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El Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales sectoriales en las zonas vulnerables

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno impulsará la transición justa hacia la descarbonización de la economía con convenios laborales en las zonas de España vulnerables y que tendrán en cuenta los aspectos sectoriales y socioeconómicos. La ministra destacó que la Estrategia Nacional de Transición Justa servirá para anticiparse a los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios.

La Estrategia permitirá apoyar iniciativas económicas idóneas para los diferentes contextos económicos y laborales de las zonas afectadas. Así, ha precisado que con estos acuerdos empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones, ONG ambientales y las diferentes administraciones podrán participar en proyectos de desarrollo territorial. Los convenios se firmarán con el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, y otras administraciones públicas, en particular con las entidades locales de las áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono.

Los convenios, que recogerán las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en esta materia, combinarán políticas industriales y sectoriales con medidas de protección social y políticas activas de empleo. Para ello, se evaluarán la vulnerabilidad del área geográfica y de los colectivos afectados, así como los compromisos que adquieren las partes, incluidas las empresas beneficiarias de las medidas de apoyo a la transición.

Descarbonización “justa y totalmente beneficiosa”

El nuevo marco establecerá las políticas industriales, de investigación y desarrollo de promoción de la actividad económica y del empleo y formación profesional para una descarbonización «justa y socialmente beneficiosa». También incluirán medidas fiscales, de financiación, de empleo, de protección social y actividades formativas para fomentar la adaptación de los trabajadores a los objetivos y un calendario que recoja la adopción de medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

Ribera subrayó la importancia de realizar una transición justa en el proceso de descarbonización en la que se impliquen los propios actores con acciones concretas y que «no deje a nadie atrás» y ha defendido que el español será uno de los primeros marcos regulatorios que se aprobarán en todo el mundo. «Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para reducir el desempleo, crear nuevas oportunidades y acabar con las desigualdades. Para ello, es importante hacer un uso eficiente de las políticas públicas que nos permitan anticiparnos y corregir los impactos negativos que este necesario proceso puede provocar sobre sectores y territorios», apuntó. En su opinión, no dejar a nadie atrás implica «atender» las realidades del corto plazo

Ribera ha insistido que la Estrategia Nacional de Transición Justa será el instrumento que permitirá la identificación y adopción de medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en emisiones, un tratamiento equitativo y solidario, optimizando las oportunidades de creación de actividad económica y empleo vinculadas a la transición ecológica. La ministra ha puesto de ejemplo el acuerdo firmado por el Gobierno y el sector de la minería del carbón para la transición y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras que responda a las consecuencias sociales y económicas que se producirán con el cierre de las minas a final de este año.

Las importaciones de crudo a España crecieron un 9,6% en octubre con Nigeria, México y Libia como principales países suministradores

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Europa Press.- Las importaciones de crudo a España en el mes de octubre alcanzaron los 6,059 millones de toneladas, lo que supone una incremento del 9,6% con respecto al mismo mes del año anterior, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). En el acumulado anual, las importaciones de crudo alcanzaron los 56,59 millones de toneladas, lo que supone también un incremento del 2,5% con respecto a los diez primeros meses de 2017.

En octubre, se importaron 34 tipos de crudo procedentes de 17 países. Nigeria continuó siendo el principal suministrador de crudo, con 1,04 millones de toneladas y sus importaciones más elevadas desde febrero de 2016. Le siguieron México (596.000 toneladas), que desciende un 50% interanual, y Libia (573.000 toneladas), que aumentaron un 15,3%. Por su parte, los principales proveedores en el acumulado anual fueron Nigeria, México y Arabia Saudí. En octubre, las importaciones procedentes de la OPEP alcanzaron el 60,5% del total y aumentaron un 22,2% interanual, por las importaciones de Irak (+82,1%) y Venezuela (+63%).

Por regiones, África, con el 35,5% del total, se mantuvo como la principal área de abastecimiento a España, aumentando un 45,7% interanual. Mientras, descendieron las importaciones de crudo de Oriente Medio (-8,7%) y América del Norte (-43%), y subieron tanto las de América Central y Sur (+90,8%), destacando Brasil, como las de Europa y Euroasia (+27,4%), destacando Kazajistán y Noruega.

