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El presidente del CSN explicará este miércoles en el Congreso la situación de las centrales, de Garoña y del ATC

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, rendirá cuentas ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados este miércoles, casi dos años después de su última comparecencia, en noviembre de 2014. Martí explicará el informe del CSN, que incluye el estado de funcionamiento de las centrales nucleares o la evolución de expedientes como el del almacén temporal centralizado (ATC), o la situación de cese de explotación con solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Martí no ha presentado ni explicado los informes de actividad de 2014 y 2015 aunque estos figuran en la página de Internet del regulador. El de 2014 debió haberlo expuesto en 2015, pero distintos problemas de agenda fueron posponiendo la fecha y después fueron disueltas las Cámaras al convocarse las elecciones generales de diciembre de 2015. En la pasada legislatura, los grupos parlamentarios solicitaron su comparecencia, pero Martí también argumentó problemas de agenda y la fecha que facilitó era posterior a la convocatoria de unas nuevas elecciones y, por tanto, nuevamente la legislatura estaba finiquitada.

El pasado 5 de octubre la comisión parlamentaria de Industria, Energía y Turismo reclamó su presencia para, además de exponer estos dos informes, que explique otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. El PSOE quiere que se presente para cumplir con su obligación anual de rendición de cuentas, mientras que Ciudadanos y Podemos reclaman su comparecencia tras conocer una serie de acusaciones internas realizadas por un grupo de trabajadores que afirman que en el seno del organismo hay problemas con el personal e «irregularidades en la seguridad de algunas centrales».

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Guillermo Mariscal, se mostró «totalmente» de acuerdo con las solicitudes de comparecencia, aunque disculpó su ausencia en la anterior legislatura porque entonces «tuvo el tiempo que tuvo». Si bien considera que es «preferible» su comparecencia para «no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad». Desde el PSOE, Pilar Lucio valora que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura llevó a la mayor parte de la Comisión de Industria a pedir su dimisión. Ahora, pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han ido conociendo».

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones “relevantes y alarmantes” por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian “hechos graves” en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de “dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña” o problemas de seguridad en la de Almaraz. “Es necesario que estas cosas se clarifiquen“, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, expresó también su “apoyo” a las peticiones de comparecencia.

En esta línea, la ONG Greenpeace exigió el cese del presidente de Fernando Martí por considerar que «ha perdido la confianza» y la imparcialidad que el cargo requiere. Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente y por la «política del miedo» que denuncian los técnicos. De este modo el 10 de octubre una veintena de representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Equo se concentraron ante la sede del CSN para exigir el cese del presidente del regulador.

La Audiencia desestima el recurso de Nuclenor contra la multa de 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

Europa Press / EFE.- Mientras desde la Junta de Castilla y León sostienen que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre en 2012.

En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una «reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». El cese de la explotación de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013, si bien Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 extraer el combustible nuclear. Apenas 15 días después entrarían en vigor los nuevos impuestos eléctricos. La CNMC consideró que el cese de actividad se produjo «estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

«La Sala comparte plenamente el planteamiento de la resolución de la CNMC», señala la Audiencia, que considera además que el operador de Garoña «siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, 14 días después de adoptarse el acuerdo». La comunicación, señala la Audiencia, se produjo «cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre», de modo que «la recurrente puso en conocimiento del Ministerio unos hechos ya consumados«.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la sociedad propietaria de Garoña, que tiene una potencia de 455 megavatios (MW), sostenía que la decisión de su consejo de administración se adoptó únicamente como consecuencia de los efectos asociados a la nueva tributación a los residuos nucleares, aprobada por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica. Los nuevos impuestos de la Ley 15/2012 implicaban, según cálculos de Nuclenor, un pago «inasumible» de 153 millones de euros para Garoña, que consideraban que hacía la central “inviable”, lo que supone una causa con carácter de «imprevisibilidad» que, a juicio de la demandante, le debería eximir de cumplir el plazo de operación con un año de antelación.

