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El Gobierno de Navarra solicita el desmantelamiento «sin demora» de la central nuclear de Garoña

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Europa Press / EFE.– El Gobierno de Navarra ha acordado solicitar al Ministerio de Energía que sea denegada la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos) y que se inicien «sin demora las actuaciones del cese de explotación» así como su desmantelamiento. Dicha solicitud figura en el escrito de alegaciones aprobado por el Gobierno de Navarra para su presentación en la fase de audiencia relacionada con la tramitación de la renovación de la autorización de la explotación de la central nuclear.

La central nuclear fue inaugurada en 1971 y se declaró su cierre definitivo por la Orden Ministerial 1.302/2013, debido a que su propietaria, Nuclenor, no renovó la autorización de explotación alegando falta de rentabilidad. Sin embargo, la empresa titular solicitó posteriormente su reapertura hasta el 2031, es decir, hasta que cumpla 60 años de actividad. La consejera de Presidencia, María José Beaumont, ha señalado que son 9 las alegaciones del Gobierno Foral contra la reapertura de Garoña, central ubica a orillas del río Ebro a un centenar de kilómetros, aguas arriba, de Navarra. La primera, ha destacado, hace referencia al «incumplimiento del deber legal» por parte del Ministerio de aportar a Navarra «todo lo actuado».

Otras alegaciones, según explicó Beaumont, se refieren a la antigüedad de Garoña, el marco normativo vigente, el recorrido que ha tenido la explotación desde 1970, el «cierre unilateral» decidido por Nuclenor en 2012, la normativa que rige para una posible renovación, la «no concurrencia de interés público alguno» en su continuidad, la «inadmisible» falta de fijación de un plazo determinado para su fin y los límites que tiene la competencia del Gobierno en la materia.

Tras conocer los planes de Nuclenor de operar Garoña hasta 2031, el Gobierno de Navarra adoptó, el 27 enero de 2016, un acuerdo por el que solicitaba al Estado que no reabriese la central nuclear y que fuera desmantelada porque «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral». También argumentaba que durante sus más de 40 años de actividad, Garoña ha sufrido «serios problemas estructurales que han devenido en diferentes accidentes», y se recordaba que su reactor es gemelo del reactor de la central de Fukushima, afectada por un grave accidente.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra decía que, durante los dos años y medio que entonces llevaba cerrada, la demanda eléctrica no se había visto perjudicada y que la posible reapertura de la central «no atiende a intereses generales ni desde el punto de vista social, ni medioambiental, ni de seguridad o de salud pública, y sí por el contrario a intereses económicos particulares».

Asimismo, el 2 de marzo de 2016 el Gobierno de Navarra acordó comparecer ante el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que se le tuviera por personado como interesado en el procedimiento de autorización de la reapertura de Santa María de Garoña reclamada por Nuclenor, de forma que le fuesen comunicadas las incidencias que se produjeran y se le diera audiencia, todo ello antes de dictarse la resolución.

José Antonio Gago, nuevo presidente de la Sociedad Nuclear: «España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban»

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Europa Press.– El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago, considera que «España es un país nuclear sin que los españoles lo perciban claramente» debido a la opinión contraria predominante entre la sociedad, a consecuencia de «muchos titulares que van a las emociones de las personas». Sin embargo, reclama abrir el «melón» del debate sobre el almacenamiento geológico profundo (AGP), para almacenar a largo plazo los residuos nucleares, porque es «una cuestión de Estado».

Gago ha lamentado la desinformación y el rechazo de este tipo de energía por «miedo», por «desconocimiento» o por los tres accidentes significativos (Three Miles Island, Chernobil y Fukushima) por los que entiende que cuente con «cierto rechazo ideológico«. Sin embargo, el presidente de la organización, que asumió su cargo el pasado marzo, ha explicado que, a mayor conocimiento de esta tecnología, hay una mayor aceptación, de modo que su objetivo es lograr un mayor entendimiento de los españoles de la energía del átomo porque asegura que tiene «muchas cosas positivas beneficiosas para la sociedad».

