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La CNMC coincide con Energía en la necesidad de que Endesa y Gas Natural animen el mercado del gas natural

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincide con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la necesidad de obligar a los operadores dominantes del sector del gas natural, Endesa y Gas Natural Fenosa, a ejercer de creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas.

Esta iniciativa, contemplada como opción dentro de la ley, fue presentada precisamente por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, como principal medida para contener las subidas del precio del gas y, con ello, aplacar el encarecimiento de la electricidad registrado en enero en el mercado mayorista. En un informe, la CNMC propone una metodología para desarrollar la medida de Energía. El regulador coincide en que los actuales niveles de liquidez de Mibgas son «insuficientes» y en la necesidad de «continuar introduciendo medidas de fomento de liquidez, como el establecimiento de las obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes».

Para el regulador, las medidas de fomento de liquidez asociadas al nuevo papel de Gas Natural Fenosa y Endesa deben concentrarse en los productos diario y mensual con el objetivo de lograr un incremento en los volúmenes diarios de hasta el 2,5% de la demanda diaria. De esta forma, se podría duplicar la liquidez en el primer año del producto diario y multiplicar por más de 10 la del producto mensual. Si se duplicase la liquidez en ambos productos en 2018 y 2019 y en años siguientes con incrementos similares a los de los mercados europeos se alcanzaría el objetivo.

Con este propósito, el organismo presidido por Marín Quemada propone que las obligaciones de cantidades a ofertar para cada operador dominante se establezcan de forma proporcional a su cuota de aprovisionamientos de gas al sistema gasista español. En este sentido, propone que la separación máxima de precios de las ofertas del creador de mercado sea de 0,5 euros por megavatios hora (MWh) tanto para el producto Diario D+1 como para el producto del mes siguiente. En cuanto a la cantidad máxima a ofertar, se propone que el límite máximo de cantidad a casar en el conjunto del año sea igual al 5% del volumen anual de aprovisionamientos de gas a España de cada operador dominante.

Debido a la importancia que tiene la logística del gas natural licuado (GNL) en el aprovisionamiento nacional y que estos aprovisionamientos se programan normalmente con bastante antelación, la CNMC considera que los nuevos creadores del mercado deberán priorizar en sus ofertas el producto mensual seguido del producto diario, para favorecer el desarrollo de los productos con mayores plazos de entrega.

En la actualidad, en el hub del gas solo existe una empresa, Gunvor Internacional, que ejerce de creador de mercado. Para ilustrar el modesto peso de Mibgas, la CNMC indica que en 2016 este mercado negoció un volumen equivalente al 2% de la demanda nacional, una cantidad «muy inferior a la negociada en otros países europeos con sistemas similares». Para dotar de mayor liquidez al mercado del gas, la legislación establece que si no hubiera operadores dispuestos a generarla voluntariamente o se considerase que su aportación es insuficiente, el Gobierno podrá establecer obligaciones de creador de mercado a los comercializadores gasistas que sean operadores dominantes.

Prado subraya que las renovables necesitan una regulación «adecuada» mientras el sector eólico advierte de la «complejidad» de la subasta

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Europa Press.- El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, ha advertido de que la «complejidad» del sistema establecido para la próxima subasta de renovables puede abocar a procesos judiciales. En este sentido, el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, indicó que para incentivar el desarrollo de las energías renovables necesarias para que España cumpla con los objetivos marcados en la cumbre de París se necesita contar con un marco regulatorio «adecuado».

Prado subrayó el papel «cada vez más relevante» de las renovables en el mundo, convirtiéndose en 2016 en la fuente con mayor potencia instalada en el mundo, «tras superar al carbón», a lo que contribuye el «respaldo político y económico» al desarrollo de estas tecnologías, especialmente en países como China, Estados Unidos o México. Sin embargo, aseguró que para alcanzar los objetivos de descarbonización marcados en París, el papel de las renovables debe ser «aún más relevante», tanto en el sector eléctrico como en el del transporte y la edificación.

Prado destacó que las renovables continuarán siendo la fuente de generación de «mayor crecimiento» en los próximos años, después de haberse vuelto competitivas en los últimos años, como demuestra el hecho de que la eólica haya reducido sus costes de generación en un tercio entre 2011 y 2016 o la fotovoltaica lo haya hecho en dos tercios. Asimismo, el presidente de Endesa valoró la ambición de Europa de ser «líder mundial en estas tecnologías», algo rubricado en los objetivos marcados en el llamado paquete de invierno de la Unión Europea.

