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Las estaciones de servicio aumentan en España casi un 3%, cerrando 2017 con un récord histórico

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Europa Press. – El número de estaciones de servicio en España cerró el pasado ejercicio con una cifra récord, al rozar casi las 11.500 instalaciones y con un crecimiento del 2,7% en comparación con los datos de 2016, según la Memoria Anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

La asociación integrada por Repsol, Cepsa, BP, Saras y Galp resaltó que, al cierre del año pasado, España contaba con 11.495 puntos de venta, en comparación con los 11.188 puntos con los que finalizó el ejercicio precedente. Así, 2017 se cerró con un nuevo crecimiento en el número de estaciones de servicio nacionales, continuando con la tendencia positiva que se ha ido registrando en los últimos años y que solo se vio frenada con una caída en 2009.

La evolución positiva de las estaciones de servicio en 2017 se explica por el aumento de las instalaciones de los operadores mayoristas, que cerraron el año con 7.727 puntos de venta, lo que supone un incremento del 1%.

Así, Repsol cerró el año como el principal operador nacional en términos de puntos de venta, con 3.445 instalaciones, un 1,5% menos, por delante de Cepsa, con 1.537 puntos, un 1,2% más, y de BP, que cerró el podio, con 667 centros, un 4,3% más.

Además, otras marcas mantenían 2.834 estaciones de servicio al cierre del año pasado, un 9% más, mientras que las instalaciones en hipermercados y supermercados se situaron en 368 puntos, con un 2,7% de crecimiento.

Por su parte, las cooperativas contaban con 566 puntos de venta en España al término de 2017, lo que se traduce en una disminución del 3,2% si se comparan con los 585 puntos de venta que mantenían al finalizar 2016.

La demanda interna de gas natural sube un 11,6% en mayo tras registrarse unas temperaturas más bajas

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Europa Press.- La demanda nacional de gas natural aumentó un 11,6% durante el mes de mayo, como consecuencia de las temperaturas más frías registradas este año en relación al mismo mes de 2017, según los datos de la Asociación para un Gas Industrial Competitivo (Gasindustrial.es).

La demanda del sector doméstico y de las pequeñas empresas se elevó un 15,8% el mes pasado, mientras que la del sector industrial aumentó un 8,5%, en especial los servicios, la construcción y la cogeneración. Por su parte, la del sector eléctrico aumentó un 24,9%, motivada por una menor generación del parque nuclear. En la quincena comprendida entre el pasado día 9 de junio y el 22 del mismo mes, el precio del gas en España descendió apenas un 0,1%, hasta situarse en 22,54 euros el megavatio por hora (MWh), el precio más caro de los principales hubs europeos, solo por detrás de Italia (23,84 euros) y Francia (23,17 euros).

El principal suministrador durante el mes de abril fue Argelia, que concentró el 53% del gas recibido por España, seguido de Nigeria, que copó el 13%. El resto de países suministradores fueron Qatar, Noruega, Trinidad y Tobago, Rusia y Marruecos. En ese mismo mes, los aprovisionamientos de gas en España alcanzaron los 14.466 gigavatios por hora (GWh) a un precio de 16,59 MWh. El 52% de esta cantidad era gas canalizado, mientras que el 48% era gas natural licuado (GNL).

Ribera trabaja para resolver el conflicto abierto con la CNMC por el PP y devolverle sus competencias sobre los peajes

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Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya para desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno, por las que este se reservaba la fijación de los peajes eléctricos en menoscabo de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como obligan las reglas europeas, según indicó el gabinete dirigido por Teresa Ribera.

En concreto, el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, ha enviado sendas cartas al comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en las que expresa su intención de desactivar las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía. Asimismo, el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha expresado su voluntad de «resolver esta cuestión en el menor plazo posible» y, para ello, propone a la CNMC la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de «definir un marco legal adecuado en esta materia».

