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Iberdrola permanecerá en el Reino Unido aunque gane el Brexit mientras el Supremo obliga a devolverla 11,7 millones en Extremadura

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EFE.- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a la Junta de Extremadura a devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola, compañía eléctrica que ya ha avanzado que permanecerá en el Reino Unido sea cual sea el resultado del referéndum sobre el Brexit que se celebra este jueves, una decisión que todas las empresas españolas allí establecidas consideran que sería más provechosa económicamente si ganara la permanencia, aunque preparan planes para afrontar la eventual salida de la Unión Europea.

El Reino Unido es un país clave para Iberdrola, donde emplea a 6.700 profesionales, cuenta con 6.465 megavatios (MW) instalados, la mayoría renovables, y casi 5,5 millones de clientes en los servicios de electricidad y gas. Sus activos en el país están valorados en 30.000 millones de euros. Este mercado ronda el 25% del resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo, una cifra que Iberdrola espera consolidar con unas inversiones previstas de 8.400 millones de euros entre 2016 y 2020. Iberdrola ha señalado que, en su opinión, «la pertenencia al mercado común beneficia a Gran Bretaña«, al tiempo que ha avanzado que, «sea cual fuere el resultado del referéndum, Iberdrola seguirá siendo una de las grandes empresas de Gran Bretaña».

11,7 millones devueltos en Extremadura

Por otro lado, el Tribunal Supremo confirmó que la Junta de Extremadura debe devolver 11,7 millones de euros a Iberdrola del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente correspondiente al ejercicio 2009. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó el recurso de casación que interpuso la Junta contra la sentencia que dictó en abril del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la cual confirma en sus propios términos.

El fallo del TSJEx estimó el recurso contencioso-administrativo promovido por Iberdrola contra la resolución adoptada por el Gobierno regional en abril de 2012, que consideraba que no había lugar a las reclamaciones acumuladas instadas por Iberdrola frente a la desestimación presunta, después expresa, de la solicitud de devolución de ingresos indebidos y rectificación de la autoliquidación del impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, según han explicado las mismas fuentes. La Sala de instancia anuló dichos actos administrativos y condenó a la Junta de Extremadura a devolver a Iberdrola la indicada suma, más los correspondientes intereses de demora.

En este proceso se ha tenido en cuenta una decisión del Tribunal Constitucional emitida en 2015, que declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley extremeña 7/1997 de Medidas Fiscales sobre producción y transporte de energía que incidan sobre el Medio Ambiente. «Siendo inconstitucionales los preceptos legales que dieron cobertura a la autoliquidación discutida, su nulidad resulta indiscutible, procediendo, como ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia, reintegrar a Iberdrola la suma que ingresó en las arcas públicas de la Junta en concepto de impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente del ejercicio 2009, más sus intereses legales», han explicado desde el Tribunal Supremo.

Monago critica a la compañía

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, criticó que las compañías eléctricas «en lugar de recurrir tanto a los tribunales podían tener un guiño que otro con la comunidad autónoma». El dirigente popular añadió que aunque la respeta «no deja de ser curioso siendo Extremadura exportadora neta de energía al resto de España». En este sentido, lamentó que no se haya sido capaz de que el domicilio fiscal de estas empresas esté en Extremadura ni que haya un tratamiento diferencial en cuanto al precio de la energía en Extremadura.

El proyecto del ATI de Almaraz se asemejará al de Zorita

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EFE.- El Almacén Temporal Individualizado (ATI) proyectado para la central nuclear de Almaraz para 2018 será similar, aunque con algunas particularidades, al construido en la central nuclear José Cabrera, en Zorita de los Canes (Guadalajara). El proyecto del ATI de Almaraz, que supondrá un desembolso de 24 millones de euros, aún precisa del informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y, con posterioridad, necesitará del informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear y de la aprobación del Ministerio de Industria.