AEE advierte de procesos judiciales

Por su parte, en relación con la próxima subasta de energías renovables, Juan Virgilio Márquez defendió un sistema de subasta con cupos a las tecnologías, frente a la neutralidad establecida finalmente, ya que así se habrían «evitado ciertas interpretaciones que pueden llevar a procesos judiciales» y se habría garantizado una «mayor igualdad». Así, el directivo de la patronal reconoció tener «sentimientos encontrados» con esta nueva subasta, tras la realizada en 2016, ya que «es una buena noticia y genera esperanza, pero hay una visión cortoplacista».

«Está diseñada sin un diálogo previo con los actores implicados, no se ha tenido en consideración a la industria eólica, que somos un player importante a nivel internacional y queremos seguir jugando en ese nivel», subrayó. Asimismo, lamentó que no se trate de un modelo de subasta que «genere confianza y atraiga la inversión», como ocurre en otros países, y subrayó que la variabilidad de la rentabilidad razonable «preocupa a los inversores». «Preocupa el marco regulatorio en el que se integra esta subasta. Según nuestra opinión, no tiene lógica», añadió.

En este sentido coincidió el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, que advirtió que es «un gran error» llevar a cabo una subasta que enfrenta a las distintas tecnologías, por lo que espera que no sirva para «abrir una guerra» entre las distintas tecnologías, ya que son «complementarias y susceptibles de combinarse«. Para González, existe «una falta» de planificación energética por parte del Gobierno y consideró «una lástima» que se base la subasta en los costes. «Al final, como país y sector, se paga caro», dijo.

Unidos Podemos reclama que Nuclenor «corra con los gastos» de cerrar Garoña ya que se ha enriquecido con su producción

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Europa Press.- El diputado de Unidos Podemos por Burgos, Miguel Vila, exige que la empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, corra con los gastos del cierre ya que se ha enriquecido con la producción. El parlamentario por Burgos se ha entrevistado con la Plataforma contra Garoña para la presentación de enmiendas a los Presupuestos.

El diputado asegura que estará vigilante para que el coste del desmantelamiento de la central de Garoña recaiga «exclusivamente» en Nuclenor, sociedad formada por Endesa e Iberdrola. De esta manera quiere «evitar» que se el cierre definitivo se haga con el dinero de todos y «con garantía de seguridad». Vila recordó que no puede ser que la ciudadanía pague el desmantelamiento millonario de la nuclear cuando «la empresa propietaria ha ganado mucho dinero» durante la vida útil de la central.

El desmantelamiento de la central va a generar empleo, pero Vila ha recalcado que no se conforma con ello. Unido al proceso de cierre, que puede durar una década, cree necesario implementar un plan de reindustrialización para la zona pero basado en «un impulso del mundo rural sostenible que garantice empleo de calidad». «Una segunda pata estaría enraizada en la «revitalización del patrimonio histórico y natural que garantice la llegada de turismo sostenible», ha aseverado.

Unidos Podemos entiende que el dinero de que se invierta en la reindustrialización de la comarca de Las Merindades y en Miranda de Ebro, «debe ir a los ayuntamientos». El diputado alertó de que si no se hace así, puede ocurrir lo que ya pasó hace unos años con el Plan Reindus, cuando el dinero del Estado se fue «a la patronal con una total ausencia de mecanismos de control». 

El consejo de administración de Nuclenor se reúne el miércoles para decidir el futuro de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El consejo de administración de Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, se reunirá el próximo miércoles 26 de abril para analizar el futuro de la planta, según indicaron fuentes empresariales.

Esta reunión de la sociedad llega en un momento en que está sobre la mesa la petición de Iberdrola a Endesa, como su socio en Garoña, para que respalde la presentación de un escrito de desestimiento de solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear. Iberdrola ya había solicitado a finales de marzo a las partes implicadas, Nuclenor y Endesa, la convocatoria de este consejo, así como de una junta general extraordinaria, para el pasado 6 de abril, que finalmente tendrá lugar a finales de mes.

La reunión de este miércoles coincidirá con la celebración de la junta general de accionistas de Endesa y con la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2017 de Iberdrola. Hay que recordar que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aprovechó el marco de la pasada junta de accionistas de la compañía para asegurar que la central nuclear de Garoña «no es viable económicamente, con pérdidas cuantiosas» desde hace años, y anunció que había pedido a Endesa que desista de su explotación.

