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Endesa cede terrenos y edificios al Ayuntamiento de As Pontes para agilizar los trámites necesarios para adaptar la central térmica

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EFE.- El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha firmado un convenio con Endesa que contempla la cesión al consistorio de terrenos, edificios y equipos propiedad del grupo, que a cambio se verá beneficiado por la agilización de trámites para adaptar su central en la localidad a la directiva de emisiones industriales. Además, se abordarán «mejoras urbanísticas y dotacionales en el poblado de As Veigas, cuya superficie podrá ser parcelada para enajenación», indicó la empresa.

Para Endesa, el convenio «tiene relevancia porque supone la culminación del proceso de restauración de la superficie y cierre de la explotación minera». De este modo, cederá «al Ayuntamiento espacios y bienes que podrán ser dedicados a usos distintos a la extracción de lignito», con suelo en Vilavella y diversos útiles que se destinarán «a crear un museo que recoja la memoria de la explotación minera». Ambas partes pretenden dedicar a uso industrial «el terreno ocupado por los antiguos almacenes y talleres mineros» y solicitan a la Xunta autonómica su «inclusión en el Plan Sectorial de Áreas Industriales de Galicia».

La compañía eléctrica cederá terrenos mineros en el borde oriental del lago, que incluyen el área de la playa vegetal, así como la pista perimetral norte y la franja de terreno entre esa pista y el límite de dominio público hidráulico. El convenio también contempla traspasar el área emergida de la escombrera interior y otorga el derecho de servidumbre de paso de los accesos al lago desde Saa y Espiñaredo.

Por último, se cederá la antigua escuela de aprendices Calvo Sotelo, zonas colindantes con el río Eume para la puesta en valor de la ribera y la parcela del antiguo cementerio de Espiñaredo, junto a la zona que ocupan la plaza de A Lembranza y una superficie próxima y terreno adicional al ya cedido en Alimpadoiros para una pista de karts, que ejecuta actualmente el consistorio. El documento recoge la intención de Endesa de culminar la venta de viviendas en el poblado de As Veigas.

El Supremo desestima el incidente de nulidad del Gobierno en contra de la sentencia de la financiación del bono social

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Europa Press / EFE.- La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo desestimó el incidente de nulidad presentado por el Gobierno en contra de la sentencia del mismo tribunal en la que se anulaba el mecanismo de financiación del bono social de la luz, un descuento del 25% para determinados consumidores considerados vulnerables que supone 200 millones de euros anuales, según el auto judicial.

La Administración del Estado había presentado este incidente de nulidad el 18 de noviembre. Entre otros argumentos, el Gobierno consideraba que la sentencia vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse presentado cuestión de inconstitucionalidad ni una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Supremo desestima estos argumentos y aprovecha para recordar a la Administración que son coincidentes “en gran medida” con los que el propio incidente de nulidad que el Abogado del Estado presentó en febrero de 2012, después de que el mismo tribunal anulase por primera vez el mecanismo de financiación del bono social. Por este motivo, reproduce de forma literal la contestación que dio al Gobierno hace cuatro años.

La sentencia denunciada por la Administración, publicada en octubre, anula el mecanismo de financiación del bono social recogido en la reforma energética, por el que el coste de esta ayuda recaída sobre las eléctricas con actividades verticalmente integradas, que son en su mayor parte Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. La sentencia obliga a diseñar un nuevo mecanismo de financiación, lo que ya ha hecho el Gobierno junto al PSOE y Ciudadanos a través de un real decreto ley de financiación del bono social que carga el coste sobre las comercializadoras. Además, el Supremo obliga a compensar a las eléctricas por haber sufragado el bono desde 2014. En total, esta compensación rondará los 500 millones de euros.

En el incidente de nulidad desestimado, la Abogacía del Estado denunciaba una incongruencia omisiva del Supremo porque el tribunal «viene a afirmar que podría haber otras opciones para elegir a los financiadores del bono social que a su juicio serían más adecuadas», sin afirmar «cuál de ellas sería mejor» y limitándose a indicar que «la elegida por el legislador no le gusta». El Supremo responde que «no le gusta el sistema de financiación elegido» porque es «contrario al Derecho de la Unión Europea». El mecanismo de financiación, recuerda, «no es una decisión que corresponda al órgano jurisdiccional», sino al legislador.

