Entradas

Las importaciones de gas natural en España alcanzan su máximo en un primer trimestre desde principios de 2014

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Las importaciones de gas alcanzaron los 103.446 gigavatios hora (GWh) en los tres primeros meses del año, con un crecimiento del 15,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa el máximo en un primer trimestre desde principios de 2014, según datos de Cores.

En el mes de marzo, las entradas de gas natural en España se situaron en 27.947 GWh, un 6,3% menos que en el mismo mes del 2016. Las importaciones de gas natural crecieron un 23,6% en el mes, mientras que las de gas natural licuado (GNL) cayeron un 33,3%. En términos de importaciones netas de gas natural en el mes alcanzaron los 24.709 GWh, experimentando un descenso interanual del 9,4%. Las importaciones por gasoducto, que predominan en la estructura del sistema (57,9%), crecieron un 23,2% frente a marzo de 2016.

Argelia es el principal suministrador

Por áreas geográficas, destacó el peso de África, que alcanza un 82,4% en la estructura, con un importante incremento de las entradas de gas natural de Argelia, en un 55,2%. Asimismo, ascienden las importaciones de América Central y Sudamérica en un 13% y descienden las de Europa y Eurasia en un 60,8% y Oriente Medio en un 6,3%. Los principales suministradores de gas natural a España en el acumulado anual fueron Argelia (53,5%), Nigeria (13,4%), Perú (9,3%) y Noruega (7,9%).

Mientras, las exportaciones aumentaron en marzo un 25,5% frente al mismo mes de 2016, hasta los 3.238 GWh, las más altas en cuatro meses. Destacan las exportaciones por gasoducto (98% del total) a Portugal y Francia, 2.585 GWh y 588 GWh respectivamente. El resto de exportaciones fueron por GNL a Italia, Andorra, Macedonia y Suiza, además de Francia y Portugal.

Ciudadanos cuestiona al Gobierno si la condena a España por los recortes renovables afectará a la factura de la luz

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Ciudadanos quiere saber si la condena a España por los recortes a las empresas de energía renovable por parte del Ciadi, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial, afectará a la factura de la luz. Por ello, su portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una batería de preguntas en las que cuestiona al Gobierno por el impacto que esta decisión supondrá para el sistema eléctrico.

El Ciadi condenó a España a pagar 128 millones de euros más intereses por los recortes aplicados a las energías renovables tras la demanda interpuesta por Eiser. Ciudadanos destaca la unanimidad de los tres árbitros a la hora de acordar la violación por parte del Estado del artículo 10 de la Carta de la Energía, «privando de un trato justo y equitativo» a Eiser, así como la «contundencia en relación a la ilegalidad del cambio radical en el marco regulatorio«.

Asimismo, advierte de que el fallo podría sentar precedente e iniciar una serie de resultados similares en el resto de procesos abiertos por inversores extranjeros en renovables, algo que «podría impactar decisivamente en la financiación del sistema eléctrico y la factura de la luz». Por esto mismo, pregunta también qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para asegurar que no se produzcan episodios similares en el futuro, y si contempla la posibilidad de establecer alguna compensación para los inversores nacionales.

El arbitraje desvela que los peritos del Estado cifran en un 5% la rentabilidad de Eiser frente al 7,39% prometido

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Los peritos de Brattle y BDO designados en el arbitraje internacional contra España en el Ciadi (Banco Mundial)  acerca de los recortes a las instalaciones de renovables de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg calculan que la rentabilidad de estos inversores se situó entre el 3,7% y el 5% tras la reforma eléctrica de 2013, frente al 7,39% recogido en la nueva legislación (calculada en torno a las Obligaciones del Estado a 10 años incrementando  en 300 puntos básicos).

Estas consideraciones aparecen recogidas en el laudo del Ciadi remitido a las partes la semana pasada, en el que por primera vez esta institución se pronuncia acerca de los recortes a las instalaciones de renovables en España. En este caso lo ha hecho a favor de los demandantes, que tendrán derecho a una indemnización de 128 millones. El Ciadi aún tiene que resolver una treintena de denuncias por este asunto.