El enfrentamiento entre el exministro de Energía, Álvaro Nadal, con la CNMC por las competencias del organismo en la fijación de los peajes eléctricos llevó a España a un conflicto con la Comisión Europea, que abrió un procedimiento de infracción en 2016 sin que en este tiempo el anterior Ejecutivo aportara una solución que resolviera este conflicto de intereses, incumpliendo la norma europea que obliga a dejar la fijación de precios en manos del regulador. Asimismo, las negativas del anterior Ejecutivo han provocado que dicho expediente esté a punto de ser remitido al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que podría imponer multas significativas a España.

La relación entre la CNMC y el anterior inquilino del Ministerio de Energía se judicializó después de que Álvaro Nadal respondiera con una negativa al requerimiento del regulador para que se retractara de la decisión de arrebatarle sus funciones. En diciembre, la CNMC presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite, contra el Real Decreto 903/2017 por el que el entonces Ministerio de Energía asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico. Desde que se hizo cargo de la nueva cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera reiteró su intención de resolver el conflicto con la CNMC. Respecto a los varios expedientes que la Comisión Europea tiene abiertos contra España en materia energética, Ribera señaló que formaba parte de las «aspiraciones» del nuevo Gobierno resolver estos asuntos «cuanto antes y de la mejor manera posible».

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Teresa Ribera al frente del nuevo Ministerio fue la modificación de la resolución aprobada por la anterior Secretaría de Estado de Energía sobre las nuevas reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica, que ya había provocado otra batalla judicial entre la CNMC y el anterior Ministerio de Energía al ser recurrido por el organismo presidido por José María Marín Quemada ante la Audiencia Nacional.

Domínguez Abascal se compromete como secretario de Estado de Energía a dotar de un marco regulatorio «predecible» a las renovables

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Redacción / Agencias.– El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se comprometió a dotar de un marco regulatorio «predecible» al sector eólico español para facilitar el «desarrollo y crecimiento estable» de esta industria. En la inauguración del IV Congreso Eólico Español, antes incluso de tomar posesión como secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, Domínguez aseguró que el Gobierno hará «todo lo necesario para que haya una regulación y unas reglas del juego que permitan ser previsibles«.

También ha señalado que para integrar toda esa energía renovable que la Unión Europea se ha marcado como objetivo en el 32% de la demanda final para 2030 hace falta tener un «sistema solvente», donde el regulador jugará un papel destacado. «Creo que es una oportunidad para el desarrollo económico y la prosperidad de nuestro país», subrayó. Además, el secretario de Estado de Energía afirmó que en el pasado se han cometido «errores» con las renovables en lo que respecta a «inestabilidad, falta de confianza e incluso abusos», por lo que aseguró que para el nuevo Gobierno es «una prioridad» conseguir un contexto estable de crecimiento para todos los actores que intervienen en el desarrollo del sector de las renovables.

Domínguez Abascal se ha referido a la energía eólica, a la que ha definido como un «elemento central» en el desarrollo de la energía renovable y ha agregado que, a nivel general, «tenemos que desarrollar una nueva industria y una nueva forma de hacer las cosas«. En este sentido, ha subrayado, además, el papel que tiene la industria renovable en el desarrollo de los países, que siempre radica en la capacidad de «generar productos complejos y que otros no son capaces de hacer por medio de un conocimiento colectivo aplicable».

Finalmente, Domínguez Abascal consideró que la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «ha mandado un mensaje claro» respecto a la dirección que quiere tomar en el mundo de la energía, con el medio ambiente y la energía como «las dos grandes apuestas para hacer una transición hacia un mundo más sostenible».»Nos lo planteamos como una oportunidad y tenemos que transmitir a la sociedad la convicción de que el desarrollo sostenible no es una obligación como una rémora con el medio ambiente, sino que es una oportunidad», concluyó.