Por su parte, Endesa remitió a tomar las decisiones en el seno de Nuclenor, «que es la propietaria de la central», cualquier decisión final respecto a la reapertura o no de la planta nuclear de Garoña. Fuentes de la compañía indicaron que todavía se debía conocer la decisión del Gobierno, que tiene de plazo hasta agosto, sobre la continuidad de la central tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a prolongar la vida útil de la planta.

Mientras, el Ministerio de Energía continúa el proceso de «escuchar a todas las partes interesadas» en la eventual renovación o cierre de Garoña. El Ministerio remitió a las partes interesadas el informe preceptivo aprobado por el CSN para que presenten alegaciones y comentarios. El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para tomar una decisión sobre la continuidad de Garoña, tras el informe del CSN. No obstante, de ser favorable, la última palabra corresponderá a Iberdrola y Endesa, propietarios de la central a través de Nuclenor.

Endesa replica a Nadal que invierte en sus redes de distribución de electricidad todo lo que le permite la ley

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Europa Press.- Endesa dedica 600 millones de euros anuales a la distribución de electricidad en España e invierte en esta actividad todo lo que le permite la legislación, según indicaron fuentes de la compañía. La compañía eléctrica responde de esta forma a las palabras pronunciadas en el pleno del Senado por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quien aludió a la «falta de inversión» de Endesa en España.

«La inversión asciende al 100% de lo que permite la legislación y, además, estos datos están auditados públicamente», señalan por su parte las fuentes de Endesa, antes de asegurar que, de los 600 millones anuales dedicados a distribución, la compañía solo recibe retribución por el 60%. «El resto, en cumplimiento de la Ley, se cobra directamente a los clientes que se benefician de las respectivas infraestructuras», afirman. Como ejemplo, indican que las acometidas eléctricas para dar luz a nuevas urbanizaciones o empresas las tiene que pagar los nuevos beneficiarios y no el conjunto de los españoles. «Por eso Endesa sólo cobra del sistema eléctrico, es decir, del conjunto de consumidores, lo que le corresponde en cada actuación», añaden las fuentes.

Durante su intervención en el Senado, Nadal aseguró que Endesa «sí tiene una falta de inversión en el conjunto de España», ya que «en lugar de llegar al 100% de lo que podría invertir solo llega al 60%». El ministro aseguró que esta circunstancia «preocupa» al Ejecutivo y que desde su departamento se han puesto «en contacto con los accionistas de Endesa para decirles que el Gobierno español quiere que esta compañía invierta mucho más». El socio mayoritario de la compañía es la italiana Enel, con un 70% del capital.

Castilla y León no contribuirá a «la confusión» creada sobre Garoña y desconoce el cambio de opinión de Iberdrola

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Europa Press.- La Junta de Castilla y León no va a participar en la «ceremonia de la confusión» que se está produciendo en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y asevera que no puede valorar las razones aducidas por Iberdrola para cambiar su criterio y posicionarse ahora por el cierre de la planta ya que esta compañía «no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente» al Gobierno regional las causas de este cambio de postura.

Así se ha manifestado el Gobierno regional tras el posicionamiento de Iberdrola en contra de la reapertura de la central antes de que haya concluido el plazo de 6 meses dado por el Gobierno para escuchar a todas las partes implicadas y pronunciarse sobre el futuro de Garoña. En este sentido, el Gobierno regional recuerda que «contando siempre con que la voluntad de los propietarios» de la central era la de mantenerla abierta, la Junta viene defendiendo esa continuidad siempre que, como condición imprescindible, se contara para ello con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y una vez cumplidas «todas las exigencias técnicas y de seguridad» establecidas.

Asimismo, ha recordado que Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%) solicitó en mayo de 2014 reabrir la central hasta 2031 con la renovación de la autorización de explotación, lo que motivó que se iniciase un «exigente procedimiento» para obtener esa solicitud de reapertura, que requería preceptivamente un informe del CSN. Finalmente, a principios de febrero, el CSN informó favorablemente sobre la reapertura de la central, aunque condicionado a obras de mejora que se deben acometer antes de volver a operar.

Vigente plazo de 6 meses

A partir del informe favorable del CSN, corresponde al Gobierno de la Nación pronunciarse definitivamente sobre la solicitud de reapertura y sobre el nuevo plazo hasta el que la central podrá estar operativa. No obstante, antes de su pronunciamiento, el Gobierno abrió un periodo de consultas durante 6 meses, para escuchar a empresas, agentes sociales, instituciones y partidos; «un trámite de consultas que la Junta de Castilla y León aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años».