En este sentido, ni el perito designado por el abogado del Estado ni el de Eiser cifraron los retornos económicos de las plantas en el porcentaje de rentabilidad razonable establecido por el Gobierno. Brattle, designada por Eiser, cifra la rentabilidad de los proyectos termosolares del inversor en el 3,7%, mientras que BDO, elegido por el Estado, lo hace en el 5%. «La rentabilidad real antes de impuestos de las plantas se encuentra muy por debajo de la tasa meta prevista por el nuevo régimen», señala el laudo a la vista de estos testimonios, antes de constatar que las instalaciones de Eiser no se ajustaban al estándar de plantas eficientes aplicado, eso sí, «de manera retroactiva» en 2013 por el Gobierno.

Los costes de capital de las plantas eran cerca de un 40% superiores al nivel considerado eficiente por la reforma. Los peritos de la demandante, de Brattle, atribuyen esta diferencia a aspectos como el de que las plantas eran propietarias, en vez de arrendatarias, de los terrenos sobre los que se asentaron los proyectos. Los costes operativos y de mantenimiento de las plantas también superaban los considerados eficientes, más aun cuando en 2012 se aprobaron impuestos que también gravaban el gas usado por las plantas termosolares. Como consecuencia de ello los ingresos de las instalaciones registraron un descenso del 66% tras la reforma de 2013.

En 2014, una de las plantas, Aires Solar, tuvo ingresos operativos de 19,92 millones, frente a los 27,76 millones necesarios para responder a las deudas de la sociedad, mientras que otra instalación, Dioxipe, ingresó 7,79 millones, frente a los 13,94 millones necesarios para devolver la deuda. El laudo muestra precisamente que el endeudamiento de los inversores en renovables y sus dificultades para devolver la deuda tras los recortes no se tuvieron en cuenta a la hora de definir el nuevo régimen retributivo de la reforma.

En un interrogatorio, el director del departamento solar del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), Carlos Montoya, confirmó que fueron los funcionarios del Ministerio los que realizaron las «estimaciones y cálculos cruciales» para definir los estándares retributivos «sin tener en cuenta las características reales y la producción de las plantas». «El nuevo régimen no tiene en cuenta los costes reales, incluido el servicio de deuda, o las eficiencias reales de determinadas instalaciones de CSP (termosolar) existentes», señala el laudo. Montoya admitió en su testimonio que “el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso, al afirmar que si usted busca […] una media o una fórmula matemática, no la hay«, indica el laudo.

La sentencia del tribunal también describe las expectativas sobre las que Eiser decidió invertir en renovables en junio de 2007. Para ello, realizó due diligences y contó con el asesoramiento de Gómez Acebo & Pombo. En ese momento, el principal riesgo identificado era que el proyecto no se pudiera construir en los 36 meses de plazo recogidos en el real decreto 661/2007. La deuda de los proyectos equivalía al 70% del capital en el caso de la planta Astexol, y al 63,5% en el de las otras dos plantas, conocidas como Aste. En diciembre de 2011, Eiser valoraba sus inversiones en 148 millones de euros.

Las costas del laudo, que incluyen los honorarios de los árbitros y los costes del tribunal, ascienden a 956.159 dólares, de los que 277.929 dólares corresponden al presidente John R. Crook, 177.439 al árbitro Stanimir Alexandrov y 123.964 dólares al otro árbitro, Campbell McLachlan. El tribunal internacional ha concluido que no sea el Estado español el que asuma el coste total, sino que cada parte sufrague sus propios gastos legales, así como la respectiva cuota de los honorarios y gastos de los miembros del tribunal y de los derechos devengados por la utilización del Ciadi.

Greenpeace exige a España un giro energético para cumplir el Acuerdo de París y que deje de subvencionar al carbón

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- Greenpeace reclama a España que acometa un giro en su planificación energética para poder cumplir el Acuerdo del Clima de París y que deje de subvencionar las energías fósiles, por ejemplo, abandonando las subvenciones al carbón, a las que destinó 754 millones de euros al año entre 2005 y 2016.