AEE subraya que los nuevos objetivos de energías renovables para 2030 suponen «una clara oportunidad» para el sector eólico

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Redacción / Agencias.- La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, indicó que la reciente aprobación de los objetivos de renovables para 2030 por la Unión Europea supone «una clara oportunidad» para el sector eólico español. En la inauguración del IV Congreso Eólico Español, Sicre destacó que el nuevo objetivo de alcanzar un 32% de la demanda con energías renovables representa, a su vez, «un fuerte compromiso» para el sector para mantener las condiciones de continuidad que impidan posibles limitaciones de generación.

Además, subrayó que las decisiones políticas que se adopten hoy «afectarán al futuro de los parques eólicos actuales y próximos». «El consenso político para diseñar una hoja de ruta que nos guíe en la transición energética es fundamental para no dar pasos cortoplacistas y poder apuntar a objetivos más ambiciosos», apuntó Sicre, que considera necesarias señales de «seguridad, visibilidad y certeza» para el sector, ya que la energía no es “cortoplacista” y las inversiones que se hacen hoy «tienen que durar». «Es necesario un compromiso y el apoyo de los partidos políticos a las renovables y las decisiones deben de ser a largo plazo», recalcó.

“Es una historia de éxito”

Sobre el cambio de Gobierno, Sicre destacó que el sector eólico seguirá trabajando en el desarrollo de una tecnología “clave” para la transición energética porque “la eólica es una historia de éxito”. En cuanto al futuro del mix energético, AEE aboga por apostar por “soluciones híbridas, que permitan aportar potencia firme a la operación del sistema y optimicen el uso de la infraestructura eléctrica”. En este sentido las baterías y los sistemas de almacenamiento de energía jugarán un papel importante.

Respecto a los datos del sector, la presidenta de AEE indicó que en 2017 ha instalado 96 megavatios (MW) eólicos en el territorio nacional, 59 de ellos en Canarias. «Durante el pasado año, la energía eólica ha producido el 18,23% de la demanda eléctrica en España. En el mundo se instalaron 53 gigavatios (GW) eólicos, sumando un total de 539 GW instalados eólicos. España ostenta el quinto puesto en el ranking de países por potencia instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India», concluyó. La próxima edición del Congreso Eólico Español tendrá lugar en Bilbao el 2 y 4 de abril de 2019, coincidiendo con la WindEurope Conference & Exhibition.

El Gobierno desconoce cuándo estarán los informes medioambientales que dilucidarán si hay riesgo en desmantelar el almacén de gas Castor

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Europa Press / EFE.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que no sabe cuándo estarán disponibles los informes medioambientales que demuestran si existe o no riesgo para desmantelar las instalaciones del almacén de gas submarino de Castor porque desconoce dichos documentos. Así lo ratificó ante el senador de ERC, Miguel José Aubà Fleix, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que estén estos informes disponibles.

«Todavía no lo sé y le voy a explicar por qué», ha iniciado su intervención Ribera, que recordó que la información disponible que hay sobre Castor es la elaborada por la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que le llevaron a paralizar definitivamente ese proyecto al relacionar la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de seísmos. A la vista de los resultados de esos informes, según recuerda Ribera, se anunció el «compromiso» del anterior Gobierno para ver en qué condiciones de seguridad se podía desmantelar el almacén.

«No conozco esos informes, no los tengo, no los he encontrado», reconoció. Y ha añadido que tampoco sabe a quién se han encargado pero que espera «tener respuesta lo antes posible». «Mi compromiso es ver dónde estamos, entender las conclusiones que se derivan de esa información, llevar la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, y si no hay informes, encargarlos rápidamente», reiteró la ministra. «Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados», ha añadido la ministra, que también cuenta con los grupos parlamentarios para «oír sus reacciones, comentarios y recomendaciones».

En cualquier caso, el senador de ERC ha pedido al nuevo Gobierno que sea «coherente» en este asunto, dado que ha recordado que el PSOE reclamaba un «calendario transparente» para desmantelar Castor. Aubà Fleix también aprovechó para pedir al nuevo Gobierno que no cargue en la factura del gas la indemnización interpuesta a la empresa promotora del proyecto y que impulse una Comisión de investigación sobre el mismo. En su réplica, Ribera se comprometió a «recabar toda la información» sobre el almacén de gas, «a consolidar la que existe y a encargar la que no existe», pero también a compartirla.