La decisión del consejo de administración «se adoptó únicamente cuando los efectos asociados a la nueva tributación suponía la declaración de concurso de la sociedad y no desde el momento en que se tuvo conocimiento del establecimiento de un nuevo tributo que reduciría notablemente la rentabilidad de la instalación», afirmaba la propietaria de Garoña. Nuclenor también consideraba que la infracción de la CNMC es desproporcionada y que infringe «de manera flagrante» el principio de tipicidad establecido en la Ley 30/1992. Precisamente, la sentencia ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada basándose en el 10% de la cifra de negocio que tuvo la central nuclear en 2011, que se elevó a 184 millones.

Junto a esto, la empresa discrepaba de las consideraciones del regulador acerca de los efectos de su decisión sobre la seguridad de suministro. Considerar que el cierre afectaría al suministro «estaría en contradicción con la existencia en la actualidad de un exceso de capacidad de generación eléctrica, según aseveraciones tanto del propio Ministerio como de la CNMC», señalaba. En su demanda, Nuclenor llegaba a considerar que la decisión del cierre de Garoña resulta «totalmente insignificante para la seguridad del suministro». Por ello, fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.

El Ejecutivo siempre ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

Técnicos del CSN denuncian una «caza de brujas» en el organismo regulador atómico y advierten de su “grave deterioro actual”

EFE / Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTECSN) ha denunciado, en una carta dirigida a los grupos parlamentarios, «una caza de brujas» por parte del presidente del CSN, Fernando Martí, hacia los profesionales del mismo, que afecta a la «seguridad nuclear«.

La misiva, dirigida a todos los grupos políticos, fue registrada en las Cortes por parte de la Asociación, con representación sindical en la Junta de Personal del CSN, en la que cuentan con 3 de los 13 delegados existentes. ASTECSN alerta en la carta de que desde la llegada del exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí, a la presidencia del CSN en 2013 «se vienen sucediendo hechos preocupantes para la seguridad nuclear», y piden a los diputados «que tomen cartas en el asunto y promuevan un cambio urgente en el regulador«. Por su parte, fuentes del CSN aseguran que el escrito de la citada asociación «tiene un trasfondo político» impropio de «un órgano técnico».

Los denunciantes afirman que la gestión de Martí está «marcada por la instauración del miedo, la ocultación interna y externa de información, y las presiones sobre los técnicos evaluadores e inspectores». Los técnicos también aseguran que hay informes «secretos» referentes a las evaluaciones de la central nuclear de Garoña (Burgos) o al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. En el caso concreto de la posible reapertura de la central burgalesa, el CSN ha contestado que ya remitieron una explicación a Greenpeace en la que subrayaban que al Consejo «no compete adoptar ninguna posible decisión de paralización del procedimiento de renovación de licencia», y que su labor se limita a un «asesoramiento de carácter técnico».

«Grave deterioro» en función reguladora

ASTECSN expresó sus «inquietudes» por el «deterioro progresivo» en el funcionamiento del CSN desde la renovación de su cúpula directiva en 2013, que «trajo cambios organizativos» en el relevo de mandos en el CSN. Por ello, cuestionan nombramientos y ceses que ASTECSN entiende que suponen un «desprecio» a la necesidad de conocimientos específicos y experiencia en los puestos técnicos y un mensaje «claro» de «lo efímero» de los cargos de libre designación y acusa a esta cúpula de forzar «más que nunca a una sintonía con los objetivos políticos establecidos».

La carta de siete páginas, expone las deficiencias que para la asociación se están produciendo en materia de supervisión de centrales nucleares, relata la sobrecarga de trabajo y los enfrentamientos internos entre los técnicos y sus superiores. Respecto a la información al público sobre los incidentes en las centrales nucleares lamentan la reducción de los sucesos que se publican y que «no resultan del agrado de los titulares de las centrales nucleares», cuestionando así la falta de independencia del regulador.

«Es fundamental que los inspectores mantengan su capacidad para identificar incidencias y poder solicitar a los titulares que emitan las correspondientes notificaciones. En la situación actual se ha ido perdiendo esa potestad y los inspectores residentes en las centrales nucleares han llegado a recibir indicaciones para que no pierdan el tiempo buscando estas incidencias», añaden. Del mismo modo, resaltan la reducción del número de expedientes sancionadores por la falta de transparencia y una desregulación implícita.

