo Brent y la subasta de adquisición de gas.

La Tarifa de Último Recurso de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, unos seis millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,7 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR. El Ministerio de Energía estima un superávit de unos 10 millones de euros para el sector gasista en 2018.

La CNMC insiste a Energía en la «urgente necesidad» de aprobar medidas para adecuar sus competencias a la normativa comunitaria

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiteró al Gobierno la «urgente necesidad» en que apruebe las medidas legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las del resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.

El organismo ha aprovechado la publicación de los informes sobre peajes de acceso de energía eléctrica para 2018 y sobre peajes, cánones y retribución asociados al acceso a las instalaciones gasistas en 2018, para volver a pedir al Ejecutivo la aprobación de estas medidas con el objetivo de poner fin al procedimiento de infracción abierto en 2016 contra el Reino de España por «la incorrecta transposición al ordenamiento español de las Directivas 2009/72/EC y 2009/73/EC».

De acuerdo con ello, la CNMC señala que debe ser ella quien debe determinar tanto la retribución de las actividades reguladas que se financian con cargo a peajes, como la estructura, las condiciones de aplicación de los mismos y las reglas de asignación de la retribución a los peajes regulados. Así, el superregulador advierte de que este incumplimiento «ha impedido cumplir con las obligaciones impuestas en el Reglamento (UE) 2017/460».

La CNMC mantiene un enfrentamiento con el Ejecutivo, cuyo último episodio ha acabado en los tribunales con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el organismo contra el Real Decreto 903/2017 por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico. En el fondo de esta pugna por estas competencias entre la CNMC y Energía se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En lo que se refiere al informe sobre el sector eléctrico, la CNMC considera que los ingresos de peajes en el sector eléctrico serán suficientes para cubrir los costes previstos tanto en 2017 como en 2018. Eso sí, señala que la demanda prevista para 2018 en la propuesta de orden del Ministerio de Energía es inferior a la estimada por diversos agentes, mientras que los ingresos son un 1% superiores a los previstos en 2017.

Suficientes para cubrir los costes

Respecto a los costes previstos para 2018, afirma que se tiene en cuenta el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de octubre respecto al recurso contencioso-administrativo número 1379/2016 en la retribución de la distribución y estiman un aumento relevante de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares. Asimismo, según la propuesta de Orden, los ingresos de peajes serán suficientes para cubrir los costes previstos de 2018, si bien se prevé la incorporación de superávit de ejercicios anteriores, para cubrir posibles desajustes.

Adicionalmente, Competencia realiza observaciones sobre la falta de metodología de cálculo de los cargos, lo que deja en suspenso su metodología de determinación de los peajes de transporte y distribución. A este respecto, subraya que ambas cuestiones «contribuirían a la transparencia y darían certidumbre al desarrollo del autoconsumo». Además, se reclama el desarrollo reglamentario para los superávits acumulados de los ingresos y se urge al Ministerio para que apruebe la metodología de retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía y del Operador del Sistema.

En lo que se refiere a los peajes y retribuciones del sector gasista, el regulador cree que las previsiones de la propuesta de orden de demanda e ingresos podrían estar infravaloradas para el cierre del ejercicio 2017 y, por el contrario, sobrevaloradas para el ejercicio 2018, lo que tiene como consecuencia una sobreestimación del déficit esperado para el ejercicio 2017 y una sobrevaloración del superávit del ejercicio 2018. Según la propuesta del Ministerio, los ingresos de peajes y cánones previstos para cerrar el ejercicio 2017 son insuficientes para cubrir los costes y el déficit se elevará a 120 millones de euros, mientras que en 2018 se registrará un superávit estimado en 10 millones de euros.

Según las estimaciones de la CNMC, el desajuste de 2017 y 2018 podría alcanzar saldos negativos de 84 millones de euros y de 99 millones de euros, respectivamente. Adicionalmente, realiza algunas observaciones como la no inclusión de referencia a la tarifa de alquiler de contadores propuesta por la CNMC en marzo y que supondría una rebaja para 7 millones de consumidores o la valoración positiva de la habilitación a Mibgas a negociar productos de transferencia de titularidad de gas con entrega en instalaciones no incluidas en el sistema gasista español.

El TUE dictamina que un país no puede forzar a un proveedor de gas a tener reservas en su territorio

Europa Press.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado en una sentencia que un Estado no puede obligar a un proveedor de gas natural a mantener exclusivamente en el territorio nacional reservas suficientes para cubrir la demanda nacional.

El caso enfrenta a las gasistas Eni y Uprigaz con el Gobierno francés por su decreto que les obliga a tener en Francia reservas de gas natural suficientes y entienden que infringe la normativa europea sobre seguridad de suministro de gas natural, algo que Francia pidió aclarar a la justicia europea. El TUE asegura que una norma como la francesa, que impone a los proveedores de gas natural mantener reservas suficientes «exclusivamente» en el territorio nacional, es incompatible con la normativa europea, dado que ésta prohíbe expresamente considerar únicamente las infraestructuras situadas en territorio nacional.

No obstante, el Tribunal de Justicia europeo considera que, en este caso, la obligación de almacenamiento en territorio nacional «podría ser compatible» con la normativa europea si se comprueba que los proveedores pueden cumplir sus obligaciones a nivel de la Unión al poder tener en cuenta las autoridades galas la consideración de «demás elementos de organización», en virtud del decreto.

El tribunal reconoce que la normativa europea permite a los países imponer «obligaciones adicionales» a proveedores de gas por razones de seguridad de suministro, incluido de almacenamiento para abastecer a clientes que no figuran entre los «protegidos», si se cumplen determinados requisitos, entre ellos, que no se distorsiona indebidamente la competencia, no se obstaculiza el funcionamiento del mercado interior de gas ni afecta negativamente a la capacidad de otro país de la Unión Europea de suministrar gas a sus clientes protegidos en caso de emergencia.