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. El Ejecutivo, mediante un real decreto-ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización.

Marco regulatorio “para dar confianza”

Por otro lado, Ribera se ha comprometido a recuperar un marco regulatorio «que otorgue confianza a los inversores», sin depender de vaivenes políticos, y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética. A una pregunta del senador por ERC, Miquel Angel Estradé, sobre las previsiones del Gobierno para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables,

La ministra ha reiterado que esa transición energética debe tener en cuenta los aspectos sociales para «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que aún «no hay escrita ni una sola línea» del futuro Plan de Energía y Clima, que debe presentarse antes de final de año. Ribera subrayó que España «no puede seguir perdiendo oportunidades» y no se debe retrasar el impacto de incorporar «una estrategia de modernización, innovación y equidad».

En este sentido, la ministra indicó que ya se pudo constatar la posición de este Gobierno de Pedro Sánchez, «pocas horas después de su entrada en funcionamiento», en el pasado Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea, dejando clara su apuesta por los objetivos máximos planteados en la implantación de renovables y eficiencia energética y posicionándose «claramente» en contra del impuesto al sol.

Ribera adelantó que estos pasos dados en Bruselas contarán también a nivel nacional con su respaldo por medio de iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales cuentan con el apoyo de todos los grupos, «con excepción del PP». «La transición energética por la que ha apostado el mundo y Europa nos lleva a un modelo diferente», afirmó la ministra, quien aseguró que es necesario «recuperar un marco que otorgue confianza a los inversores y anticipe cómo hacer ese proceso de cambio«, después de un periodo «en el que se ha abandonado».

El senador de ERC ha reclamado un «impulso decidido» a las energías renovables y un marco normativo «que no esté a merced de los vaivenes de la política», para recuperar la confianza de los inversores y «restablecer la credibilidad del Estado español». Estradé criticó al PP por cambiar las reglas del juego en el ámbito de las energías renovables «en medio del partido», algo que calificó de «abusivo e inmoral».

España pierde su cuarto arbitraje internacional por los recortes a las renovables y debe pagar 112 millones al fondo Antin

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EFE / Europa Press.- El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha dictado un laudo arbitral que obliga a España a pagar 112 millones de euros al fondo Antin por el recorte retributivo a las energías renovables en el que es el cuarto revés contra España. En su fallo, el tribunal de arbitraje también estima la reclamación de Antin, que fue asesorada por el despacho Allen Overy, respecto al impuesto del 7% a la producción eléctrica.

Según fuentes del sector, los fondos Antin Infrastructure Luxembourg y Antin Energía Termosolar, que en 2011 compraron a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las vendió en 2017 al fondo Cubico,  reclamaban en total 218 millones de euros, de los que el Ciadi sólo les ha reconocido 112 millones. La reclamación de Antin comprendía los daños históricos sufridos antes de junio de 2014, que es cuando se hizo la valoración de daños, los flujos de caja que perdieron sus plantas termosolares, así como los intereses que se devengan desde la fecha de la valoración a la de emisión del laudo, junto al importe necesario para compensar los activos y pasivos por impuestos tras el laudo.

El tribunal del Ciadi que ha elaborado el laudo, en línea con lo que ya se dictaminó en los casos del fondo Eiser, de Masdar y de Novenergia, aunque en este último caso el laudo del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo fue suspendido por la justicia, entiende que la reforma que operó el Gobierno en 2012 constituye un cambio regulatorio tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, según las mismas fuentes. En este sentido, considera que se vulneraron las legítimas expectativas de los inversores que invirtieron en renovables en España entre 2007 y 2011.

