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La CNMC multa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por formalizar contratos sin el consentimiento de 7 clientes

Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. En concreto, el organismo presidido por Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor.

En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su consentimiento. En consecuencia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural como responsables de infracciones leves de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador. La CNMC ha acreditado que, en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento. Concretamente, la CNMC ha impuesto las siguientes sanciones: Endesa Energía, cinco multas de 20.000 euros cada una de ellas, hasta un total de 100.000 euros, en cuatro expedientes distintos; Iberdrola Clientes, una multa de 30.000 euros; Gas Natural Servicios, una multa de 10.000 euros y Viesgo Energía, una multa de 15.000 euros. Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios. Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Facua critica a los comerciales

Facua asegura que tanto el Gobierno como las autoridades de protección al consumidor autonómicas «vienen manteniendo» una actitud pasiva en relación a la mala praxis de algunas comercializadoras que han sido multadas por parte de la CNMC. En este sentido, la organización equipara este «macrofraude» con el que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones y recomienda a todos los usuarios que hayan sido «víctimas» que denuncien sus casos ante el organismo regulador. De igual modo, Facua denuncia «especialmente» los casos en los que los usuarios afectados por el cambio de compañía perdieron el bono social y asegura que la CNMC analiza 270 denuncias presentadas por esta asociación en nombre de sus asociados.

Salvemos Doñana propone a la Junta andaluza que acuda al Tribunal de Luxemburgo contra la autorización al almacén de gas

Europa Press.- Miembros de la Plataforma Salvemos Doñana se reunieron con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, para solicitar a la administración andaluza la garantía de que el Gobierno andaluz está actuando y valorando sus opciones para parar el proyecto Marismas Occidental del almacén de gas natural en Doñana, que ya está en marcha, y el compromiso de mantener «hasta las últimas consecuencias» esta oposición oficial a convertir Doñana en almacén industrial.

En particular, Salvemos Doñana ha requerido a Fiscal que la Junta de Andalucía «pase a la acción» para paralizar el proyecto industrial y, concretamente, solicitan que se acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, radicado en Luxemburgo. Los asistentes consideran que ha sido un encuentro necesario para intercambiar información y planificar las actuaciones a llevar a cabo para continuar trabajando para la paralización del proyecto mediante acciones políticas, movimiento social y actuación jurídica.

Durante la reunión, los miembros del colectivo solicitaron el informe remitido en febrero a la Comisión Europea, pero fueron informados de que dicho documento se encuentra aún en tramitación por el Ministerio competente y no ha sido remitido a Bruselas. Asimismo, trasladaron a Fiscal la necesidad e importancia de sustituir los proyectos industriales de gas natural en la zona protegida y su entorno inmediato por «proyectos integrados y respetuosos con su incalculable valor», la creación de empleo verde y el uso de energías limpias. Por su parte, el consejero reiteró a los asistentes su «oposición tajante, tanto personal como del Gobierno andaluz, al proyecto dentro y fuera del espacio protegido».

Fiscal expresó a Salvemos Doñana su intención de mantener el trabajo tanto en el ámbito político como en el seguimiento «exhaustivo» de las obras para el cumplimiento de todos los condicionados de la Autorización Ambiental Unificada y las leyes aplicables y en el estudio por parte del gabinete jurídico de la Junta de las posibilidades legales para saber si hay alguna forma jurídica de paralizar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. En este sentido, los miembros de la plataforma hicieron hincapié a Fiscal de que, en última instancia, es necesario recurrir al Tribunal de Luxemburgo contra la autorización del Gobierno central dada al proyecto industrial de almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Unesa contra los peajes eléctricos de este año

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se establecen los peajes eléctricos para 2017. En concreto, la patronal eléctrica presentó el recurso en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se une a los presentados también por Gas Natural Fenosa y la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra esta orden ministerial que establece los peajes eléctricos de 2017. El Ministerio de Energía aprobó sendas órdenes ministeriales en las que se adoptaba la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía. Con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados.

El Supremo admite a trámite los recursos de Gas Natural Fenosa contra los peajes de 2017 de electricidad y gas

Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite dos recursos de Gas Natural Fenosa en contra de las dos órdenes ministeriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017 y la que revisa los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasísticas para 2017.

En lo referido a la orden del gas, Energía recoge una congelación para 2017 de la parte regulada del recibo, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización. Energía considera que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La memoria económica reconoce además un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Unión Fenosa Distribución (Gas Natural) supera los 3 millones de contadores inteligentes instalados

Europa Press.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, ha superado la cifra de los 3 millones de contadores inteligentes domésticos instalados, lo que representa el 83% de sus 3,6 millones de puntos de suministro, de los que más del 96% están ya efectivamente integrados en el sistema de telegestión.

