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NextEra reclama 291 millones a España tras fallar a su favor el Ciadi por el recorte a las energías renovables

Europa Press.- España sufrió un nuevo revés ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables, con un fallo a favor de la estadounidense NextEra Energy. El fallo concluye que España «incumplió con su obligación en virtud del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 de brindar un trato justo y equitativo al no proteger las expectativas legítimas de la compañía sobre las cuales decidieron sus inversiones».

NextEra estima que, según las reglas para fijar los daños por los que debe ser compensada, debe ser indemnizada con 291 millones de euros, más intereses antes y después del juicio, basados en la rentabilidad del bono español a 5 años. NextEra inició en 2014 el arbitraje contra España. NextEra invirtió en dos plantas termosolares en Extremadura con una capacidad de 49,9 megavatios (MW). NextEra subraya que existen motivos por los cuales España puede tratar de anular la decisión, por lo que deberá buscar «la ejecución de la decisión a través de procedimientos legales adicionales».

En total, España suma 33 demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi relacionadas con las reformas energéticas de las renovables. La última de ellas fue presentada a finales de febrero por el grupo Canepa Green Energy. El Ciadi ya ha fallado hasta en 3 ocasiones anteriores a favor del demandante. En concreto, en los casos de Masdar, perteneciente al fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a España a pagar 128 millones de euros más intereses; y el fondo Antin, con el pago de una indemnización de 112 millones.

No obstante, en los tres casos la ejecución de los laudos no se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno español en procedimiento de anulación, en el caso de Eiser, o en periodo de solicitud de rectificación, en las demandas de Masdar y Antin. Además, el Estado español ha sufrido 2 reveses más: la danesa Athena Investments comunicó que había ganado un laudo contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que le favorecía con una indemnización de 11 millones; Asimismo, el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire ya que la Comisión Europea respaldó a España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de toda la cantidad demandada a España.

Vara y Montilla apuestan porque el PSOE sea capaz de «buscar alternativas» frente a las centrales nucleares

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que hay que aprovechar «la ampliación de vida» de la central nuclear de Almaraz para buscar «alternativas», después de que la Comisión para la Transición Ecológica del Senado haya instado al Gobierno a rechazar el cierre de esta instalación de Cáceres.

«Si España quiere cerrar las centrales nucleares tiene que buscar ya las alternativas energéticas e industriales», señaló Vara, que considera que se puede llegar a 2030 con renovables. También se pronunció el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria, José Montilla, que ha apoyado la búsqueda de alternativas que defiende Vara y ha destacado que hay que trabajar en «una política destinada al desarrollo de las renovables, que sea creíble y responsable del cierre de las centrales nucleares».

El Senado insta al Gobierno con los votos del PP rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica ha instado al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) con los votos de PP, el rechazo de Unidos Podemos, y la abstención del resto de los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha sido defendida por el senador del PP, Diego Sánchez, quien subrayó que los reactores de Almaraz generaron entre el 25%/30% del total de la energía generada por el parque nuclear de España, al tiempo que emplean de forma directa a 800 personas y los empleos indirectos llegan a 2.900. Sánchez recurrió al programa electoral del PSOE, que fija el cierre de las centrales nucleares una vez que éstas alcancen el final de su vida útil. Así, asegura que genera «intranquilidad e incertidumbre» en la comarca de Campo Arañuelo, que ve peligrar una de sus principales fuentes de riqueza y empleo y, por tanto, justifica la iniciativa por la necesidad de dar un mensaje de certidumbre y confianza.

La propuesta, aprobada con la abstención del PSOE, insta al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz mientras cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas legalmente, así como a autorizar la prórroga de la vida útil de la central si su titular presenta la solicitud de renovación antes del 31 de marzo, cuando expira el plazo. A continuación, una vez autorizada la prórroga, el PP plantea que «de manera inmediata» se ponga en marcha un Plan Alternativo de Desarrollo Económico y Social que genere «al menos» el mismo nivel económico y de empleo que la actual planta crea en la actualidad en la comarca, a la que no se puede «abandonar a su suerte».

Por su parte, el PSOE presentó una enmienda de sustitución, que fue rechazada, por la que se instaba al Gobierno a cumplir los compromisos de descarbonización con una apuesta «preferente» por las fuentes de energía «limpias, renovables o alternativas». Esta enmienda ha sido «traducida» por el senador popular como una forma de decretar el cierre nuclear. El senador socialista, Miguel Ángel Nacarino, entiende que la enmienda del grupo parlamentario se entiende en un contexto de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno y, por tanto, «corrige la incoherencia» de la propuesta de los populares, al tiempo que ha acusado al PP de «agitar» a la población para que salga a manifestarse «sin ofrecerles una alternativa».

