Entradas

El Congreso pide aumentar las primas a la cogeneración eléctrica y un plan para la renovación de las actuales plantas

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.– La Comisión de Transición Ecológica del Congreso ha aprobado una iniciativa que reclama al Gobierno el aumento de las retribuciones a la cogeneración, así como la puesta en marcha de un plan de renovación de las actuales plantas que permita mejorar su eficiencia. Este sistema de producción de energía permite obtener, al mismo tiempo, energía eléctrica y energía térmica, aprovechando el calor generado, y normalmente se suele obtener mediante la combustión de combustibles fósiles, como el gas o el petróleo.

Solo el PP se abstuvo

La iniciativa, defendida por Compromís y finalmente acordada con PSOE y Unidos Podemos, ha sido respaldada también por Ciudadanos y Esquerra Republicana, mientras que el PP optó por abstenerse. El texto aprobado por el Congreso reclama concretamente «revertir los recortes en la retribución» incluidos en los decretos y órdenes donde se regula la producción de energía eléctrica a partir de energía renovables, cogeneración y residuos, y «recuperar un régimen retributivo razonable que prime la eficiencia».

Asimismo, insta a «poner en marcha un plan de renovación de las actuales plantas de cogeneración para fomentar la alta eficiencia» para evitar su paralización, y que este plan incluya un informe que analice el potencial de la cogeneración, proponga retribuciones que la fomente e indique las necesidades de renovación de las centrales, así como procedimientos que incentiven sustituir combustibles y generar el menor impacto posible en el medio ambiente.

ERC pide a Hacienda que las comercializadoras eléctricas tributen a los ayuntamientos el IAE según su facturación en el municipio

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que las empresas comercializadoras de electricidad tributen a los ayuntamientos el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en función de su facturación en el municipio, y no en un pago fijo, como vienen haciendo hasta ahora. Por ello, ha planteado al Ministerio de Hacienda que acabe con una «anomalía legislativa» que, lamentan, perjudica «a pequeñas comercializadoras eléctricas que intentan abrirse al mercado».

Así lo expone el portavoz de Energía de Esquerra, Joan Capdevila, quien ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que pide al Gobierno «corregir esta situación» y que aclare si contempla este cambio. En caso afirmativo, quiere saber qué fecha maneja para ponerlo en marcha. Capdevila explica que, tras separarse las actividades de distribución y comercialización de la energía eléctrica en 1997, no se llevó a cabo una modificación en el IAE, quedando únicamente un epígrafe para las empresas de distribución.

Sin embargo, muchos municipios no renuncian a cobrar el IAE a las comercializadoras, a las que reclaman el abono de esta tasa que establece un importe fijo, independientemente del volumen de facturación que exista en un determinado municipio. «Esto supone un coste inasumible para las pequeñas comercializadoras y pone en serio riesgo la tímida evolución de la competencia en el sector eléctrico que se ha producido últimamente», recalca Capdevila, que calcula en un 10% el peso de los pequeños operadores.

ERC cree que el euskopeaje, que reduce la factura eléctrica para las industrias vascas, puede ser una ayuda ilegal

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) cree que la reducción de la factura de la luz a empresas en determinados territorios, consecuencia de la diferenciación en tarifas con similares tramos de tensión, puede constituir una ayuda de Estado ilegal. Así consta en las preguntas registradas por su portavoz de Energía en el Congreso, Joan Capdevila, con las que esta formación reclama corregir unas diferencias que considera discriminatorias. Tiene además efectos en los Presupuestos de 40 millones de euros para compensar esta reducción de ingresos.

El diputado se refiere a los peajes de acceso a la red, diferentes entre los tramos de tensión entre 1kV a 30kV y 30kV a 36kV. Una distinción que, argumenta Capdevila, «responde a la decisión discrecional del Gobierno para establecer políticas que favorezcan más a determinados territorios». De hecho, los valores unitarios fijados para retribuir a las compañías eléctricas distribuidoras son los mismos en el tramo 24kV y 36kV, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala que la diferenciación «no está justificada por motivos técnicos».