Proyectado sobre la zona norte de los terrenos de la central a partir de un estudio pormenorizado de numerosos factores, tanto geológicos como medioambientales, así como de seguridad, el ATI puede albergar hasta 20 contenedores de almacenaje y transporte, cada uno de ellos con una capacidad de albergar 32 elementos de combustible gastado. Con 32 compartimentos en su interior, el contenedor es de acero forjado, de blindaje biológico y presenta dos tapas, una exterior y otra interior, y un espacio presurizado con helio entre ambas.

El ATI, según el proyecto, es una plataforma o losa de almacenamiento, fabricada en hormigón a unos dos metros bajo la cota del suelo, y dispondrá de un muro perimetral de 5 metros, 2 en subsuelo y los 3 restantes sobre superficie. Asimismo, contempla un vallado de delimitación de zona controlada, uno doble de seguridad física y un tercero exterior para acotar el terreno de la zona libre de acceso.

Similar plataforma o losa de almacenamiento, fabricada en hormigón, tiene el ATI de Zorita, si bien ésta fue ejecutada sobre la cota cero del terreno y tiene doble vallado, además del que acota la zona. Alberga 16 contenedores, sólo de almacenaje, cubiertos de acero, herméticamente cerrados y recubiertos también de blindajes de hormigón y plomo de aproximadamente un metro de espesor. La central nuclear de Zorita comenzó a funcionar en 1968, fue la primera que se construyó en España, con un pequeño reactor de tan sólo 160 megavatios y el nombre de José Cabrera se le dio en reconocimiento al físico que dirigió sus inicios.

Empresas extremeñas de la industria solar asistirán a la feria Intersolar Europe en Múnich

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EFE.- Una decena de empresas extremeñas pertenecientes a la industria solar asistirán a la XXV edición de Intersolar Europe, que se celebrará esta semana en Múnich (Alemania). El objetivo de este evento, plataforma relevante para los fabricantes, proveedores, distribuidores, mayoristas, inversores e instituciones relacionadas con el sector energético, es la prospección del sector fotovoltaico y de las energías renovables internacional, así como el establecimiento de contactos para la introducción de los servicios de las empresas extremeñas, o en su caso, establecer primeros contactos para posibles alianzas estratégicas.

Unas 1.500 personas de España y Portugal piden el cierre de Almaraz

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EFE.- Unas 1.500 personas de España y Portugal reivindicaron el cierre de la central nuclear de Almaraz, en una jornada en la que participaron 40 organizaciones del Movimiento Ibérico Antinuclear y representantes del Bloco de Esquerdas, presente en el gobierno luso y eurodiputados de Podemos e Izquierda Unida. Bajo los gritos de «Chernóbil, Almaraz, Fukushima nunca más», proclamaron un manifiesto para pedir el cierre de la central nuclear de Almaraz en 2020 y que no se amplíe su vida.

El diputado de la Asamblea de la República de Portugal, Pedro Soares, que ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Descentralización y Desarrollo local en el parlamento de Portugal, señaló que «el gobierno de Portugal ha aprobado por unanimidad una moción para pedir al Gobierno español que cierre Almaraz lo antes posible». Para el diputado portugués, «en el caso de que ocurriese un accidente, afectaría también a Portugal y el Tajo sería su vehículo, por lo que es un problema de ambos países».

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, fue más allá e indicó que «es un problema europeo». También aseguró que «en Europa se está avanzando en política antinuclear y España no se puede quedar atrás». Así indicó que, a raíz de Fukushima, Alemania tiene previsto cerrar todas sus centrales nucleares en el 2022 y en Austria se prohibieron en la Constitución.

Por su parte, el eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, ha destacado la importancia de que «dos países que muchas veces han estado de espaldas se unan para defender el río y las energías limpias». A este respecto indicó que «el futuro de los territorios vinculados a las nucleares pasa por cambiar el modelo de producción y apostar por las energías renovables; en Extremadura por suerte cuentan con mucho sol«.