España mejora algo sus políticas contra el cambio climático pero sigue teniendo un rendimiento bajo, según el índice CCPI 2019

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Europa Press.– España ha subido del puesto 38 al puesto 36 en la clasificación del Índice de Actuación frente al Cambio Climático 2019 (CCPI), gracias especialmente al nuevo impulso en la ambición climática y las energías renovables, con las políticas y legislación introducidas después del cambio de gobierno, según ha apuntado SEO/BirdLife.

Sin embargo, la organización advierte de que los últimos datos disponibles a nivel estatal indican que, a finales de 2017, las emisiones «seguían la preocupante tendencia al alza de los últimos años». «Felicitamos al nuevo Gobierno por las iniciativas de los últimos meses que han hecho que España suba ligeramente en la clasificación este año, pero para seguir esta tendencia y convertirse en un auténtico líder climático se tiene que avanzar con decisión en varios frentes, en competencias de casi todo el Gobierno y de las autonomías y municipios», ha señalado el responsable de Cambio Climático de SEO/BirdLife, David Howell.

Para SEO/BirdLife, los deberes «clave» en el 2019 son aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética ambiciosa, junto con un Plan Nacional Integral de Energía y Clima; aprobar una Estrategia de Transición Justa y una Estrategia a Largo Plazo para reducir las emisiones a neto cero para mediados de siglo; y avanzar en la eficiencia energética de los edificios, el transporte de emisiones cero y la economía circular.

En este sentido, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha destacado que los deberes «son claros», tanto para el Gobierno como para todas las fuerzas políticas; las comunidades autónomas y municipios; los sectores económicos; y la sociedad civil. «Si España apuesta fuerte por la transición energética y la descarbonización, y si lo hace de forma justa y de acuerdo con principios de buena gobernanza y transición justa y ecológica, empezará a contestar a las preocupaciones principales de la sociedad española«, ha defendido la experta, al tiempo que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «a tomar la iniciativa».

El Índice de Actuación frente al Cambio Climático 2019 (CCPI), realizado por Germanwatch y el Instituto New Climate junto con la Red de Acción Climática (CAN), refleja que, después de 3 años consecutivos de emisiones de dióxido de carbono estables, estas han vuelto a aumentar. Además, muestra que «sólo unos pocos países» han comenzado a implementar estrategias para limitar el calentamiento global por debajo de 2 o incluso 1,5ºC. El CCPI señala que, aunque se ha producido un crecimiento continuo de la energía renovable, especialmente en los países que antes tenían una baja puntuación, hay una «falta de voluntad política» en la mayoría de los gobiernos para eliminar los combustibles fósiles a la velocidad necesaria.

No aparece la voluntad política

En base a los desarrollos tecnoeconómicos de los últimos años, según ha señalado el coautor del CCPI en Germanwatch, Jan Burck, el retraso en la implementación de soluciones con bajas emisiones de carbono «difícilmente puede justificarse». «Si bien la cumbre del G20 ha demostrado un fuerte apoyo de 19 países al Acuerdo de París, la voluntad política de esos gobiernos para su implementación nacional aún no se refleja», ha criticado.

Por su parte, el profesor y coautor del Instituto NewClimate, Niklas Höhne, ha destacado que, antes de París, el mundo se dirigía a 4-5 grados centígrados de calentamiento global. «Ahora todavía estamos en un camino a más de 3 grados, lo que representa una perspectiva catastrófica. Eso a pesar de que los costes de la electricidad producida por la energía eólica y solar se han reducido en casi un tercio desde entonces, para que todos los países puedan aumentar el ritmo de instalación«, ha precisado.

En este sentido, el coeditor del CCPI, Stephan Singer, de Climate Action Network, ha subrayado que la brecha entre los niveles de emisión actuales y lo que se necesita para encaminar al mundo a una ruta por debajo de 2ºC o incluso 1,5ºC, «se está ampliando». «También estamos viendo una brecha creciente en el liderazgo en un momento en que los países deben fortalecer el régimen climático. Es muy importante que la Unión Europea mejore su compromiso climático actual para mostrar liderazgo», ha apuntado Singer.