Para ello, una de las posibles medidas que se plantea es revisar los libros de texto para evitar posturas marcadas y contrarias a la nuclear así como fomentar la captación de talento entre los jóvenes para que se dediquen a un sector de alta cualificación y bien remunerado que permita dar el relevo a la actual generación que inició el programa nuclear en España y que «se irá jubilando«. En este marco, considera también que es crucial para el sector ser «más visible», con datos y argumentos objetivos en el «necesario debate» que debe hacer España sobre el futuro energético a medio y largo plazo y el papel de transición que puede jugar la nuclear.

Entre estos atributos se ha referido a la estabilidad que proporciona a la red de distribución porque es una «energía de base», así como al hecho de que la energía nuclear no emite gases invernadero, por lo que puede jugar un papel relevante en la lucha contra el cambio climático y para que el país pueda cumplir con sus compromisos del Acuerdo de París. «Queremos poner en valor esta energía en el mix de generación energética y entendemos que su papel en el futuro es inexorable en el paso hacia las renovables que tendrá lugar a tanto en este país como en otros», ha comentado.

Otro de los aspectos más controvertidos de la energía nuclear son los residuos nucleares del combustible gastado que genera y, a este respecto, considera que es necesario poner fin al retraso en la construcción y la entrada en funcionamiento del almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) porque está produciendo «un sobrecoste» que se tiene que trasladar en la tasa que los operadores de las centrales nucleares pagan a laEmpresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) por la encomienda de su gestión futura.

Al mismo tiempo, además de este retraso «con coste», ha añadido que mientras tanto las centrales están teniendo que construir almacenes temporales individualizados (ATI) en cada planta. Se trata, según ha explicado, de una instalación sencilla, de hormigón, que aloja los contenedores de combustible. Solo el de Ascó, según Gago, que es el director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), ha tenido un coste de unos 13 millones de euros, un importe que se integra en el balance de costes y cuyo impacto real sobre la tasa que se paga a Enresa es de un promedio de 6,9 euros por cada megawatio hora.

Respecto a la ubicación del futuro ATC asegura que «cualquiera de los emplazamientos» que se evaluaron para acogerlo cumplían los requisitos y ha defendido que el proceso fue transparente. Aunque por «motivos sentimentales» le habría gustado que el lugar elegido hubiera sido Ascó, asegura que el emplazamiento de Villar de Cañas es «igual de seguro» pero puede que sea más costoso a nivel económico«. «No tengo duda de que el emplazamiento es bueno, viable y perfectamente adecuado si el CSN lo ha avalado», ha confiado.

Por otro lado, más allá del almacenamiento para los próximos 70 o 100 años en el ATC, ha advertido de que es preciso «abrir el melón del almacenamiento a largo plazo porque, en cuestiones fundamentales para el Estado, no hay que esperar». «El debate hay que plantearlo y otros países tienen ya identificados los emplazamientos, cuentan con laboratorios subterráneos o instalaciones de demostración que son aceptados por la sociedad civil», ha subrayado. En este contexto ha puesto de ejemplo a los países escandinavos y cree que en España se debería seguir un modelo similar al proceso de participación que se ha seguido en el ATC.

El presidente de la SNE ha asegurado que «ninguna» de las condiciones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) para poder volver a operar es «extraordinaria» sino «similares» a las exigidas al resto del parque atómico español. «No vemos obstáculos técnicos. Todo lo que se ha pedido a Garoña ya lo tienen o lo están implantando el resto de las centrales españolas, puesto que muchas de las condiciones son mejoras que resultaron de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima«, ha afirmado.

La planta burgalesa solicitó en 2014 un permiso para poder volver a generar electricidad hasta 2031 pero Gago considera que el CSN «le habría puesto las mismas condiciones si hubiera pedido operar hasta 2021». Ahora recaerá en la propiedad de Garoña la decisión de analizar la viabilidad de estas inversiones porque no ve obstáculo al hecho de que Garoña tenga más de los 40 años de vida. «Esa cifra es como si a usted le dicen que está programado para vivir 60 años y llega ese día, está bien y no se muere«, comparó, al tiempo que recuerda que próximamente Almaraz y Vandellós podrán pedir la renovación de su licencia.