Una de las coordinadoras del Movimiento Ibérico Antinuclear, Paca Blanco, resaltó que la central «ya ha superado su vida útil con más de 30 años y tras una primera ampliación hay que impedir una segunda». Por ello ha pedido que «el reactor 1 se cierre en 2020 y el reactor 2 en 2021 para dejar de correr riesgos innecesarios«. Blanco indicó que cuenta con un informe del físico nuclear Francisco Castejón que avala el cierre y ha incidido en que «el cierre no supondrá pérdida de riqueza para la zona».

La comarca del Campo Arañuelo, a pesar de contar con la central nuclear, «es una de las más pobres de la región y con más paro», destacó. «Las energías renovables son suficientes para mantener el suministro y sólo se está favoreciendo a las compañías eléctricas con el mantenimiento de Almaraz», según el Movimiento Ibérico Antinuclear. Entre las organizaciones que acudieron agrupadas en el Movimiento Ibérico Antinuclear han asistido entre otras PAN (Personas-Animales-Naturaleza), PEV (Partido Ecologista los Verdes), Anticapitalistas, ProTejo, Ecologistas en Acción, Adenex, Greenpeace y Equo, así como Podemos, IU, Pacma, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, CGT y CNT.

Extremadura, más cerca de contar con energía eólica con un parque de Gas Natural Fenosa

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EFE.- Extremadura está más cerca de contar con energía eólica después de años de demora a consecuencia de las trabas políticas y sociales a estos proyectos por su supuesto impacto sobre el medioambiente y el turismo en la zona y por los distintos cambios de normativa. Parece posible después de que se haya conocido que la Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto ambiental del parque Merengue, en Plasencia (Cáceres), y su infraestructura de evacuación.

Con un presupuesto cercano a los 38 millones de euros, la mercantil Gas Natural Fenosa Renovables pretende instalar en la Sierra del Merengue 15 aerogeneradores con una potencia total de 39,9 megavatios. El proyecto del parque recoge una línea de enlace entre los generadores y la subestación eléctrica elevadora de 4,8 kilómetros de tramo aéreo y otros 2,1 de tramo subterráneo. Además de éste, la Junta de Extremadura tiene encima de la mesa otros 18 expedientes de solicitud de proyectos de parques eólicos, cuya potencia conjunta rondaría los 547 megavatios. En diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Plasencia anunció que no pondría obstáculos al proyecto de instalación de parques eólicos en la Sierra del Merengue.

Hace 16 años, el entonces presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue el primero en oponerse a este tipo de energía. «Si alguien quiere modificar el paisaje, que dé trabajo a 1.500 jóvenes», planteó en mayo de 2000, año en el que, según desveló el propio Ibarra, muchas empresas eólicas habían pedido al Ejecutivo regional instalar 150 parques repartidos por toda la comunidad con 6.758 aerogeneradores. A su juicio, la energía eólica debía ser concebida «como alternativa a la otra». Además, como la industria eólica también «fabrica cosas», deberían implantar las otras factorías en Extremadura.

No fue hasta 2005 cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó un decreto por el que se regulaba el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de parques eólicos. Dicho decreto recogía que las empresas tenían que comprometerse a crear 3 puestos de trabajo estable por megavatio de potencia instalada, así como a impulsar la creación de infraestructuras industriales en las áreas de influencia socioeconómica de estas instalaciones.

Se denegaron todos los proyectos

Un año después, un total de 17 empresas presentaron proyectos para crear cerca de 129 parques eólicos en la región con una petición de potencia de 3.641 megavatios, lo que demostraba, según el entonces consejero de Economía, Manuel Amigo, que «no estábamos equivocados» al exigir la creación de 3 empleos por cada megavatio instalado, una premisa que desde el primer día rechazó el PP. En 2007, el Consejo de Gobierno de la Junta denegó la autorización a todos los proyectos presentados para la instalación de parques eólicos en la región aunque anunció que abriría un nuevo proceso para adjudicar estas plantas energéticas ya que apostaba «decididamente por las energías renovables».

