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Nadal asevera que el almacén de gas Castor «no tenía sentido» por «faraónico» y lo desmantelará cuando sea seguro hacerlo

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el proyecto de almacén subterráneo de Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón) aprobado por el anterior Gobierno socialista «no tenía sentido» porque «no hacía ninguna falta» y era «faraónico», al tiempo que el contrato eximía a la empresa de «cualquier responsabilidad«.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Nadal ha confirmado la intención de desmantelar el almacén cuando sea seguro hacerlo pero antes «habrá que estudiar mucho la situación» ya que es «tan peligroso» volver a meter gas como extraerlo. El ministro comparó la situación con un globo, que al inflarse ha movido unas paredes que al desinflarse también se pueden mover, aunque la situación en la actualidad «es estable». «El Gobierno está tratando esto con mucha prudencia y cuidado, teniendo todas las garantías de que no se van a repetir los movimientos sísmicos y cuando tengamos claro en qué condiciones se va a producir esto», ha apuntado.

Por otro lado, ha alabado al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, porque asumió su «responsabilidad política» y pidió «perdón» por el desarrollo de Castor así como por los efectos que produjo a la población. «Tuvo la capacidad política y la honradez de pedir perdón y yo creo que eso está muy bien», ha defendido el ministro de Energía que, en cuanto a las responsabilidades judiciales, ha dicho que «el tema» está judicializado y que por tanto hay que esperar al pronunciamiento de los jueces.

Así ha respondido al senador de Esquerra Republicana, Miguel José Aubá, que ha pedido el desmantelamiento «inmediato» del almacén «con las máximas garantías de seguridad y de transparencia» y ha reiterado la petición de su grupo parlamentario de crear una subcomisión de investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades. En este sentido, el ministro ha sacado pecho por la actuación del Ejecutivo en torno a Castor, “un problema creado por gobiernos anteriores». Nadal recordó  que cuando asumió las responsabilidades, el Gobierno pidió la nulidad al Supremo, que no la concedió «porque el Gobierno socialista al que ustedes apoyaban, fue el que firmó ese contrato e hizo ese real decreto».

Por el contrario, ha añadido que se buscó una solución financiera y que estableció el cierre del proyecto y la elaboración de un estudio para conocer exactamente lo ocurrido. De este modo, ha defendido el «esfuerzo» de negociación del Ejecutivo porque si Castor estuviera funcionando, en la actualidad los consumidores estarían pagando 214 millones anuales pero se llegó a un acuerdo con las partes para bajar la rentabilidad, lo que permite pagar 95 millones de euros en su lugar. El ministro obvia que se pagarían 214 millones por un almacén de gas y sin embargo se van a pagar 95 millones por una instalación fallida.

Por su parte, el senador ha solicitado al ministro que desmantele «de manera inmediata» con un calendario de actuaciones «público» y que se traslade la información «a los afectados», porque los consumidores están pagando 4.700 millones de euros y un coste anual de 15,7 millones más por mantener Castor en hibernación. En ese sentido, ha deseado que el Gobierno hubiese mostrado exigencia en el desmantelamiento del almacén y en «depurar responsabilidades» de quienes tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor. Sin embargo, ha lamentado que «nadie» ha asumido responsabilidades técnicas, políticas ni económicas ni administrativas, mientras los consumidores de gas están pagando «el desastre» con el aumento del gas en su factura.

Esquerra Republicana pide crear un contrato que permita modular la potencia eléctrica contratada a lo largo del año

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EFE / Europa Press.- El grupo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la que pide la creación de un contrato de potencia estacional que permita a los clientes modular la potencia eléctrica contratada en función de sus necesidades en cada momento del año. La iniciativa, firmada por Joan Capdevila, señala que el objetivo de la medida es «permitir a empresas y particulares adaptar mejor sus necesidades de energía y conseguir precios más ajustados«.