Greenpeace lamenta la actitud del Gobierno de España porque «sigue sin apostar claramente por frenar el cambio climático». En este contexto, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha destacado que España es «un diamante» para las energías renovables y uno de los países europeos que más sufrirá los impactos del cambio climático. «Tenemos un ministro de Energía que apoya las energías sucias y dificulta enormemente la transición energética y la búsqueda de alternativas sostenibles en las regiones minero-eléctricas», criticó.

Estudio de Overseas Development Institute

La ONG expone que un estudio, que analiza las subvenciones al carbón en 10 países europeos, señala que España sigue lejos de poner medidas para terminar con las subvenciones a las centrales térmicas de carbón. Este estudio, sitúa a España en el tercer puesto de Europa, por delante de Alemania o Polonia, con 754 millones de euros anuales entre 2005 y 2016 en subvenciones al carbón, tanto para la transición de las cuencas mineras como para las eléctricas propietarias de las centrales térmicas, aunque “la falta de transparencia” hace que algunos datos no estén disponibles.

En definitiva, la ONG exige al Gobierno que se tome en serio las políticas climáticas y energéticas y que anteponga la salud de las personas y el medio ambiente a los intereses de las empresas porque tiene una «magnífica oportunidad» para planificar el cierre de las térmicas de carbón no más tarde de 2025 con el desarrollo de la ley de cambio climático y transición energética que quiere poner en marcha. «El Gobierno español no puede seguir dando la espalda al cumplimiento sus obligaciones con el clima y la salud de las personas», ha concluido.

Nadal carga contra la italiana Enel por planear el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla en 2020

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital advierte a Enel, el principal accionista de Endesa con un 70% de su capital, de que el cierre de las centrales térmicas de carbón de Andorra (Teruel) y de Compostilla (León) no es «coherente» con las necesidades energéticas de España, según fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El propio ministro fue más allá y acusó a Enel de «hacer política para los italianos a costa de los consumidores y trabajadores españoles».

En concreto, Nadal recordó en el pleno del Senado que «no fue un Gobierno del PP» quien facilitó que Enel, empresa participada por el Estado italiano, adquiriera Endesa, en alusión a la estrategia del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de propiciar la entrada de Enel en la eléctrica española. «Al ser una empresa italiana no le importa, para hacer política de empleo en Italia, crear desempleo en España, y no le importa, para hacer política medioambiental en Italia, hacer política de pérdida de competitividad en España», acusó. Así, el ministro subrayó que éste es «el origen del problema» para las centrales térmicas de carbón de Endesa en Andorra (Teruel) y Compostilla (León), cuyo cierre para 2020 anunció Enel.

Nadal señaló que está trabajando para que el carbón forme parte del mix energético hasta 2030. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, porque el Gobierno es el único que ha dicho que queremos que el carbón forme parte del mix energético de aquí a 2030». «Estoy de acuerdo en que el mix energético no lo deciden las empresas, sino el Gobierno y las Cortes Generales, por eso quiero hacer una ley que ustedes no quieren apoyar», indicó Nadal, al ser cuestionado en el Senado por el PSOE.

Por su parte, el senador socialista Graciliano Palomo ha exigido al Gobierno que tome medidas para obligar a las centrales térmicas de Compostilla y Andorra a desnitrificar sus emisiones y continuar su actividad más allá de 2020. «Al Gobierno le corresponde tomar una decisión estratégica y dejarse de maniobras de despiste. Queremos que se imite a Alemania, y que programe el cierre nuclear a medida que venzan las centrales y que apoye a las centrales térmicas españolas», ha señalado Palomo.

“Si se confirma este planteamiento demostraría, por un lado, que el compromiso de Enel con España no es el que le gustaría a este Gobierno y, por otro, que tampoco es coherente con las necesidades de la política energética del país», fue la primera reacción del Ministerio de Energía, que asegura no tener noticia directa por parte de Enel ni de Endesa sobre las intenciones de la empresa acerca de las dos centrales referidas. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) asegura que la intención de Enel es realizar desnitrificaciones en las centrales de As Pontes, Litoral y Alcudia para cumplir con la normativa de la Unión Europea.