El auto del Supremo impone además a la Administración unas costas por valor de 2.000 euros. Como parte del proceso, la sala solicitó las alegaciones de las partes implicadas, entre ellas Iberdrola, que es una de las empresas que denunciaron el mecanismo de financiación y a las que el tribunal había dado la razón. En su escrito como parte personada, remitido al tribunal el 1 de diciembre, Iberdrola no solo pidió que se desestime el incidente de nulidad, sino que también se impusiera «la pertinente multa a la Administración del Estado por temeridad en la presentación de dicho incidente». El Supremo ha rechazado este extremo.

El pasado 26 de octubre, el Supremo anuló el régimen de financiación del bono social por incumplimiento de la exigencia establecida en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En concreto, el documento establece que «las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables». La directiva reconoce además la obligación de garantizar a las empresas eléctricas de cada comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales.

En opinión de los magistrados, la metodología empleada desde 2014 para repartir entre las compañías eléctricas que desarrollan actividades verticalmente integradas el coste del bono social no ha quedado debidamente justificada ni en la normativa ni tampoco en los alegatos de la propia Administración. De este modo, el Supremo tildó de «carente de sentido» que la financiación recayera en agentes, algunos de ellos «con muy escaso peso en el conjunto del sector», y por el contrario se eximiera de dicha carga a otras entidades o grupos empresariales «en mejores condiciones».

El bono social será ahora financiado en un 89% por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, indemnizada por el Gobierno

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Servimedia.- El Ministerio de Energía indemnizó a Gas Natural Fenosa por la responsabilidad patrimonial del Estado con 2,63 millones de euros por los daños y perjuicios causados por un real decreto de 2013 que trataba de poner coto al déficit eléctrico. Por otro lado, el 89% de la financiación del bono social de electricidad recaerá ahora en Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, según lo recogido en el decreto que aprobó el Gobierno para cargar la financiación sobre todas las comercializadoras.

Este nuevo reparto de la financiación se mantendrá hasta que el Ejecutivo apruebe, en 3 meses, un nuevo decreto que recogerá el desarrollo normativo del ahora aprobado. Dicho reparto transitorio, basado en el número de clientes de las comercializadoras, establece que Endesa, a través de dos sociedades, hará frente al 37,7% del bono, Iberdrola del 35,5% a través de dos sociedades y Gas Natural Fenosa del 15,85% a travésde tres sociedades. Otras dos empresas que tendrán una participación significativa son EDP, del 5%, y Viesgo, del 2,2%. Con ello, estas cinco eléctricas harán frente al 96,2% de la financiación, quedando en otras 200 empresas la financiación del 3,8% restante.

El decreto impone, como obligación de servicio público, la asunción del coste del bono social eléctrico a las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o a las propias sociedades que así lo hagan, si no forman parte de ningún grupo societario. Hasta ahora, la financiación corría solo a costa de las matrices. El texto establece que la CNMC calculará anualmente los porcentajes de reparto aplicables y dará publicidad a la información. El decreto señala también que «esta obligación de que todas las comercializadoras paguen el bono social no tiene carácter permanente, previéndose que se procederá a su revisión al menos cada cuatro años, para adecuarla a la situación del sector eléctrico».

Indemnización a Gas Natural Fenosa

El Estado indemnizó a Gas Natural Fenosa por los daños y perjuicios causados por un real decreto de 2013 que trataba de poner coto al déficit eléctrico. El Ejecutivo justificó ese decreto, que contenía medidas para asegurar el equilibrio económico del sistema eléctrico, en tratar de no perjudicar a los consumidores mediante un aumento de la tarifa de la luz, en un contexto de crisis económica. El decreto modificaba el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial para ahorrar entre 600 y 800 millones de euros anuales. Para ello, establecía que la retribución se actualizara tomando como referencia el IPC sin alimentos ni energía.

Un juzgado suspende cautelarmente el protocolo catalán sobre pobreza energética

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Europa Press.- El Juzgado contencioso administrativo 2 de Barcelona ha suspendido cautelarmente el protocolo para la aplicación de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la pobreza energética aprobada en el Parlament de Cataluña porque en su articulado recoge medidas que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En un auto de este jueves, el juzgado contencioso ha admitido un recurso de Endesa en el que considera que el protocolo obliga a las suministradoras a mantener el servicio en caso de que el cliente esté en riesgo de exclusión, cuando esta obligación no se incluye en la ley y en todo caso fue considerada inconstitucional.

El juzgado considera que, pese a que la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat asegura que el protocolo solo es vinculante para las partes que lo firman y busca facilitar a los servicios sociales y de intervención una herramienta de trabajo, en realidad lo que se pretende «es que sea de obligado cumplimiento para las empresas».

Para el tribunal, «la imposibilidad de que se corte el suministro establecida por el protocolo supone para las empresas la obligación de mantener el servicio sin percibir del usuario las tarifas legalmente previstas, de ahí que ese coste deberá compensarse para garantizar la sostenibilidad del conjunto del sistema eléctrico».

Por eso, el juzgado considera que esa compensación puede comportar que los demás usuarios, incluidos los de fuera de Cataluña, «puedan ver incrementadas sus facturas para evitar un eventual desequilibrio entre ingresos y costes del sistema derivados de la aplicación del protocolo».

Para el tribunal, el protocolo «supone una quiebra del principio constitucional de seguridad jurídica», lo que justifica la adopción de la medida cautelar de suspensión, además de que obliga a la Agencia Catalana del Consumo a publicar en su web esta decisión.

Así, recuerda que el TC ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 6 y 7 del artículo 252.4 del Código de Consumo de Cataluña, en las que se establecen obligaciones similares para las compañías suministradoras que las que se recogen en el protocolo.

Para el juzgado, si una norma, con rango de ley, que contiene previsiones similares a las que se incluyen en el protocolo, ha sido suspendida por el Constitucional, los criterios tenidos en cuenta por el Alto Tribunal «son perfectamente trasladables» al caso actual.

Recurso

En su recurso contencioso, Endesa justificaba la petición de suspensión cautelar porque con el protocolo se está estableciendo «ex novo» la obligación de las empresas suministradoras de mantener el suministro a personas que estén en un supuesto de riesgo de exclusión residencial, cuando esa previsión no se incluye en la Ley 24/2015, y por vulnerarse las competencias del Estado.

Alegan que aplicar esta medida puede suponer vulnerar competencias del Estado, afectar la sostenibilidad del conjunto del sistema eléctrico, con el quebranto del principio de igualdad entre los españoles, que podrían ver incrementadas sus facturas para evitar un eventual desequilibrio entre ingresos y costes de la eléctrica.

La Generalitat se opuso a la suspensión alegando que el artículo 6 de la ley no había sido impugnado y que no es el protocolo el que obligará a las eléctricas a no poder cortar el suministro, y aseguró que el protocolo solo es una guía para facilitar a los agentes implicados la aplicación de la normativa vigente, lo que podría resultar un acto inimpugnable.

Endesa reclama una regulación «completa» contra la pobreza energética y se muestra abierta a soluciones

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Europa Press.-Endesa considera que las medidas para hacer frente a la pobreza energética deben regularse de forma «completa» y expresa su disposición a encontrar soluciones de la mano de las administraciones públicas, según fuentes de la compañía consultadas por Europa Press.

«Endesa está plenamente convencida de la necesidad de afrontar el problema de la pobreza energética y profundamente comprometida en la búsqueda de soluciones para intentar erradicarla», afirman las fuentes de la empresa.

La eléctrica reacciona de esta forma a la decisión del Juzgado contencioso administrativo 2 de Barcelona de suspender de forma cautelar el protocolo que desarrolla la Ley 24/2015 de Cataluña contra la pobreza energética. La suspensión se debe a que el Tribunal Constitucional ha suspendido a su vez varios artículos de esta ley.

Endesa considera que los 157 convenios suscritos por la empresa con distintas administraciones públicas y la propuesta que hizo en marzo sobre pobreza energética son prueba «evidente» de su compromiso con la búsqueda de soluciones a este problema.

«Seguimos y seguiremos abiertos y comprometidos en la búsqueda de soluciones, siempre de la mano de las administraciones públicas», indica, antes de considerar que la aplicación de estas soluciones debe hacerse «de manera coherente, ordenada, y ajustada a Derecho, y a través de normas y procedimientos claros, eficaces y basados en criterios de seguridad jurídica».

Endesa, que asegura que «la sentencia de hoy confirma esta posición», indica que está aplicando lo dispuesto en la Ley 24/2015 en la forma directamente establecida por la Ley, «como hace absolutamente siempre».

Además, sostiene que «las medidas sobre la denominada pobreza energética deben regularse de forma completa, incluyendo el régimen de financiación de la misma, que debe dar a los poderes públicos el papel que les corresponde».

Por último, se muestra «siempre dispuesta a trabajar de manera conjunta con las administraciones públicas para buscar las mejores soluciones para alcanzar el objetivo común de acabar con la pobreza energética».

Endesa invierte 100.000 euros en mejorar una línea eléctrica en Teruel y se pronuncia sobre las polémicas prospecciones de Portugal

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EFE.- El director de Endesa Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, cree que el debate sobre la intención del Gobierno luso de rescindir contratos con Repsol para la prospección y exploración de petróleo en el Algarve está siendo «muy emocional». Asimismo, Endesa finalizó los trabajos de instalación de nuevos sistemas de protección, control y telemando en dos líneas de media tensión que suministran energía a las localidades turolenses de Alcalá de la Selva y Mora de Rubielos.

La actuación, que ha contado con una inversión de 100.000 euros, supone una mejora directa de la calidad para 2.200 clientes residenciales de ambas localidades y contribuirá también a consolidar el suministro a la estación de esquí de Valdelinares, según indicó la compañía. Los nuevos equipos y sistemas instalados servirán para mejorar la fiabilidad de la red y para facilitar la reposición del suministro en caso de que se produzca alguna incidencia en este nudo eléctrico. La inversión realizada forma parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por Endesa con el objeto de consolidar la calidad de servicio y adaptarse a la demanda.

Sobre las prospecciones de Portugal

«Esta cuestión está siendo conducida de forma muy emocional», advirtió Ribeiro, que añade que Portugal debe conocer todos sus recursos minerales, incluyendo el petróleo y el gas, «independientemente del uso que vaya a darles». Según el director de Endesa Portugal y exsecretario de Estado de Energía, «la tecnología llevada a la exageración es negativa y hay cosas que son buenas en un contexto y disparatadas en otro. Por eso existen los estudios de impacto ambiental».

En este sentido, subrayó que aún no se sabe «si hay una molécula de hidrocarburos en el Algarve». Ribeiro respondía así al debate abierto tras la publicación de una información según la cual el Gobierno del socialista António Costa prevé rescindir dos contratos de prospección y exploración de petróleo en la región sureña del Algarve, firmados con un consorcio liderado por la española Repsol y con la compañía portuguesa Portfuel.

España lideró las transacciones en el sector energético europeo en el tercer trimestre gracias a Gas Natural y Endesa

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Servimedia / EFE.- España fue el mercado energético europeo más activo en el tercer trimestre, con operaciones corporativas por 5.725 millones de dólares (5.403 millones de euros), según el informe Power transactions and trends Q3 2016 de la consultora Ernst&Young (EY). El estudio destaca que la venta del 20% de Gas Natural Fenosa al fondo de inversión estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) y la compra del 60% de la italiana Enel Green Power por Endesa fueron las dos transacciones europeas de mayor valor.

La compra del 60% de Enel Green Power por Endesa ascendió a 1.207 millones de euros y se formalizó el pasado 27 de julio, mientras que la venta del 20% de las acciones de Gas Natural por 3.800 millones de euros al fondo GIP se cerró el pasado 13 de septiembre. El informe señala que las cinco transacciones que tuvieron lugar en España en el tercer trimestre del año concentraron el 74% del valor total de las operaciones realizadas en Europa en el mismo periodo.

El socio director del Área de Transacciones de EY, Rafael Roldán, ha atribuido el citado incremento al crecimiento «modesto» de la economía y los bajos tipos de interés, que «están haciendo que en Europa los inversores financieros estén poniendo el foco en activos de energía con ingresos estables en el largo plazo». En el caso español, Roldán prevé que el mercado siga «muy activo» en los próximos meses, «tanto en el mercado secundario de activos operativos como por nuevos proyectos, teniendo en cuenta las subastas previstas de nueva potencia renovable”.

Crecen las operaciones en Europa

Este volumen de operaciones convierte a España en el líder europeo, por delante de Italia y Reino Unido, que fueron los otros dos países europeos más activos, al alcanzar operaciones valoradas en 484 millones de dólares (456,5 millones de euros) y 390 millones de dólares (367,8 millones de euros), respectivamente. Concretamente, según el estudio de EY, el sector energético europeo registró 40 operaciones valoradas en 7.700 millones de dólares (7.265,3 millones de euros), un 17% más que los 6.600 millones del mismo periodo de 2015.

A pesar de los incrementos registrados en Europa, la actividad a nivel mundial cayó más de un 47% con respecto al tercer trimestre de 2015. El sector realizó entre julio y septiembre 102 operaciones por un total de 39.700 millones de dólares (37.454,2 millones de euros), de los que América concentró el 66% del valor. Los activos de transmisión y distribución concentraron el 60% del total de operaciones, hasta los 23.600 millones de dólares (22.269,6 millones de euros), cuyo valor medio por transacción fue de 3.900 millones dólares (3.680,1 millones de euros), un 200% más.

Por regiones, América fue la más activa, con operaciones por valor de 26.300 millones de dólares y tres transacciones por encima de 1.000 millones. Estados Unidos lideró la actividad en la región con cerca de 23.000 millones de dólares, gracias en gran parte a las transacciones de Energy Future Holdings (EFH) y AEP Generation Resources. En el caso de Asia-Pacífico, el número de operaciones ascendió a 35, cinco más que en el mismo período de 2015, pero el valor de las mismas cayó un 52%, a 5.700 millones de dólares.

Ence compra a Endesa su participación en dos plantas de biomasa

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EFE.- Ence ha acordado comprar a Endesa sus participaciones en las plantas de generación de energía renovable con biomasa de Enemasa (Ciudad Real) y la Loma (Jaén), ha informado hoy el fabricante de celulosa y electricidad, que no ha facilitado el importe de la operación.

Endesa controlaba un 68,4% en la planta de Enemasa y un 64,1% en la de la Loma.

La operación permite a Ence aumentar en un 29% la potencia instalada de su negocio de energía, que pasa a alcanzar 143 MW, ha precisado el fabricante de celulosa y electricidad en un comunicado.

La operación «constituye un nuevo paso» en el cumplimiento del plan estratégico de la compañía, que prevé alcanzar 383 MW de potencia instalada en generación con biomasa en 2020, según señala el vicepresidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, en el comunicado.

«Esperamos lograr rápidamente sinergias en todas nuestras plantas de energía tras la materialización de la operación, gracias a nuestro conocimiento y la capacidad de gestión de la biomasa agrícola y forestal, tecnología de la que somos líderes en España», añade.

Las plantas, que utilizan prioritariamente orujillo (biomasa derivada del tratamiento de la aceituna para extracción del aceite), muy abundante en los alrededores de las instalaciones, cuentan con una potencia total de 32 MW y alcanzarán una producción neta estimada de 175 millones de kWh en 2016.

Su ebitda estimado se elevará a 5,6 millones de euros en 2016, por lo que contribuirán a reforzar la estabilidad de los resultados de Ence, de acuerdo con el comunicado

Las plantas de Enemansa y La Loma iniciaron su operación comercial en 2003 y disponen de avanzados sistemas para la minimización de emisiones.

La patronal andaluza reconoce a Endesa con su VI premio de responsabilidad social

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EFE.- La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ha otorgado a Endesa el VI Premio CEA de Responsabilidad Social Empresarial, que reconoce la labor y acciones desempeñadas por empresas en materia de sostenibilidad.

El director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, ha recogido el premio de la mano del presidente de la CEA, Javier González de Lara, según indicó la patronal. Arteaga ha valorado doblemente el premio por «ser concedido por dos instituciones que representan a los principales grupos de interés para los que la compañía desarrolla sus políticas de sostenibilidad como son las empresas y las administraciones». También ha resaltado que el compromiso de Endesa, que cuenta con más de 10.000 empleados (2.358 en Andalucía) y presta servicio a 11,2 millones de clientes, con el desarrollo sostenible «se encuentra plenamente integrado en la estrategia y la gestión diaria del negocio».

Con este premio, la CEA reconoce el papel que Endesa juega en la creación de empleo de calidad, que entienden como la «mejor práctica de responsabilidad social», así como las políticas de igualdad y conciliación, que han hecho a Endesa merecedora de la certificación de Empresa Familiarmente Responsable. Asimismo, reconocen el papel tractor de Endesa para que estas prácticas se extiendan al resto del empresariado andaluz, en especial a las pymes, y vean en ellas una oportunidad para su crecimiento.

Endesa recurre el reparto del pago del bono social de 2016

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EFE / Europa Press.- Endesa ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden con la que se fijaron las cantidades que cada empresa debe aportar para financiar el bono social de 2016, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta orden establecía que los porcentajes con los que cada empresa distribuidora, de un total de 23, tenía que asumir el coste de esta herramienta que supone un descuento del 25% sobre el importe de la factura para determinados colectivos y cuyo coste total ronda los 200 millones.

Para este año, a Endesa le correspondía el 41%, a Iberdrola el 37,9% y a Gas Natural Fenosa, el 14,7%, acaparando prácticamente entre estas empresas la financiación del bono social de la luz. Otras 20 sociedades participarían en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. Hay que recordar que el Tribunal Supremo anuló recientemente este sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que deben pagarlo y considerarlo incompatible con la directiva europea. El Ministerio de Energía ultima un decreto ley para cambiar este modelo y que el coste se cargue a todas las comercializadoras.

En dos sentencias, en las que estima los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo (antiguamente E.ON España), la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reconocía el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).