A este respecto, el senador popular ha pedido al PSOE claridad a la hora de decir si quiere o no cerrar las centrales y ha asegurado que tanto el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, como el del Gobierno, Pedro Sánchez, son «antinucleares». En ese contexto, señaló que todas las «maniobras» realizadas por los socialistas, a su juicio, son «para cerrar Almaraz«. Si bien entiende que es «un marrón» para su compañero socialista extremeño defender la moción socialista, no ha aceptado la enmienda de sustitución porque ambas propuestas son contrarias, «como el agua y el aceite».

Desde Unidos Podemos, la senadora Margarita Quertglas ha denunciado que renovar la licencia de los reactores de Cáceres llevará a estas plantas a una situación de operación a largo plazo a pesar de que «han sufrido numerosas incidencias» porque están «envejecidas«. A su juicio, prolongar su vida útil no es una medida de descarbonización y asegura que se pueden sustituir en España todas las energías de origen fósil en 2025.

En su turno de réplica, el senador popular se ha referido al ex consejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, ahora presidente de la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA), de quien ha recordado que tiene una empresa de consultoría medioambiental y a quien acusa de que, desde su actual responsabilidad, «está parando las inversiones» del almacén temporal centralizado (ATC), que «es fundamental para Almaraz«.

Además, Diego Sánchez ha dudado de Navarro por haber comprado «miles de hectáreas» cercanas a Almaraz para instalar proyectos de energía solar porque considera que lo que el Gobierno hará será cerrar Almaraz después de una prórroga de 4 o 5 años y después «dar el pelotazo» con las renovables que evacuarán su energía a través del nudo de Almaraz. «Tiene mucho interés el señor Navarro en los proyectos de renovables cerca de Almaraz», ha advertido el senador, que ha asegurado «alto y claro» que la «única» garantía de que no se cierre la central nuclear es «cambiando» de Gobierno en España y en Extremadura.

Naturgy inaugura en Plasencia el primer parque eólico de Extremadura, que ahorrará 120.000 toneladas de emisiones

Europa Press.- La localidad cacereña de Plasencia ha inaugurado el primer parque eólico de Extremadura, que contribuirá a reducir en torno a 120.000 toneladas al año de emisiones efecto invernadero. Se trata del parque eólico El Merengue, que está compuesto por 15 aerogeneradores, y en el que Naturgy ha invertido 40 millones de euros y ha creado 250 empleos durante su construcción. Una vez que ha echado a andar, la planta producirá 155 GWh al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas.

El director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, ha destacado que esta infraestructura «permitirá desplazar el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional», contribuyendo a reducir en torno a 120.000 toneladas al año las emisiones contaminantes y de efecto invernadero, y en 3 millones de toneladas las emisiones de CO2 durante toda su vida útil. Un proyecto que, según Manuel Fernández, demuestra el «compromiso» de la compañía por Extremadura, así como su «fuerte apuesta» por el incremento en generación renovable, contemplado en el Plan Estratégico 2018-2022″.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la región extremeña será la «punta de lanza» de las energías renovables en España durante el siglo XXI, ya que según ha indicado, en la región hay prevista en los próximos 5 años la instalación de 5.000 MW de renovables, que supondrá una inversión privada que rondará los 4.000 millones de euros. «Una inversión que contribuirá no solo a generar empleo y riqueza, sino a subir el Producto Interior Bruto en nuestra región, que convergerá de manera más rápida con el del resto de España», aseveró el presidente extremeño.

Todo ello posibilitará que «Extremadura sea una parte importante de las decisiones que se tomen para el mantenimiento del planeta», ha señalado Vara, quien ha reafirmado que la comunidad «va a aportar las energías renovables para el cumplimiento del Reino de España con la Unión Europea y con los compromisos internacionales en esta materia». Por ello, ha insistido en que las administraciones tienen la «obligación de facilitar la inversión honesta» de tantos empresarios que quieren invertir en la región y contribuir al desarrollo del presente y, sobre todo, del futuro.

Reducir los plazos y trámites

En este punto, ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno que preside ha puesto en marcha procedimientos legislativos y organizativos diferentes para dar el salto hacia el impulso futuro de Extremadura que, según ha indicado, «tiene que venir de la mano de lo que es el futuro del mundo que son las energías renovables.» Así, Fernández Vara ha abogado por que las instituciones autonómicas sean capaces de ganar la batalla del tiempo en la obtención de los permisos para la instalación de empresas con el objetivo de que Extremadura «sea el lugar de España donde más fácil sea instalar una empresa».