Pacto entre PP y PNV

Esta distinción, relata Capdevila, se acentuó además con el abaratamiento de la tarifa para el tramo de 30kV a 36kV, en virtud del acuerdo entre el PP y el PNV para la aprobación de los Presupuestos de 2017, lo que benefició a 1.250 empresas de 6 comunidades, la gran mayoría del País Vasco. Todasellas se beneficiaron de un ahorro estimado en unos 50 millones de euros anuales, reduciendo el coste del MWh en un 43%, reduciendo aún más una tarifa que ya les era más favorable por la distinción realizada a partir del acceso a la red en la tensión a partir de 30kV.

Esquerra denuncia que los efectos de esta medida «son selectivos territorialmente» y, además, pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario, pero es que además tiene un coste para las arcas públicas, en la medida en que los propios Presupuestos dotan con 40 millones las cuentas de la CNMC en concepto de compensación por la reducción de ingresos en el sistema eléctrico.

De las aproximadamente 4.450 compañías que no se beneficiaron por el peaje, al estar conectadas a un tramo inferior de tensión, 3.277 están ubicadas en Cataluña, y según ERC deben afrontar un sobrecoste en su factura por la distinción de unos 300 millones de euros. Por todo ello, Capdevila reclama al Gobierno a «aplicar medidas correctoras» para que las empresas conectadas a redes de distribución de entre 25kV y 30kV cuenten con las mismas tarifas.

Nadal pide paciencia a la oposición para disponer de los informes técnicos que avalen el desmantelamiento del almacén gasista Castor

/0 Comentarios/en /por

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido paciencia y sacar el tema de Castor de la discusión política mientras se dispone de los informes técnicos necesarios que determinen que no hay riesgos y que avalen el desmantelamiento del almacén subterráneo de gas situado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

A pregunta del diputado Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, sobre el calendario de actuaciones definido por el Gobierno para desmantelar el Castor, Nadal ha señalado la conveniencia de esperar y de dejar que los técnicos trabajen para que se asiente el gas. «No hagamos política de lo que tiene que ser una solución técnica», ha reclamado. «Estamos de acuerdo en que no se pueden volver a hacer proyectos de estas características para que no haya riesgo a las poblaciones circundantes. No es cuestión de hacer debate político de esto antes de que tengamos los análisis adecuados», ha señalado el ministro.

Nadal ha señalado que Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, está vigilando constantemente la evolución del almacén de gas. «Cuando los técnicos nos digan que podemos desmantelarlo, lo haremos. Dejemos que trabajen los ingenieros», ha instado. En su opinión, uno de los muchos errores en política energética del anterior Gobierno socialista fue Castor, que ha definido como un proyecto «demasiado grande y caro, con un fallo de diseño tan grande que provocó problemas graves».

Asimismo, ha destacado la prudencia con la que ha actuado desde el principio el Gobierno popular sobre este «problema heredado», desde cuando ordenó hibernarlo al empezar los movimientos sísmicos hasta sobre la forma de pago por el Tesoro español. Por su parte, el diputado de Esquerra le pidió al ministro transparencia sobre este proyecto y resaltó que su grupo nunca apoyó este almacenamiento de gas y que en 2007 ya solicitó su paralización. Asimismo, explico que su formación ha buscado otros estudios sobre el tema y ha planteado la posibilidad de que el almacén sea sellado sin extraer el gas.

El Congreso exige al Gobierno el desmantelamiento del almacén de gas Castor, previo informe que garantice la seguridad

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, ha apoyado una proposición no de ley de ERC por la que pide al Gobierno el desmantelamiento del proyecto Castor, previo encargo de un informe técnico que garantice que este procedimiento no supondrá daños medioambientales en la zona.

El texto urge al Ejecutivo a, una vez esté garantizada la seguridad, se clausure definitivamente el almacén de gas submarino, el sellado de los pozos y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones marítimas y terrestres, así como que se revierta a sus propietarios las servidumbres afectadas por el gasoducto. Del mismo modo, reclaman una Comisión Informativa de seguimiento de las acciones de desmantelamiento de Castor, de la que formarán parte los ayuntamientos y gobiernos autonómicos afectados directamente por este proyecto.