ERC destaca que el precio de la energía «está siendo un enorme lastre para las pymes para reducir sus costes operativos y, por extensión, su competitividad«. En relación con la actividad empresarial, ERC cree que el cambio de potencia estacional podría ser necesario por la voluntad de optimizar el perfil de consumo ya que «la actualización de la maquinaria, iluminación y demás elementos de consumo pueden hacer necesario una adecuación de potencia en base a la cual se calcula una parte importante del coste eléctrico«.

Según ERC, el cambio estacional de la potencia contratada sería positivo por la estacionalidad del ciclo de producción de muchas empresas. «La propia dinámica de la actividad empresarial es estacional en muchos sectores. Por ejemplo, en los sectores agrario, turístico, alimentario o industrial», explica Capdevila. En su proposición no de ley, para ser debatida en el pleno, Esquerra Republicana recuerda que el precio del mercado de la energía para las pymes es de los más caros de la Unión Europea.

A juicio de ERC, la creación de un contrato de potencia eléctrica estacional sería ventajoso también para los particulares, por ejemplo para los propietarios de segundas residencias, en las que el consumo se concentra en determinados meses. Para Capdevilla, la creación de este contrato también beneficiaría al conjunto del sistema eléctrico, ya que «permitiría una mejor planificación y adecuación a la demanda real de potencia».

Capdevila destaca que la tecnología actual permite poder cambiar «fácilmente» la potencia contratada de acuerdo con un calendario estacional y «que pueda ser, en casi todos los casos, automático e incluso a distancia». Con los contratos de potencia estacionales se obtendría un «ahorro muy importante para determinadas actividades sin perder ningún tipo de calidad de servicio, pagando lo justo por lo que se usa, sin complicaciones administrativas ni técnicas», concluye.

La mayoría del Congreso pide al Gobierno que prohíba el fracking y suspenda los permisos ya concedidos

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa planteada por ERC y pactada con PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, para instar al Gobierno a que prohíba el uso de la fractura hidráulica, el llamado fracking, en todo el país y para que suspenda los permisos de todo tipo ya concedidos durante esta legislatura.

La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de Podemos y el PSOE, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking, respetando plenamente las competencias autonómicas, y para suspender cautelarmente las prospecciones ya previstas, incluso las que están en fase de proyecto o permiso de investigación. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos de la ley de hidrocarburos que favorecen la implantación de esta técnica en España, fundamentalmente incentivos económicos.

El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, Democracia y Libertad y el PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias (FAC). Los 5 diputados de Ciudadanos se han abstenido. La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el medio ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la «España centralizadora, ultraliberal y expoliadora» pretende «imponer su autoritarismo» en zonas donde existe una «gran resistencia«. «El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando aquí», indicó, reclamando rechazar el fracking y apostar «de una vez por todas» por el «necesario» cambio de modelo energético.

La diputada socialista por Cantabria, María del Puerto Gallego, coincide en que los «riesgos» del fracking ya son conocidos, lo que preocupa a los ciudadanos. La socialista subrayó la resistencia ciudadana a estos proyectos, pese al intento del PP «de comprar la voluntad» de los ciudadanos con su ley de hidrocarburos, que prevé incentivos fiscales y económicos para los habitantes y territorios afectados.»Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas. Pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huída hacia adelante», criticó, señalando que con la «excusa» de la dependencia energética los populares fomentaron esta técnica.

María Rosa Martínez, de Equo Podemos, que aportó cambios de tipo técnico a la proposición no de ley de ERC, coincide en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los «notorios» efectos «nocivos» sobre la salud y el medio ambiente que tiene, además de porque es «incompatible» con otras actividades económicas, pese a tener un «escaso retorno energético, económico y social». Por ello, ha sugerido que «las enormes inversiones» de las multinacionales del fracking se usen en la transición energética hacia un modelo de energías limpias.

El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, considera que «cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone», sobre todo si es tan dependiente como España, y además recuerda que la pasada legislatura se aprobó un cambio normativo que «garantiza la seguridad de las personas y el medio ambiente» ante este tipo de actividades, que además generan desarrollo económico y abaratan los precios de la energía. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la «mucha desinformación» que hay en torno a esta «controvertida» técnica, que utilizan muchos países del mundo. “No cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación de estos recursos», ha señalado, recordando que la Unión Europea considera este recurso como «estratégico».