Otro de los asuntos abordados pasa por conocer cómo le afectaría en términos nucleares y energéticos a España una hipotética secesión de Cataluña del resto de España. Así, preguntado por esta cuestión, el presidente de la SNE asegura que «lo que no ocurrirá nunca será que se pongan fronteras a la red de distribución». Asimismo, precisó que las tres centrales nucleares situadas en Cataluña, Ascó I y II y Vandellós II, aportaron en 2016 en torno al 9,5% del consumo energético nacional, es decir, que del 21,2% con que contribuyó la nuclear a la producción eléctrica de España, el 9,5% provino de las plantas catalanas.

La Justicia de Japón permite reactivar la planta nuclear de Takahama que fue detenida tras Fukushima por motivos de seguridad

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EFE.- Un tribunal nipón decidió permitir el funcionamiento de una central nuclear de Japón al revocar la sentencia de otra instancia inferior, que supuso la primera decisión jurídica contra la reactivación de una planta post-Fukushima. En un fallo publicado, el Tribunal Superior de Osaka ha dado la razón a la operadora de la planta de Takahama, Kansai Electric Power, y anuló así la decisión judicial previa que ordenó detener los reactores 3 y 4 de la central por motivos de seguridad.

Se trata de un nuevo capítulo en la larga batalla jurídica iniciada por un grupo de residentes en zonas cercanas a la planta, que en 2014 demandaron a la eléctrica al considerar que ésta desestimaba el peligro real de un terremoto que pueda provocar un accidente grave en esta central. Los reactores 3 y 4 de la central ubicada en la prefectura de Fukui fueron reactivados después de superar los nuevos estándares en materia de seguridad impuestos por la Autoridad de Regulación Nuclear tras el accidente de Fukushima en 2011.

En 2016, un tribunal local ordenó detener el funcionamiento de ambas unidades a raíz de la demanda ciudadana, en la primera decisión jurídica que frenaba la reactivación de una central tras el apagón nuclear posterior a la catástrofe atómica ocasionada por el terremoto y el tsunami que devastaron el noreste de Japón. Ahora la justicia nipona ha dado luz verde a la planta tras tener en cuenta los argumentos de la operadora, que señaló el alto coste que supone mantener la central inoperativa o que «no existían fundamentos científicos» en contra de su funcionamiento, según el texto de la sentencia.

Kansai Electric podría proceder a poner en marcha los reactores 3 y 4 de la planta tras consultarlo con las autoridades locales, aunque no se espera que esto suceda a corto plazo debido a que la empresa retiró el combustible nuclear a raíz de la larga batalla judicial. Actualmente sólo hay activos 3 de los 42 reactores de Japón en condiciones operativas, debido a que la oposición local está obstaculizando la vuelta a la energía nuclear que promueve el Ejecutivo de Shinzo Abe. Muchos de estos casos han derivado en contenciosos jurídicos que continúan en marcha y que retrasarán la reactivación de las centrales hasta que se agoten los procedimientos.

Nuclenor reivindica que la central nuclear de Garoña es «más segura» que la media, con 3 revisiones en 10 años

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Garoña, Miguel Ángel Cortés, ha defendido que la planta burgalesa es «más segura» y fiable que la media del resto de centrales nucleares en el mundo y ha recordado que ha pasado 3 revisiones exhaustivas en 10 años. Cortés repasó las actuaciones de la central para mantener la planta en «las mejores» condiciones de seguridad, ante el «doble escenario» al que se enfrenta, la continuidad de la operación, o bien, el cese definitivo.

Cortés expuso que Garoña «se ha sometido en los últimos 10 años a tres revisiones» que han concluido que «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la central», ya que la prioridad y «premisa» de Nuclenor, su titular, «ha sido y es la seguridad de la instalación, la protección de los trabajadores y el público y el respeto al medio ambiente». «Toda nuestra gestión se desarrolla en torno a este principio y la principal motivación de nuestras actividades es el mantenimiento de las adecuadas condiciones para el funcionamiento seguro y fiable de la central», ha manifestado. Cortés ha elogiado a los 242 trabajadores de Nuclenor porque «se han enfrentado de modo ejemplar al reto que esta situación representa».

