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El CSN admite el vertido de cesio en Garoña denunciado por Equo pero niega que hubiera contaminación fuera de control

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Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha afirmado que conocía el vertido de cesio radiactivo hallado en junio en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y que este se produjo dentro de la central, en un área controlada, al tiempo que ha asegurado que ya se ha efectuado la limpieza del mismo.

Así se han explicado fuentes del CSN tras la pregunta parlamentaria presentada por el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, para saber si el Gobierno tenía conocimiento de este suceso puesto que «al parecer no ha sido notificado» al regulador y si tiene intención de investigar lo ocurrido. Ante esta pregunta parlamentaria, fuentes del CSN han explicado que la mancha de contaminación por cesio radiactivo se encontró en los bidones de residuos y asegura que conoció el hecho «desde el primer momento» a través del inspector residente en Santa María de Garoña (Burgos).

Además, ha precisado que el vertido se produjo en una zona clasificada radiológicamente y sin acceso dentro de la central y aseguraron que «no se ha producido ninguna contaminación fuera de la planta» y que esta «no es desprendible», es decir, que está adherida y no se puede ir del lugar. En todo caso, el regulador añadió que se han tomado medidas para retirar este cesio y se procedió a limpiar la zona y se picó el suelo donde estaban estos bidones para una mayor seguridad. Por último, ha explicado que este hecho no es notificable al CSN con carácter inmediato y que la información lleva «su proceso» de modo que aparecerá próximamente en Internet.

Piden que investigue el Gobierno

La formación ecologista Equo registró en el Congreso una iniciativa a través de la cual emplaza al Gobierno a investigar un vertido de cesio radiactivo que, según Equo, se registró en el exterior de la central nuclear de Garoña. El coportavoz del partido, Juan López de Uralde, explica que esta mancha de contaminación por cesio radiactivo (producto de fisión) se ha hallado junto al almacén temporal de bidones y residuos, pegada al doble vallado de la planta. A su juicio, este incidente «debe ser objeto de una investigación en la que se aclaren todos los extremos del mismo». Desde Equo alertan de que podría ser peligroso, tanto para las personas como para el medio ambiente.

Garoña se encuentra actualmente a la espera de recibir el permiso del Gobierno para su reapertura. El Ejecutivo tiene de plazo hasta el próximo mes de agosto para tomar esta decisión después de que el CSN haya emitido un informe a favor de la reactivación de la central. Este documento generó las críticas del sector ecologista, ya que el propio presidente del regulador había asegurado que Garoña no podría volver a abrir si no se hacía una inversión en sus instalaciones, unas modificaciones que la empresa responsable de su gestión, Nuclenor, no ha realizado aún.

Izquierda Unida presenta una iniciativa en apoyo al carbón que no gusta a Podemos ni a Equo

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Europa Press.- Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para garantizar el futuro de las comarcas mineras dedicadas a la extracción del carbón en Asturias que no gusta a sus aliados parlamentarios de Podemos y Equo.

En concreto, la iniciativa reclama la integración de las empresas mineras asturianas en la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI); el impulso de una industria sostenible que cumpla con los acuerdos de disminución de emisiones; el rescate, reindustrialización y diversificación de la actividad en las cuencas mineras; y la auditoría de los fondos Miner. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha manifestado su «apoyo absoluto y rotundo» a esta PNL y a la clase trabajadora que, según él, «está sufriendo la incompetencia del PP y la maldad, porque son conscientes del beneficio que está produciendo a otras grandes empresas importadoras del carbón extranjero».

Respecto al desacuerdo con formaciones como Podemos y Equo al presentar una PNL que apoya al sector del carbón, Garzón ha reivindicado que Izquierda Unida es «una fuerza autónoma e independiente» que tiene «autoridad propia suficiente para presentar una PNL o cualquier otra proposición«. La iniciativa se ha registrado para su debate y votación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, donde no se verá reflejada esa disidencia interna porque sólo ocupan dos puestos. Garzón también se ha referido a su confluencia con Podemos como «una alianza electoral necesaria», pero que tiene «una heterogeneidad en su seno bastante importante».

Volviendo a la propuesta, Garzón señaló que su objetivo es tomar medidas para reducir el carbón de importación y poder usar el nacional, «que es el que genera puestos de trabajo». «Cuando denunciamos que el PP está atacando a las cuencas mineras, está atacando a familias enteras, a barrios enteros, lo que decimos es que hay una forma alternativa de tratar esta cuestión sin hipocresía y pensando en las comarcas y en sus gentes», concluyó. En este sentido, el coordinador general de Izquierda Unida Asturias, Ramón Argüelles, añadió que hay que «reindustrializar las comarcas mineras» para que los jóvenes vuelvan.

Por su parte, el alcalde de Mieres, Aníbal José Vázquez, ha opinado que España con el tema del carbón es «una auténtica verbena». «Nadie en su sano juicio puede estar en contra de las energías renovables, pero mientras tanto en este país se están consumiendo 20 millones de toneladas de carbón extranjero», ha añadido. Vázquez ha concluido criticando el cierre de la minería pública española y ha argumentado en su defensa que «el carbón de fuera» contamina tanto en su extracción como en su transporte.

Podemos quiere que Nadal explique en el Congreso la condena a España en el arbitraje por los recortes en renovables

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Europa Press.- Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rinda cuentas en la Comisión del ramo del Congreso por la condena a España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (Ciadi) por los recortes a la energía renovable.

La sentencia, dictada el 4 de mayo, estima parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limites, compensándola con 128 millones de euros por el perjuicio que, estima el tribunal, sufrió tras sus inversiones realizadas en tres plantas termosolares, a raíz de los recortes a las energías renovables aplicados tras las reformas realizadas por los últimos gobiernos en el sector.

Según Podemos, las conclusiones dictadas en el laudo apuntan a que «España realizó una revisión del régimen regulatorio sin precedentes y basado en premisas totalmente diferentes», considerando el nuevo sistema «profundamente injusto e inequitativo en el modo en que se aplicó a la inversión existente de las demandantes, despojando a las demandantes prácticamente de todo el valor de su inversión«.

Unidos Podemos critica que el Gobierno habría dejado sin contestar la invitación que los inversores realizaron para pedir una negociación previa bajo el argumento de que se le remitiera el documento redactado en castellano y, posteriormente, sin dar respuesta. Una posición que, continúa Podemos, el arbitraje «valora como contradictoria, al existir un alegato por parte del Gobierno diciendo que el demandante no intentó llegar a un acuerdo«. Podemos pregunta si este hecho es cierto, las razones por las que fue así y por el lugar en el que se «deja al Gobierno no dignarse a responder este tipo de misivas».

Apuntan a la defensa jurídica

Podemos advierte de que los peritajes realizados y las declaraciones de testigos fueron «contradictorias y carentes de solidez», ante lo cual preguntan si el Gobierno ha solicitado a la Abogacía del Estado un informe que explique «los cambios sustanciales en la línea de defensa«, y si es así, qué motivos llevaron a ello. También quieren saber si el Gobierno considera que la defensa jurídica pudo afectar al resultado del laudo.

En este sentido, destacan que la principal alegación habría consistido en la carencia de jurisdicción por parte del Ciadi y que existieron «incoherencias e incertezas en la testifical del director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)». «Igualmente, la defensa y alegatos de los representantes jurídicos del Estado habrían cambiado sustancialmente a lo largo del proceso», apostillan. Unidos Podemos pregunta al Gobierno si considera que estos representantes del IDAE «estuvieron a la altura en sus testificales» y si han solicitado «las explicaciones oportunas tras las presuntas contradicciones del director de renovables del IDAE».

También destacan que «los propios árbitros consideran los informes periciales aportados por la demandante como completos y profesionales», mientras que la valoración de las conclusiones presentadas por los peritos contratados al efecto por el Gobierno «fueron consideradas poco convincentes». Por esto último, Unidos Podemos cuestiona al Ejecutivo por los criterios que condujeron a la contratación de BDO Abogados a la hora de defender al país en el Ciadi, si se valoraron otras opciones y si se continuarán utilizando sus servicios en el resto de arbitrajes pendientes por esta misma controversia.