El horizonte que define el Ciadi

/0 Comentarios/en , /por

Nunca España tuvo tantos procesos abiertos en los tribunales de arbitraje internacional como en estos momentos. Nunca había perdido un pleito hasta el momento en estas instancias por motivos energéticos. Y, probablemente, nunca un laudo de estas características sea comprendido y evaluado por su valor a efectos premonitorios. Quedan otros 26 arbitrajes pendientes de resolución y se buscan las claves que puedan determinar el decurso en estas instancias especiales de litigación que, tras la cascada de denuncias de los inversores internacionales en renovables, podrían acabar en una cascada de sentencias contra el Estado español.

Para entender las claves que puedan anticipar el futuro de estos arbitrajes es preciso conocer varios elementos. El primero, la instancia en la que se ha producido el laudo, en la medida en que sus jueces puedan definir un criterio específico. En el caso de los procesos derivados de la revisión retributiva renovable, estos se dividen entre las cortes de la Cámara de Comercio de Estocolmo, de la Corte de la Ciadi (el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial) y el Tribunal Arbitral de Luxemburgo.

Por otra parte, la segunda cuestión es la norma de la que derive el proceso. En la actualidad, existen dos bloques importantes de procesos abiertos alrededor de esta cuestión de la retribución renovable.  Los que se derivan de la reforma Sebastián (que laminó los ingresos de las instalaciones fotovoltaicas ordenándolas y cambiando los criterios de ajuste por zonas de insolación) y los que se derivan de la reforma de Alberto Nadal, que implantó el modelo de la rentabilidad razonable a lo largo de la vida de los activos (incluyendo el cálculo teórico según la fecha de instalación y los deslizamientos con límite sobre el precio de mercado previsto y realizado).

En este sentido, en 2016 hubo dos arbitrajes cuyas reclamaciones hacían referencia a la reforma Sebastián que la corte de Estocolmo falló a favor del Estado. Los primeros arbitrajes proporcionaron un optimismo moderado en las autoridades españolas. Sin embargo, es contra la reforma Soria/Nadal contra lo que se dirige el arbitraje recién conocido de la Ciadi. Y, por ello, la resolución de este último laudo ha sido un importante jarro de agua fría, por los dos motivos: porque afecta al grueso de las reclamaciones, tanto por la instancia en términos de jurisprudencia internacional como por el asunto abordado, ya que actualmente quedan otros 26 arbitrajes en el Ciadi derivados de la reforma Soria/Nadal; y porque los efectos regulatorios serán devastadores.

Por tanto, ya se puede tener una idea de los derroteros futuros. Estos días se cifraban estas indemnizaciones posibles en 3.500 millones de euros y el Gobierno ha afirmado que estudiaba recurrir, algo que, en principio, no es posible en los arbitrajes internacionales. Por otra parte, el Gobierno destaca que el tribunal condena «parcialmente» conforme a lo inicialmente solicitado por los demandantes. Se obvia que la condena es parcial en la medida en que las cortes de arbitraje solo protegen a las empresas extranjeras de los efectos de los cambios legales en terceros países que afecten a sus inversiones. Por tanto, valúa los daños para los inversores extranjeros perjudicados, mientras los perjuicios para los inversionistas españoles se quedan sin protección.

La siguiente cuestión, para evaluar el impacto de la cascada de indemnizaciones resultante, provendrá de la capacidad adicional que tengan las empresas españoles de reabrir los procesos en la jurisdicción de nuestro país apelando a la indefensión resultante con consecuencias discriminatorias de la protección exterior de los terceros países. Los servicios jurídicos de empresas y gabinetes de abogados ya están en marcha estudiando todas estas posibilidades. El laudo conocido dibuja un panorama de consecuencias ciertas (y otras posibles) para el Estado en términos de previsibles indemnizaciones en la cascada de sentencias pendiente. Luego vendrá como derivada la forma y el impacto en la parte regulada de las tarifas.  Y, además, añadiendo las costas del proceso.