Sin embargo, el tribunal del Ciadi ha descartado la reclamación de daños históricos hasta junio de 2014, por lo que se descuentan 11 millones de euros de la cantidad reclamada por Antin, y también se adhiere a la tesis del Estado español en la valoración de la vida útil de las plantas termosolares, que los reclamantes estimaban en 40 años y España en 25. La incidencia de esta diferente valoración de la vida útil de las plantas es sustancial y resta a la reclamación de Antin otros 36 millones de euros. Así, el laudo sólo estima finalmente en 112 millones de euros las pérdidas en los flujos de caja futuros, aunque reconoce un interés del 2,07 % con capitalización compuesta.

Otra novedad de este laudo es que, a diferencia de los anteriores, condena al Estado español a pagar el 60% de las costas del demandante, que en anteriores casos determinó que se pagaran a partes iguales. En mayo de 2017, el Ciadi dictó un laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure, que reclamaba 298 millones, y el pasado mayo ordenó compensar a Masdar, filial de energías renovables del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, con 64,5 millones también por el recorte de las primas, cuestión por la que reclamaba 165 millones de euros.

Además, en febrero pasado el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligó a España a pagar 53,3 millones de euros a Novenergia, con sede en Luxemburgo, por el recorte de primas a sus plantas fotovoltaicas en España, aunque posteriormente la Justicia sueca suspendió esa decisión de forma indefinida. Los inversores extranjeros reclaman a España aproximadamente 7.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros.

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que en noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló el pasado mes de marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

La patronal Protermosolar pide una subasta específica para hacer plantas termosolares y acabar con las nucleares y las térmicas

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Europa Press / EFE.- La patronal de la industria termosolar Protermosolar reclama la convocatoria de subastas de 1.000 megavatios (MW) para relanzar la instalación de nuevas centrales termosolares, ya que permitirían prescindir de las nucleares y el carbón y a un precio menor que los barajados en varios estudios. En este sentido, proyecta un escenario de sistema eléctrico para 2030 con un 85,6% de generación renovable y a un coste de menos de 5 céntimos de euro por kilovatio/hora (kWh).

El presidente de Protermosolar, Luis Crespo, presentó el informe Transición del Sector Eléctrico Horizonte 2030, en el que han reflejado el efecto que tendría para cumplir los objetivos medioambientales de 2030 la introducción de más energía termosolar, una fuente que considera que ha sido olvidada en otros informes que se hacen sobre transición energética, incluido el del Comité de Expertos para la Ley de Transición Energética y Cambio Climático (CdE). De hecho, el porcentaje de generación renovable proyectado por la asociación supera ampliamente el 62,1% sugerido por la CdE, con una reducción del 82% de vertidos (hasta los 830 GWh) y del 60% de emisiones de CO2 (hasta los 4,99 millones de toneladas) respecto a lo propuesto por dicha comisión.

Crespo ha explicado que las instalaciones termosolares tiene la ventaja de que pueden recoger la energía del sol, almacenarla y entregarla cuando se necesite, y que las centrales termosolares del futuro se podrían hacer más grandes para que tuvieran 9 horas de almacenamiento y que el despacho de la energía se hiciera a partir del que el sol se pone.

Según Crespo, habría que hacer otro tipo de subastas, pues las subastas neutras comparando exclusivamente costes de generación no entienden de ese tipo de diferencias, por lo que Promotermosolar pide que se haga una subasta de 1.000 MW con el perfil de despacho descrito y otra de 100 MW para demostrar el concepto de hibridación con turbinas de gas de ciclo abierto. En el informe de Protermosolar, los47 gigavatios (GW) de energía fotovoltaica que contempla el Comité de Expertos de Transición Energética para 2030 se reparten en un mix (diferentes fuentes de energía) en el que habría 25 GW de energía fotovoltaica y 20 GW de termosolar. Se contemplan 33 GW de eólica y 5 GW de otras renovables.