Respecto a las tres evaluaciones pasadas por Garoña, subrayó la «fiabilidad» de la central «por encima de la media del resto de centrales nucleares en el mundo». La primera de estas revisiones se prolongó durante tres años, entre 2006 y 2009, tras la que el Consejo de Seguridad Nuclear se mostró favorable para que la planta pudiera operar hasta 2019. Posteriormente, entre 2011 y 2012, Garoña realizó las pruebas de resistencia a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Daichi, igual que las otras instalaciones nucleares españolas y, según Cortés «se puso de manifiesto que Garoña está al mismo nivel» que las demás.

En este contexto, expuso a los diputados que las pruebas sirvieron para evidenciar las «grandes diferencias existentes» entre Garoña y la de Fukushima, desde las obvias por localización y sismicidad, hasta las propias de diseño. La tercera de estas evaluaciones se ha realizado desde 2014 a 2017 y según Cortés ha sido «rigurosa y exhaustiva» pues ha incluido entre otros la revisión de la vasija y de sus elementos internos. En definitiva, el director de Garoña recordó que el CSN aprobó «la viabilidad» de que la central opere «con seguridad hasta 2031 con determinadas condiciones».

Del mismo modo, Cortés ha insistido a los diputados que desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica «no existen impedimentos técnicos para la operación segura de la instalación». Finalmente, ha dicho que las actividades en la planta se centran en la gestión de los residuos, la construcción del almacén temporal individualizado y las actividades preparatorias del desmantelamiento, mientras se trabaja en el mantenimiento de la reversibilidad así como en el refuerzo de la formación.

Greenpeace denuncia que Japón presiona a los afectados por el accidente de Fukushima para que vuelvan a la zona contaminada

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Europa Press.- Greenpeace denuncia que Japón está presionando a la población afectada por el terremoto y posterior tsunami que aniquiló la central nuclear de Fukushima Daichi para que vuelva a las zonas que aún están contaminadas por la planta accidentada. Entre otras medidas, retirará las ayudas económicas a las víctimas pese a que la situación, según Greenpeace, está aún «fuera de control».

La ONG advierte de que, cuando aún se sienten los efectos del accidente nuclear «de manera significativa», algunas de las áreas más contaminadas dentro de la zona de exclusión, conocidas como zona 1 y 2, se están preparando para el reasentamiento de la población a pesar de que la radiación sigue siendo muy superior a lo aconsejable. Los niveles en los bosques cercanos son comparables a los de la zona de exclusión de 30 Kilómetros de Chernóbil, que más de 30 años después del accidente, quedó formalmente declarada como inhabitable.

El director de Greenpeace Japón, Yuko Yoneda, denuncia que esta medida es «un intento» del Gobierno nipón por ayudar a la industria nuclear y dar «una sensación falsa de normalidad», pese a que los muestreos de la ONG dicen «lo contrario». Desde España, la portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, asevera que estaría «encantada» de invitar a Fukushima al ministro de Energía, «que apuesta por las viejas nucleares, para mostrarle lo que está pasando allí». «Ni la planificación de emergencias ni la seguridad nuclear se tuvieron en cuenta y ahora, debido a las políticas de reasentamiento para lavar la cara a la industria nuclear, se da una nueva vuelta de tuerca», reprueba.

Las declaraciones se producen tras un reciente estudio realizado por un equipo de investigación que recogió muestras en Iitate, a unos 30 kilómetros de la central accidentada y ha encontrado dosis de radiación que están «muy por encima de los objetivos de descontaminación del Gobierno japonés, con niveles de exposición anual de por vida que representan un riesgo para los ciudadanos que vuelvan”. De hecho, la ONG internacional asegura que en algunos hogares de Iitate, las dosis de radiación equivalen a una radiografía de tórax semanal. Sin embargo, todavía no se ha realizado ninguna evaluación de los riesgos de exposición de por vida para los ciudadanos si tuvieran que volver.