Según explicó Amigo, la totalidad de las iniciativas presentadas incumplían alguno de los requisitos establecidos en el Decreto 192/2001 debido mayoritariamente a «problemas administrativos» que debían ser subsanados, aunque son «cosas fácilmente subsanables». De hecho, días después el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba la orden por la que se convocaba la presentación de solicitudes de autorización de instalación de parques eólicos. Ya con Fernández Vara en la Junta, la nueva convocatoria atrajo la presentación de 96 expedientes de parques. En agosto de 2008, el Consejo de Gobierno aprobó un total de 22 autorizaciones, con una potencia de 437,5 megavatios.

Sin embargo, en enero de 2010, el Gobierno central denegó la totalidad de los proyectos eólicos presentados ya que ninguno entraba en la preasignación que garantiza las primas para hacer rentables las inversiones. La denegación por parte del Gobierno socialista de la totalidad de proyectos de parques eólicos en la región fue para el PP una «tomadura de pelo» para los extremeños que atribuyó a la «docilidad» del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

La respuesta extremeña fue dada al aprobar en octubre de 2010 un nuevo decreto de regulación en la región, que permitía sustituir la condición de crear 3 empleos por megavatio generado por la posibilidad de otorgar a los ayuntamientos la cuantía mínima del 8% de su facturación anual con el fin de ajustarla al nuevo marco regulatorio. A esta convocatoria se presentaron 248 solicitudes de parques eólicos, de 43 promotores diferentes y con una potencia de 6.698 megavatios. Ya con el PP en la Junta, se anunció un retraso en la firma de autorización de las solicitudes para atender la idoneidad ambiental de los proyectos. Con la moratoria renovable del Gobierno central el número de solicitudes ha caído a 19.

De los 18 restantes, una decena ya cuentan con autorización administrativa, que fue dada antes de abril de 2015, y uno de éstos ya tiene aprobado el proyecto de ejecución, mientras que los otros 8 están en fase de tramitación. Fuentes de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura indicaron que la iniciativa que ya cuenta con el proyecto de ejecución aprobado hace referencia al parque eólico Valle de Peraleda, con una potencia total de 50 megavatios, y que se ubicaría en los términos municipales de Peraleda del Zaucejo y Monterrubio de la Serena.

PSOE y PP pugnan en Extremadura por llevarse los méritos del futuro desarrollo eólico en la región

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EFE.- Mientras el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, destacó en relación con el proyecto para instalar un parque eólico en Plasencia (Cáceres), que hay mayor interés por la implantación de esta energía renovable desde que los populares aprobaron en el Gobierno la nueva normativa, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, espera que el Plan de Desarrollo Energético Sostenible que aprobaron en 2008 pueda «acabar siendo una realidad», pues hay energías que son viables sin las primas.

Fernández Vara se mostró confiado en que, aunque sea «con cierto retraso», se puedan «recuperar algunos de los proyectos que estaban tanto en fotovoltaica, biomasa o eólica», porque será «una buena noticia» para Extremadura. En esta línea, Vara ha señalado que una de las cuestiones en las que la sociedad se juega mucho en las elecciones es en la política energética de España en el futuro, la cual «no puede depender del gobierno de turno». Así, abogó por conseguir un amplio respaldo para un plan energético de futuro que tenga en cuenta también los requerimientos de las organizaciones que «están preocupadas por algo que ya está aquí», el cambio climático.

Monago atribuye mérito al PP

Por su parte, el líder popular, José Antonio Monago, señaló que en la región hubo proyectos que «estuvieron planeando», pero que finalmente no se materializaron porque los requerimientos «eran estrictos y hacían que las cuentas no cuadraran». Por ello, el anterior Ejecutivo realizó una modificación normativa que hace que Extremadura resulte «más atractiva» para un tipo de energía que, según Monago, había sido una «asignatura pendiente» en la región. «Hicimos un trabajo serio y riguroso que ha permitido atraer esas inversiones y ahora se están recogiendo los frutos», ha insistido.