Con clasificaciones buenas en emisiones y energías renovables, Suecia lidera el ranking, seguido por Marruecos, que aumentó significativamente su participación en la capacidad de energía renovable y tiene un ambicioso objetivo climático nacional. India avanza gracias a las renovables, niveles comparativamente bajos de emisiones per cápita y un objetivo de mitigación relativamente ambicioso para 2030. Por el contrario, Alemania vuelve a caer, desde el 22 al 27 (sus emisiones no disminuyen desde 2009), y obtiene una calificación media con respecto a la energía renovable y la política climática; y China sube al 33 por la tendencia descendente de emisiones de 2014 a 2016, con un exitoso plan de apoyo a la energía renovable, aunque comenzaron a aumentar de nuevo recientemente.

En el grupo de países con muy bajo rendimiento en ambición climática aparecen casi la mitad de los países del G20: Japón, Turquía, Rusia, Canadá, Australia, Corea, Estados Unidos y Arabia Saudí. Los expertos de Estados Unidos han calificado como «muy baja» la política climática de la Administración Trump, aunque resaltan algunas señales positivas debido a la acción climática en varios estados y ciudades, debido al impulso que los demócratas prometen con su nueva mayoría en la Cámara de Representantes.

Pedro Sánchez asegura que España alcanzará las cero emisiones de CO2 en 2050 y que será «pionera» en transición justa

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Europa Press.- Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a actuar «en consonancia» con sus anuncios y que acelere la transición energética después de que haya asegurado que España reducirá sus emisiones invernadero en un 37% en 2030 y «al menos» un 90% en 2050 para luchar contra el cambio climático, con una estrategia de transición «pionera» para asumir el reto, pero teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Sánchez ha anunciado que España se ha adherido a la declaración impulsada por el presidente de Austria y anima a otros países a sumarse porque en la actualidad el planeta está «lejos» de cumplir los objetivos de clima adoptados en 2015 en el Acuerdo del Clima de París. Eso sí, ha señalado que es consciente de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos y, por ello, ha anunciado que España va a ser «pionera» en el diseño de una estrategia de transición justa que tenga en cuenta el impacto en zonas más específicas y muy en particular en las comarcas mineras.

Para Sánchez, este es el momento de «fortalecer» el multilateralismo y poner en marcha los compromisos adquiridos y avanzar en la plena aplicación de los Acuerdos del París. «La hoja de ruta es clara: reducción de emisiones, desarrollo económico sostenible y justo, inclusivo y sociedades adaptadas al cambio climático«, ha resumido el presidente. A su juicio, la cumbre de Katowice debe suponer un antes y un después para sentar las bases de una visión «más ambiciosa» para asumir «mayores responsabilidades».

En ese sentido, indicó que su Gobierno quiere ir «más allá» de estos compromisos porque España es un país «vulnerable» al cambio climático. Así, en el marco de la coalición para la neutralidad del carbón, ha confirmado la voluntad de reducir a cero las emisiones netas en 2050 y quiere movilizar 900 millones de euros anuales a partir de 2020. Asimismo, ha añadido que la apuesta de su Ejecutivo es por la eficiencia, energías renovables y movilidad eléctrica para lo que se fijarán «objetivos claros y ambiciosos» para los años 2020, 2030 y 2050 porque, en su opinión, se necesita dar certidumbre y confianza «no solo» a los inversores económicos, sino «especialmente» a los ciudadanos.

En concreto, resaltó que su propuesta es reducir un 37% las emisiones en 2030 y al menos un 90% en 2050, para alcanzar la neutralidad de carbono. «La calidad del aire, el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la modernización de la industria son motores de nuestro compromiso», ha defendido. Sánchez quiere aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático y trabajar en una senda «viable» de descarbonización de la economía pero es consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y los colectivos más expuestos, algo que se paliará con la estrategia de transición justa «pionera» que tendrá en cuenta el impacto en zonas «más específicas» y «muy en particular» en las comarcas mineras.