En la actualidad, de los 54 reactores nucleares que existían en Japón antes del 11 de marzo de 2011, la mayoría siguen inactivos seis años después de la catástrofe, ya que en la actualidad operan tres de ellos. En este contexto, Greenpeace pide a al Gobierno de España «que coquetea con reabrir» la central nuclear de Garoña (Burgos) y ampliar la vida del parque nuclear «envejecido» que deje de apostar por esta tecnología y avance «con urgencia» las energías renovables.

Respecto a Japón, exige al Gobierno nipón que proporcione apoyo financiero completo a la población superviviente y ofrezca información «transparente» sobre los riesgos, para que nadie tenga que regresar por razones económicas o bajo engaño por una falsa sensación de seguridad. Finalmente, insiste en que se debe actuar para reducir la exposición a la radiación al mínimo absoluto para proteger la salud pública y permitir a la población que decida si quiere volver sin coacciones.

El PSOE propone en el Congreso una ley para evitar la reapertura de centrales nucleares que hayan cesado su actividad

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Europa Press.- La portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha registrado una proposición de ley para impedir la reapertura de centrales nucleares cuando haya sido acordado su cese definitivo, tal y como podría ocurrir con la central nuclear de Garoña (Burgos), tras el informe favorable a su reapertura del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

«El objetivo de esta iniciativa es impedir que pueda acordarse la autorización de explotación, o su renovación, de una central nuclear, cuando previamente ha sido acordado su cese definitivo, con independencia de las razones que hubieran motivado dicho cese«, explicó Lucio. Para ello, los socialistas plantean declarar nulas, también, las autorizaciones que pudieran haber sido acordadas antes de la entrada en vigor de esta ley.

Lucio recuerda que Garoña se convirtió en 2006 en la central nuclear en activo «más antigua de España». También ha explicado que es una planta de primera generación, de tecnología similar a la de los reactores de Doel en Bélgica y de Fukushima en Japón, y «ha quedado obsoleta por su tecnología y por la duración de su ciclo de vida, lo que la convertiría en una central de alto riesgo si volviera a operar».

Por ello, Lucio cree que «esta central ha cumplido su ciclo de vida útil y ya está amortizada». «En el momento actual, no tiene ninguna lógica su reapertura desde el punto de vista de la garantía del suministro y de los posibles riesgos para la seguridad. Por el contrario, es necesario que la empresa propietaria de la central ponga en marcha los trabajos de desmantelamiento de la misma», ha concluido.

Podemos presentó otra proposición de ley para que las plantas nucleares se vayan cerrando a medida que expiren sus licencias de actividad y que no se concedan más. De ahí que el texto de la formación morada exija al Gobierno la elaboración, en un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, de un plan nacional para la clausura de las centrales nucleares.

El presidente del CSN destaca la «profesionalidad», «independencia» y «neutralidad» en el proceso de evaluación de la reapertura de Garoña

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Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, ha dejado «constancia» del «agradecimiento» al cuerpo técnico por el desempeño de su trabajo y la «profesionalidad con la que ha tratado todo el proceso«, desde 2006, con las solicitudes de renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Martí también quiso «dejar constancia» de la «independencia» del proceso de evaluación y de la «neutralidad» en las conclusiones alcanzadas, que han debatido «todos los aspectos evaluados» y según el presidente, «como consta en la propuesta de dictamen técnico elevada a pleno, sin discrepancias internas». Así consta en el acta del pleno en el que se emitió un dictamen favorable, por 4 votos a favor y 1 en contra, a la renovación de la explotación de la central burgalesa que su titular, Nuclenor, pidió hasta 2031, cuando la planta llegue a sus 60 años. Además, ha insistido en expresar que el pleno compartió el «sentido y el posicionamiento» de las propuestas de las Direcciones Técnicas.