Iberdrola pone en servicio una nueva línea de alta tensión en la Sierra de Gata (Extremadura)

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EFE.- La compañía Iberdrola ha puesto en servicio una nueva línea eléctrica de alta tensión, de 16 kilómetros de longitud y 111 apoyos, que discurre por las localidades cacereñas de Hernán Pérez, Cadalso y Descargamaría, en la comarca de Sierra de Gata. La infraestructura, que supuso una inversión de 750.000 euros, sustituye a la antigua, que data de la época de electrificación de la comarca y había sufrido muchas modificaciones, según comunicó la compañía eléctrica.

Además, el nuevo trazado se ha diseñado en circunvalación a la población de Cadalso de Gata, de manera que se han eliminado tendidos aéreos sobre el casco urbano y se soterraron otros elementos. La línea cuenta con sistemas de protección medioambiental, en concreto elementos anticolisión y antielectrocución para proteger a la avifauna, y cumple un doble objetivo: por un lado, permite aumentar la potencia eléctrica de la comarca y, por otro, mejora la seguridad y la calidad del suministro que Iberdrola ofrece en estas poblaciones.

Esta puesta en servicio se enmarca en el plan de inversiones que Iberdrola destina a mejorar su red de distribución en Extremadura. La empresa ha anunciado recientemente un plan de inversión para el periodo 2017-2019 que asciende a 72 millones de euros, que irán destinados al desarrollo de nuevas infraestructuras, la renovación de su red de alta y muy alta tensión en líneas eléctricas y subestaciones, y la culminación del despliegue de redes inteligentes a través de su proyecto STAR.

Iberdrola tiene en Extremadura una amplia red de distribución formada por 24 subestaciones, 3.330 centros de transformación, unos 12.600 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión y atiende a alrededor de 320.000 puntos de suministro. Cuenta con instalaciones de generación que suman una potencia instalada de 1.971 megavatios (MW), una amplia red de distribución eléctrica y unos 310 empleados. Durante 2015, la actividad de la empresa en esta región generó un impacto económico de 188 millones de euros, a través principalmente del impacto fiscal de la actividad económica, que superó los 89 millones.

La Justicia desestima el recurso de los 15 trabajadores despedidos por incumplir la vigilancia en la central nuclear de Almaraz

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EFE.- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) desestimó el recurso presentado por un grupo de 15 trabajadores despedidos por la empresa encargada de las labores de vigilancia contra incendios en la central nuclear de Almaraz. De este modo, el TSJEX ratifica el fallo del Juzgado de lo Social de Plasencia, que en octubre consideró procedente el despido de estos trabajadores de la empresa contratista que tenía encomendadas las funciones de vigilancia de «Protección Contra Incendios» de la central nuclear.

La sentencia ratifica los incumplimientos identificados y acreditados por estos trabajadores en la realización de sus funciones en algunas rondas de vigilancia. Según la defensa de los recurrentes, la sentencia del juzgado placentino «no acreditaba en ningún momento que los trabajadores sancionados tuviesen conocimiento alguno sobre el Procedimiento para la realización de rondas de vigilancia del PCI, ni control de operatividad de equipos y/o sistemas de extinción de incendios, así como las consecuencias sancionadoras en caso de incumplimiento». Asimismo, defiende que el cumplimiento por parte de los trabajadores despedidos fue del 100% y que la empresa «no aporta ni justifica la determinación de los puntos por los cuales los trabajadores son sancionados con el despido».