Además, Protermosolar reduce de 25 GW que fija el informe de los expertos a 16 GW la representación de los ciclos combinados a gas en el mix de 2030 y elimina totalmente la nuclear y el carbón para atender a la misma demanda prevista que contempla para esa fecha el comité de expertos, que es de 296 teravatios hora (TWh). Según Crespo, ese mix desmonta toda la necesidad de respaldo a las renovables que contempló la Comisión de Expertos en su informe, pues con el despacho de termosolar a partir de la puesta de sol se abastece la misma demanda. Asimismo, las energías renovables alcanzarían una penetración en la demanda energética del 34%, cumpliendo los objetivos de la Unión Europea.

Protermosolar también contempla importar algo de energía, un 4,5% del mix aproximadamente, porque eso es más barato que generar con ciclos combinados y su presidente ha recordado que en cuatro años sólo se han necesitado 16 gigavatios (GW) de potencia máxima de respaldo de ciclos combinados y en momentos muy puntuales. Además, ha recordado que se han pagado 10.000 millones de euros por contratos de interrumpibilidad que no se han utilizado y «eso es también déficit y no sólo las renovables». También ha explicado que el coste sería inferior, pues si se hicieran entre 17 y 18 gigavatios (GW) de termosolar en España el precio sería de 5,5 céntimos de euro el kilovatio hora (KWh).

Crespo ha pedido al nuevo Gobierno que estabilice la retribución de las instalaciones actuales en el 7,4% que perciben, frente a la «amenaza» del anterior Ejecutivo que quería revisarla para rebajarla al 4,2% «ya que no se puede construir el futuro sobre las cenizas del sector», señala. También calificó de «pesadilla» lo vivido con el Gobierno anterior, primero con la moratoria a las renovables y luego con la modificación de su retribución, que ha recordado que ha convertido al sector español en constructor de plantas en lugar de ser dueño.

El informe también especifica la estimación razonable de la media de costes a los que resultaría la generación eléctrica tras las sucesivas subastas por tecnologías durante la próxima década: eólica 4 céntimos de euro/kWh, fotovoltaica 3,5 centimos/kWh, termosolar 5,5 céntimos/kWh, biomasa 6 céntimos/kWh, turbinación por bombeo 2,5 céntimos/kWh, hidráulica 2 céntimos/kWh, residuos no renovables 8 céntimos/kWh, cogeneración 7 céntimos/kWh, ciclo combinado 7,4 céntimos/kWh, importaciones 6 céntimos/kWh y exportaciones 4 céntimos/kWh.

Por lo tanto, la media de costes de generación, de acuerdo a las producciones de cada tecnología, se situaría en el entorno de 4,9 céntimos/kWh y la generación a partir de viento y sol representaría el 65% de la generación total, mientras que el resto dependería de la cogeneración (11%), biomasa y biogás (9%), que elevarían ligeramente el precio del mix, e hidráulica (12%) que reduciría el precio al valor medio de sol y viento.

«El recorte retributivo nos cortó alas para ser promotores en el exterior», ha añadido el presidente de Protermosolar, cuyo informe señala que las inversiones termosolares contribuirían a un incremento de 62.000 millones de euros (3,5 millones de euros/MW para 17,7 GW) del PIB en la fase de construcción y de 5.000 millones de euros (0,25 millones euros/MW para 20 GW) en la de operación. Además, generarían 88.550 puestos de trabajo al año durante la construcción y 1.770 empleos directos adicionales al año en la fase de operación. A partir de 2030, el parque termosolar en operación tendría 20.000 empleos permanentes.

Este estudio es una propuesta alternativa al informe de la comisión de expertos y no se basa en modelos informáticos sino en la proyección realizada a partir de datos horarios de generación reales en años pasados del mix propuesto, «por lo que sus resultados se corresponden con una comprobación real de un mix de renovables optimizado identificando la potencia real de respaldo que le faltaría y llegando a la conclusión de que sobrarían el carbón, las nucleares y parte del parque actual de ciclos combinados».

En Comú (Unidos Podemos) exige a Ribera que frene el gasoducto MidCat entre Francia y España a través de Cataluña

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Europa Press.- En Comú Podem ha exigido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la paralización del proyecto MidCat de interconexión energética a través del gasoducto entre España y Francia, tras el informe remitido a la Comisión Europea que cuestiona su viabilidad económica y su impacto sobre el medioambiente.