Asimismo, insiste en «resaltar» que, en todo el proceso, cuando el cuerpo técnico ha modificado criterios lo hizo «para elevar las exigencias a la central«. Martí ha puesto de ejemplo cuando en 2015 el pleno consideró conveniente que Nuclenor efectuara la inspección del 100% de las penetraciones de los accionadores de las barras de control, mientras que la propuesta del titular, revisada al alza por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear proponía un porcentaje inferior.

Más allá de las consideraciones del presidente del regulador nuclear, el acta refleja las deliberaciones del pleno. Por ejemplo, señala que la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) 2008-2012 va acompañada de revisiones aplicables de documentos oficiales de explotación; la revisión del análisis probabilista de seguridad (APS); un análisis de envejecimiento de la central; un análisis de la experiencia de explotación durante la autorización de explotación que se pretende renovar; un análisis del cumplimiento de los límites y condiciones establecidos en el Anexo de la Orden ITC/1785/2009 y del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas y, finalmente, el programa de inversiones y modificaciones de diseño asociadas a las mejoras derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima Dai-Chii.

El acta recuerda también que el pleno acordó emitir una instrucción técnica complementaria sobre documentación y requisitos adicionales en relación a la solicitud de renovación. Así, señala que en cumplimiento de los planes derivados de la revisión periódica de seguridad, de la normativa de aplicación condicionada y de la citada ITC-14.01, y afirma que Nuclenor ya realizó las mejoras en la central que «deberán completarse de acuerdo con los establecido en los límites y condiciones anexos”. El acta expone que el CSN votó a favor de informar favorablemente al Gobierno sobre la renovación de la autorización de explotación y establece 10 límites y condiciones, 8 generales y 2 especiales, así como 15 Instrucciones Técnicas Complementarias.

Nadal tendrá en cuenta a las comunidades autónomas, las organizaciones ecologistas y las empresas en la decisión final sobre Garoña

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró en el Senado, en referencia a la posible reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), que tendrá en cuenta la opinión de las comunidades autónomas implicadas, las organizaciones ecologistas y las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, antes de tomar la decisión definitiva. Así lo explicó Nadal al responder una pregunta sobre qué pasará con Garoña del senador de Podemos, Ignacio Bernal, durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aceptó con condiciones la solicitud de autorización de reapertura de la central burgalesa hasta 2031, una promesa electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011. Ahora la decisión definitiva recaerá en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que debe aprobar en el plazo de seis meses una orden ministerial. El ministro aseveró que “la seguridad es lo prioritario cuando hablamos de energía nuclear». En todo caso, afirmó que el Gobierno basará su decisión en «el interés general» y «teniendo en cuenta lo que tengan que decir las partes implicadas». Además, añadió que «quiere que el precio de la luz baje ante todo y sobre todo».

«Hay que tener mucho cuidado con las decisiones irresponsables porque salen muy caras y les sube el precio de la electricidad a los ciudadanos y lo que este Gobierno quiere es que ese precio baje. Ustedes están en otra cosa, hacer apuestas ideológicas que en el pasado a este país le han costado 10.000 millones de euros de sobrecoste al año en el recibo de la luz», ha puntualizado Nadal. En este sentido, ha apostado por un sistema suficientemente diversificado que cumpla con los compromisos medioambientales y «salga lo más barato posible» para el ciudadano.

Lo cierto es que tanto el actual ministro, Álvaro Nadal, como su predecesor en el cargo, José Manuel Soria, han asegurado en reiteradas ocasiones que la decisión del Ministerio seguirá lo establecido por los técnicos del organismo regulador CSN. Por su parte, Bernal pidió al ministro «cerrar todas las centrales nucleares y Garoña la primera» y expresó su temor de que pueda suponer una indemnización «en diferido» a Iberdrola y Endesa por lo que le exigió «no repetir la operación Castor».Además, acusó al Ejecutivo de «haber montado este teatro con Garoña para abrir la puerta a la ampliación de la vida útil de todas las centrales nucleares del país».