El texto votado, transaccionado con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también reclama al Gobierno que haga efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos de pleno derecho los artículos por los que se materializó la indemnización a Escal UGS, que gestionaba la plataforma. Además, se pide transparencia en relación a toda la documentación y contratos referentes al proyecto. Del mismo modo, se llama a realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales que han sufrido las poblaciones cercanas; y un plan de restauración ambiental y paisajístico.

El Senado rechaza pedir el cierre de la nuclear de Cofrentes en 2021 porque el PSOE ve necesario el ATI

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- La Comisión de Energía del Senado ha rechazado con los votos en contra del PP, la abstención del PSOE y los votos a favor de Unidos Podemos y Compromis, una moción de Unidos Podemos para instar al Gobierno a cerrar y posteriormente desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Valencia) cuando termine su actual permiso de funcionamiento en marzo de 2021.

Además, la moción también pedía al Gobierno que no autorizase la construcción del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos radiactivos al considerar que es «innecesario» puesto que la central tiene capacidad de almacenaje suficiente hasta su fecha de cierre. La propuesta reclamaba asimismo la aprobación de un Plan de cierre de centrales nucleares y su progresiva sustitución por fuentes renovables. En su argumentación, la formación morada repasa los sucesos notificados de la planta valenciana y asegura que Cofrentes está envejecida y es propensa a incidentes, además de ser «absolutamente prescindible».

Respecto al ATI, considera la moción que se trata de una «palpable demostración del fracaso en la gestión de los residuos nucleares» en España y asegura que la instalación es «innecesaria«. Asimismo, el senador de Esquerra Republicana, Xavier Castellana, reclamó la transferencia de las competencias nucleares al «País Valenciá» y la creación de una oficina de seguridad nuclear dependiente de la Generalitat Valenciana que supervise «cualquier» central en ese territorio.

Por su parte, el senador del PSOE, Ángel Manuel Mato, justificó la abstención de su grupo parlamentario porque «estando de acuerdo en el fondo» y a pesar de coincidir en su voluntad de cierre de la central nuclear valenciana, discrepa de la moción en cuanto a que considera imprescindible y urgente construir el ATI de residuos nucleares de la planta.

ERC, Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT piden al Tribunal de Cuentas investigar los sobrecostes del proyecto de almacén gasista Castor

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Diputados y senadores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Unidos Podemos, Compromís y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) presentaron en el Tribunal de Cuentas de Madrid, junto a la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sènia, una solicitud formal en la que piden que se abra una investigación por los sobrecostes del proyecto Castor de almacenamientode gas natural, y en la que exigen a la Administración responsabilidades.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverte, que lo considera como un «acto de concienciación» y «reclamación» ciudadana. «Es una lucha más contra un proyecto que creemos innecesario y que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana», ha señalado Reverte, que afirma que llevan 10 años luchando «pacíficamente» por esto. El documento que han presentado al Tribunal de Cuentas de Madrid declara, según ha afirmado la portavoz, el aumento de costes del proyecto, que al inicio suponían 400 millones de euros, según asegura la portavoz, y después aumentó a 1.700 millones de euros para, finalmente, ascender a más de 4.000 millones.

«No tenemos ninguna transparencia por parte de la Administración, a lo largo de 10 años hemos pedido que se expliquen las cosas, que se nos dé la información, porque al final, quien tenemos que pagar las facturas de otros y la responsabilidad de otros, somos la gente corriente», ha criticado. Las actividades en el almacén de Castor, situado entre Castellón y Tarragona, fueron paralizadas en septiembre de 2013 debido a que las inyecciones de gas provocaban terremotos en la zona de Vinaroz (Castellón). Un año después, en octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que acordaba el cierre de las instalaciones.