Por comunidades autónomas, la energética ha instalado ya más de 1,2 millones contadores en Galicia; cerca de 1 millón en la Comunidad de Madrid; más de 488.000 contadores en Castilla-La Mancha, y 281.000 contadores en Castilla y León. En todas las comunidades, la compañía ha superado el umbral del 80% de equipos sustituidos. La filial de Gas Natural Fenosa señaló que el cambio de los contadores continuará hasta el año que viene, cuando, según la regulación, todos los equipos domésticos de electricidad deben ser inteligentes.

La plataforma Salvemos Doñana pide amparo al Defensor del Pueblo de Andalucía por la «amenaza» que suponen los proyectos gasísticos

Europa Press.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reunió con la plataforma Salvemos Doñana, que reclama el amparo de este organismo por la posible «amenaza» para la conservación del espacio natural que, a juicio de la organización, suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio promovidos por Gas Natural Fenosa.

El colectivo indicó que el proyecto no debe continuar en tanto no se haga el informe de evaluación conjunto del impacto que puede generar la ejecución de los cuatro tramos del proyecto. Según el Defensor, Maeztu señaló que, hasta que se realice un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

El Defensor está valorando la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de interés comunitario «de absoluta referencia para nuestra comunidad autónoma en términos ambientales». Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto.

Dolores Yllescas, geóloga y miembro de Ecologistas en Acción Andalucía, organización adherida a la Plataforma Salvemos Doñana, informó al Defensor sobre el desarrollo del procedimiento para la puesta en marcha del proyecto del almacén de gas natural en Doñana, que ha sido troceado para facilitar su aprobación. Planteó que lo más grave para la organización ecologista es que «el efecto acumulativo de los 4 por separado no es el mismo que la suma de los 4 efectos parciales, por lo que el estudio de impacto no es correcto«, añadiendo que la zona tiene unas peculiaridades geológicas e hidrogeológicas «importantísimas, y el estudio ni las nombra».

Tras otras aportaciones, también planteó en su intervención la «dudosa utilidad pública» que le ha sido reconocida por el Ministerio de Energía y que a su vez concedía las autorizaciones administrativas necesarias, «demostrando la insostenibilidad de los argumentos del Gobierno central para semejante decisión». El portavoz de Salvemos Doñana y representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, expuso la posición del citado órgano colegiado, cuya Comisión Permanente aprobó un acuerdo en marzo de 2015 para instar a la administración central a hacer una evaluación conjunta de los proyectos. Según Romero, «todavía estamos esperando».

Olot cuenta gracias a Gas Natural Fenosa y Wattia con la primera red de climatización basada en tres renovables

Europa Press.- Gas Natural Fenosa y Wattia inauguraron en Olot (Girona) la primera red en España que permite suministrar calor, frío y electricidad con un sistema de trigeneración de energías geotérmica, fotovoltaica y biomasa, que cuenta además con un sistema inteligente de control automatizado, según comunicaron ambas.

La compañía energética ha invertido más de 1,5 millones de euros para desarrollar y construir este nuevo sistema, que permitirá a 7 equipamientos del municipio gerundense consumir energía de origen renovable y con un control de funcionamiento automatizado, tarea realizada por Wattia. Un par de factores han hecho de Olot la localización «idónea» para desarrollar este proyecto pionero: por un lado, porque se trata de una zona tecnológicamente implicada en la sostenibilidad energética, y por otro, porque el municipio cuenta con una densa masa forestal.

La red de frío y calor, dicen las empresas, ahorrará cada año a Olot emisiones equivalentes a 750 toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale al dióxido absorbido por 290 hectáreas de bosque, y también reducirá la factura energética de 5 de los edificios incluidos en el proyecto inicial. A la inauguración del sistema han asistido el director general de Wattia, Francesc Comino, y el alcalde de Olot, Josep Maria Corominas, quién se mostró orgulloso de inaugurar este proyecto, «que pone en marcha una red única a nivel estatal».

El director general de Negocios Minoristas de Energía de Gas Natural Fenosa, Daniel López, aseguró que para la compañía energética es importante apostar por la eficiencia energética «y contar con la colaboración de las iniciativas públicas en su planteamiento y desarrollo», una opinión que ha compartido Comino, que añadió que la voluntad del proyecto es expandir este tipo de tecnología.

Gas Natural Fenosa inyecta 10 millones de euros a su comercializadora regulada de luz para compensar sus pérdidas en 2016

Europa Press.- Gas Natural Fenosa ha inyectado 10 millones de euros en 2016 a su comercializadora de referencia encargada del suministro regulado de electricidad al consumidor doméstico, conocida como Gas Natural SUR SDG, con el objeto de compensar las pérdidas registradas por la filial. Esta aportación aparece recogida en la auditoría de la compañía correspondiente a 2016, junto a otra dotación por importe de 30 millones de euros para reajustar el balance de la filial Gas Natural Exploración, que también registró pérdidas.

Las pérdidas en la comercializadora del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de electricidad se suman a las registradas en ejercicios anteriores. En 2015, las sociedades con las que Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa ofrecen este servicio regulado declararon números rojos por importe de 28,9 millones de euros. Este desfase fue precisamente objeto de diversos recursos de las empresas ante el Tribunal Supremo, que les dio la razón y obligó al Gobierno a diseñar una nueva metodología con el objeto de reconocer un margen de comercialización de electricidad suficiente.