Del mismo modo, ha mostrado el apoyo a la declaración sobre solidaridad y transición justa presentada y que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones sindicales a nivel internacional. «El momento es ahora. España tiene clara su elección, que es actuar por una transición inaplazable, urgente y que solo dará frutos si todos actuamos desde la honestidad, el sentido común y la responsabilidad. Debemos elegir, seguir en la inacción o actuar conjuntamente frente a la tentación del repliegue mediante un liderazgo colaborativo», ha concluido.

Greenpeace: acelerar la transición energética

Por su parte, Greenpeace ha animado al presidente del Gobierno a actuar «en consonancia» y acelere la transición energética, ponga fecha de cierre de energías sucias y emita señales claras para impulsar las energías renovables. La ONG ha respondido así a la intervención de Sánchez, quien ha reconocido que no se están cumpliendo las metas marcadas, y celebra que el presidente califique el cambio climático como un desafío «real y urgente» frente al que hay que actuar de forma conjunta.

Respecto al anuncio de una transición ecológica justa pionera en España, Greenpeace le recuerda que el plan de transición debe establecer fechas para el cierre de las energías sucias y peligrosas; dar señales claras para incentivar las inversiones en energías renovables y para la protección ambiental, además de aumentar los planes de formación en las regiones afectadas por la transición.

La responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha subrayado que además de justa la transición debe ser rápida porque no solo se trata de puestos de trabajo sino del «bienestar futuro» de las comunidades. «Los mejores trabajos están en un planeta vivo», destacó. Además, ve positivo la confirmación del apoyo de Sánchez a la declaración de Silesia sobre la transición justa y al llamamiento de la Presidencia europea de Austria para reclamar un aumento de la ambición climática en Europa.

Respecto a los objetivos futuros, Greenpeace ve «urgente» hacer todo lo posible por acercar el sistema eléctrico a un mix 100% renovable en 2030 y a reducir a cero las emisiones netas en 2040. Asimismo, le piden que el Plan Nacional de Energía y Clima incluya un calendario para el fin de las centrales nucleares cuando terminen sus licencias actuales de explotación y que 2025 sea el límite para cerrar las centrales térmicas de carbón.

El consumo de combustibles de automoción sube un 4,8% en octubre

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Europa Press.- El consumo de combustibles de automoción ascendió a 2,474 millones de toneladas en octubre, lo que supone un incremento del 4,8% respecto a 2017 y supera el de los ocho años anteriores, según Cores. Este incremento fue fruto, principalmente, del repunte registrado en las gasolinas, cuyo consumo se disparó un 7,1% hasta las 442.000 toneladas, mientras que también subieron los gasóleos un 4,3%, hasta los 2,032 millones de toneladas.

En el mes asciende el consumo de todos los grupos de productos, a excepción de los fuelóleos, que cayeron 4,7%. Así, repuntaron el GLP (+73,1%), gasolinas (+7,1%), querosenos (+4,6%) y gasóleos (+6,6%). En el acumulado anual, los consumos de ambos combustibles registran también incrementos, con un crecimiento del 4% en el caso de las gasolinas y del 2% para los gasóleos. En el acumulado anual también presentaron crecimientos interanuales todos los grupos de productos: GLP (+9,8%), gasolinas (+4%), querosenos (+4,2%), gasóleos (+2,8%) y fuelóleos (+2,7%).

En lo que respecta al consumo de gas natural, en octubre se situó en 27.848 gigavatios hora (GWh), lo que representa una caída del 4%. Al igual que en los cuatro meses precedentes, el destinado para generación eléctrica cayó (-33,9%), mientras que el convencional y el GNL de consumo directo aumentaron 8,4% y 10,1%, respectivamente. En el acumulado anual, se incrementaron el consumo de gas un 0,4%; el consumo convencional (+5,6%) y el GNL de consumo directo (+0,5%), mientras que disminuyó la generación eléctrica (-18,2%).

