Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que suba el precio de un bien o suministro es algo negativo para los consumidores afectados, en un momento en el que, probablemente, las condiciones y situación económica de los ciudadanos de nuestro país siguen siendo precarias. Quiere decirse que es un problema; un problema, posiblemente, al mismo nivel que cuando hay oscilaciones al alza de los productos de la cesta de la compra o cuando también tienden al crecimiento los precios de los carburantes para ir a trabajar.
Lo que pasa es que, en el caso de la energía eléctrica en España, este proceso adquiere unos tintes demagógicos adicionales cuando llega al debate político. Es decir es una cuestión que se presenta ante la opinión pública de forma incendiaria. Por un lado, porque se produce la negación de que la electricidad tenga que tener un precio (que, en todo caso, debería bajar siempre, de forma ilusoria) y, por otro, porque se niega que deban de existir empresas eléctricas en su modelo de gobernanza.
En el año existen varios momentos punta en que esto se produce, aprovechados en el ámbito de la comunicación política asociada a esto para su tratamiento en términos de escándalo. Por su parte, el ministro Álvaro Nadal ha terciado para argumentar que es previsible que aumente la factura de la luz una media de 7-8 euros al mes, es decir, unos 100 euros al año.
Además, no hay que olvidar que quedan muy pocas oportunidades para convertir esta cuestión en una ola mediática: si mejora la climatología, todo pasará, y si además se cierra el acuerdo para abordar el problema de los consumidores vulnerables severos, alargar el período de impago requerido para realizar el corte de suministro, y si se liga el bono social a la renta, las posibilidades de mediatización de esta cuestión se van a ver muy mermadas.
Por su parte, los expertos habituales consultados por los medios generalistas acuden a sus posicionamientos habituales: Retórica antiempresarial de corte retroprogresivo, la insinuación en referencia a las investigaciones de la CNMC (sin resultado alguno conocido en términos de existencia de comportamientos anticompetitivos). O acuden a mezclarlo todo, para que no se entienda nada: recoger las quejas de las comercializadoras pequeñas que tendrán que participar en el nuevo bono social o reclamar mejores condiciones para el autoconsumo, como bálsamo de fierabrás, o acudir al argumento bolchevique de mostrar con escándalo la cifra total de beneficios empresariales, sin ponerlos en relación con el tamaño del sector y sus empresas. Un argumentario más o menos trillado y previsible.
El hecho es que la energía eléctrica en nuestro país sube por las condiciones de oferta y demanda. La ola de frío ha disparado la demanda a niveles no conocidos en los últimos años en un momento en el que el parón de las nucleares francesas está haciendo a Francia importar nuestra electricidad (la lógica invita a pensar que lo hacen porque es más barata que otras opciones). Por otro lado, la oferta se ha visto afectada por la climatología, con una reserva hidráulica un 38% menor y una producción eólica no tan extraordinaria como la acontecida en enero de 2016, así como un contexto internacional marcado por el alza en los precios de las materias primas (gas, petróleo, carbón).
Dejando de lado el hecho de cifrar el volumen final de este crecimiento para el consumidor, la pregunta que hay que hacerse es si han llegado las condiciones en las que es posible que se produzca un incremento general de los precios de la energía, con el butano acumulando una subida del 14,5% desde julio, una subida limitada además en la revisión de enero al 5% máximo, por lo que es una subida actualmente insuficiente para cubrir sus costes, con el gas que ha subido un 3,5% a principios de año, con una previsión de déficit de tarifa por parte de la CNMC de 450 millones de euros entre 2016 y 2017, con la gasolina y el gasóleo en máximos…
Por cierto, si la energía ibérica en el mercado mayorista es más barata que la francesa y los precios a los consumidores europeos son más bajos, ¿no sería cuestión de revisar el contenido de los costes de acceso, en lugar de dejar en manos de la turba la matanza? ¿Tampoco se va revisar esa gallina de los huevos de oro que es la fiscalidad aplicada en la energía? Seamos serios.