El Gobierno también acordó que el Gobierno indemnizaría con 1.350 millones de euros a Escal UGS, participada por el grupo ACS, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, por su cierre. Pero el importe sería abonado por Enagás Transporte, lo que según advirtió OCU, repercutiría en los consumidores, los cuales acabarían pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevaría el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

Los diputados y senadores que apoyan a la Plataforma también han pedido responsabilidades al Gobierno y que se inicie una investigación. Por su parte, el alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (ERC) exigió «transparencia, claridad, e información» sobre Castor porque, a su juicio, «es la mejor manera de que no vuelva a repetirse». Montserrat tachó de «deplorables» las indemnizaciones acordadas por el Gobierno por su cierre y ha recordado que este almacén «ha puesto en peligro todo un territorio con alrededor de 500 movimientos sísmicos». Por su parte, el senador de ERC, Miguel Aubà, reclamó «que pague quien haya cometido el problema» y ha expresado su apoyo a la plataforma.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, destacó que este proceso contra Castor se ha materializado en la petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Navarrete señaló que se abordarían cuestiones como los motivos por los que no se hicieron los estudios de impacto medioambientales necesarios que exigía la ley, el aumento del gasto del proyecto, el motivo por el que las indemnizaciones del Gobierno repercuten en los usuarios del gas o quién dio la orden de inyectar más gas del que era capaz la infraestructura con una velocidad superior a la recomendada por los técnicos.

Esquerra Republicana (ERC) reclama potenciar los contadores inteligentes pero evitando cualquier sobrecoste al consumidor

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que el Gobierno potencie el uso de los contadores inteligentes sobre consumo eléctrico con una mayor información y protección al consumidor ante «sobrecostes injustificados» que, advierten, vienen sufriendo parte de los ciudadanos que apuestan por estos aparatos. Para ello, los independentistas reclaman la creación de un operador neutro de datos que no tenga interés económico en su relación con el consumidor y garantice un buen uso de la información por parte de los operadores del mercado eléctrico.

Según el portavoz de ERC en la Comisión de Energía, Joan Capdevila, el objetivo de esta iniciativa es «facilitar al consumidor toda la información que los contadores inteligentes pueden poner a su disposición, cosa que actualmente no ocurre». Así, lamenta que la instalación de contadores inteligentes que están realizando ya las compañías distribuidoras no repercuta en información al ciudadano en aspectos como el consumo en tiempo real, las señales de precio para adaptar el consumo en horas más accesibles o la utilización de estos datos para abordar la pobreza energética.

La formación catalana también lamenta que en este proceso el consumidor asuma el coste íntegro de la operación a través de una carga directa en el recibo y de los peajes de acceso. «No puede renunciar a él ni elegir entre distintas opciones técnicas y no recibe la información adecuada ni antes, ni durante, ni después de la sustitución del equipo, como puede ser las ventajas e inconvenientes entre la compra o el alquiler del equipo«, apunta el diputado republicano.

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), hasta el primer semestre de 2016 se habían instalado en España 17,54 millones de contadores inteligentes de electricidad. Esto representa el 62% del total de 28,12 millones de contadores de electricidad existentes. La iniciativa de Esquerra también incide en la seguridad y protección de datos personales en la sustitución y puesta en marcha de los nuevos equipos, la interoperabilidad entre contadores inteligentes o la inocuidad de sus efectos sobre la salud.

Compromís, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT exigen en el Senado una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press / EFE.- El senador de Compromís Jordi Navarrete presentó una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió. Así se ha expresado el senador, que busca clarificar el procedimiento seguido en la tramitación administrativa del proyecto energético Castor.

La solicitud se ha registrado después de que el informe encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard concluyera que los terremotos registrados en 2013 se debieron a la inyección de gas en el almacén. Los senadores pretenden que se investiguen y depuren las responsabilidades de los que autorizaron y aprobaron la puesta en funcionamiento del Castor, en la que participaron los gobiernos del PSOE y del PP. Estos grupos también piden que la comisión de investigación fije un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que se hicieron para el proyecto.

El parlamentario de Compromís, promotor de esta iniciativa que ha recabado los apoyos de ERC, Podemos y PDeCAT, ha criticado que el proyecto Castor está «lleno de irregularidades, de sobrecostes y de mala gestión». Además, ha defendido que es el momento de que el PP y el PSOE tomen una posición al respecto. «Es el momento de saber donde están las responsabilidades y de saber qué normas tenemos que ponernos para que en otras circunstancias no se produzcan estas actuaciones», ha argumentado Navarrete, para el que Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué hemos tenido que repercutir en la factura del gas de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», sentenció.