Para ello ha animado a las administraciones públicas a «trabajar de manera conjunta y consensuada», por encima de intereses partidarios, para facilitar el trabajo y el desarrollo de cada una de las empresas que quieran venir a invertir a Extremadura. Guillermo Fernández Vara concluyó asegurando que es «un día histórico» para Extremadura y para Plasencia, y que será recordado como el día que se puso en marcha el primer parque eólico «que sirvió de punta de lanza para el futuro».

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha explicado que la tramitación del parque eólico «ha sido un trabajo de mucho tiempo que ha exigido una gran coordinación entre la Junta y el Ayuntamiento» de la localidad ya que, al ser el primer parque extremeño, los procesos eran nuevos para las dos administraciones«. Pizarro ha aseverado que «es un día de agradecimientos y de esperanza de continuar trabajando juntos por las energías renovables».

El parque eólico Merengue tiene una potencia de 40 megavatios (MW), según Naturgy. El parque eólico cuenta con un total de 15 aerogeneradores, todos ellos de Siemens Gamesa del modelo SG 2.6-126, con una potencia unitaria de 2,625 MW y un diámetro de rotor de 126 metros. Además del parque eólico Merengue, la compañía está desarrollando en la actualidad otros proyectos en Extremadura, como la planta fotovoltaica Las Jaras, ubicada entre La Albuera y Badajoz con una potencia de 50 MW, o la planta fotovoltaica Miraflores, en el término municipal de Castuera, que tendrá una potencia instalada de 20 MW.

Redexis invirtió 138,4 millones de euros en 2018 y prevé elevar esta cifra hasta 174,5 millones en 2019

Europa Press.- Redexis invirtió en 2018 un total de 138,4 millones de euros, un 7% más que en el 2017, en infraestructuras gasistas en España, según apuntó la compañía. La empresa dedicada al transporte y distribución de gas natural señaló que, de esta manera, mantiene su plan de expansión, con más de 1.300 millones de euros invertidos desde 2010.

Además, Redexis prevé invertir 174,5 millones de euros durante este año para continuar con sus planes de expansión de redes de distribución y transporte de gas, así como para nuevos proyectos de hidrógeno, gas renovable o gas vehicular. En concreto, la compañía destinará de este importe un total de 148,3 millones de euros a infraestructuras gasistas y unos 26,2 millones de euros a nuevos proyectos de hidrógeno o gas renovable o gas vehicular. Redexis indicó que apuesta por el desarrollo de energías renovables como el hidrógeno y el gas renovable, «sin duda un vector energético clave en un contexto de cero emisiones y la evolución natural hacia una economía descarbonizada«.

El grupo cerró 2018 con 680.512 puntos de suministro en toda España, con un crecimiento del 5%. La compañía sumó así 45.369 nuevos clientes que se conectaron a las redes gasistas, un 14% más que en 2017. Durante 2018, la actividad desarrollada por Redexis supuso un volumen total de 34.065 gigavatios hora (GWh), un 5,5% más que en el año anterior. En cuanto al sector industrial, la demanda industrial y comercial en sus redes aumentó un 18% respecto a 2017, llegando hasta los 8.296 GWh.

Por otra parte, la compañía desarrolló 508 nuevos kilómetros de redes, alcanzando un total de 10.498 kilómetros de infraestructuras propias en toda España, un 5,1% más, con las que facilita el acceso al gas canalizado a 500 municipios españoles. Redexis tiene licencia para operar en 607 municipios en 11 comunidades autónomas. En su actividad de distribución, la compañía impulsó el desarrollo de sus infraestructuras y expandió sus redes de gas natural en 20 nuevos municipios.

Además, comenzó a suministrar gas licuado del petróleo (GLP) en la localidad de Aguaviva (Teruel), al que hay que sumar 13 municipios adicionales donde Redexis comenzó a operar puntos de GLP adquiridos a Cepsa en 2017 en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Asimismo, durante el 2018 cerró un acuerdo con Nedgia para la adquisición de 2.875 puntos de GLP en las provincias de Girona, Alicante, Valencia, León, Salamanca y Teruel, comenzando su actividad en la provincia de Valencia. Además, en este año también cerró un acuerdo con Cepsa por el cual adquirió 539 puntos adicionales en Daroca (Aragón) y en Cistierna (Castilla y León).

