La Asociación Portuguesa de Empresas Petrolíferas, que agrupa a la lusa Galp, la británica BP y las españolas Repsol y Cepsa, entre otras, comunicó que ya ha interpuesto en los juzgados una providencia cautelar para suspender la ley aprobada por el Ejecutivo. La nueva normativa entró en vigor el pasado viernes y exige que todas las estaciones de servicio en el país vecino, más de 2.500 en total, comercialicen combustibles simples, es decir, sin aditivos.

Este tipo de gasolina y gasóleo, habitualmente calificados de «bajo coste», se venden actualmente a un precio entre tres y cuatro céntimos inferior al combustible «normal» comercializado hasta ahora. La escasa diferencia de precio es uno de los argumentos utilizados por las compañías denunciantes en su recurso por considerar que la iniciativa no cumple el objetivo que se marcó el Gobierno luso, que defendió esta alteración normativa con el propósito de generar presión sobre el precio de los combustibles y beneficiar así a los consumidores.

El secretario de Estado de Energía de Portugal, Artur Trindade, fue más allá y durante el debate parlamentario previo a la tramitación de la ley argumentó que la gasolina y el gasóleo con aditivos comercializados en Portugal tenían «características químicas muy parecidas» a los vendidos en estaciones de servicio de bajo coste e hipermercados, por lo que todo se resumía a una cuestión de «marketing«. Por el momento, los hipermercados continúan presentando precios inferiores al resto, lo que según la Asociación Portuguesa de Empresas Petrolíferas se debe en gran parte a las estrategias de venta de estas grandes superficies, que atraen con el combustible a posibles compradores de otros productos.

Mientras que firmas como Galp optan por retirar su gama de mayor calidad y sólo venden combustible con aditivos «normal» y combustible sin aditivos, sus principales competidoras, BP, Cepsa y Repsol, prefieren conservar su gama alta y eliminar la media. Las petroleras piden a los tribunales que suspendan la ley por considerar que operan en un mercado liberalizado donde la elección de qué producto se coloca a la venta debería responder únicamente a cada compañía, en función de sus intereses.