En la carta, firmada por la presidenta de la asociación, Nieves Sánchez Guitián, se añade que la lista de quejas trasladada a la ASTECSN por problemas para ejercer su independencia profesional es «larga», incluido el impedimento al realizar alguna inspección reactiva que debe hacerse en las instalaciones radiactivas tras determinados incidentes. También ha recibido quejas por «presiones» y «amenazas» hacia los técnicos para que cambiaran las conclusiones de sus informes o las actas de inspección cuando no son del agrado de los titulares y denuncia que quienes no se han prestado a ello fueron excluidos de la firma del informe.

Respecto a los ceses y nombramientos, lamenta que en el seno del organismo regulador, «discrepar es motivo suficiente para ser cesado alegando pérdida de confianza» y ven con preocupación este asunto porque el sistema de libre designación permite cubrir más del 30% de los puestos ocupados por los técnicos.  Por otro lado, se refiere también a la «actitud huidiza» y a la ausencia del control institucional que se plasman en la no comparecencia del presidente del CSN ante la Cámara Baja el pasado abril. «No es más que una constatación de la degradación institucional», lamenta.

Respecto al clima interno, explica que está «peor que nunca porque el regulador está capturado y debilitado por la connivencia y laxitud de su superioridad jerárquica, que cede a las presiones del sector en busca de una desregulación que va en detrimento de la seguridad nuclear«. Por último, insiste en que los controles externos están «anestesiados», no solo por las incomparecencias ante la Comisión de Industria y por la desactivación en la práctica del comité asesor y considera que es deber y conciencia de responsabilidad poner en conocimiento de la comisión esta preocupación porque la función pública que están desempeñando desde el CSN es «mejorable».

Interior licita el mantenimiento de los sistemas de aviso en el entorno de las centrales nucleares

EFE.- El Ministerio del Interior ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento de los sistemas de aviso a la población y de radiocomunicaciones de las entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear con el objetivo de mantener  en estado operativo estos sistemas correspondientes a los entornos de las centrales nucleares de Santa María de Garoña (Burgos); Almaraz (Cáceres); Trillo y José Cabrera (Guadalajara), Cofrentes (Valencia) y Vandellós y Ascó (Tarragona). El contrato, dividido en lotes, tiene un valor estimado de 280.000 euros.

Castilla y León pide a Nuclenor que «en vez de pegarse con el Gobierno» busque un acuerdo para reabrir Garoña

Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha pedido a la empresa Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, que busque un acuerdo que permita reabrir la planta burgalesa «en vez de pegarse con el Gobierno».

Del Olmo se ha referido así a la posible intención de Nuclenor de recurrir ante el Tribunal Supremo la sanción de más de 18 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso en 2014 por parar su producción de forma anticipada en diciembre de 2012.

La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia respecto al recurso presentado por la empresa en contra de la multa de 18,4 millones de euros, de modo que confirma la sanción impuesta, según han informado fuentes judiciales.

Instantes antes de asistir al Congreso Constituyente de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Castilla y León, Del Olmo ha insistido en que Garoña «es segura» y ha recordado que «muchos empleos» dependen de esta central, tanto directos como indirectos.

Asimismo, ha subrayado la contribución que Santa María de Garoña ha tenido en la producción eléctrica española, por lo que considera necesaria su reapertura, una postura que trasladará al ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, quien también detenta la responsabilidad de ministro de Industria, Energía y Turismo desde la marcha de José Manuel Soria.

Podemos/Equo reivindica en el País Vasco su oposición al fracking y a la reapertura de la central nuclear de Garoña

EFE.- El coportavoz de Equo y diputado en el Congreso por Podemos, Juan López de Uralde, denunció que «cómo es posible que quien se llama nacionalista haya hecho tanto daño a su territorio», en alusión al Gobierno vasco de Urkullu (PNV).

Los candidatos a las elecciones autonómicas por Álava han explicado que para Elkarrekin Podemos una de las prioridades de la próxima legislatura será impulsar una Ley de Acción contra el Cambio Climático «que apueste por un modelo para Euskadi sustentado en el ahorro y en la eficiencia energética, mediante una sustitución de las energías fósiles por las renovables».  López de Uralde ha criticado la política medioambiental del PNV y del Gobierno de Iñigo Urkullu y ha denunciado que «la agenda vasca» que han impuesto ha sido «tremendamente destructora» para el entorno natural de Euskadi. En este sentido, criticó que el PNV haya seguido apostando por la técnica del fracking para extraer gas natural de roca.