Vara calcula que la nuclear de Almaraz operará hasta «finales de la próxima década» y pide «trabajar intensamente» en alternativas

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado que la central nuclear de Almaraz seguirá funcionando hasta «finales de la década de los veinte», por lo que ha instado a «trabajar intensamente» en los próximos años «para conseguir esas alternativas» a la planta, que deberán ser de carácter energético e industrial. De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara tras las últimas reuniones mantenidas por el Gobierno y las compañías eléctricas.

Fernández Vara ha destacado la «noticia positiva» de que la central nuclear «ni se cierra el año que viene ni se cierra el 23 o 24, sino que «lo hará a finales de la década de los 20, en base al calendario que ya conoceremos». De esta forma «se despeja la incertidumbre que había en el corto plazo», ha reafirmado el presidente extremeño, quien señaló que cuando llegue el fin de la vida útil de las centrales nucleares «hay que desmantelarlas, y eso cuesta mucho dinero». Ante esta situación, Vara considera que «lo que tiene que hacer el Gobierno es que cuando eso vaya a ocurrir, que ese dinero esté»

Así, y respecto a la reunión que el presidente de la Junta mantuvo con alcaldes de la zona de la central nuclear de Almaraz, Fernández Vara ha explicado que fue un encuentro «absolutamente discreto» para trasladarles la información que tiene, tras lo que ha lamentado que algunos de estos ediles le «acusaron de que lo hacía electoralmente». Así, calificó de «paradójico» que «el que convoca sin medios, discretamente, es el que tiene interés electoral», mientras que «el que viene a la reunión y da ruedas de prensa, no lo tiene», ha lamentado el presidente extremeño.

Vara ha destacado que una vez que «se ha resuelto» el problema de un posible cierre de la planta, ha señalado que a partir de ahora es necesario «trabajar todos estos años de manera intensa» en la alternativa a la planta nuclear, que a su juicio «tiene que ser energética e industrial» en la zona. En ese sentido, Vara ha avanzado que reclamará que cuando se apruebe la Ley de Transición Justa se garantice que no hay solamente el mismo empleo “sino que hay más» del que existe actualmente en la zona de la planta.

«Yo voy a trabajar con ese objetivo, que en el futuro tengamos empleo para los trabajadores y futuras generaciones; eso se llama inversiones», ha aseverado Vara. Así, ha reiterado la necesidad de «trabajar intensamente» en los próximos 9 o 10 años «para conseguir esas alternativas». Un trabajo que debe realizarse «no solo por el asunto nuclear», sino que porque según ha dicho, es necesario traer a Extremadura «mucha inversión durante estos años, energética e industrial«, para lo cual se ha «construido suelo y aprobado leyes». «No voy a descansar hasta que en Extremadura todo el que quiera trabajar lo pueda hacer», concluyó el presidente extremeño.

9 asociaciones ecologistas de Extremadura piden que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz

Europa Press.- 9 asociaciones ecologistas de Extremadura han reclamado que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ya que «podría ser una imprudencia superar su vida útil de 40 años». Una petición que han realizado las asociaciones AMUS, Adenex, Ecologistas Extremadura, Seo/Birdlife, DEMA, Ecologistas en Acción, Sociedad Extremeña de Zoología, Grus y Anser, tras una reunión celebrada en Almendralejo.

En este encuentro, los ecologistas acordaron solicitar al Gobierno central y a las administraciones competentes que no se prorrogue la actual licencia de explotación de Almaraz. En ese sentido, tras las «múltiples declaraciones y el debate social» generado sobre la continuidad en funcionamiento de los 2 reactores nucleares de esta planta nuclear y ante las «aparentes dudas de las empresas eléctricas», las asociaciones «entienden que cada cual defienda su puesto de trabajo, aunque sea incluso en contra de otros», pero añaden que «es mayor el riesgo real para la comarca de una explotación que casi ha cubierto su vida útil».

Finalmente, las ONG ambientales consideran que la respuesta a las peticiones de algunos sectores «no debe ser promover una extensión del permiso de explotación», sino «apoyar una transición en el modelo de desarrollo de esta comarca y de toda la provincia», dirigido a otros modelos desarrollo más sostenibles como el turismo responsable, las energías sostenibles y a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales de calidad.

La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

La Junta de Extremadura reclama a las empresas propietarias de la nuclear de Almaraz que presenten la solicitud de continuidad

Europa Press.- La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la actividad de la central nuclear de Almaraz «hasta que no haya una alternativa de garantía» para la comarca, por lo que ha reclamado a las empresas propietarias de la planta que presenten antes del próximo 31 de marzo la solicitud de continuidad de esta central.