La «sorpresa» surge, según la Junta de Castilla y León, cuando en los últimos días Iberdrola, una de las propietarias de Nuclenor, se posiciona y no considera rentable reabrir la central «antes de conocer las condiciones de la posible autorización del Gobierno» y pide a su socio, Endesa, cerrarla definitivamente, y «presentar un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación que ellos mismos habían formulado hace 3 años». Es una decisión que, en principio, Endesa «no parece compartir» ya que prefiere esperar «en todo caso» a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de 6 meses que ha abierto para consultas.

La Junta de Castilla y León considera necesario que ese plazo sea respetado y ha reiterado que aprovechará este tiempo para reiterar su posición en este tema y el futuro de la central, del que depende «su mayor o menor aportación a la producción energética española» así como la pérdida o mantenimiento de casi mil empleos en una zona de Burgos «con difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación».

La cuestión nuclear en la España de hoy

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Todo el acontecer alrededor de la reapertura o no de la central nuclear de Santa María de Garoña, todo el debate sobre el futuro de los otros 7 reactores del parque nuclear español y su participación en la estrategia de transición energética, si es que hubiera dicha estrategia, todo, en definitiva, del mensaje que lanzó Iberdrola gira alrededor de una cuestión que es la fiscalidad energética y. en concreto, de la propia fiscalidad de las actividades nucleares en combinación con otros factores.

El framing para esta tecnología lo constituye la combinación de la fiscalidad vigente, resultante del ajuste contable perpetrado por las medidas Soria, con los requerimientos de nuevas inversiones en materia de seguridad derivados de la revisión de exigencias postFukushima. Ambos puntos unidos, en el caso español, con la proximidad de estos reactores a los 40 años de vida técnica del diseño inicial de las instalaciones (erróneamente denominada vida útil, en un ejercicio de comunicación política para hacer semejantes, de forma interesada, dos conceptos diferentes: vida útil y vida de diseño).

Tampoco hay que abstraerse del conflicto ideológico de trasfondo en lo que se refiere a las actividades nucleares. Mientras los detractores y apologistas antinucleares han visto el devenir del atrabiliario proceso de Garoña como el principio del fin de lo nuclear en España, por otra parte los pronucleares abrigan la posibilidad de que, en unas circunstancias razonables, esta tecnología pueda servir a la transición energética en su proceso de descarbonización, siguiendo el modelo Obama (nuclear más renovables, ahora cuestionado por Trump, pero por la parte renovable), al tratarse de una tecnología no emisora. Una posibilidad que choca con los intereses de abrir huecos de capacidad en el parque de generación.

El retorno de las inversiones

Así las cosas, el anuncio del presidente de Iberdrola ante los accionistas de la compañía en relación a la situación deficitaria de los activos nucleares ha venido a dibujar el terreno de juego que, por otra parte, adquirirá repercusión en los próximos meses en este complicado escenario político y económico. Sánchez Galán ha puesto, con su intervención, el centro de gravedad de la decisión empresarial en la cuestión nuclear en la rentabilidad para el retorno de las inversiones. Mientras desde ciertos sectores interpretan que ha dejado el campo libre al Gobierno, otros consideran que incrementa la presión para el cumplimiento de los compromisos ambientales con Europa, ante la predatoria política fiscal de los populares en relación a la tecnología nuclear.

No es nuevo; los sucesivos gobiernos han comulgado con la teoría retroprogresiva respecto a una rentabilidad cuasi infinita de la energía nuclear que, supuestamente, habilita a la propia Administración a la fijación de impuestos a dicha tecnología también de forma ilimitada. La teoría de los activos amortizados, que “olvida” las inversiones sucesivas realizadas, de mantenimiento y/o futuras, ha servido para situar el conjunto de tasas y gravámenes en cerca del 45% de los ingresos de las nucleares: tasas Enresa del 18%; impuesto sobre combustible gastado del 15%, impuesto a la producción eléctrica del 7% y resto de cánones y tasas (IBI, etc…) en un 5%.

En estas condiciones, hay muchas formas de participar en el debate ideológico/maniqueo antinuclear. Con un escenario socialmente menos virulento ante lo nuclear, pero probablemente más militante en lo político, incluyendo con sus diferencias a PP, PSOE y Ciudadanos (incrementar la fiscalidad es otra forma de participar), el desenlace de la cuestión nuclear vendrá, seguramente, de la parte empresarial. Y lo hará con unas consecuencias económicas y medioambientales para el sistema eléctrico que precisan de un mayor análisis por la Administración.

Las instituciones vascas y ecologistas creen que el futuro de la central nuclear de Garoña está más cerca del cierre

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EFE / Europa Press.- Al igual que la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Vitoria, Greenpeace o Ecologistas en Acción, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno del País Vasco, Arantxa Tapia, cree que las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a que su compañía eléctrica, copropietaria del 50% de Nuclenor junto a Endesa, no tiene interés en volver a operar la nuclear burgalesa, es algo que constata que «el futuro de Garoña está más cerca del cierre«.

Garoña es la central nuclear más antigua de España. Tapia asevera que la sociedad y las instituciones vascas «estaban demandando este paso que ha dado Iberdrola», aunque ha recordado que todavía queda por conocer las decisiones que tomarán “tanto Endesa como Nuclenor». La consejera ha señalado además que «en este momento el posicionamiento del Ministerio de Energía es crucial y, aunque hasta ahora podía haberse posicionado en contra de la continuidad, este nuevo escenario se lo pone aún más fácil».

Tras reclamar a todas las partes implicadas en el futuro de la central burgalesa que actúen de «manera rigurosa y responsable», la consejera ha concluido que «aunque hay gente que no lo quiera ver, Iberdrola es una empresa vasca que hace una clara apuesta por las energías renovables, que además se alinea perfectamente con la estrategia vasca 2030». En definitiva, el Gobierno del País Vasco ha acogido de forma «muy positiva» las palabras de Galán porque «coincide con el criterio» del propio Ejecutivo de que la central burgalesa está “obsoleta” y constituyen una «buena noticia».

Diputación: todo apunta al cierre

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), asegura que todo apunta al cierre definitivo de Garoña tras las declaraciones en las que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que la planta «no es viable«. González ha recordado que la postura de Iberdrola «era más o menos conocida», pero ha subrayado que «la confirmación» de la posición de la eléctrica «es una buena noticia».

«Todo lo que suponga la no apertura es una buena noticia», ha defendido el diputado general, quien ha opinado que «un pronunciamiento tan claro» como el de Sánchez Galán «aboca a la toma de decisión de Nuclenor de no reabrir la central». Así, ha indicado que «el camino que se va viendo» es el del cierre definitivo, por lo que ha advertido de que sería «incomprensible» que el Gobierno central concediese la licencia de reapertura. «El siguiente paso debe ser la toma de posición de Endesa. Pero lo realmente importante es que el Gobierno español no prorrogue la vida útil de la central», ha concluido.

El alcalde habla con Rajoy

Por otro lado, ubicado a 40 kilómetros de la central burgalesa, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), le ha indicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si le quedaba «alguna duda» sobre el desmantelamiento de Garoña la tiene «resuelta» después de las palabras de Galán. Se ha pronunciado así en las redes sociales tras esas afirmaciones de Sánchez Galán, que también ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que desista de solicitar el permiso para reabrir Garoña.

La central de Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, cuando se desconectó de la red por la nueva fiscalidad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió recientemente un informe favorable para que pueda reanudar su actividad y ahora el Gobierno tiene hasta principios de agosto para tomar su decisión. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que no tomará una decisión sobre el futuro de la nuclear burgalesa hasta que haya escuchado a todas las partes.

Ecologistas ven «el fin definitivo»

En el mismo sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que el desinterés de Iberdrola en volver a operar Garoña supone «el fin definitivo de Garoña» y deja al Gobierno y a Endesa «sin coartada» ahora que la pelota está «en su tejado».»Es lo que esperábamos. Iberdrola había manifestado su desinterés por reiniciar la central, pero esta vez lo ha hecho de una forma más evidente», según considera el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. A su juicio, esto «pone muy difícil y hace casi imposible» que Garoña vuelva a funcionar porque no cree que Endesa compre la otra mitad de Nuclenor.