España pierde su primer arbitraje internacional en el Ciadi por los recortes a las renovables ante la firma británica Eiser

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El Estado español perdió el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, según indicaron fuentes cercanas. El laudo, notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que contó en el proceso con el asesoramiento de Allen&Overy.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. La inversión comprometida en estas centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero con el PSOE en el poder, y el último con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP. El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor de España.

España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables. Eso sí, a nivel nacional, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años. Los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.

El PP plantea usar el superávit eléctrico para pagar los arbitrajes adversos mientras la fotovoltaica española reclama igualdad de trato

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) reclama al Gobierno el mismo trato a los productores nacionales que a los internacionales, después de que el Ciadi haya fallado a favor de la firma británica Eiser Infraestructure y en contra del Estado español. En relación con este asunto, el PP quiere extender al sistema de arbitrajes el uso del superávit eléctrico para pagar indemnizaciones por sentencias condenatorias derivadas de la normativa del sector eléctrico.

Así figura en una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, registrada ahora que España ha perdido su primer arbitraje internacional por los recortes aplicados a las energías renovables. En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno ya había incluido en una disposición adicional la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector. Sin embargo, esta aplicación se amplía de esta forma para «dar cobertura a eventuales pronunciamientos arbitrales», señala el PP en la justificación de su enmienda, «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a los Presupuestos».

Estas enmiendas, con rango de ley, suponen una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se han acumulado unos 1.130 millones hasta 2016. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros.

Anpier exige el mismo tratamiento

Respecto al laudo del Ciadi, Anpier destaca que se da la razón a la firma británica frente a los «drásticos recortes retroactivos» impuestos por el Gobierno español en las «sucesivas reformas del marco regulatorio» a la producción de energía renovable. Por ello, los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue «la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional» y que, «muy probablemente», recibirá también el resto de fondos extranjeros con recursos pendientes de resolución en el Ciadi.

«El quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaicas es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales», indicó el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Los productores fotovoltaicos han soportado, según indica Anpier, «recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca exigía el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancarias».

Pese a todo, «el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones», señala, antes de resaltar que ahora «una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia, que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado». Este resarcimiento ha de producirse «con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y, sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor», añade.

Energía cree que el laudo del Ciadi contra el recorte renovable no es «extrapolable» y “no cuestiona” la reforma Soria-Nadal

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El Gobierno ha defendido que la reforma eléctrica desarrollada por el exministro José Manuel Soria y el exsecretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, fue «la adecuada» y ha asegurado que «no se cuestiona» por el laudo arbitral del tribunal internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, en el que se da la razón a la firma británica Eiser Infraestructure frente a los perjuicios que le causó el recorte a las renovables.

En este sentido, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera que el laudo «no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. El Ministerio anuncia además que el Gobierno español estudia recurrir el laudo. Fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal indicaron que el recurso ha de presentarse ante el propio Ciadi. El laudo, señala Energía, estima parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg en relación a las consecuencias de la reforma eléctrica llevada a cabo en los años 2013 y 2014 para tres instalaciones termosolares.

El laudo, afirma, «única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del tribunal de arbitraje, se considera excesivo«. «Dado el carácter estrictamente singular de tal pronunciamiento, no debe asumirse que su resultado puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes», afirma Energía.

El Ministerio sostiene que cada procedimiento arbitral «es diferente, tanto en la información como en los argumentos aportados«, y recuerda que hasta la fecha se ha producido un desistimiento en un arbitraje, mientras que en otros dos arbitrajes sobre renovables ya resueltos los laudos han dado la razón a España «de manera contundente». Eso sí, el fallo ahora conocido es el primero emitido por el Ciadi. En enero de 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico de la etapa socialista y, en aquella ocasión, se pronunció a favor del Reino de España.