Bernal asegura que a su grupo le consta que hay un dictamen técnico preliminar que refleja que no se han cumplido las medidas de seguridad exigidas a la empresa gestora de Garoña en abril de 2015. Por ello, cree que ahora se plantean «dos mapas». El primero, que se reabra Garoña sin cumplir los requisitos de seguridad, con el “riesgo” que supone para la población civil y el medio ambiente; por ello, ha pedido al titular de Energía que le diga mirándole a la cara, «no voy a abrir un Fukushima en la provincia de Burgos». Y el segundo, el pago de una millonaria indemnización.

“Oposición radical” del gobierno vasco

Por su parte, el Gobierno autonómico del País Vasco confía en que el Ejecutivo de Rajoy «tome nota» de la «oposición radical, rotunda y claramente contraria» de las instituciones de Euskadi a la reapertura de la central nuclear de Garoña, ubicada en Burgos pero cerca del límite con el País Vasco. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, indicó que estudiará las «opciones» a su alcance para defender que la central permanezca cerrada. Resaltó que al rechazo social a la central expresado en diversas movilizaciones en Euskadi se suma la postura contraria de la instituciones de Álava, del Parlamento Vasco y del propio Gobierno autonómico. «Nadie en Euskadi comprendería la reapertura de Garoña», aseveró Erkoreka.

Garoña es la central nuclear más antigua de España y lleva parada desde finales de 2012. Su propietaria, Nuclenor, integrada por Iberdrola y Endesa, ha solicitado poder operarla hasta 2031, cuando cumpla 60 años, aunque para ello el CSN le ha exigido una serie de requisitos de seguridad. En este sentido, la Asociación Profesional de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica desveló que las mejoras de seguridad exigidas a Nuclenor en 2015 no se han llevado a cabo y alertó de que el dictamen favorable del CSN «supone un cambio de criterio» y «de facto una exención encubierta al cumplimiento de los requisitos previos».

El aval a la reapertura de Garoña, punta de lanza para operar las nucleares hasta los 60 años de funcionamiento

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló la reapertura de la central de Garoña (Burgos) si cumple con ciertas condiciones, dando vía libre al Gobierno para que pueda autorizar a la planta a operar hasta los 60 años, hecho sin precedentes hasta ahora en España.

Garoña es una planta nuclear sin clausurar, actualmente en situación de parada segura, y es la más antigua de España. Opera desde 1970 con un reactor de agua en ebullición fabricado por la compañía estadounidense General Electric, similar al de la central de Fukushima, accidentada tras el tsunami que devastó la costa de Japón, y está operada por la empresa Nuclenor (participada por las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola). El accidente ocurrido en Fukushima en 2011 motivó una exhaustiva revisión de las medidas de seguridad en las plantas europeas que concluyó con exigentes requerimientos para Garoña por parte del máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España, el CSN.

Ante la fiscalidad introducida por el Gobierno, Nuclenor decidió parar la central en diciembre de 2012, para a continuación solicitar poder operarla hasta el año 2031, de manera que le compensase la inversión requerida en seguridad, que cifran en varios cientos de millones de euros varios expertos consultados. A raíz de esa petición para conectar Garoña a la red hasta 2031, el Ministerio de Industria encargó al CSN que dictaminara si la central estaba en condiciones de abrir, y en caso afirmativo qué inversiones en medidas adicionales de seguridad tendría que ejecutar para hacerlo. 167 informes técnicos mediante, el dictamen del CSN avaló la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor lleve a cabo las inversiones que se le exigen.

No obstante, la resolución favorable del CSN es preceptiva, pero no vinculante y, por tanto, no supone la autorización, que es un trámite que corresponderá al Ministerio de Energía. De producirse esa autorización la decisión final sobre la reapertura de Garoña estará en manos de Endesa e Iberdrola, pero el Ejecutivo habría sentado precedente, ya que sería la primera vez que se diera el visto bueno para que un reactor nuclear siga conectado a la red hasta los 60 años. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha mostrado sus dudas respecto a la continuidad de las operaciones de Garoña mientras que los responsables de Endesa serían favorables a reabrirla.

Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969, siendo la primera que funcionó en España, y 2006. Una autorización para Garoña implicaría, también por primera vez, desligar las revisiones integrales de seguridad que ejecuta el CSN cada 10 años de las autorizaciones, lo cual supone que la autorización no está condicionada a ella, como ocurría hasta ahora.

El dictamen favorable a la reapertura de Garoña ha abierto un debate político a varios frentes. Por un lado entre comunidades autónomas, ya que mientras el Gobierno de Castilla y León está a favor de reabrir, el del País Vasco ha reclamado al Gobierno que no dé la autorización. Una mayoría parlamentaria, entre la que se encuentran PSOE, Podemos y Ciudadanos pidió por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no autorizara la reanudación de operaciones de Garoña hasta que no hubiera un debate de fondo sobre el alargamiento de la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción exigen a esos partidos que hagan valer su compromiso y no permitan la reapertura de Garoña. Atentos a la resolución definitiva sobre Garoña  aguardan atentamente otras cinco centrales nucleares que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de los 40 años. La siguiente en hacerlo sería la de Almaraz, en Cáceres.

TEPCO detecta con un robot niveles de radiación récord dentro del segundo reactor de la central nuclear de Fukushima

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Europa Press / EFE.- La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) asegura haber detectado unos niveles de radiación récord en el reactor número dos de la central nuclear de Fukushima Daiichi, afectada por el terremoto y posterior tsunami de 2011. La compañía operadora de la planta nuclear indicó que, a partir de un análisis efectuado por un robot, los niveles han alcanzado los 530 sieverts por hora, lo que podría suponer la muerte de una persona tras una corta exposición.

Este hecho dificultará el proceso de desmantelamiento de sus instalaciones, según TEPCO, que anunció la localización de un agujero de un metro cuadrado en la cubierta metálica ubicada debajo del recipiente de presión del reactor, apuntando que probablemente fue causado por combustible nuclear fundido. TEPCO investigaba lo que parecía ser combustible nuclear bajo el reactor número dos de la central durante una inspección con una cámara, si bien no podía confirmar de qué se trataba.

La operadora calcula que se registran unos 530 sieverts de radiactividad por hora dentro de la vasija de contención del reactor y justo debajo del núcleo del mismo, un nivel que sería mortífero para un humano. La compañía eléctrica realizó esta estimación con base en el análisis de las imágenes obtenidas por un robot. Una dosis de un solo sievert al día puede causar daños graves en la salud humana y hasta la muerte, por lo que los niveles estimados en ese punto del interior de las instalaciones nucleares imposibilitan el acceso de operarios humanos e incluso dañarían aparatos electrónicos.

Los reactores 1, 2 y 3 sufrieron fusiones parciales de sus núcleos a raíz del desastre que originó el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, y conocer el estado exacto de las barras de combustible radiactivo es fundamental para su manejo y retirada. En el caso de la unidad 2, los técnicos de TEPCO creen que el combustible se fundió lo suficiente como para perforar la vasija de presión y acumularse en el fondo de la de contención.

Se sospecha que los residuos, una mezcla de combustible fundido y partes de la capa protectora del núcleo que sufrió una fusión parcial cuando el sistema de refrigeración de las instalaciones falló a raíz del terremoto y tsunami de 2011, pueden ser el origen de los niveles extremos de radiación dentro de la vasija. TEPCO precisó, no obstante, que no se han detectado nuevas fugas de radiactividad fuera del reactor ni confirmado la presencia de combustible fundido en el fondo de la vasija de contención.

Los altos niveles de radiación estimados suponen una nueva dificultad para la retirada de las barras de combustible del reactor, uno de los pasos necesarios para su desmantelamiento, que se calcula que durará entre 30 y 40 años, dado que dichas cantidades imposibilitan la entrada de personal al recinto. La crisis atómica de Fukushima, desencadenada por el terremoto y posterior tsunami que azotaron el nordeste de Japón, ha sido el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil en 1986. Fukushima estaba preparada para un terremoto pero no para un tsunami, por lo que el azote del mar provocó varias explosiones de hidrógeno que hicieron que los núcleos de algunos de sus reactores se fundieran parcialmente.