“No afectó a la seguridad”

El expediente de despido disciplinario se inició a raíz de una investigación interna de la empresa contratista, que atribuyó a los trabajadores implicados «la comisión de una infracción laboral muy grave», aunque, según señalaron fuentes de la central nuclear de Almaraz, «no afectaron en ningún momento a la seguridad de la planta, dado que esta cuenta con sistemas complementarios y redundantes de vigilancia contra incendios«. El febrero de 2015, el Consejo de seguridad Nuclear (CSN) detectó durante una inspección por la planta, que, en varios casos, las hojas de control de las ronda de vigilancia de la Protección Contra Incendios (PCI) se habían cumplimentado sin que éstas se hubieran realizado.

Posteriormente, a solicitud de la inspección residente, el titular de la instalación notificó al CSN el suceso correspondiente a esta incidencia, que fue clasificado con nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). El 23 de junio de 2015 el CSN consideró que este hecho afectaba «de forma muy poco significativa al riesgo de la instalación». El titular de la instalación extremeña tomó, de manera inmediata, las acciones correctoras necesarias para subsanar la situación. Adicionalmente, se requirió a la empresa contratista del servicio la inmediata puesta en marcha de medidas para garantizar el adecuado cumplimiento del mismo, así como la adopción de medidas de control tendentes a evitar la repetición de este tipo de conductas en el futuro.

Industria deniega su autorización al proyecto de la refinería Balboa en Extremadura para satisfacción de los grupos ecologistas

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EFE.- La organización ecologista WWF mostró su satisfacción por la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de denegar al Grupo Gallardo la autorización para la refinería Balboa y celebró que «el proyecto no se va a llevar a cabo». Finalmente, Industria no dio luz verde al proyecto para la instalación de una refinería de petróleo en el término municipal de los Santos de Maimona (Badajoz) y sus infraestructuras asociadas en Sevilla y Huelva, presentado por Refinería Balboa, perteneciente al Grupo Gallardo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas en la que se informa de la no concesión de este permiso, contra la que puede interponerse recurso de alzada ante la secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes. De este modo, se cierra un proceso de años de debate, reivindicaciones y protestas a favor y en contra de un proyecto que se anunció en 2003 y que supondría una inversión de 1.200 millones de euros y generaría 3.000 empleos directos e indirectos.

El pronunciamiento de Industria se produce después de que la empresa solicitara autorización para la ejecución de este proyecto al Ministerio en enero de 2008 y presentara el correspondiente proyecto técnico de las instalaciones y el preceptivo estudio de impacto ambiental. El proyecto incluía la instalación de una refinería sobre una superficie aproximada de 200 hectáreas, con una capacidad para procesar 5.750.000 toneladas anuales de crudo y otras materias primas y de generar 5.411.000 toneladas de productos, también al año.

Comprendía además un sistema de recepción y descarga de crudo en el puerto de Huelva, con sistema de monoboya y oleoductos submarino y terrestre que conectarían con un parque de almacenamiento en Huelva que tendría una capacidad total aproximada de 500.000 metros cúbicos. También estaba proyectado un oleoducto de entrada de crudo a la refinería y poliducto, paralelo al anterior, de salida de producto al parque de almacenamiento, con una longitud aproximada de 201 kilómetros que transcurriría por las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz. Además, incluía un poliducto de salida de productos hacia la Terminal de Almacenamiento de CLH en Mérida, en este caso de 47 kilómetros por Badajoz.

Previamente, en julio de 2012, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental (DIA) en sentido negativo de este proyecto, al concluir que previsiblemente causaría efectos desfavorables significativos sobre el medio ambiente, y al considerar que las medidas previstas por el promotor «no eran una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación». Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura denegó la autorización ambiental integrada en noviembre de 2015 basándose en la inviabilidad medioambiental contemplada en la DIA.

