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El Gobierno central y Castilla-La Mancha crean un grupo de trabajo para solucionar «discrepancias» en torno a la ley antifracking

Europa Press.- El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha han creado un grupo de trabajo para solucionar las «discrepancias» surgidas en torno a la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, conocida como ley antifracking.

Así consta en una resolución de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el marco de la comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-comunidad autónoma de Castilla La Mancha en relación a la ley Antifracking, aprobada en las Cortes regionales el pasado 9 de marzo, ambas instituciones han acordado «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con la norma y designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral de cooperación la solución que proceda». De igual modo, ambos Ejecutivos han comunicado este acuerdo al Tribunal Constitucional, así como insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Archivados por Medio Ambiente los sondeos de investigación de fracking de Gas Natural Fenosa y Repsol en Valderredible (Cantabria)

Europa Press.- La Subdirección General de Evaluación Ambiental confirmó el archivo del expediente de evaluación de impacto ambiental de los 8 pozos estratigráficos que Gas Natural Fenosa junto con Repsol tenía planeado realizar en Valdeprado del Río (Valderredible), según anunció la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.

El colectivo antifracking recuerda que los 8 sondeos de investigación eran unos de los trabajos previos necesarios para hacer fractura hidráulica, ya que hubieran conseguido un testigo de las capas que hay en el subsuelo para poder determinar con más exactitud cómo y dónde realizar los pozos de fracking. Este proyecto estaba englobado en los permisos Bezana-Bigüenzo, concedidos en 2009, actualmente caducados, según indicó la asamblea. Gas Natural Fenosa (con Repsol de empresa asociada con un 40% de la inversión, y Pyrenees Energy con un 10%) comenzó la tramitación de estos 8 pozos en 2013.

Los trámites se estancaron por razones «desconocidas» para la Asamblea, puesto que la Subdirección General de Hidrocarburos no le ha proporcionado esta información. El plazo máximo para realizar el Estudio de Impacto Ambiental, sacarlo a información pública y consultas era de 18 meses y concluyó en la primavera de 2015. A finales del mes pasado, al no haberse realizado la información pública en el plazo legalmente establecido, la Dirección General de calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural ha archivado el expediente de dichos pozos.

Por otra parte, la agrupación ha señalado que los trámites ambientales para los pozos Valderredible, El Coto-2 y Cadialso-2, también han incumplido los mismos plazos hace meses y por tanto sus expedientes deberían ser también archivados. Además, la tramitación del último pozo de fracking, Sestero-1, en la primavera de 2016, se encuentra «en claro fraude de ley» dado que los permisos Bezana y Bigüenzo perdieron su vigencia por el transcurso del plazo para la realización de la actividad que tenían autorizada (solo se pueden realizar trabajos en el marco de un permiso de investigación si el mismo se encuentra vigente).

Después de conocer la renuncia de Repsol al permiso de fracking Luena que afectaba a los valles pasiegos, y con estos pozos archivados, «cada vez vemos más cerca la posibilidad de que Repsol y Gas Natural Fenosa renuncien a sus proyectos de fractura hidráulica en Cantabria», ha reconocido la Asamblea. «Esto es una gran alegría, aunque no estaremos tranquilos del todo hasta que una prohibición se haga efectiva, ya que en un futuro podrían solicitar nuevos permisos y comenzar de nuevo. Para entonces les estaremos esperando al grito de fracking no, ni en Cantabria ni en ningún sitio, ni ahora ni nunca», concluyó el colectivo.

El Colegio de Geólogos es favorable a «explorar y explotar» los recursos mineros autóctonos para reducir la dependencia del exterior

EFE / Europa Press.- El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) se ha mostrado favorable a «explorar y explotar» los recursos mineros autóctonos para «reducir la dependencia de suministros del exterior». En este sentido, hace referencia a los datos del Panorama Minero del Instituto Geológico y Minero (IGME), que en 2014 señalan que España importó 68.440 millones de euros en recursos minerales, de los cuales un 80% fueron recursos energéticos y un 20% rocas y minerales industriales y minerales metálicos.

Respecto a los diferentes proyectos extractivos, el Colegio Oficial reconoce que estos proyectos cuentan con «una fuerte contestación social local por el lógico miedo a los posibles efectos ambientales negativos que las futuras explotaciones pudieran generar«. Alrededor de estos proyectos han surgido plataformas ciudadanas que se han movilizado en contra de los mismos con el apoyo de la población, los ayuntamientos y, en el caso de una mina de feldespato, la propia Diputación abulense, cuyo pleno aprobó una moción señalando que la minería no es un «sector estratégico» para Ávila.

Ante esta situación, el Colegio de Geólogos señala que en algunos casos son proyectos mineros que «ya han tenido actividad y que no han planteado ningún problema medioambiental», mientras que en otros son nuevos y su impacto «será razonablemente mínimo si se utilizan las mejores técnicas disponibles y se controlan eficazmente con personal cualificado desde las autoridades mineras y ambientales». Respecto a los diferentes proyectos mineros en España, el ICOG considera «positivo investigar y aprovechar los recursos propios siempre que se respete el medioambiente y los proyectos sean económicamente viables».

Por otra parte, el Colegio recuerda que la decisión de investigar los yacimientos minerales o reabrir una mina depende «en gran medida de las fluctuaciones cíclicas de los precios mundiales de las materias primas y de la investigación y el conocimiento de los yacimientos«. Desde su punto de vista y debido a «la evidente dependencia de las industrias españolas de la importación de minerales foráneos, España debe aprovechar y hacer uso de sus propios recursos».

La ley antifracking de Castilla-La Mancha entrará en vigor a mediados de abril

Europa Press.- La ley antifracking por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica entrará en vigor a mediados de abril. La ley fue aprobada el pasado 9 de marzo en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, que se convierte así en la quinta comunidad autónoma que regula la fractura hidráulica.

La técnica del fracking consiste en la extracción de hidrocarburos gaseosos a elevada profundidad, mediante la fractura de la roca con explosivos y la inyección de agua con aditivos para extraer el gas, lo que, según el Gobierno regional que ha impulsado la ley, puede contaminar tanto el aire como las aguas, sobre todo los acuíferos subterráneos. La ley fue aprobada con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP, y con ella se impedirá en la práctica el fracking.

La ley antifracking incluye varias medidas para imposibilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe el plan estratégico sectorial.

Según Castilla-La Mancha, en la búsqueda de yacimientos energéticos no convencionales, como el gas de esquisto, las empresas empiezan a usar técnicas como la fractura hidráulica, también conocida como fracking, que plantea problemas específicos, en especial los relativos a la salud pública y el medio ambiente y generan conflictos socioambientales allí donde se pretenden emplear técnicas de fractura hidráulica. Si bien la Unión Europea ha incidido en la necesidad de elaborar una recomendación que establezca unos principios mínimos que ayuden a los Estados miembros en la exploración y producción de gas natural en formaciones de esquisto utilizando la fractura hidráulica y garanticen la preservación del clima y el medio ambiente, a nivel estatal existe una «insuficiente regulación de la materia».

Así, recuerda queson varios los permisos de investigación otorgados hasta el momento que afectan al territorio de la comunidad autónoma: Aries 1 y Leo en Albacete y Murcia (otorgados respectivamente por el real decreto); Esteros, Almorada y Nava en Albacete y Ciudad Real (otorgados por resolución de julio de 2012 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha); y Cronos en Guadalajara y Soria (otorgado por real decreto). No obstante, los permisos de Aries 1 y Nava han sido extinguidos.

Las autorizaciones de exploración, los permisos de investigación y las concesiones de explotación ya otorgados en el momento de la entrada en vigor de la ley, puesto que sus trabajos específicos quedan sujetos a autorización administrativa por el órgano competente sometida a evaluación de impacto ambiental en los casos que proceda, deben ser incluidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones querecoge esta ley, todo ello de acuerdo con los principios de prevención y cautela anteriormente citados, para la salvaguarda de los valores afectados, esto es, la salud humana y el medio ambiente.

Por otra parte, la presente ley de Castilla-La Mancha incluye, en una disposición final, la Modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para establecer como un supuesto más de los que requieren previa calificación urbanística en suelo rústico a los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracking.