«Ahora se les llena la boca diciendo que están en contra de la puesta en marcha de la central nuclear de Garoña», ha criticado, pero ha advertido de que el PNV ha votado en el Congreso medidas que favorecen la expansión de la industria nuclear en España porque «eso no les pilla cerca». En cambio, «nosotros somos antinucleares aquí, en Madrid y en Berlín«, subrayó.

Por su parte, el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, explicó que la lucha ecologista también permite generar empleos «verdes, de futuro, de calidad y sostenibles». «En Europa hay 20 millones de desempleados y si apostáramos de manera real y eficiente por los empleos verdes, podríamos crear la misma cantidad de puestos de trabajo», aseveró. Marcellesi considera que es el momento de dar «un paso valiente» y apostar por «una Euskadi donde se pueda respirar de forma limpia» y dependa menos de los combustibles fósiles. El eurodiputado de Equo denunció la existencia de una «casta energética» que no piensa en los intereses de los ciudadanos y que aboga por el fracking.

El PSOE pide al presidente del CSN que explique en el Congreso el ejercicio 2015 y la situación de Garoña

Redacción / Agencias.- La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, registró en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, con el fin de que presente el informe de actividad del organismo durante 2015, así como para que dé explicaciones sobre cuestiones de seguridad nuclear. En este sentido, el grupo socialista pide al CSN información sobre el proceso de renovación y explotación de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña.

Lucio destacó el carácter de «infraestructura critica» de las centrales nucleares, y la importancia del papel del CSN en el diseño y desarrollo de medidas de prevención y de gestión de emergencias, «sobre las que consideramos imprescindible una explicación por parte de Martí». En esa línea, Lucio incidió en que de acuerdo con la legislación vigente, «el CSN rinde cuentas exclusivamente ante el Parlamento», y que está pendiente la presentación por su parte de su presidente del informe de actividad correspondiente a 2014 y 2015.

Lucio recordó que el presidente «utilizó todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja en la pasada legislatura, cosa que no hace desde diciembre de 2014 y «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«, lo que ha dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos menos el PP hayan pedido su dimisión». En cuanto a las obligaciones legales del CSN en relación con la información y la participación del público, «es preciso que explique también las razones de la escasa atención prestada al Comité Asesor para la información y la participación».

Para la diputada socialista esta actitud es «grave» dadas las causas pendientes de este organismo. En este sentido recordó la intención de seguir con el proceso de renovación de la central de Garoña, la «opacidad» con la que han realizado la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y las resoluciones parlamentarias sobre el Plan de comunicación del CSN que, según recordó, «no se ha hecho«. Del mismo modo, ha señalado «las circunstancias en las que se produjo el cese del jefe de área operativa» y la «relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares». «Pedimos que comparezca cuanto antes», ha insistido Lucio.

El ATC preocupa en Cuenca

Por su parte, el diputado socialista por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, exigirá que dé cuenta sobre cuestiones de seguridad nuclear, como la evaluación del CSN sobre la solicitud de construcción del ATC en Villar de Cañas (Cuenca). El diputado socialista denunció que, pese a no tener la autorización, «el gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de actuar en él ignorando las reiteradas advertencias que se le han hecho». Asimismo, el parlamentario conquense ha recordado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a petición de la ONG Transparencia Internacional, exigió al CSN que hiciera pública documentación relativa al emplazamiento.

Garoña pierde 45,6 millones en 2015, un 60% menos que en el ejercicio anterior

Europa Press.- Nuclenor, la sociedad que gestiona la central nuclear de Santa María de Garoña, declaró unas pérdidas de 45,6 millones de euros en el ejercicio 2015, un 60% menos que los ‘números rojos’ por valor de 112,8 millones del año anterior.

Este resultado se produjo en un ejercicio en el que la central se mantuvo en condición de cese y con todo el combustible almacenado en sus piscinas, como viene sucediendo desde que en diciembre de 2012 la empresa decidiese suspender la actividad en respuesta a los impuestos eléctricos de la Ley 15/2012.