Da 128 pero pedían 300

Energía también destaca que el arbitraje solo estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes, al tiempo que condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes. La inversión comprometida en las tres termosolares alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma tiene un 36,95% en Aste, que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. El Ministerio asegura además que el tribunal no cuestiona «el derecho soberano de España de tomar medidas regulatorias apropiadas para atender las necesidades públicas, lo que potencialmente incluye la modificación del régimen del real decreto 661/2007».

El laudo, continúa, tampoco cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014, «que permitió acabar con el déficit de tarifa». Su contenido indica que «el demandado enfrentó un legítimo problema de política pública con su déficit tarifario, y el tribunal no cuestiona que fuese apropiado que las autoridades españolas adoptasen medidas razonables para lidiar con la situación», señala el Ministerio. El departamento dirigido por Álvaro Nadal también afirma que «las diversas sentencias nacionales tanto del Tribunal Supremo y como del Constitucional en materia de renovables han avalado la reforma eléctrica y sus pilares fundamentales».

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, afirmó que cuando se acometió la reforma eléctrica la deuda del sistema superaba los 26.000 millones de euros y crecía a razón de 10.500 millones anuales, por lo que era necesario corregir para evitar que el recibo eléctrico subiera un 42%. Méndez de Vigo defendió que «aquellos que se sientan perjudicados puedan acudir a los tribunales», pero subrayó que este laudo del Ciadi no cuestiona la reforma y es susceptible de recurso.

España, Francia, Italia y Portugal piden más flexibilidad contable a la Comisión Europea para impulsar las inversiones en eficiencia energética

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- Los ministros de Energía de España, Francia, Italia y Portugal solicitaron a la Comisión Europea la eliminación de los obstáculos que actualmente frenan las inversiones en eficiencia energética. En ese sentido, el Ministerio de Energía indica que, si se eliminan estos obstáculos, se puede dar un impulso decisivo para la consecución de los objetivos establecidos en la Cumbre del Clima de París la COP21, lo que permitirá lograr que Europa lidere la transición energética mundial hacia un modelo más limpio.

Estos países consideran que la eficiencia energética juega un papel fundamental para reducir el consumo energético y garantizar la seguridad de suministro. Además, la eficiencia aumenta la competitividad y tiene un impacto importante en la economía real y la generación de empleo, dado que se trata de inversiones con un elevado efecto arrastre sobre el resto de sectores económicos. Los ministros consideran que, en la actualidad, el desarrollo de la eficiencia energética está muy por debajo de lo deseado. Para que la eficiencia energética pueda desplegar todo su potencial, los ministros piden que se eliminen todos los obstáculos a las inversiones que actualmente actúan como un freno, sobre todo para aquellas inversiones a largo plazo.

En este sentido, los ministros consideran que se deben revisar las normas europeas de contabilidad para el cómputo en déficit y deuda pública de los contratos de eficiencia en el sector público. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones no pueden desarrollar estas inversiones, aunque se amorticen a muy corto plazo, porque generarían un déficit prohibido. Además, los ministros consideran que la propuesta europea del Clean Energy Package debe mirar más allá de las inversiones con efectos en el corto plazo e impulsar aquellas que generan ahorros en el largo plazo, como las inversiones en rehabilitación de edificios y en eficiencia energética del sector industrial, donde existe gran potencial de mejora no explotado.

Los ministros realizan tres peticiones. La primera es que el Consejo de Energía promueva un debate específico sobre los obstáculos que existen a las inversiones en eficiencia energética. La segunda consiste en solicitar al Consejo de la Energía que haga un llamamiento al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros para que impulse rápidamente una solución en las normas de contabilidad nacional de los contratos de eficiencia energética del sector público, y que expertos de la Comisión Europea y de los Estados participen en estos trabajos.

La tercera consiste en apoyar un enfoque más ambicioso en la directiva sobre Eficiencia Energética que vaya acompañado de la eliminación de todos los obstáculos posibles para la realización efectiva de las inversiones, así como solicitar a la Comisión Europea que garantice que la propuesta de directiva fomente las inversiones a largo plazo. Esta petición se ha plasmado también en una carta que el ministro Nadal remitió recientemente al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete.