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Unesa ficha a Paloma Sevilla, directiva de General Electric, para cubrir el nuevo cargo de directora general de la patronal

EFE / Europa Press.- La patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha decidido crear un nuevo cargo en su organigrama, el de directora general, que ocupará Paloma Sevilla, que procede de General Electric (GE). El nombramiento de Paloma Sevilla, que reportará a la presidenta, Marina Serrano, fue acordado por unanimidad por la junta directiva de Unesa.

Paloma Sevilla es ingeniera industrial por el ICAI (Universidad Pontificia de Comillas) y PDD (Programa de Desarrollo Directivo) por el IESE, y ha desarrollado el Programa Ejecutivo de Mujeres en la Alta Dirección de Esade. Hasta la fecha, trabajaba en General Electric, donde ocupaba el cargo de executive account manager. Sevilla ha desarrollado su carrera profesional en el sector industrial, ferroviario y de la energía ocupando puestos relevantes en grandes multinacionales como Alstom y Siemens.

Las emisiones de CO2 aumentaron en España un 14% desde 1990 mientras descendieron un 19% en Europa, según un estudio

Europa Press.- Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentaron en un 14% desde 1990 en España mientras que se redujeron en un 19% en el conjunto de Europa, según un estudio presentado por ESADE y la Caja de Ingenieros, que apunta que las señales del cambio climático son cada vez más visibles y que probablemente se agudizarán en las próximas décadas.

El documento destaca que precisamente el sector alimentario es uno de los más afectados por los efectos del cambio climático a escala global y es responsable del 25% de las emisiones de CO2 y del 70% del consumo de agua. El trabajo La transición hacia una economía baja en carbono. Una mirada sobre El sector financiero y el sector alimentario, elaborado por el Instituto de Innovación Social de ESADE en colaboración con Fundación Caja de Ingenieros, señala que los fondos de inversión socialmente responsable (ISR) es una tendencia al alza.

Además, el estudio muestra como el sector financiero considera que el cambio climático es un «riesgo sistémico», pero también supone una gran oportunidad por tres razones. La primera es que se multiplican las posibilidades para financiar las tecnologías de la economía baja en carbono ya que actualmente se invierten 600.000 millones de dólares anuales en energía solar y eólica, automóviles híbridos y lámparas LED. Asimismo, el trabajo apunta que las estrategias de inversión incluyen cada vez más criterios de sostenibilidad. En tercer lugar, destaca que el impacto ambiental se tiene progresivamente «más en cuenta» en los índices financieros, las iniciativas que miden la huella de carbono o los datos financieros.

El estudio revela que Europa es la región donde la ISR tiene más importancia ya que casi el 60% de los activos tiene en cuenta algún criterio de sostenibilidad. Sin embargo, en España este universo está todavía «poco desarrollado» aunque registra una tendencia al alza, ya que en 2014 estaban registrados 16 fondos ISR, es decir, aproximadamente el 1% de los fondos ISR europeos para un total de activos gestionados de 1.800 millones de euros. Este alza apunta que muchos de los fondos globales más innovadores se comercializan en España.

La investigadora del Instituto de Innovación Social de ESADE y coautora del informe, Heloise Buckland, ha apuntado que en el ámbito financiero, lo más significativo es que destaca una correlación positiva entre descarbonización y los resultados porque la inversión sostenible tiene mayor rentabilidad que las inversiones convencionales. En este contexto, el presidente de Caja de Ingenieros, Oriol Sala, subrayó la apuesta por un tipo de inversiones socialmente responsable que se impulsa a través de los productos financieros de la entidad y de la propia política de RSC de la institución.

El informe señala que los glaciares de los Pirineos se redujeron de 3.300 a 390 hectáreas desde 1900 y el estudio advierte que el riesgo de desertificación puede convertir en 2041 en incultivable el 49% del territorio español. En este sentido, el estudio destaca la labor de algunas empresas españolas, como Eroski o Danone, que han empezado a implementar estrategias como la mejora de la eficiencia energética e hidráulica, la transición hacia energías renovables y agricultura ecológica, el eco diseño o la logística sostenible para hacer frente a estos riesgos.

El bono social de la electricidad tendría que financiarse por el Estado y valorar la renta, según coinciden varios expertos

Servimedia.- El catedrático de Economía de Esade, Xavier Mena, el director de Proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), José Luis López, y el director general del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), Juan Ramon Morante, coincidieron en la necesidad de reformular el bono social, para que sea financiado por los Presupuestos del Estado y se valore el nivel de renta de sus beneficiarios. Así se expresaron en la jornada Las cuentas de la energía: entender la tarifa.

López advirtió de que en dos de los grupos que pueden acceder actualmente al bono social, el de aquellos con una potencia contratada menor de 3 kilovatios y las familias numerosas, se debería tener en cuenta el factor de renta para justificar la percepción de la ayuda. También pidió otras medidas como ayudas para evitar cortes de suministro, mejor información estadística sobre el fenómeno, ayudas para rehabilitación de viviendas o ayudas para otros suministros, como la calefacción. Asimismo, explicó que en 2014, último año con datos estadísticos, el 11% de los hogares, unos 5 millones, eran incapaces de mantener una temperatura adecuada, y otros 7 millones, el 15%, destinaban más de un 10% de sus ingresos a los gastos energéticos.

Por su parte, Mena sostuvo que «por su naturaleza» no debe haber duda de que la financiación del bono social debería partir de los Presupuestos del Estado. En la misma línea, defendió que la vulnerabilidad energética integra el catálogo de los derechos sociales, lo que justifica también su financiación pública, ya que puede tener, por ejemplo, una incidencia sanitaria importante.

Por último, Morante pidió, dentro de esta reformulación del bono social, definir bien quién tiene derecho a percibirlo, hasta cuándo y cómo. Asimismo, reivindicó un desarrollo «ordenado y coherente» del autoconsumo para evitar que los consumidores que no pueden desconectarse vean incrementada su factura y evitar que unos clientes subvencionen a otros, ya que las redes y la capacidad de soporte deben estar disponibles para suministrar al consumidor, por lo tanto los costes fijos no se reducen con el autoconsumo.

Por otro lado, en cuanto a la rentabilidad del autoconsumo fotovoltaico apuntó que debe tenerse en cuenta la necesidad de establecer un sistema de almacenamiento, que actualmente supone un coste similar al de generar la energía. En esta línea, explicó que los hábitos de consumo no coinciden con el momento de máxima producción de los paneles (mediodía), ya que el momento de máximo consumo coincide con el de mínima producción (primeras horas de la mañana y de la noche), por lo que toda la capacidad del sistema debe estar disponible.