La portavoz de Industria de Ciudadanos, Elena Faba, por último, ha reconocido que los informes sobre el fracking «alertan» de «notables» riesgos medioambientales. Pero también cree que es «fundamental» la «prudencia«, por lo que propusieron una enmienda que no ha sido admitida, consecuencia de lo cual se ha abstenido en la votación final pese a estar de acuerdo con poner restricciones al fracking con una moratoria pero en contra de apoyar una prohibición total de la técnica. «No tenemos suficiente información y así es imposible adoptar decisiones», concluyó, recordando que no se han tenido suficientemente en cuenta los efectos de las posibles responsabilidades patrimoniales que podrían exigirse si se aplica la moratoria que pedía ERC sobre los permisos ya concedidos.

Greenpeace felicita a los políticos

Desde la organización ecologista Greenpeace felicitaron a la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados por aprobar una proposición no de ley que exige al Gobierno prohibir el fracking o fractura hidráulica en España y considera que este es «un paso fundamental para el fin de esta peligrosa e innecesaria práctica». «Es una gran noticia que por fin el Congreso de los Diputados apruebe una prohibición del fracking, ya que el Gobierno del Partido Popular ha estado apostando por esta peligrosa técnica durante toda su legislatura», apuntó el responsable de campañas de Greenpeace España, Julio Barea.

El Congreso de los Diputados vota este martes la primera iniciativa para prohibir el fracking con visos de ser aprobada

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Europa Press.- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) llevará este martes a la Comisión de Industria del Congreso la primera iniciativa parlamentaria con posibilidades de ser aprobada para instar al Gobierno a que prohíba la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos, el llamado fracking. En su texto, los republicanos catalanes recuerdan la gran oposición social en torno a este tipo de proyectos así como las dudas que han despertado en la comunidad internacional a cuenta de sus efectos medioambientales.

De hecho, el Parlamento Europeo incluso solicitó un estudio sobre el impacto de la extracción del petróleo y gas de pizarra mediante la técnica de fractura hidráulica sobre el medio ambiente, particularmente en relación con la afectación de los acuíferos, la actividad sísmica que puede provocar, los elevados consumos de agua, la gestión de las aguas residuales y la liberación no controlada de gas metano.

Por eso, el informe entregado a la Eurocámara recomienda una directiva europea en materia de minas, análisis «detallados y exhaustivos» sobre el marco regulatorio del fracking para superar las actuales «lagunas» que presenta, reevaluar su impacto sobre el agua, aplicar análisis coste-beneficio para la sociedad de forma armonizada en toda la Unión Europea, estudiar posibles prohibiciones generales del uso de ciertos químicos y abrir a la participación pública el debate.

Hay varias prohibiciones en Europa

En estas circunstancias, países de la Unión Europea como Francia ya han prohibido la exploración y explotación de yacimientos mediante la técnica de la fractura hidráulica y otros, como Reino Unido u Holanda, también han vetado estos proyectos de forma cautelar. En España, regiones como Cataluña o Cantabria han expresado su rechazo al fracking. Sin embargo, el Gobierno «permite sin condición alguna» el uso de esta técnica, lo que «provoca la indefensión del territorio ante las peticiones de exploración», que ya superan el centenar de permisos en todo el país.

«Las más que razonables dudas y los datos sobre los efectos de esta técnica, suficientes para motivar las actuaciones preventivas en el seno de la Unión Europea, aconsejan la máxima prudencia de las autoridades y una actuación decidida para evitar efectos irreversibles en el territorio», defiende Esquerra, que apela al «principio de precaución» para justificar su solicitud de que se prohíba el fracking en todo el país. Y mientras esa prohibición entra en vigor, los independentistas catalanes piden que se decrete «de manera inmediata» una moratoria sobre todas las autorizaciones o concesiones ya concedidas, incluidas las que actualmente están tramitándose. La propuesta podría salir adelante ya que otras formaciones, como PSOE o Podemos, se han manifestado en contra del fracking.