Fernández Vara critica la resolución

Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, considera una paradoja la publicación en el BOE del rechazo a la construcción de la Refinería Balboa y que no llegue la DIA para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), que podría significar una salida de futuro para la explotación minera, con un expediente de regulación de empleo temporal. En cuanto al «carpetazo» al proyecto Balboa y sobre si desde Extremadura se ha hecho todo lo posible para que saliese adelante, Vara ha dicho que «habrá quien piense que sí, otros que no y otros todo lo contrario», pero sí es un buen ejemplo de que Extremadura ha intentado aumentar su PIB industrial con iniciativas competitivas.

A su juicio, es un proyecto “que aquí no se han autorizado, en este caso por cuestiones medioambientales, pero que en otras partes de España se han permitido sin ningún problema». Por ello, ha insistido en que algún día, cuando se debata en serio un modelo de financiación habrá que «ponerlas encima de la mesa y cuantificar» estas decisiones “que suponen que en Extremadura no se pueden tener determinadas industrias”.

En este sentido también se expresó el secretario regional de CCOO, Julián Carretero, que acusó al gobierno anterior de Extremadura, del PP, «en connivencia» con el de Estado, de «haber hecho todo lo posible para que en Extremadura no haya una refinería«. A su juicio, esta decisión contrasta con decisiones como la autorización para almacenar gas en el Coto de Doñana y pone de manifiesto que «no se mide a todos por el mismo rasero». Igualmente, desde la secretaría regional de UGT, Patrocinio Sánchez, que consideró que por esas «piedras en el camino» la región se ha quedado sin una refinería que hubiera supuesto industrialización y muchos puestos de trabajo.

El secretario general de la Confederación Regional de Empresarios (CREEX), Francisco Javier Peinado, señaló que esta entidad respaldó desde el primer momento la iniciativa y añadió que «lo que no hay derecho» es que, más allá de las razones, un inversor ha estado 8 años esperando a que se emita una resolución firme. Además, reclamó que se debe ser exigente ante la Unión Europea y el Estado para que «si se quiere mantener una reserva de la biosfera magnífica, esto tiene que tener un coste que tienen que pagar en otros territorios donde no mantienen estas cuestiones, porque a ver si se va a mantener esto como una reserva india».

WWF celebra rechazo a refinería

El coordinador de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, indicó que la decisión de Industria «es la certificación definitiva del no al proyecto por vía administrativa», aunque la empresa puede recurrir. Carmona señaló que el proyecto «se podía considerar muerto» desde 2012 cuando el Ministerio de Medio Ambiente le dio la DIA negativa. Posteriormente, la Junta de Extremadura le denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y ahora la decisión de Industria era «el siguiente paso para declarar el proyecto de la refinería cerrado». «Es una buena noticia que se siga certificando que el proyecto no se va a llevar a cabo», concluyó.

Municipios del entorno de la central nuclear de Almaraz respaldan la construcción de un ATI de residuos nucleares

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EFE.- Más de 20 municipios del entorno de la central nuclear del Almaraz apoyan la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en esta instalación industrial, pues evitaría un cierre anticipado de la misma. La Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Campo Arañuelo insiste en que, sólo en impuestos locales, la contribución de la central nuclear en los municipios limítrofes es de 15 millones de euros anuales.

Asimismo, han remarcado la aportación de la central nuclear al desarrollo económico y social de toda la comarca. De hecho, los empleos directos generados superan los 800 y los indirectos se aproximan a los 3.000. A estas cifras de empleo se suman el millar de trabajadores que cada 18 meses son contratados para acometer las labores de recarga de combustible. Por ello, los municipios han instado a la Junta de Extremadura a reconsiderar su rechazo al ATI, que presentó alegaciones al proyecto al entender que no hay necesidad de almacenamiento.

«La central de Almaraz es fundamental, es uno de los motores de nuestro municipios», señaló el presidente de la citada Mancomunidad y alcalde de Valdehúncar, David González.  La Mancomunidad también se opone a una propuesta no de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados que impide alargar «la vida» de la central nuclear y resaltan que Almaraz lleva acumulada una inversión de 420 millones de euros en procesos de actualización tecnológica.