Cáritas urge a fijar un plan para salvar el planeta en la conferencia COP24 de la ONU sobre cambio climático

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Europa Press.- Una delegación de Cáritas Internationalis participa en las conversaciones de la ONU sobre el cambio climático (COP24) para pedir que los Gobiernos adopten objetivos «más ambiciosos» y «reemplacen los combustibles fósiles con energía renovable» para 2050. La COP24 avanza en la puesta en marcha del Acuerdo de París contra el cambio climático, que se firmó en 2015, con el reto de elevar la ambición para poder alcanzar los objetivos establecidos.

Las conversaciones deberán culminar con la aprobación de un plan para frenar el cambio climático durante la próxima década y abordar sus efectos devastadores en la vida humana, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y del agua. Para la red internacional de Cáritas, presente en 165 países y más de 200 territorios del mundo, el coste que el calentamiento global está suponiendo en términos de aumento de desastres naturales y riesgos de sostenibilidad medioambiental «es ya inasumible para las comunidades más vulnerables acuciadas por la pobreza».

Los delegados que participan en la Conferencia anual de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) esperan consensuar el Libro de Normas sobre la implementación del Acuerdo de París. Para Cáritas, el Libro de Normas también debe proteger los derechos humanos y hacer que las políticas climáticas nacionales estén abiertas a la gente. Además, se espera consensuar un nuevo marco para la acción mundial sobre el cambio climático, uno de cuyos artículos clave establece el objetivo a largo plazo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y, si es posible, a menos de 1,5 grados.

«Todos los días, somos testigos de los efectos del cambio climático en las personas pobres y vulnerables de todo el mundo. La equidad, la igualdad y la justicia intergeneracional deben ser los criterios guía para las nuevas políticas climáticas», subraya la responsable de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en Cáritas Internationalis, Adriana Opromolla. A su juicio, «la transformación es posible, pero se necesita voluntad política para que esto ocurra». Los países desarrollados han prometido una aportación colectiva anual de 100.000 millones de dólares a partir de 2020 a través del Fondo Verde para el Clima.

Limitar el calentamiento del planeta

El pasado mes de noviembre, el Grupo de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicó un estudio que analiza las diferencias entre que la ambición mundial se centre en limitar el aumento de la temperatura global en 2 grados centígrados o bien, si se da un paso más y el objetivo es reducir el calentamiento a 1,5 grados.

El copresidente del Grupo de trabajo I del IPCC, Panmao Zhai, destacó durante la presentación de resultados que uno de los mensajes fundamentales «arrojado de forma contundente» por el informe es que ya se están viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1 grado con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios.

El informe del IPCC advierte de que para limitar el calentamiento a 1,5ºC se necesitarán transiciones «rápidas y de gran alcance» en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades y que será necesario que las emisiones netas globales de dióxido de carbono (CO2) disminuyan un 45% en 2030 respecto a los niveles de 2010 y alcanzar un balance de cero emisiones en 2050. «Limitar el calentamiento a 1,5°C es posible según las leyes de la química y la física, pero para ello se necesitarían cambios sin precedentes», destacó el copresidente del grupo de trabajo III del IPCC, Jim Skea.

La directora de la oficina española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, señaló que el Gobierno considera que «no es posible avanzar» en una agenda de descarbonización si no se tiene en cuenta a los trabajadores y las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, ha dado el apoyo de España a una transición justa y ha puesto de ejemplo el acuerdo que firmó el Gobierno en octubre con los mineros porque es «posible» hacer una transición baja en carbono «teniendo en cuenta a todo el mundo» y aprovechando las nuevas oportunidades que propiciará el modelo verde.

Además, Ulargui tiene expectativas de que en la Cumbre de Polonia se cerrará una agenda técnica con las reglas para que el Acuerdo de París sea “aplicable de manera urgente” y que se pueda medir “lo lejos” que está la comunidad internacional del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y a 1,5ºC que se recogen en el Acuerdo del Clima.

