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Ciudadanos abraza las tesis socialistas y acuerda cerrar las nucleares a los 40 años y fijar una moratoria al fracking

Servimedia / Europa Press.- PSOE y Ciudadanos han llegado un acuerdo en materia de energía mantiene buena parte del programa electoral con el que Pedro Sánchez aspira a La Moncloa y que supondrá el cierre de las centrales nucleares a los 40 años de funcionamiento, restringir nuevas autorizaciones de fractura hidráulica (fracking), así como reformar el autoconsumo energético. Así consta en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los responsables de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente.

En concreto, proponen establecer una moratoria durante la próxima legislatura para las prospecciones de fracking y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. En relación con las nucleares, la propuesta establece el cierre «progresivo» de las centrales al cumplir los 40 años “de vida útil”. Se trata de una propuesta defendida por el PSOE en la que Ciudadanos no había adoptado una postura concreta pero Albert Rivera había apuntado que no se oponía a prolongar la vida de las plantas atómicassi los informes técnicos lo avalaban.

Por otra parte, el acuerdo de investidura establece reformar el decreto 900/2015, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En este punto, el PSOE y Ciudadanos destacan que pretenden eliminar el denominado impuesto al sol. Así, pretenden aprobar en su lugar un marco regulatorio «estable» para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

El acuerdo también establece acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición«. El objetivo de ambos partidos es alcanzar un sistema energético «eficiente y sostenible» que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones compatible con los compromisos de París.

Para ello, PSOE y Ciudadanos consideran necesario promover un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. De este modo, proponen aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. Así, PSOE y Ciudadanos abogan por la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2.

Junto a ello, el pacto recoge la creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa. Por otro lado, el PSOE y Ciudadanos plantean desarrollar un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios con el fin de pasar de las actuales 23.000 viviendas rehabilitadas al año a las 200.000 en 2025, lo que serviría para generar con estas actividades de rehabilitación hasta 200.000 empleos nuevos.

Entregan 10.500 firmas para que «se extingan» los permisos de fracking de Luena y Bezana-Bigüenzo

Europa Press 7 EFE.- La Asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria entregó en la Delegación del Gobierno de Cantabria un total de 10.498 firmas para su remisión al Ministerio de Industria, para exigir que se declaren «extintos» y «desaparezcan» los permisos de fracking Luena y Bezana-Bigüenzo, y evitar que la región se convierta «en un gran campo de extracción de gas no convencional«.

A su juicio, el Ministerio de Industria «tiene la obligación» de extinguir estos permisos, tanto por la oposición social como por el «incumplimiento» de los plazos previstos por parte de las empresas adjudicatarias. Con esta iniciativa, la Asamblea contra el fracking solicita la extinción del permiso de Luena, que afecta a los valles de Besaya, Pas Pisueña, Miera, Asón y el norte de Burgos, y el de Bezana-Bigüenzo, que abarca Campoo, Valderredible, Valdeprado del Río, norte de Burgos y Palencia.

La portavoz de la Asamblea, Carmen González, ha dicho que con el registro de estas firmas se quiere «poner de nuevo en la calle el problema del fracking».  Y ello porque «hay muchísima gente en Cantabria que pensaba que esto estaba solucionado». «Nuestra intención con esta campaña es volver a la calle y que a la gente le quede claro que el problema lo seguimos teniendo ahí», remarca la portavoz.

La Asamblea señala así que, dentro del permiso Luena, en septiembre se cumplieron los 18 meses de los que disponía la empresa promotora para presentar el estudio de impacto ambiental. Y lo mismo con el permiso Bezana-Bigüenzo. De hecho, según González, los 18 meses previstos dentro de ese permiso caducaron en julio. «Nos pueden sorprender en cualquier momento», subrayó. González apuntó que se sabe que en el norte de Burgos «las empresas están hablando ya de 2016» para continuar las actuaciones y empezar a perforar.

Repsol y Fenosa «incumplen plazos»

Por otro lado, esta recogida de firmas es la campaña que más firmas ha recogido, tan sólo en «dos meses», destacó Nacho Modinos, portavoz de la Asamblea, para quien demuestra que «sigue siendo abrumadora» y «firme» la oposición social al fracking. Además, desde este colectivo también piden que se declaren extintos ambos permisos porque las empresas concesionarias, Repsol y Gas Natural Fenosa, «no han cumplido los plazos» previstos para realizar los trabajos contemplados. En este sentido indicaron que «tienen la intención de comenzar a perforar pozos de fracking» en 2016.

A ojos de la Asamblea, el rechazo social y el incumplimiento de los plazos constituye un argumento «más que sólido y firme» para que desaparezcan los dos permisos. No obstante, Modinos ha recordado que el objetivo de la Asamblea es combatir la fractura hidráulica «desde todos los ámbitos y sectores», para que no haya fracking en ningún sitio. En este sentido, el portavoz ha señalado que aunque se anulen permisos en Cantabria, territorios vecinos, como Burgos, tienen «papeletas» para que se concedan allí. «Nunca se sabe. Pasado mañana pueden cambiar las tornas», ha reflexionado Modinos, para insistir en que «si tocan a uno, nos tocan a todos», de ahí que su reclamación sea «ni ‘fracking’ aquí ni en ningún sitio».

A este respecto, recordó que aunque los permisos contra los que se han recogido las firmas afectan directamente a determinados valles y comarcas, el agua que «se bebe» en Santander y el «80%» de Cantabria proviene de acuíferos como los de los Valles Pasiegos, donde se han solicitado actuaciones de fractura hidráulica. Y aunque «nunca» han mantenido contacto alguno con «ningún» gobierno, los partidos políticos, «mientras no digan lo contrario», están «en contra» del fracking.

Esta recogida de firmas es «una muestra más de la presión popular destinada a parar el fracking«, presión que en 2014 consiguió la anulación por parte del Gobierno de Cantabria del permiso Arquetu que afectaba a los Valles de Saja y Nansa. Las firmas han sido entregadas en la Delegación del Gobierno por un grupo de personas de la Asamblea ataviadas con trajes típicos de las comarcas afectadas por los permisos de Luena y Bezana-Bigüenzo. Además, un integrante del colectivo se ha disfrazado de la muerte, para alertar de los peligros del fracking sobre el medio ambiente y la salud.

Colectivos cántabros, vascos y burgaleses exigen al Gobierno vasco paralizar toda actividad relacionada con el fracking

Europa Press / EFE.- La Asamblea anti-fracking de Las Merindades y Norte de Burgos, formada por colectivos sociales cántabros, vascos y burgaleses, pidieron al Gobierno vasco la paralización de toda actividad de exploración y explotación de gas mediante la técnica del fracking por parte de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), dependiente del Ente Vasco de la Energía y que se encarga de la búsqueda del gas.

Miembros de la asamblea se concentraron en Bilbao, donde leyeron un comunicado en el que advirtieron a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, de las consecuencias que «para la salud y el medio ambiente de Castilla y León, Euskadi, Cantabria y otras regiones, así como para el suministro de agua potable al Valle de Mena, las Encartaciones y a todo el Gran Bilbao pueden tener las perforaciones proyectadas en la localidad burgalesa de Merindad de Montija». Los manifestantes portaban pancartas en las que se leían frases como Porque el agua y el aire no entiende de fronteras, fracking no, o Prohibición de fracking en Castilla y León.

«El pozo Angosto A, en la localidad de Loma de Montija, además de afectar seriamente y de forma negativa la forma de vida de esta zona, eminentemente agrícola, ganadera y turística, también pone en peligro el agua de ríos y acuíferos«, indicaron. En este sentido, incidieron en que esta actividad afectará a las dos vertientes de aguas de esta zona, el agua del Pantano de Ordunte y el río Cadagua. «También es necesario recordar que los permisos solicitados por SHESA en las áreas de explotación Enara 1 y 2 afectarán directamente al espacio Red Natura 2000 del río Zadorra y, además, al acuífero de calizas de Subijana, principal reserva de agua subterránea de Euskadi», auguraron.

Por otro lado, también aseguraron que existe otro peligro adicional como es la proximidad a estos permisos de la central nuclear de Garoña. «Las Merindades han sufrido movimientos sísmicos en más de una ocasión y se han registrado terremotos de intensidad nada despreciable y atribuidos al fracking en áreas en que con anterioridad a la aplicación de esta técnica se desconocían por completo», apuntaron. Por todo ello, exigieron al Gobierno vasco el cese total e inmediato de toda actividad relacionada con la exploración y explotación del fracking, sea dentro de Euskadi o en otros territorios.

El fracking tiene un impacto ambiental considerable, según un científico británico

Europa Press.- La puesta en marcha de un pozo de fracking requiere entre 7.000 y 10.000 viajes de camiones para aportar el agua necesaria y supone una serie de riesgos e impactos ambientales, según el director científico del British Geológical Survey, Mike Stephenson, que explica en un artículo publicado por Elsevier, todo lo relacionado con la técnica del fracking para extraer gas del subsuelo y apunta que «en muchos sentidos, las operaciones en la superficie de las explotaciones no son diferentes de las obras de construcción«.

Así, este científico señala que la mayoría de la población se preocupa más por lo que ocurre en superficie que a gran profundidad y estima que quien no haya visto nunca un equipo de perforación o un camión de fracking, «difícilmente» podrá imaginar cómo sería vivir cerca de una explotación de fracking. El artículo Shale gas y fracking, la ciencia tras la controversia analiza los efectos en el suelo que podrían experimentar las poblaciones cercanas a los pozos de fracking desde que se inicia la perforación hasta que el yacimiento se agota y se cierra.

Después de conseguir permisos para perforar, se tiene que limpiar y nivelar un área plana llamada almohadilla, con una superficie de hasta 3 hectáreas y, para proteger el suelo de posibles derrames de productos químicos, se coloca un revestimiento impermeable subterráneo e instalar tanques de almacenamiento y tuberías. A continuación, según añade, los camiones tendrán que acceder con regularidad, por lo que también se deberá adecuar caminos o pistas y se usará un río local o un pozo para el abastecimiento de agua. Por tanto, hay que prever el almacenamiento de residuos líquidos con la construcción de un pozo de residuos y tanques de almacenamiento.

El trabajo desgrana punto por punto el proceso total y recuerda que los residuos de este proceso son «los mismos que los de los pozos de petróleo y gas convencionales» y que el fluido de desecho a veces se almacena en pozos profundos. También explica que las aguas residuales deben ser transportadas a plantas de tratamiento. Cuando el pozo ya no es rentable se abandona, instalando unos tapones de cemento para detener cualquier gas restante que pudiera quedar en el pozo, filtrarse a un acuífero o salir a la superficie.

El experto expone que las primeras etapas del proceso son, «con mucho», las más intensas y requieren más trabajo que en las explotaciones convencionales de gas y petróleo. En concreto, advierte de que se precisa de más espacio alrededor de la plataforma de perforación debido a los camiones de fracking, y los caminos de acceso se utilizan de forma más intensiva. El tamaño promedio de una almohadilla de perforación hidráulica es de aproximadamente tres hectáreas, mientras que un equipo de perforación convencional solo requiere dos.

El artículo analiza también los efectos que suponen este tipo de proyectos para la población local, como el ruido de la perforación, que puede ser «muy ruidosa», igual que las llamaradas de gas. La perforación es una actividad que se prolonga durante un mes las 24 horas diarias. Además del ruido, el experto contempla el impacto visual, ya que la plataforma de perforación suele tener unos 30 metros de altura, aunque durante la producción «no hay prácticamente ningún impacto visual».

Medina de Pomar y Villarcayo (Burgos) se conectan con una marcha contra el fracking

Europa Press.- Las localidades de Medina de Pomar y Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) se conectaron con una marcha y una cadena humana contra el fracking en el recorrido entre ambos municipios, que distan unos ocho kilómetros. La marcha fue convocada por los ayuntamientos de estos municipios burgaleses con el apoyo de Asaja, UPA-COAG, UCCL, asociaciones de Las Merindades y la Asamblea contra el fracking de Las Merindades-Norte de Burgos.

Los participantes mostraron su rechazo a la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional, más conocido como fracking, dado que la empresa BNK Petroleum ha solicitado permisos de investigación en la comarca de Las Merindades, al norte de la provincia de Burgos (limítrofe con el País Vasco y Cantabria) así como en otras localidades como el Valle de Sedano. En la marcha se contó con la asistencia de expertos en esta materia, de políticos como el senador socialista Ander Gil, de otros municipios que también están en contra, se amenizó la marcha con música y, finalmente, cuando se conectaron las dos localidades, se leyó un manifiesto para decir No al fracking.

Una veintena de partidos se reafirma en que prohibirán el fracking en sus programas electorales

Redacción / Agencias.- Más de una veintena de partidos ratificó en el Congreso su compromiso de vetar en sus próximos programas electorales la técnica de la fractura hidráulica y prohibirla en el Estado, a excepción de PP, PNV, UPyD y CiU. Entre las formaciones que lo prohibirán, algunas sin representación parlamentaria, figuran Podemos, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Plural, Coalición Canaria, Equo, Amaiur, CHA, el Partido Animalista (Pacma), Los Verdes y Esquerra Republicana. De igual modo, plataformas y colectivos reactivan la iniciativa Stopfracking 2015 para impedir esta técnica en España.

A tres meses de las elecciones generales, estos partidos y unos 200 grupos y asociaciones sociales y medioambientales contrarias al fracking renovaron el Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español, que firmaron en 2014. La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, indicó que su partido no varió «un ápice» su postura sobre este tema y las prospecciones petrolíferas. Por contra, «estamos a favor de que las renovables sean las protagonistas del modelo energético español y estamos convencidos de que la fracturación hidráulica se puede paralizar«, apuntó Lucio, que se mostró partidaria de ir reduciendo la generación nuclear y los combustibles fósiles.

El diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, hizo un llamamiento a «desenmascarar» a quienes se escandalizan cuando ocurren desastres naturales, en referencia al Gobierno popular, pero al mismo tiempo apoyan técnicas como el fracking, considerada a su juicio de alto riesgo. Asimismo, Juan López de Uralde (Equo) aseguró que no habrá fractura hidráulica si el próximo Gobierno cambia de signo político. Según el compromiso firmado, también paralizarán cualquier proyecto que utilice fracking de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados. El fracking consiste en inyectar grandes volúmenes de agua y productos químicos a gran profundidad para romper la roca de pizarra que alberga gas de esquisto o petróleo.

En el documento firmado advierten de la «creciente preocupación» de los ciudadanos por la proliferación de este tipo de proyectos y los «riesgos» asociados a los mismos, como la contaminación de acuíferos y atmosférica, la modificación paisajística o terremotos. Además, más de 200 colectivos sociales se han sumado a la iniciativa StopFracking2015 con el objetivo de paralizar el avance de la fractura hidráulica en toda España, según informó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Esta iniciativa, impulsada por un total de 27 plataformas antifracking, ha cosechado apoyos de numerosos colectivos sociales de diferentes ámbitos.

Precisamente, los representantes de los alrededor de 200 grupos contrarios a la fractura hidráulica se manifestaron previamente ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para denunciar los impactos ambientales, sociales y económicos de esta técnica y exigir su inmediata prohibición así como protestar contra las concesiones ambientales que dicho Ministerio otorgó o puede otorgar a los proyectos de fractura hidráulica. Hasta la fecha, cinco comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Cataluña y Cantabria y Andalucía, legislaron contra el fracking, si bien el Constitucional ya anuló las normas cántabra y riojana.

Reactivan la iniciativa Stopfracking 2015

Según el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el Gobierno debería tener una actitud «mucho más crítica» con respecto a esta técnica, ya que sólo la ha facilitado. Por ello, desde Stopfracking 2015 han buscado el compromiso político de que, en el caso de que uno de esos partidos gobierne, se prohíba la técnica del fracking. La reactivación de esta iniciativa se debe a la cercanía del próximo periodo electoral y persigue que esos partidos firmantes del acuerdo, que según el coordinador de la ONG son «prácticamente toda la oposición», reflejen su compromiso en sus propios programas electorales.

Ante los políticos intervinieron los representantes de cada plataforma contra el fracking, entre ellas, Merindades de Burgos, donde están más avanzados los proyectos que, aunque no se han iniciado aún, empezarán a funcionar 8 pozos en 2016, según indicó Segura. También participaron las plataformas de todos los territorios donde, según Segura, hay «amenazas» de explotaciones de fracking, como las plataformas de Murcia, Cádiz, Jaén, Cantabria, Cataluña, entre otras, que expusieron sus demandas y sus motivos de oposición a esta técnica.

Asimismo, se celebró la jornada StopFracking2015, donde se analizaron aspectos relacionados con la fractura hidráulica, como la viabilidad económica de estos proyectos, los daños al medioambiente y a la salud humana, las alternativas energéticas, y las posibles vías jurídicas con el fin de paralizar esta técnica de extracción. Los denominados expertos dejaron en «entredicho» la viabilidad del fracking para el desarrollo energético del Estado, según Amigos de la Tierra. «Es necesario que la mayoría de reservas de combustibles fósiles que quedan en el subsuelo se queden ahí para siempre. Seguir extrayéndolos es incompatible con cualquier tipo de acción ambiciosa de lucha contra el cambio climático«, señaló Amigos de la Tierra.