Una moratoria que, según defiende el Ejecutivo extremeño, deberá estar en vigor durante «el tiempo suficiente hasta que haya una alternativa clara y suficiente ejecutable para la zona», además de «estar definido cuál será el futuro del parque nuclear en España». En ese sentido, la Junta de Extremadura advierte que «no va a permitir en ningún caso» afrontar un proceso de clausura de la actividad «sin que las alternativas económicas, industriales y energéticas estén ejecutadas».

De esta forma se pronuncia la Junta de Extremadura sobre la posible continuidad de la central nuclear extremeña, y ante las que el Ejecutivo regional reitera su «compromiso con esta zona de Extremadura» a través de una posición «adecuada y firme» en este momento como es «con pocas declaraciones públicas y trabajando para ofrecer la solución más viable para los municipios de esta comarca«. Finalmente, la Administración autonómica ha defendido la «necesaria unidad de acción» desde Extremadura como «la mejor herramienta para prolongar la vida de la central nuclear hasta que esa alternativa para el Campo Arañuelo sea una realidad».

Asturias y Extremadura piden “tiempo” y avanzar en la transición energética antes de cerrar las centrales térmicas y las nucleares

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado que «no hay plazos puestos» para el cierre de las centrales nucleares en España, y considera que antes se debe «producir una transición ecológica» que permita «ir de lo que tenemos a lo que debemos tener«. Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, exigió «prudencia» a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación al cierre de centrales térmicas, exigiéndole además «tiempo».

En su respuesta parlamentaria al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que se interesó por la transición y la situación de Alcoa, Javier Fernández ha asegurado que en cuanto a la transición energética su posición sigue siendo «exactamente la misma», contraria a que no se lleve a cabo en un «tiempo acorde a las necesidades» de la industria asturiana y española.

Fernández señaló que, si bien su Gobierno no está en contra de «ninguna ética de futuro para salvar el planeta», también quieren que se salven «otras cosas», algo que solo se podría hacer «con tiempo». Respecto al anuncio realizado por el secretario de Energía, José Domínguez, de que el Gobierno prevé el cierre tanto de centrales térmicas como de nucleares antes de 2030, ha alertado de que «tendrá una incidencia en los precios absolutamente inasumible».

El portavoz de IU se ha mostrado «entre la preocupación y la alarma» ante los anuncios de la ministra Teresa Ribera y ha pedido al presidente que «aumente la presión» al ver que Ribera «no aumenta el diálogo». «Hay que responderle con las mismas armas», ha aseverado, para después subrayar que «cada vez que la ministra habla, una empresa anuncia su cierre«. En cuanto al otro asunto planteado por el portavoz parlamentario de IU, Javier Fernández ha pedido «prudencia» y «unidad» en cuanto a Alcoa.

El cierre de las nucleares

«Yo creo que eso es algo que no es planteable», replicó el presidente extremeño, que señaló que «el secretario de Estado dijo una cosa y la contraria, primero 2030 y luego 2040», tras lo que ha reafirmado que «no hay plazos puestos» para este cierre. En ese sentido, ha abogado por que «antes de suprimir lo que tenemos, tengamos lo que tenemos que tener», ya que a juicio del presidente extremeño, «no se pueden tomar decisiones» sobre las fuentes de energía actuales «mientras las futuras no estén puestas, si no nos quedaríamos absolutamente cojos», señaló.

Por eso, Fernández Vara ha considerado que «solo es posible plantear en España una transición ordenada, si se produce un relevo en empleo, en mano de obra y en riqueza para las comarcas donde están esas fuentes de energía», ha dicho. Así, una de las propuestas que Fernández Vara ha trasladado al presidente del Gobierno es que «alguna de las subastas próximas que haga, las haga solo para los sitios donde hay carbón y nuclear», ya que «de esa manera la gente verá con claridad que el Gobierno está apostando por una transición de lo que había a lo que tiene que haber», ha dicho.

Ante esta situación, «bien haríamos en no precipitar», ya que en la actualidad se está «saliendo de un camino», tras lo que ha señalado que la Ley de Cambio Climático cuando llegue al parlamento tendrá 84 votos, tras lo que ha considerado que «esas leyes, que van a ser el futuro de un país, no se pueden aprobar por minoría, hay que aprobarlas por mayoría».

En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que «la estrategia energética de este país no admite juegos», por lo que ha abogado por «abrir una vía de diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales, incluidos los gobiernos autonómicos«, con el objetivo de «definir un modelo que de verdad sea duradero y útil para la vida de la gente».