Para ello, el diputado Josep Vendrell ha registrado una proposición no de ley para su debate tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, en la que reclama al Gobierno rechazar esta interconexión. Asimismo, Vendrell pide al nuevo Ejecutivo que promueva reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que rechace la solicitud de inversión de Enagás, recordando que en junio del año pasado el regulador condicionaba la entrada de este proyecto en el sistema gasista a su aprobación definitiva, y esta a las decisiones que se tomaran, de forma coordinada, entre España y Francia.

«Ante la no idoneidad del proyecto demostrada por el análisis independiente coste-beneficio desfavorable entregado a la Comisión Europea, el propio regulador debería rechazar las solicitudes de inversión de Enagás», considera Vendrell, que señala que la propia Comisión de Regulación de la Energía de Francia informó de que el proyecto aumentaría los precios de la energía, sin que la infraestructura incidiera en la seguridad de suministro.

MidCat, gasoducto que uniría Francia con España a través de 450 kilómetros en su tramo por territorio español, está reconocido como Proyecto de Interés Común (PIC) por parte de la Comisión Europea, una condición que la formación catalana de Unidos Podemos busca revisar. Así, pide al Gobierno que solicite a la Comisión que no proporcione fondos públicos a este proyecto.

En su iniciativa, Vendrell se apoya en el último informe realizado por la consultora Pöyry en el que, critica, no queda acreditada la posible reducción de las tarifas y se cuestiona la viabilidad económica. Es más, sostiene que la consultora «explicita que el proyecto obedecería, en todo caso, a intereses de Francia, y que la apuesta por combustibles fósiles tendría para España un importante impacto sobre el territorio«. Por otro lado, también apunta a la «contradicción» que supone, a su juicio, la apuesta por un mayor peso de las energías renovables y apoyar infraestructuras gasísticas.

Además, Vendrell incide en la división del proyecto original, ya que primero se desarrollaría el denominado STEP I, que uniría España con Francia, y después se conectaría la parte sur de Francia con el norte del país, con el proyecto STEP II. Un «troceo» que Vendrell critica porque «dificulta los controles y trámites administrativos” y el riesgo que expone a España ya que la posibilidad de que la segunda fase no se desarrolle «dejaría un agujero económico y medioambiental que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso y abandono» que, además, acabaría repercutiendo en la correspondiente factura energética.

Lambán (Aragón) cree que el futuro del carbón depende de un gran acuerdo y los sindicatos piden reunirse con Ribera

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EFE / Europa Press.- Mientras los sindicatos UGT y CCOO piden una reunión a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para tratar el futuro del carbón, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, considera que la solución para la amenaza de cierre de las centrales térmicas, como la de Andorra, debe producirse en un marco de «grandes acuerdos» entre sindicatos y empresas de la minería con el Gobierno de España y sin que el Ejecutivo aragonés «escurra el bulto».

Lambán respondió así al portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sobre las acciones que va a llevar a cabo su Ejecutivo para defender la térmica de Andorra tras el cambio de dos escenarios. Uno, el del Gobierno en España, con el nuevo ministerio de Transición Ecológica cuya titular, Teresa Ribero, ha afirmado recientemente que el «proceso de caída paulatina» del peso del carbón «no puede dejar a nadie atrás en el camino», por lo que es necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Y el otro cambio, ha recordado Aliaga, el objetivo de que para 2030 el 32% de la energía deberá ser renovable en la Unión Europea.

En esta coyuntura, el presidente aragonés ha señalado que mantendrá la «alianza férrea» que tiene con las comunidades de Asturias y Castilla y León, también afectadas por esta amenaza, y que seguirá apoyando la proposición de ley del exministro Álvaro Nadal para impedir su cierre, así como las políticas del nuevo Gobierno «si consideran que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se adopten con los sindicados y las empresas mineras».