Un senador se niega a comparecer en el Parlamento de Cantabria sobre el fracking porque no es de competencia autonómica

Europa Press.- El senador del PP por Cantabria, Javier Fernández, no comparecerá en el Parlamento regional para explicar la postura que como parlamentario de la Cámara Alta mantiene respecto al fracking porque, a su juicio, la Cámara regional «carece de toda competencia para ejercer el control de los miembros de otros poderes del Estado como las Cortes Generales» y, a su juicio, acudir sentaría un «precedente inconveniente».

Fernández, exconsejero cántabro de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que había sido citado por el Parlamento regional para comparecer el 17 de marzo, ha dado a conocer públicamente que no comparecerá en la Comisión de Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria tal y como se le había solicitado. La comparecencia de Fernández fue solicitada por el grupo socialista y fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo.

El senador popular ha explicado que ha consultado la pertinencia de comparecer en el Parlamento de Cantabria con los servicios jurídicos del Senado, con los del grupo popular y con el propio presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero, también del PP, y le indicaron que sería «sumamente inconveniente asistir» a la comisión para explicar su postura. A su juicio, sentar este «precedente» podría abrir la puerta a «desfile» de parlamentarios nacionales por las distintas Cámaras regionales. Fernández ha explicado que ha tomado su decisión de no comparecer «en contra de su interés personal» pero cree que está «obligado» a ello por una «cuestión de principios» y de respetar el papel que tienen las instituciones.

Dar explicaciones ante los cántabros

El que fuera consejero de Medio Ambiente durante la etapa de Ignacio Diego (PP) como presidente del Gobierno de Cantabria ha opinado que, como senador, tiene que dar explicaciones sobre su postura en cuestiones como el fracking ante la sociedad cántabra y el electorado de la comunidad autónoma, pero no ante un parlamento autonómico. Y es que ha defendido que los senadores «no se encuentran sujetos o ligados a mandato imperativo» y no deber rendir cuentas de su actuación en el Senado ante el Parlamento ni ante ningún parlamento regional puesto que, a su juicio, esto «supondría limitar su independencia».

«Considero que el Parlamento de Cantabria no puede realizar peticiones de esta naturaleza a miembros de otros poderes del Estado, como son miembros del Poder Judicial o miembros del Poder Legislativo, como tampoco podría hacerlo a miembros de otras Administraciones Públicas, como, por ejemplo, los ministros, cuyo control corresponde a las Cortes Generales», argumentó Fernández. Eso sí, el exconsejero expuso su postura respecto al fracking e insistió en su oposición a esta técnica de extracción de gas no convencional en Cantabria. Fernández ha defendido la «autonomía» de cada comunidad para decidir sobre la práctica del fracking en su territorio y, por ello, considera que «no es correcto» que esta técnica se prohíba con carácter general.

Equo (Unidos Podemos) presenta en el Congreso una ley para prohibir el fracking

Europa Press.- Equo, en nombre de Unidos Podemos, registró en el Congreso una proposición de ley para prohibir la fractura hidráulica o fracking como técnica para la investigación y extracción de hidrocarburos en todo el territorio español. El texto señala que el incumplimiento de esta norma tendría carácter de infracción muy grave con multas de hasta 30 millones de euros, así como la revocación o suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal para el ejercicio de la actividad durante 5 años.

La coportavoz de la formación ecologista, Rosa Martínez, criticó esta práctica por ser «perjudicial para la salud», suponer un «alto riesgo sísmico» y dañar los recursos hídricos. Según explicó, debe ser responsabilidad política «cerrar la puerta a esta técnica» que, a su juicio, «lo único que hace es poner el beneficio económico por encima de las personas». Martínez defendió, también, que no se trata del «modelo de desarrollo económico» que Equo desea para el mundo rural. «Apostamos por un modelo sostenible, en el que se cree valor y beneficios económicos sociales y ambientales», apuntó la diputada ecologista, que cree que el fracking «sólo deja beneficios a las grandes corporaciones energéticas».