La cifra de negocios apenas ascendió a 8 millones de euros en 2015, frente a 6,4 millones de euros en 2014, y provino de los réditos obtenidos por la participación del 2% que también mantiene la sociedad en la central nuclear de Trillo, según datos del Registro Mercantil recogidos por Europa Press a través de Infoempresa.com.

Nuclenor, que está participada al 50% por Endesa e Iberdrola, dice que no se han producido circunstancias diferentes a las que motivaron su decisión de paralizar la central nuclear, que se encuentra en una fase de «predesmantelamiento» cuya duración es de tres años y puede ser «reversible».

La empresa se encuentra además en la actualidad en una situación de desequilibrio patrimonial en la que el patrimonio neto se ha situado por debajo de la mitad del capital social.

Para resolver esta situación, propondrá a su junta de accionistas la adopción de medidas para restablecer el equilibro, en línea con lo ya ocurrido en 2015, cuando se acordó inyectar 24,3 millones para compensar pérdidas, así como movilizar futuras aportaciones por 18,7 millones.

Nuclenor disponía a cierre del ejercicio 2015 de una plantilla de 260 trabajadores, de los que solo 21 son mujeres. La fuerza laboral descendió en 14 efectivos durante el pasado ejercicio.

Ecologistas en Acción critica que el Consejo de Seguridad Nuclear actúa de forma «muy opaca» con Garoña

EFE.- Ecologistas en Acción, por medio de su portavoz en materia nuclear, Francisco Castejón, ha criticado hoy que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) actúa de forma «muy opaca» en la tramitación de la solicitud de Nuclenor para que la central nuclear de Garoña, en Burgos, puedan seguir activa hasta 2031.

En declaraciones recogidas, en unos días en que tradicionalmente su organización estaba en plena preparación de la marcha reivindicativa para el cierre de Garoña pero que ha dejado de celebrarse, Castejón ha considerado que cada paso que da el CSN va encaminado a informar a favor de la «prórroga condicionada», lo que dejaría en manos del Gobierno la decisión última sobre el futuro de la planta.

Con esa fórmula, la propietaria de Garoña ni siquiera tendría que cumplir todas las condiciones impuestas antes de obtener la autorización porque se fijaría un calendario de reformas «a realizar en varios años», ha explicado el portavoz ecologista.

En su opinión, se trata de una forma «retorcida» de informar la solicitud porque hasta ahora sólo se ha informado a favor cuando las empresas reunían las condiciones necesarias.

De hecho, ha acusado también al consejo de estar «excesivamente politizado», de ser «sumiso» al actual Gobierno en funciones, partidario de prorrogar la vida útil de Garoña, y de «filibusterismo», al anunciar que no decidirá nada hasta noviembre y evitar anunciar nada relacionado con Garoña cerca de periodos electorales, «seguramente para no obligar al actual Gobierno a insistir en su apoyo a la energía nuclear».

En todo caso, Castejón ha asegurado que Ecologistas en Acción teme que se conceda la prórroga a Garoña para que sirva de precedente para Almaraz.

El portavoz para temas nucleares del grupo ecologista ha recordado que la licencia de Almaraz I y II, en Cáceres, caduca el 8 de julio de 2020.

Es una central que produce cuatro veces más electricidad que Garoña, más de 2.000 megavatios, «por lo que es mucho más rentable que Garoña alargar su vida útil», según Castejón.

En este sentido, ha alertado del precedente que supondría conceder a la planta nuclear burgalesa, parada desde diciembre de 2012, la primera autorización en Europa para operar una central hasta los 60 años y la primera prórroga de más de 10 años concedida en España.

Para Castejón, también es «inaudito» que se pretenda dar el visto bueno a la petición de prórroga para que Garoña siga operando hasta 2031 a la espera de que la planta cumpla las condiciones en el futuro.

El portavoz ecologista reconoce que el Almacén Temporal Individual que el Gobierno autorizó en octubre de 2015 para Garoña es «indispensable», tanto para el desmantelamiento como para que la central pueda seguir operando.

«Será bienvenido si se instala para vaciar el combustible gastado en la central, porque en este momento es la alternativa menos mala para esos residuos, pero también está la amenaza de que sirva para garantizar que la planta tenga capacidad para albergar sus propios residuos radiactivos hasta el final de su actividad en 2031», ha precisado Castejón.