Aclarar el proceso de licitación

Por su parte, el senador de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Miquel Aubà explicó que su formación apoya la petición de Compromís ante la necesidad de que «se aclare cómo fue la cuestión, todo el proceso» de un proyecto que «desde el minuto cero fue un desastre, un error de construcción y económico«. Según ha defendido Aubà, «todos» los españoles van a pagar el coste del proyecto «a través de la factura del gas«. «La ciudadanía se merece una explicación clara y contundente de por qué va a pagar», concluyó. Además, ERC ha pedido la comparecencia en el Senado del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que informe sobre el frustrado almacén Castor que el Gobierno ha decidido mantener hibernado.

En esta línea, el parlamentario del PDeCAT Josep Lluis Cleries ha argumentado su apoyo a la comisión de investigación porque «se han producido una serie de irregularidades difíciles de entender». «Es bueno que en sede parlamentaria se den las explicaciones oportunas», ha indicado, al tiempo que ha abogado por poner «negro sobre blanco» lo que ha sucedido. Ante los sobrecostes del proyecto, Cleries ha defendido que cuando una compañía privada hace una inversión de este tipo «es esta empresa la que arriesga a costa de los beneficios que ha obtenido».

Desde Podemos, la senadora alicantina Vicenta Jiménez, ha asegurado que hay «motivos más que suficientes para exigir que la comisión de investigación» salga adelante porque la ciudadanía «debe conocer cómo, porqué y quiénes son los responsables» de llevar a cabo un proyecto con «la oposición ciudadana». Por su parte, la senadora catalana María Freixanet ha puesto de manifiesto que el proyecto «ha estado impugnado por la sociedad civil desde el momento cero» y que ha tenido informes técnicos y medioambientales en su contra también desde el inicio. «Se está tratando de una verdadera chapuza, un pelotazo económico permitido y avalado desde el Estado», ha subrayado.

Podemos y Compromís ya registraron en el Congreso de los Diputados otra petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones, por ser un proyecto «negligente». La instalación dejó de almacenar gas en septiembre de 2013 tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona. El almacenamiento fue construido por la sociedad Escal UGS, controlada por la constructora ACS, que renunció a la concesión y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros. En marzo de 2016, Enagás culminó el proceso de hibernación (cierre temporal) del almacenamiento con el doble sellado de los pozos.

Esquerra Republicana denuncia la “discriminación” del acuerdo eléctrico entre PP y PNV por ser un «agravio» para otras comunidades

/1 Comentario/en , , , /por

Europa Press.- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) considera que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV en relación con la modificación de la tarifa eléctrica industrial para las empresas «supone una doble discriminación respecto a las empresas que no son del País Vasco: en precio de la energía y en repercusión sobre el resto de peajes».

Así lo señaló el portavoz de Energía de ERC, Joan Capdevila, quien reclama las comparecencias en comisión de los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y de Economía, Luis De Guindos, en sus respectivas comisiones del Congreso. Según ERC, el acuerdo incluye la puesta en marcha de un subtramo tarifario para empresas conectadas a redes de entre 30kV y 36kV y «el agravio viene dado porque en Cataluña, como en la mayoría de las comunidades autónomas, no existe la red de 30kV (la de País Vasco), como sí la hay de 25kV, con lo que «las empresas catalanas no podrán disfrutar del abaratamiento de este tramo».

ERC hace suyas las reivindicaciones de la Plataforma kV25-30, que hace tiempo viene reclamando el mismo tratamiento para todas las empresas encuadradas en el 25-30kV. Según distintas organizaciones empresariales de Cataluña, la decisión de no incluir en el acuerdo las empresas que están en redes de 25kV supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para más de 3.200 empresas.

Capdevila sostiene que, en términos tarifarios, el precio de la electricidad para empresas que actualmente comparten un mismo tramo puede pasar de los 26,42 euros el megavatio hora (MWh) a permitir que las que disponen del tramo entre los 30kV y los 36kV lo paguen, con precios de 2016, a 14,97 euros. Y con las previsiones de tarifas para 2017, el salto sería de pagar 26,26 euros el MWh a pagar sólo 14,72. «No criticamos que se baje la tarifa a los de 30, criticamos que se le mantenga a los de 25 y que esa rebaja se repercuta universalmente, conculcando flagrantemente la competencia entre empresas», concluye el diputado republicano.