El Gobierno revisó al alza este margen mediante una nueva metodología en la que no solo se recoge un importe fijo en función de los kilovatios (kW) contratados, sino también otro variable asociado al consumo realizado. Esta revisión, que implica una subida del recibo doméstico cercana al 0,004%, es más limitada que la propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que abogaba por elevar el margen de las comercializadoras de referencia un 31%, hasta 5,24 euros por kW. Tanto Gas Natural como Iberdrola, EDP o Viesgo han recurrido ante el Supremo la nueva metodología al considerar que sigue sin cubrir suficientemente los costes de comercialización.

La OCU denuncia prácticas irregulares de los servicios de atención al cliente de las compañías eléctricas promocionando el mercado libre

Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que los servicios de atención al cliente de las comercializadoras de referencia eléctricas ofrecen por defecto las ofertas de su filial en el mercado libre, «sin advertir al consumidor de esta circunstancia».

La asociación señala que ha realizado varias consultas telefónicas a los servicios de atención al cliente de las compañías, en las que ha constatado «la facilidad con la que un consumidor que contacte con una comercializadora de referencia puede acabar con un contrato en el mercado libre sin que la compañía le informe de que en realidad está contratando con otra compañía diferente». Así, OCU, que señala a las comercializadoras de referencia de Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP, critica que, a través de estos servicios de atención al cliente de las eléctricas, no se respeta la separación de actividades a la que obliga la ley.

Además, denuncia la existencia de varias irregularidades adicionales, como negarse a ofrecer la tarifa regulada (PVPC) con discriminación horaria a nuevos clientes, en el caso de EDP Comercialización de Último Recurso, o no hacer contratos fuera de su área de distribución, en el caso de Viesgo Comercializadora de Referencia. Gas Natural fue la única compañía que hace «una clara separación de su actividad» y, por lo tanto, se limitó a ofrecer exclusivamente los productos reservados a su condición de comercializadora de referencia, señala la asociación.

Para la OCU, estas prácticas no dejan de ser un claro de ejemplo de slamming, como son denominadas estas prácticas en el mundo anglosajón, por parte de las compañías que aprovechan «el grave desconocimiento sobre el mercado de la electricidad para contratar con una tarifa y compañía diferente de la que se corresponde con el servicio de información con la que el futuro cliente está contactando«. La asociación, que recuerda que estas compañías son las únicas que por Ley pueden ofrecer la tarifa regulada o el bono social, subraya la necesidad de la separación de actividades para garantizar la competencia.

La organización ecologista Greenpeace lleva el proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana al Defensor del Pueblo

Europa Press.- Greenpeace ha presentado ante el Defensor del Pueblo nacional una queja por el proyecto de Gas Natural Fenosa, denominado Marismas, para la explotación y almacenamiento de gas en el entorno del Espacio Natural de Doñana. La organización pide que la oficina que dirige Soledad Becerril inste al Gobierno andaluz y al central a revisar la evaluación de impacto ambiental (DIA) del proyecto y ajustarla a la normativa y exigencias actuales.

Según la organización ecologista, se denuncian así que las actuaciones de Gas Natural Fenosa vulneran el artículo 45 de la Constitución, que obliga a la protección del medio ambiente, ya que considera que Gobierno y Junta «han hecho dejación de su obligación de proteger el Espacio Natural de Doñana». Greenpeace recuerda que el proyecto Marismas fue partido en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) por Gas Natural Fenosa «con el objetivo de ocultar el impacto ambiental acumulado del proyecto global y lograr así más fácilmente las autorizaciones«.

«El proyecto de Gas Natural Fenosa supone un grave peligro para Doñana por las implicaciones ambientales que la explotación y almacenamiento del gas tiene para un entorno tan frágil, amenazado y necesitado de protección. Este proyecto pone de nuevo los intereses privados por delante del general», ha declarado Julio Barea, portavoz de Greenpeace. En su denuncia, Greenpeace también informa a la Defensora del Pueblo de que en la DIA, «los riesgos sísmicos de la zona no han sido debidamente considerados«, como a su juicio queda de manifiesto en el informe técnico elaborado por «prestigiosos geólogos» que recoge «explícitamente las propias dudas expuestas en la DIA”.

Greenpeace señala además que el proyecto cuenta con «un gran y contundente rechazo social manifestado en la oposición de importantes y numerosos sectores de la sociedad y también de los poderes públicos» y recuerdan que se han recogido casi 250.000 firmas en contra o que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en Doñana y que el Parlamento de Andalucía instó al Gobierno de esa comunidad autónoma a adoptar las medidas necesarias y a estudiar las vías legales para paralizar el citado proyecto. También han mostrado su oposición los Ayuntamientos de Viso del Alcor y de San Juan del Puerto.