El Gobierno retira el veto a la ley de Podemos/Equo para prohibir el fracking y se tramitará en el Congreso

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Europa Press.- El Gobierno retiró el veto que presentó contra la proposición de ley de Unidos Podemos para prohibir el fracking como técnica de investigación y extracción de hidrocarburos, por lo que ahora se podrá tramitar en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo alegó en abril que la puesta en marcha de esta norma supondría «un impacto presupuestario de 625.000 euros» relacionados con el canon de superficie que exige la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigación. Según confirmaron fuentes oficiales, finalmente el Gobierno ha retirado el veto a esta norma al entender que el coste de su puesta en marcha podría ser cero al no cobrarse la tasa.

Equo ya anunció en su momento que elevaría un escrito a la Mesa del Congreso para pedir la retirada del veto en el que, además, se pediría un informe a la oficina presupuestaria de la Cámara Baja. La coportavoz de la formación ecologista, Rosa María Martínez, acusó al Ejecutivo de «bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposición», ya que ya ha vetado iniciativas relacionadas con el autoconsumo y con el cierre de las centrales nucleares. La proposición de ley podrá continuar ahora su tramitación parlamentaria y la Mesa del Congreso abrirá un plazo de enmiendas para que el Pleno de la Cámara pueda debatir y votar su toma en consideración.

La Eurocámara insta al Gobierno a aclarar si la central nuclear de Garoña cumple los requisitos de seguridad para reabrir

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Europa Press / EFE.- La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta al Gobierno español para saber si la central nuclear de Garoña cumple «todos los criterios de seguridad nuclear» para poder reabrir después de que la Comisión Europea haya confirmado que no recibió «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista» para las mejoras exigidas en el caso de que se reabra y se prolongue su vida útil.

Así lo anunció la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada liberal sueca Cecilia Wikström, tras discutir la petición del alcalde de Valle de Zamanzas, Juan José Asensio, para pedirle «al Gobierno español que no reabran la central de Garoña», «una central obsoleta», «parada desde diciembre de 2012» y cuyo ciclo vital finalizó «hace seis años», tras cumplir «sobradamente su cometido» y que se debía desmantelar «por mandato gubernamental».

El alcalde de Valle de Zamanzas ha defendido que la planta de Nuclenor, a su juicio conocida como «la central de las mil grietas«, «es una central peligrosa» que tiene que cerrarse «para siempre» a fin de «salvaguardar la seguridad de las personas» de la zona, tras recordar que “se han notificado 136 incidentes, arrastra desde hace 30 años fallos estructurales de diseño» en la vasija del reactor e «incumple» los parámetros «mínimos» de seguridad.

Además, ha dejado claro que su reapertura no se justifica porque no hay «ningún problema» de abastecimiento eléctrico en España y representa menos del 1% de la generación eléctrica. «No es necesario reconectarla a la red», ha defendido, al tiempo que ha instado al Gobierno «que deje de multar por usar la energía solar«. Por ello Asensio ha defendido la necesidad de revisar el modelo energético. A su juicio, el Gobierno debería apostar por energías renovables y limpias, en lugar de «improvisar» licencias que solo benefician a las grandes eléctricas.

El experto jurídico de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Andrei Ionut Florea, ha dejado claro que la decisión para operar plantas nucleares compete a los Estados miembro dado que «la primera responsabilidad de la seguridad nuclear es de los operadores bajo la supervisión de las autoridades nacionales«. Eso sí, subrayó que si España tomara una decisión para reabrir «a largo plazo» la central de Garoña «todas las mejoras de seguridad necesarias tendrán que ser implementadas» en virtud de la normativa europea y ha dejado claro que «hasta la fecha la Comisión no ha recibido» un plan de inversiones para Garoña, que deberán notificarse, y “cumplir todos los criterios de seguridad nuclear que fija el Tratado Euratom”.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, ha alertado de que «la situación en Garoña es verdaderamente alarmante» porque se ha excedido su vida útil, recordando su forma y composición «similar» a un reactor de la central de Fukushima y ha reclamado que la Comisión de Peticiones envíe una carta a las autoridades españolas «pidiendo que informen sobre el estado de seguridad de la central» porque las medidas se deben tomar «antes» de que «lleguen los problemas». «La prórroga significa una chapuza del Gobierno», valoró, dejando claro que su cierre «no supone un problema para el abastecimiento energético» de España.

Reapertura de Garoña sentaría precedente

Su colega, Marina Albiol, aseguró que la reapertura de la central «no son rumores» dado el dictamen «favorable» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la reapertura de Garoña y alertó del «precedente» de avalar una central nuclear hasta los 60 años de vida y sin «una revisión integral cada 10 años» sino a los 14. «Estamos hablando de una revisión para el año 2031», indicó, denunciando que las centrales se han construido para 25 años, se ampliaron hasta los 40 y ahora se quiere extender hasta los 60 años. Por ello instó a la Comisión Europea a realizar «un estudio de todas las centrales nucleares de más de 40 años en toda Europa» para ver sus condiciones de seguridad.

El eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, ha apoyado el cierre «definitivo» de Garoña y ha rechazado que el Gobierno alargue su vida por criterios «puramente políticos» y «no de seguridad ciudadana y ecológica» como precedente para «dejar abiertas otras centrales al final de su vida útil». «España ya sobreproduce electricidad» y hay que apostar por las energías limpias, indicó. Además, el eurodiputado considera «bastante grave» que España no haya notificado los planes de inversión en la central ni el dictamen del CSN y ha apoyado el envío de la carta al Gobierno español para «tener toda la información en torno a Garoña» y que la Comisión estudie la seguridad de las centrales en Europa que han superado su vida útil.

El eurodiputado de Podemos, Xabier Benito, ha denunciado que con «este permiso» para reabrir «la tercera central nuclear más antigua de Europa» en su opinión «se está vulnerando la legislación europea» porque las medidas de seguridad exigidas «no se han instalado aún» y ha considerado «legítimo pedir que la Comisión Europea estudie esto y que actúe ante esta situación de atropello a la legislación» teniendo en cuenta el «riesgo alto» para la población «sólo por el 1% de la electricidad en España» que generaba la planta, al tiempo que ha incidido también en que España durante este año exporta electricidad.

El eurodiputado del PP, Agustín Díaz de Mera, reclamó archivar la petición porque el peticionario «no presenta pruebas de ningún incumplimiento» de la legislación europea y ha explicado que en caso de el Gobierno decida reabrir la central «tendrá que comunicar mejoras de seguridad realizadas» pero «sólo si son de cierta entidad y sobrepasan ciertos umbrales«. Asimismo, ha rebatido que España sí tiene «déficit energético» para defender la central de Garoña. «Compramos el 80% de la energía que necesitamos», argumentó. La autorización de la renovación de la licencia solicitada por la propietaria, Nuclenor, está ahora en manos del Gobierno central.

La presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado al término del debate que se mantendrá abierta la petición y se enviará una carta al Gobierno español para pedirle «información precisa» y «rápida» para «saber si todos los criterios de seguridad nuclear» que exige el Tratado Euratom se cumplen en el caso de Garoña teniendo en cuenta que la Comisión no ha recibido «ninguna notificación sobre ninguna inversión prevista para volver a poner en servicio la planta de Garoña». «Tenemos que saber si esto es verdad o no», apunta la Comisión, que quiere conocer  los cambios que se han llevado a cabo en las instalaciones ante una hipotética reactivación de la producción, paralizada desde 2012.

PSOE y Podemos piden cerrar las nucleares a los 40 años mientras el PP descarta alternativas porque subirían los precios

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Europa Press.– PSOE y Podemos defienden el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas cumplan su vida útil de diseño, es decir, a los 40 años de vida, mientras que el PP asegura que, actualmente, no existe ninguna alternativa a la energía nuclear en España que permita “mantener la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables«. Así lo expresaron durante su participación en un debate en el Congreso sobre El futuro de la energía nuclear en España.

El posicionamiento del portavoz de Energía del PP, Alberto Herrero, se ha centrado en el «lastre económico» que el cierre de las nucleares puede suponer para el país y señaló que esta situación llevaría a España a «un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación» cuando, a su juicio, lo que se necesita es «seguridad y confianza» en el sistema eléctrico para el fortalecimiento de la industria. El popular recordó las actuales fuentes de energía que se utilizan para cumplir con el suministro, como la hidráulica, eólica, carbón, ciclos combinados y nuclear, un despliegue de opciones que, para Herrero, son «todas imprescindibles» para «caminar hacia la transición energética», a pesar de que algunas tengan «inconvenientes».

Tanto PSOE como Unidos Podemos se han mostrado contrarios a esta postura ya que, aunque reconocen que no se puede prescindir actualmente de la energía nuclear, no creen que sea «imprescindible» en un futuro próximo. En ambos casos abogan porque las centrales se cierren cuando los permisos de vida útil que están en vigor actualmente se terminen, es decir, que se vayan cerrando según vayan caducando sus licencias de actividad.

El portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, defiende el cierre de las plantas «a través de planes ambiciosos de eficiencia energética» que, según ha señalado, también «pueden generar decenas de miles de empleos«. En contraposición a la postura del PP, para Uralde «no todo puede convivir» y, aunque reconoce que su propuesta de un plan energético basado al 100% en renovables «no es fácil», cree que se debería «empezar ya a trabajar para lograr llegar hasta ahí cuanto antes».

También el diputado del PSOE, Álvaro Abril, ha criticado el estancamiento en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años el debate sobre la transición energética. «Son posiciones complicadas, pero hay que tomar una decisión en el Congreso teniendo en cuenta a la parte social, ecologistas y sindicatos, y decidir cuál es el modelo energético que se quiere«, ha apuntado el portavoz socialista.

Finalmente, el portavoz en la Comisión de Energía de Ciudadanos, Vicente Ten, considera que estas medidas que se están reclamando para avanzar en la transición energética del país se lleven a cabo ahora, «cuando el arco parlamentario es propicio» a que se puedan llevar a cabo acuerdos ante la falta de mayorías absolutas que, en su momento, «limitaron las decisiones». «Es bueno que la llegada de nuevos partidos al arco parlamentario dé estabilidad a la democracia interna», aseveró Ten, para llamar a lograr un Pacto de Estado en esta materia.

Asimismo, y aunque el diputado de Ciudadanos no se pronunció acerca de un calendario de cierre de las nucleares, sí que ha señalado que su postura en esta materia es confiar en los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Para ello, reclama una despolitización de este organismo público cuya imagen, a su juicio, no transmite confianza a la población.

El debate ha sido organizado a iniciativa del presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, que, además, estará acompañado del presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Portugués, Pedro Soares. Ambos políticos han estado trabajando en los últimos meses sobre este tema debido a la preocupación del país vecino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) previsto junto a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a unos 140 kilómetros de Portugal.

En los últimos meses la energía nuclear ha estado presente en la actualidad del Congreso. El Gobierno comunicaba a la Cámara Baja su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para el cierre progresivo de las centrales nucleares, argumentando que su aplicación tendría importantes efectos presupuestarios. Del mismo modo, la Mesa del Congreso vetaba en marzo una visita de la Comisión de Energía al Parlamento de Portugal para tratar el tema de Almaraz.

Las organizaciones ecologistas denuncian el «hachazo» presupuestario al Medio Ambiente, que creen que «no es una prioridad para el Gobierno»

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Europa Press.- Las organizaciones ecologistas lamentan el «nuevo retroceso» presupuestario que tendrá el medio ambiente en 2017 y que evidencia que esta materia «no es una prioridad del Gobierno» ya que, de acuerdo con el proyecto de Presupuestos del Estado, tendrá un «hachazo» en su asignación del 8,1%, de modo que contará con 1.723 millones de euros.

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, ha criticado la ausencia de toda mención a la fiscalidad verde. Precisamente, considera que los Presupuestos Generales del Estado son «tan rácanos» por la «baja tasa fiscal» y lamenta que el Medio Ambiente acumule un descenso del 75% respecto a los de 2011. Además, González reconoce que esperaba que el Gobierno iniciara una política de fiscalidad verde a través de la eliminación de las subvenciones y ayudas a los combustibles fósiles.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha censurado el descenso presupuestario que supone «un nuevo recorte» que se suma a la disminución de un 70% en estas partidas en la última década. «Queda claro que el medio ambiente no es una prioridad para el Gobierno», ha sentenciado. En general, ha advertido de que el proyecto presupuestario presentado en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta «muchas carencias» en áreas como residuos o calidad del aire. «No se justifica la importancia del medio ambiente en la pequeña asignación que le han dado», ha apostillado.

Desde Greenpeace, también han criticado el «hachazo» presupuestario a la lucha contra el cambio climático y advierte de que con esta cuantía la «anunciada» Ley de Cambio Climático nacerá sin capacidad ejecutiva. La ONG critica que el Gobierno antepone las indemnizaciones a las eléctricas a la reducción del déficit de tarifa, que se carga a los consumidores, y evidencia su «desinterés» por el cambio climático. El «hachazo» de esta partida en 2017 prevé una partida de 27,64 millones de euros, un 45,6% menos que los 50,85 millones de 2016. Para la Oficina Española de Cambio Climático se presupuestan 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos.

A este respecto, la responsable de la campaña de cambio climático de la organización, Tatiana Nuño, lamenta la «señal política muy negativa de falta de compromiso» para cumplir con el Acuerdo de París «justo cuando se necesita mostrar más fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump» y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables. Por ello, exige al Ejecutivo «coherencia» para dotar económicamente la ley de Cambio Climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de diciembre.

En la misma línea, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha valorado de forma preliminar los presupuestos presentados para 2017 y advierte de que las partidas presupuestarias que se destinarán a medio ambiente «difícilmente» permitirán cumplir los objetivos. «Es triste comprobar cómo en menos de 10 años el presupuesto se ha visto reducido en un 70%. Un año más el medio ambiente da una merma en sus presupuestos», lamenta.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, denuncia el «hachazo» en partidas clave como biodiversidad y cambio climático. «Ya estábamos en niveles de país de tercera fila, pero esto no se corresponde con los compromisos internacionales de España ni con el país de mayor biodiversidad de Europa», denuncia.  A su juicio, este Ministerio está «infrafinanciado» mientras la biodiversidad «se va de las manos» y empeora «año tras año».

Por su parte, el partido verde Equo considera que con este «enorme recorte» medioambiental, el Gobierno obvia las consecuencias que tiene el cambio climático para España. Así, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha subrayado que «importan los hechos, no las palabras» y que las prioridades políticas se demuestran «poniendo recursos» económicos. «Este Gobierno ha reducido hasta la miseria el presupuesto de la lucha contra el cambio climático, poniendo con ello de manifiesto hasta qué punto ignoran el grave problema del calentamiento, que sin duda aún supondrá un coste aún mayor», ha apostillado.

López de Uralde (Equo / Unidos Podemos): “Ya no quedan excusas para reabrir la central nuclear de Garoña”

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EFE.- El portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, asevera que «ya no quedan excusas para reabrir» la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña y ha pedido al Gobierno de España que decrete de forma inmediata su cierre. López de Uralde ha recordado que en las últimas semanas la oposición política y social contra Garoña «no ha dejado de ampliarse y manifestarse» y añade que además ahora se sabe que su continuidad «económicamente es inviable».

«Las afirmaciones de representantes de Nuclenor, propietaria de la central, reconociendo que la continuidad de Garoña es inviable económicamente debería ser justificación concluyente para el cierre definitivo de la instalación», considera López de Uralde. Varios diarios han informado de que Nuclenor, sociedad compartida al 50% por Iberdrola y Endesa, debería asumir una inversión de 205 millones añadidos a los 330 millones inyectados desde 2013 para volver a reabrir la central, lo que hace «inviable» la operación económicamente. López de Uralde ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que «no dilate más» la situación de Garoña y cierre definitivamente esta central.

Equo (Unidos Podemos) presenta en el Congreso una ley para prohibir el fracking

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Europa Press.- Equo, en nombre de Unidos Podemos, registró en el Congreso una proposición de ley para prohibir la fractura hidráulica o fracking como técnica para la investigación y extracción de hidrocarburos en todo el territorio español. El texto señala que el incumplimiento de esta norma tendría carácter de infracción muy grave con multas de hasta 30 millones de euros, así como la revocación o suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal para el ejercicio de la actividad durante 5 años.

La coportavoz de la formación ecologista, Rosa Martínez, criticó esta práctica por ser «perjudicial para la salud», suponer un «alto riesgo sísmico» y dañar los recursos hídricos. Según explicó, debe ser responsabilidad política «cerrar la puerta a esta técnica» que, a su juicio, «lo único que hace es poner el beneficio económico por encima de las personas». Martínez defendió, también, que no se trata del «modelo de desarrollo económico» que Equo desea para el mundo rural. «Apostamos por un modelo sostenible, en el que se cree valor y beneficios económicos sociales y ambientales», apuntó la diputada ecologista, que cree que el fracking «sólo deja beneficios a las grandes corporaciones energéticas».

En este sentido, reclamó apoyo para las renovables y recordó que, para cumplir con el Acuerdo del Clima de París, ratificado por España, no tiene sentido «seguir invirtiendo en conocer y extraer nuevas reservas de combustibles fósiles de energías sucias». «Busquemos en el cielo el futuro y dejemos de buscarlo bajo tierra», apuntó. La ley presentada por la formación ecologista también incluye la modificación de algunos puntos de la Ley del sector de hidrocarburos relacionados con la regulación de las medidas tributarias y no tributarias en relación con la explotación de hidrocarburos y la investigación.

El PP apoya a Rodríguez Martí como secretario general del CSN, Podemos se opone mientras PSOE y Cs se abstienen

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Europa Press.- La propuesta de nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha salido adelante en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso con el voto en contra de Podemos, la abstención de PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que ha votado a favor de la propuesta, remitida al Congreso por el Consejo de Ministros.

Previamente, durante su comparecencia, Rodríguez Martí, ha defendido su idoneidad y su falta de conflicto de intereses, de acuerdo con la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En la votación, Unidos Podemos ha rechazado su nombramiento porque, según explicó su portavoz, Juan López de Uralde (Equo), lleva «meses» denunciando la situación de divergencia en el CSN entre lo que dicen los técnicos y lo que dictamina el pleno. Además, cuestionó este nombramiento porque Rodríguez Martí ha sido el coordinador del dictamen emitido por el CSN favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña. «Su nombramiento es parte del problema, no de la solución», sentenció Uralde.

Por su parte, Cs y ERC se han abstenido, igual que el PSOE, por el «perfil técnico» de Rodríguez Martí pero, según han precisado fuentes del grupo parlamentario socialista, no están de acuerdo en cómo se ha hecho su nombramiento. En todo caso, el PSOE le confiere «el beneficio de la duda» al nuevo secretario general pero reclama la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí, también para explicar la propuesta y «asumir la responsabilidad de lo que ha pasado con el expediente de Garoña».

El 30 de noviembre de 2016 el CSN aprobó por unanimidad la propuesta de Manuel Rodríguez Martí, entre los cuatro candidatos que se valoraron, para suceder en la Secretaría General del CSN a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Hasta ahora Manuel Rodríguez Martí era ejercía en su cargo de subdirector de Instalaciones Nucleares en la dirección técnica de seguridad nuclear.