Avanzar hacia una economía descarbonizada

Asimismo, añadió que en la COP24 hay que hablar de “ambición” para ver como se reduce la brecha entre los compromisos sobre la mesa y los datos de la ciencia. “Tenemos que poner compromisos más ambiciosos para entre todos realmente reducir los impactos del cambio climático y para promover esa economía descarbonizada que va a generar numerosos empleos y oportunidades para modernizar la economía“, manifestó.

La directora subraya que a postura y la ambición de España en la COP es “clara” y ha subrayado que desde que el Gobierno tomó posesión anunció “claramente” que quería ir hacia una descarbonización de la economía en 2050 y a un objetivo ambicioso en 2030. Ha admitido que estos objetivos repercutirán en “todos” los sectores y, en particular, al energético o la automoción, y cree que las señales generan “credibilidad, certidumbre” y hay que poner sobre la mesa las políticas y medidas para acompañar a todos en el objetivo.

A la cumbre asisten además de las delegaciones de gobiernos de todo el mundo, representantes de instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, la ONG SEO/BirdLife participa en calidad de observador en la COP24, donde exigirá la máxima ambición mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La ONG denuncia la creciente preocupación por los impactos del cambio climático y la falta de progreso en la reducción de emisiones a nivel mundial. «El mundo está todavía lejos de la senda correcta de descarbonización», ha advertido David Howell, de SEO/BirdLife.

La Comisión Europea ha hecho pública su propuesta por la que quiere eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, para lo que admite que se requerirán «inversiones adicionales significativas» en todos los sectores de la economía, pero supondrá una «profunda transformación» que implicará «efectos positivos«. Howell ha recordado que ya se están sufriendo las consecuencias en todos los continentes, mares, culturas y países. «La Comisión Europea ha empezado a reconocer que los compromisos legales de nuestro continente ante este reto son insuficientes y desde SEO/BirdLife instamos a la Unión Europea y el Gobierno español a redoblar sus esfuerzos en las negociaciones y a prestar el máximo de apoyo a la Presidencia polaca en su difícil tarea», concluyó.

La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

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Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

Bruselas espera la normativa de prohibir coches con emisiones desde 2040 para analizar si es compatible con la regulación comunitaria

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Europa Press.- El comisario de Energía y Acción por el Clima, el español Miguel Arias Cañete, apuntó que la Comisión Europea no evalúa «declaraciones políticas» como el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir a partir de 2040 la venta de coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2), pero que si el proyecto se convierte en norma Bruselas sí analizará su compatibilidad con las reglas de la Unión Europea.

El comisario Cañete ha recordado que además de España al menos otro cinco países de la Unión Europea han anunciado medidas similares, pero ninguno ha dado el paso de transformar las ideas en propuestas legislativas concretas. Dinamarca, Irlanda y Países Bajos han apuntado el objetivo de vetar los vehículos con motores de combustión interna en el horizonte de 2030, mientras que Francia y Reino Unido, como España, han sugerido que lo harán en 2040. Así las cosas, si alguno de estos gobiernos introduce una norma legislativa, ha explicado Arias Cañete, deberá notificar a Bruselas los detalles técnicos para que los servicios comunitarios analicen su «compatibilidad» con las reglas del Mercado Interior, una tarea que corresponde a la comisaria Elzbieta Bienkowska.

Con todo, el comisario ha apuntado que la Unión Europea se centra en «establecer estándares» comunes de reducción de emisiones que se aplican en «todo el territorio» y a «todos los fabricantes», con el objetivo de garantizar «igualdad de condiciones». Otras fuentes comunitarias insisten en que la línea que defiende Bruselas no se apoya en «prohibiciones», sino en trabajar para «limitar» las emisiones, por lo que no solo es relevante el objetivo que se persiga con la tramitación de nuevas medidas, sino también los «medios» que se utilicen para ello.

El número de clientes acogidos al bono social de la electricidad es ya muy próximo al millón

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Europa Press.- Casi un millón de clientes están acogidos ya al bono social eléctrico, después de que en el último mes y medio se hayan suscrito 172.000 nuevos usuarios, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez subrayó que la pobreza energética no es «una situación que esté resuelta y se tiene mucho trabajo por delante«, ya que más de 4 millones de personas la sufren en España.