La CNMC abre expediente a Gas Natural Fenosa y a Endesa por indicios de alteración de precios de la luz

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación, que ya anunciaron la presentación de alegaciones, tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017. En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada abrió dicho proceso sobre ambas compañías por una presunta infracción grave de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

A la vista de los precios que se registraron en el mercado de generación eléctrica, en febrero de 2017 se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real. Sobre la base de la información reservada realizada, la Dirección de Energía ha observado indicios de posible alteración del llamado despacho de generación del pool para obtener ingresos superiores en mercados de restricciones (ajustes que se realizan por motivos de seguridad en el suministro).

Es decir, según la CNMC, habrían realizado una oferta «anormalmente elevada» para que dichas centrales participaran en el mercado de restricciones y obtener así mayores ingresos. De esta manera, habrían llegado a impedir su programación durante días, a pesar de que el contexto generalizado de precios elevados debería haber conducido justo a la situación contraria, con pleno conocimiento de la empresa de la alta probabilidad de que las centrales acabarían siendo programadas por restricciones técnicas (por motivos de seguridad en el suministro). Dicha conducta podría haberse producido por parte de Gas Natural Fenosa Generación en cinco centrales (Sagunto, San Roque, Málaga; puerto de Barcelona y Besós) y por parte de Endesa Generación en la central de ciclo combinado de Besós.

Endesa alegará contra la CNMC

Por su parte, Endesa presentará alegaciones contra el expediente sancionador abierto por la CNMC contra la filial de Generación de esta compañía. «Acabamos de recibir el expediente, lo vamos a estudiar y presentaremos alegaciones», anunciaron fuentes de la compañía, que asegura que presenta sus ofertas «por igual» en todos los ciclos combinados con los precios referenciados al Mibgas. Asimismo, expresa su extrañeza y malestar por la incoación por parte de Competencia de este expediente sancionador, al considerar un contrasentido que quiera incrementar los precios del gas cuando esa estrategia perjudica a su cuenta de resultados.

Concretamente se trata de una infracción prohibida en el artículo 65.34 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que tipifica «la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado«. El periodo por el que ha abierto este expediente la CNMC corresponde al invierno pasado, en el que se registró una espiral alcista en los precios de la electricidad, especialmente en enero, en el que se llegaron a registrar cotas en algunos momentos puntuales de más de 100 euros por megavatio hora (MWh).

Ante este hecho, el Gobierno adoptó un paquete de medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que repercutiera en un abaratamiento de la electricidad. En concreto, se aprobó la creación de la figura de un creador del mercado en el sector del gas, y se anunció la obligatoriedad para que los operadores dominantes, precisamente Gas Natural Fenosa y Endesa, hagan también estas ofertas dentro del mercado del gas (Mibgas). Esta medida, a pesar de ser anunciada hace un año, entró en vigor recientemente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una obligación que ya ha sido recurrida por Gas Natural Fenosa.

El gas licuado por canalización sube un 2,7% en su parte variable

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha subido un 2,7%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 84,2755 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 82,0534 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subió un 3,3%, desde los 67,4746 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 69,6967 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

Nadal asevera que el carbón ha evitado un aumento medio del 26% del precio mayorista de la luz desde 2015

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la eliminación de la oferta de las centrales de carbón del mix energético español habría supuesto un incremento medio del 26% en el mercado mayorista de la electricidad en los últimos tres años. Nadal señaló que estos datos del operador del mercado eléctrico, Omie, confirman que es «para pensarse si es tan fácil retirar todo el carbón».

Asimismo, añadió que sin la energía nuclear los precios de la electricidad habrían aumentado un 25% en ese periodo, por lo que pidió analizar la «viabilidad económica» en los pasos que se den en la transición energética. Por ello, Nadal subrayó que ante la necesidad de otras tecnologías para cubrir la demanda, ya que las renovables «no son capaces de generar las 24 horas», el debate estará entre el gas y la nuclear, energía que el Gobierno defiende que se debe «mantener durante esta década«.

Derechos de emisión de CO2

Asimismo, defendió el papel del carbón dentro del mix energético para cubrir las puntas de consumo ya que «es más barato que el gas». No obstante, consideró que a 2030 esta situación puede cambiar ante la evolución que pueden tener ambas fuentes y el sobrecoste que puede suponer para el carbón el pago de los derechos de emisión de CO2. De esta manera, Nadal aseguró que en este debate «sobra ideología y falta reflexión» y pidió considerar que la decisión entre elegir un camino u otro para alcanzar la reducción de emisiones representa «diferentes» costes.

«En energía no existe ninguna medida absolutamente perfecta y necesitamos saber, en un análisis de coste y beneficio, cómo llegar a una economía cada vez más descarbonizada. Pero esto no es un salto, es una transición, ya que tiene distintos costes sobre el conjunto de la economía», apuntó al respecto. Así, pidió «un debate profundo y honesto» respecto al camino a seguir en la transición energética y subrayó que, además, existe una variable “desconocida”, que es «cuál va a ser el grado de avance tecnológico».

Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, destacó que el objetivo del informe Cepsa Energy Outlook 2030 es que la empresa «intervenga» en el debate sobre cómo afrontar la actual transición energética en la que está inmerso el mundo y contar con «su propia visión del mundo de la energía» para llevar a cabo un plan estratégico que «generará valor a la compañía«. Para ello, Miró señaló que esta visión realizada por Cepsa tiene en cuenta a un mundo que es «cada vez más fragmentado».