Lambán subrayó que el acuerdo de la Unión Europea alcanzado tiene «un componente preocupante» que hace extremar la alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras y que obliga a ponerse a trabajar «sin perder un minuto«. Reconoció la necesidad de aceptar «la inevitable e ineludible» transición energética hacia las renovables, pero también la de plantearle al Gobierno central que tiene que ser justa, «sin quebrantos en las cuencas mineras», en términos de despoblación y desempleo, «ni en el sistema energético español».

En este sentido, añadió que sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5% o 6% de participación, el precio de la energía «se dispararía» en determinadas épocas del año y esa «falla de competitividad» que tiene la industria española respecto a la europea con el precio de la energía «aumentaría todavía más». Por ello, ha insistido en que el Gobierno central debe buscar mecanismos «efectivos» para evitar el cierre de las centrales, que no sean rebatibles en los tribunales por razones de interés general, o mejor todavía si es mediante negociaciones, y que impere la reindustrialización de las cuencas mineras y la búsqueda de economías alternativas.

Lambán ha destacado que el propio sector minero «ya está buscando soluciones», como Samca, que está empezando a convertir el carbón en fertilizante. El presidente insistió en que su Gobierno seguirá aplicando las acciones que ha desarrollado hasta ahora en este asunto «pero intensificando la dedicación» al mismo dado que «se echa encima» tras el anuncio de la Unión Europea.

Ante la consideración hecha por Aliaga de que el anterior Ministerio, del PP, tenía «una hoja de ruta» trazada sobre este asunto, Lambán ha estimado que era «benévolo» con él, dado que en casi 7 años el Gobierno de Mariano Rajoy «no resolvió el problema de las térmicas» y el Plan Miner se ha reducido a la mitad «y se ha empezado a ejecutar tarde». Aliaga, por su parte, pidió a Lambán que retome las negociaciones con Endesa para lograr una solución transitoria, con menores inversiones, para la térmica de Andorra, y ha apuntado que «queda recorrido en Europa», donde hay otros países también afectados.

Los sindicatos piden una reunión

Por su parte, las federaciones de industria de UGT y CCOO han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica en la que le piden una reunión «a la mayor brevedad» para exponerle su preocupación por el futuro del carbón y las comarcas mineras. Asimismo, la Federación de Industria Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA) demanda que se evite condenar a un sector y unos territorios «al paro, la pobreza y la desolación».

Ambos sindicatos han reprochado a Ribera la «rapidez» con que el Ministerio propone llevar a efecto «con gran urgencia medidas dirigidas a unos sectores pertenecientes al grupo de emisiones de gases de efecto invernadero y a sus comarcas mineras, sin una valoración previa con los agentes sociales» sobre lo que se pretende ejecutar y que la ministra «llama transición justa».

UGT y CCOO resaltaron que vienen trabajando y negociando con los diferentes gobiernos planes que mantuvieron una parte importante del sector, aunque no ha ocurrido lo mismo con la recuperación industrial de las comarcas mineras. Han añadido que una «transición justa» es la que «no destruye ninguno de los empleos existentes» y que, «sin perjudicar a ningún sector de la sociedad, crea puestos de trabajo antes de destruirlos» y, sobre todo, la que no genera más paro ni «desasosiego» en unos territorios que ya tienen unas cifras «insostenibles» de desempleo.

UGT y CCOO, que reconocen que se debe «caminar hacia una transición y disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero «, consideran que para ello es necesario observar «siempre tres factores importantes: medio ambiente, precio y seguridad de suministro». Así, piden la búsqueda de soluciones y proyectos de captura y almacenamiento de CO2, «paralizados por el anterior Gobierno», que permitan lograr durante el periodo de transición energética «una combustión más limpia de las centrales térmicas existentes«. De esta manera, reclaman «dar una solución urgente y coherente que, en definitiva, clarifique el futuro del sector y las comarcas mineras» pues de lo contrario se les estará condenando «al paro, la pobreza y la desolación».