Así, Domínguez Abascal señaló que se han recibido 1,3 millones de solicitudes para acogerse al bono social, de las cuales se han concedido casi un millón «en este momento«, lo que permite dar cobertura a casi 2,4 millones de personas en situación de pobreza. «Pero nos quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande», apuntó.

El Gobierno aprobó en octubre, mediante un real decreto-ley, un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos mesesen el precio de la electricidad.

Hasta el 31 de diciembre

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, que amplía las coberturas del anterior bono social eléctrico, Domínguez destacó que el ritmo al que se está accediendo a esta protección para los consumidores vulnerables «es importante», con esos 172.000 nuevos clientes suscritos en el último mes y medio. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

A este respecto, valoró que desde la llegada del Gobierno del PSOE afrontar el problema de la pobreza energética ha sido prioritario y con real decreto-ley se han afrontado «algunas cuestiones de urgencia». «Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores», destacó. Asimismo, invitó a participar en la tramitación del real decreto-ley a Ley, ya que es el momento «para introducir algunos elementos adicionales», y destacó también que el objetivo es cumplir con el mandato recogido en la normativa de que en 6 meses, antes del mes de abril, esté redactada una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, destacó que la pobreza energética es «una manifestación de la pobreza en general» y consideró necesario el trabajo conjunto de las empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla. A este respecto, Solá señaló la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales «sea más alta» y pidió la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.

España destina como contribución voluntaria 450.000 euros a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución voluntaria con un total de 450.000 a organizaciones internacionales y actividades multilaterales de lucha contra el cambio climático. Así, se ha acordado destinar 200.000 euros al Fondo de Actividades Suplementarias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC), que es el principal instrumento internacional para atajar este problema global, así como al Acuerdo de París.

CMNUCC fue adoptada en 1992 (entró en vigor en 1994), y ha sido ratificada por 197 partes, incluida España, y su objetivo último es la estabilización de las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera. Además, el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, ha sido ratificado por 134 países hasta la fecha. Tras la cumbre de París se constituyó el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA), como órgano subsidiario adicional para el desarrollo de todos los elementos del Acuerdo.

Sus actividades se financian por las contribuciones obligatorias y voluntarias de sus miembros a través de dos fondos, el Fondo de Actividades Suplementarias, destinado a numerosas actividades relacionadas con los resultados de la negociación. También a través del Fondo de Participación destinado a financiar los gastos correspondientes a la participación de delegados de países en desarrollo en las reuniones de la Conferencia de las Partes y de los Órganos Subsidiarios. El presupuesto para el bienio 2018-2020 incluye las necesidades financieras del fondo de actividades suplementarias y el importe de la contribución voluntaria para el ejercicio 2018 es de 200.000 euros.

Por otro lado, el Gobierno ha autorizado la contribución voluntaria de 200.000 euros a la Comisión Económica para América Latina y Caribe para las actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCCC). Entre las actuaciones de cooperación de España en la lucha contra el cambio climático destacan las desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana de Oficina de Cambio Climático (RIOCC), en la que la OECC ejerce las labores de secretariado desde su creación en 2004 por mandato del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente.

En la misma línea, el Gobierno ha aprobado un acuerdo que autoriza la contribución voluntaria de 50.000 euros al Paternariado Internacional de Acción de Carbono. El Partenariado Internacional de Acción de Carbono (ICAP) es un foro internacional compuesto por gobiernos y autoridades públicas que han implementado, o prevén implementar, sistemas obligatorios de comercio de derechos de emisión para regular las emisiones efecto invernadero en el ámbito territorial que les compete.

ICAP funciona mediante programas de trabajo que se establecen para un periodo de dos años. Para cada actividad recogida en el programa de trabajo se estima un presupuesto asociado. Transcurrido un año desde el inicio de la aplicación del programa se valora la introducción de modificaciones. Los gastos de funcionamiento del secretariado de ICAP se han estimado en unos 650.000 euros/año. España destinará en 2018 un total de 50.000 euros.