En este sentido, reclamó apoyo para las renovables y recordó que, para cumplir con el Acuerdo del Clima de París, ratificado por España, no tiene sentido «seguir invirtiendo en conocer y extraer nuevas reservas de combustibles fósiles de energías sucias». «Busquemos en el cielo el futuro y dejemos de buscarlo bajo tierra», apuntó. La ley presentada por la formación ecologista también incluye la modificación de algunos puntos de la Ley del sector de hidrocarburos relacionados con la regulación de las medidas tributarias y no tributarias en relación con la explotación de hidrocarburos y la investigación.

La Junta de Castilla-La Mancha insta al Gobierno a «prohibir de manera taxativa» el fracking en todo el territorio nacional

Europa Press.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha instado al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias específicas en materia de energía, a realizar «una prohibición taxativa» de la práctica del fracking en toda España «al menos hasta que no haya garantías de que no hay ningún problema para la salud pública y para el medio ambiente».

Así lo ha solicitado el consejero durante su visita a Molina de Aragón, en Guadalajara, una de las zonas afectadas por los proyectos de fracking que pretendían implantarse en la región y «a los que no se puso freno durante la anterior legislatura», según ha recordado el Gobierno regional. Martínez Arroyo ha señalado también que Castilla-La Mancha será territorio libre de fracking a partir del día 9 de marzo, una vez que la Mesa de las Cortes dé luz verde a la ley elaborada por el Gobierno regional para hacer inviable en la práctica la fractura hidráulica en la región.

El consejero indicó que, para sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno regional contó con el apoyo de Podemos y deseó que «el PP se sume también a la prohibición del fracking en Castilla-La Mancha» para conseguir alejar de manera definitiva estos proyectos. El consejero reconoció «el esfuerzo y el trabajo» de las Plataformas que se crearon en su momento para luchar contra el fracking en Castilla-La Mancha y que contribuyeron «a que esta iniciativa haya llegado a buen fin», afirmó.

Además, el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias específicas para prohibir el fracking de manera directa, por lo que se ha elaborado una ley que «en la práctica» imposibilita el desarrollo de proyectos de fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha pretendían instalarse 5 proyectos de fractura hidráulica, que afectarían a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. Con la medida actual serán inviables en la práctica.

Los permisos para explorar hidrocarburos mediante fracking en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cantabria se extinguen sin prórroga

Europa Press.- Los permisos para explorar hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) se han extinguido sin prórroga al denegar el Ministerio de Energía, la solicitud de suspender los permisos Angosto-1, Enara, Usoa, Mirua y Usapal. Así consta en una orden ministerial que publica el BOE, respecto a los permisos de investigación otorgados en noviembre de 2006 a Enara y en enero de 2008 al resto.

El Gobierno fue concediendo prórrogas a estos permisos para explorar hidrocarburos, hasta 2013, luego hasta 2014 y, finalmente, hasta el 19 de junio de 2016 para Angosto 1 y hasta el 18 de febrero de 2017 para Enara, Usoa, Mirua y Usapal. El operador solicitó en 2015 que se interrumpiese el cómputo del plazo de vigencia de los permisos de investigación de hidrocarburos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 6/2015 de medidas adicionales de protección medioambiental mediante fracking dictada por la comunidad autónoma del País Vasco.

Por ello, la Secretaría de Estado de Energía concluye que el análisis del programa de trabajos e inversiones del conjunto de permisos de investigación «no permite deducir» que concurran las circunstancias para permitir tal suspensión de plazos, a pesar de que no niega que la aprobación de la normativa autonómica vasca suponía una carga adicional en la tramitación de los sondeos de investigación. Si bien, no aprecia un obstáculo impeditivo para seguir con los trámites.

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso pide de nuevo al Gobierno que prohíba el fracking en toda España

Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV, en la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias con «pleno respeto» a las competencias autonómicas con el fin de «prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica, también conocida como fracking, en todo el Estado, por los riesgos que supone para el medio ambiente y para las personas”.

La iniciativa fue presentada por el PSOE y logró 22 votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, 14 en contra (PP) y una abstención (PNV). No es la primera vez que la Cámara Baja pide al Gobierno que prohíba esta técnica, puesto que la Comisión de Industria, Energía y Turismo ya lo hizo en marzo del año pasado, entonces con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y DiL.

Además, la proposición no de ley aprobada solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que suspenda cautelarmente las prospecciones con fracking, incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establezca una moratoria hasta que no se prohíba esta técnica y que incluya todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones actualmente en trámite y las que hayan recibido la concesión pero no hayan iniciado los trabajos de fracturación hidráulica. La iniciativa también pide al Gobierno que modifique las leyes nacionales sobre sistemas eléctricos e hidrocarburos y derogue los artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que utilicen fracking.

El portavoz del PSOE, Manuel González Ramos, defendió la proposición no de ley explicando primero que el fracking es una técnica que consiste en inyectar a alta presión fluidos compuestos por «agua, arena y aditivos químicos muy peligrosos» con el fin de fracturar las rocas y agrandar las fracturas para que los hidrocarburos que están atrapados acaben en el interior de un pozo, permitiendo así su extracción. González Ramos indicó que se trata de una técnica que «plantea graves riesgos» en lo referente a la salud pública y el medio ambiente, puesto que conlleva un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas por las sustancias químicas utilizadas, así como escapes de gas metano y riesgo de seísmos.

«Permitir el fracking es perpetuar un modelo productivo dependiente de los combustibles fósiles, condenando a nuestro país a seguir siendo dependiente energéticamente», apuntó, antes de pedir a Rajoy que «sea valiente y apueste por las energías renovables«. «¿Por qué su Gobierno quiere buscar megavatios bajo tierra cuando tenemos millones de megavatios sobre ella? Alemania tiene 8 veces más energía solar fotovoltaica que España, teniendo muchas menos horas de sol. Un Ministerio que tiene en su nombre el Medio Ambiente no puede ser cómplice de este terrorismo contra el entorno», apostilló. «Los socialistas queremos preservar la salud y de su entorno», manifestó el diputado, que cree que el fracking es «una amenaza de la que protegerse».

En la comisión ha subrayado la necesidad de apostar por las energías renovables, quitar el impuesto al sol, en referencia a los peajes existentes para quienes opten por el autoconsumo con energía solar,y seguir desarrollando energías limpias. Al término de la comisión, celebró que la iniciativa haya salido adelante y confía en que el resultado será celebrado en las zonas donde hay permisos de investigación, en las que asegura que «hay mucha oposición». Entre ellos, ha destacado algunos permisos que están «en la tierra de María Dolores de Cospedal», cerca de las Lagunas de Ruidera, en Guadalajara y en Hellín, pero ha indicado que también hay permisos en País Vasco o Castilla y León.

«Esto es un éxito», ha celebrado el socialista que dice que ahora el Gobierno «hará lo que considere conveniente» pero opina que esta es una forma de decirle al Ejecutivo que no se puede «seguir por esta vía» de entretenerse en plataformas de petróleo o proyectos de fracking en vez de apostar por las energías renovables. En definitiva, con estos proyectos de combustibles fósiles España está «perdiendo una oportunidad histórica» de favorecer las renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica.

El PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra. Su portavoz, Ernesto Aguiar, acusó a los socialistas de ser incoherentes porque cuando gobernaron hasta 2011 «no hicieron absolutamente nada», mientras que los populares aprobaron durante la pasada legislatura una ley que garantiza que los proyectos de fracking puedan realizarse si ofrecen «mínimas garantías». El PNV se abstuvo porque, según su portavoz, Joseba Agirretxea, la proposición no de ley incluye la «contradicción» de que pide la prohibición del fracking y «respeto» a las competencias autonómicas. «Quiero que Euskadi esté libre de fracking porque lo deciden el Parlamento Vasco o los vascos, pero no porque decidan por mí y después, además, se diga que se respetan las competencias autonómicas», arguyó.

Por otro lado, Jaume Moya (Unidos Podemos-En Comú Podem) apoyó la iniciativa del PSOE indicando que el fracking «no es más que una huida hacia delante de un modelo energético y productivo vinculado a los combustibles fósiles que nos lleva al desastre». Toni Cantó (Ciudadanos) subrayó que su partido apuesta por «otro modelo energético más sostenible más respetuoso con el medio ambiente y donde las energías renovables tengan una mayor importancia«, Toni Postius (PDeCAT) comentó que el fracking está prohibido en países de la Unión Europea como Francia, Bulgaria y Suiza, y Marta Sorlí (C-P-EUPV) comentó que esta técnica «antepone la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas».

Vaca Muerta, la joya del fracking que divide a los argentinos entre partidarios y detractores de la técnica extractiva

EFE.- Mientras el consumo mundial de energía sigue creciendo, la vasta reserva de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, está siendo agujereada en los últimos años por los pozos de fracking. Desde lo alto, Vaca Muerta es un sobrecogedor desierto en el que ha sido construida una colmena de pozos. En cualquier dirección es posible observar los caminos abiertos en busca de hidrocarburos, intercalados con reservorios y torres de perforación, donde aparentemente hay más máquinas que trabajadores.

El fracking parte de la perforación de un pozo hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo y posteriormente se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión. El proceso es duramente criticado por ambientalistas, agricultores e indígenas de la región de Neuquén, quienes denuncian la liberación de grandes cantidades de gas metano y la contaminación de los acuíferos de esta región de Argentina.

Roberto Ochandio es extécnico del sector del petróleo y pasó a ser activista en la lucha contra la fractura hidráulica tras constatar el “descontrol ambiental de las empresas petrolíferas”.  “Los acuíferos y las plantaciones están recibiendo sin cualquier control el agua que se emplea para la fractura y que llega con productos químicos artificiales”, apunta Ochandio, coautor del libro 20 mitos y realidades de fracking.

El rechazo a la fractura hidráulica está en la agenda de líderes políticos, organizaciones y entidades, quienes, encabezados por la ONG internacional 350.org, se reunieron en Buenos Aires y Neuquén a comienzos de diciembre para debatir las estrategias de combate a esta práctica. La ONG ofrece apoyo a las organizaciones locales, a los indígenas y a los grupos políticos “con el objetivo de empoderarlos y que sus voces sean escuchadas”, según explicó Nicole Oliveira, coordinadora de 350.org en América Latina.

Los agricultores de la zona y los mapuches también se oponen a la explotación, que colinda con las plantaciones de manzanas y peras, principales productos de la región. Los productores critican la falta de atención de las autoridades con la contaminación del agua que irriga el suelo y con la creciente especulación de los terrenos. “Como no hay una reglamentación que limite las áreas de cultivo y de fracking están instalando pozos al lado de las haciendas, contaminando y obligando a vender las tierras”, denuncia Sebastián Hernández, presidente de la asociación de fruticultores de Allen.

La fractura hidráulica se ha convertido en los últimos años en la punta de lanza de un debate que enfrenta dos visiones opuestas sobre el futuro de los combustibles fósiles en Latinoamérica. Mientras es criticado por diversos colectivos, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales es visto por las autoridades como un camino lucrativo para conseguir la ansiada independencia energética en Argentina. Los defensores del fracking recuerdan que su implantación está respaldada por el voto popular y subrayan que los métodos no convencionales traerán un futuro “promisorio” para una provincia que sueña con el oro negro.

Según el diputado Luis Felipe Sapag, del partido Movimiento Popular Neuquino (MPN), el objetivo principal del fracking es que esta región patagónica deje de depender en materia de energía. “Estamos entusiasmados. Las cosas van bien, a pesar de que el precio internacional del barril del petróleo tan solo haya crecido un 5 o 6% “, señala. Sapag compara los riesgos del fracking al de otras actividades industriales y admite que los riesgos existen, “pero pueden ser monitorizados, controlados y evitados”.

A su juicio, en Neuquén no se ha registrado ninguna catástrofe lo que, en su opinión, coloca en jaque la legitimidad de las organizaciones internacionales contrarias a este tipo de explotación de hidrocarburos. “Qué derecho tiene alguien que viene de Buenos Aires, Europa o algún profesor de teorías de la iluminación para decir a los argentinos que no podemos utilizar nuestros recursos?”, ironiza el diputado.