Además, respecto a la posibilidad de que el Estado tenga que indemnizar por lucro cesante, Castejón ha señalado que si Nuclenor por sí misma no acepta un posible permiso y decide no reabrir, entonces no habría lugar a lucro cesante. Sin embargo, si el Gobierno otorga permiso para volver a operar y después lo retira, entonces la empresa sí podría reclamar, por lo que para evitar esa situación, «que rayaría la prevaricación y el servilismo completo a Iberdrola», recomienda al Ejecutivo no autorizar la reapertura.

En ese sentido, insiste finalmente en que no lo haga porque «quedaría fatal», después de lo mal que ha salido ya parado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, en su opinión, ha demostrado «ir más allá de la seguridad nuclear y la protección radiológica y se ha situado más allá de los intereses de Nuclenor, puesto que ha autorizado un permiso a una central que está tan mal que ni siquiera a sus propietarios les merece la pena abrir».

En la misma línea, la portavoz nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, estima que las palabras de Sánchez Galán dejan al Gobierno y a Endesa «sin coartada» y les pide que ahora que «la pelota está en su tejado», el Ejecutivo «no puede ignorar» al Congreso de los Diputados, a los parlamentos autonómicos, a los ecologistas y ahora también a Iberdrola que «ya se han posicionado contra Garoña». Por su parte, apunta a Endesa que «no puede delegar en Nuclenor el reto que le ha planteado su socio» porque Endesa e Iberdrola mandan «al 50%», por lo que les pide que retiren «definitivamente» su solicitud de reapertura» del reactor de Burgos.

«Es la primera vez que Sánchez Galán afirma públicamente que ha pedido a Endesa desistimiento de la solicitud de licencia», ha subrayado. Finalmente, destaca que en la acción de protesta realizada ante la sede de Endesa, Greenpeace asegura que la empresa confirmó su intención de no reabrir en ningún caso la central de Garoña, pero que se resistía a hacerlo público. «Tras el pronunciamiento por parte de Iberdrola, a Endesa solo le cabe hacer pública la decisión que ya tiene tomada, de manera que Nuclenor retire definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña», concluye Montón.

Viesgo también recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Viesgo en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma a los ya interpuestos por Gas Natural Fenosa y Endesa ante la misma instancia judicial por esta cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 27 de marzo. La orden ministerial contra la que se presenta el recurso recoge una refacturación en el recibo de la luz para los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos que hace Energía, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

Endesa subraya su compromiso con la lucha contra el cambio climático y contra la pobreza energética junto a Cruz Roja

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EFE.- La empresa energética Endesa ha firmado un convenio con Cruz Roja Española en Andalucía por el que no cortará el suministro eléctrico o de gas a aquellas personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, en casos que previamente han de informar los técnicos responsables de Cruz Roja. Por otro lado, la compañía ha subrayado su compromiso con el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático. También lamentó la acción desarrollada por Greenpeace en su sede.

Activistas de Greenpeace han desplegado pancartas y globos negros en una acción simultánea en las sedes de las principales eléctricas españolas, Endesa (Madrid), Iberdrola (Bilbao) y Gas Natural Fenosa (Barcelona), para denunciar lo que considera una política de bloqueo a las energías renovables. Fuentes de Endesa han recalcado que la compañía está «firmemente comprometida con el medio ambiente», tal y como demuestra su presencia en índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index World, el Euronext VIGEO o el STOXX Global ESG Leader Index.

Según estas fuentes, las inversiones directas de Endesa en actividades medioambientales, sin contar las realizadas para la mejora de las instalaciones, ascendieron el año pasado a 108 millones de euros, con un incremento del 28,6%. La inversión acumulada en acciones medioambientales supera los 1.525 millones. Además, la compañía pagó más de 874 millones en impuestos medioambientales. «La lucha contra el cambio climático es para Endesa el principal desafío ambiental», han subrayado las fuentes citadas. En este sentido, Endesa ha reducido sus emisiones absolutas de CO2 un 43% respecto a 2005. La compañía se propone avanzar en esta senda y lograr reducciones del 60% en 2030 y del 80% en 2040.

Las fuentes de Endesa han señalado que la política ambiental de Endesa se enmarca en la del Grupo Enel, del que forma parte, cuyos principales objetivos son convertirse en una empresa «carbón neutral» en 2050 y reducir las emisiones específicas de NOx, SO2 y partículas, el consumo de agua y la generación de residuos. Finalmente, condenaron la acción de Greenpeace por «poner en riesgo la integridad física de las personas”.

Endesa pacta con Cruz Roja

Con este acuerdo, la energética se compromete a ayudar y sufragar las deudas económicas generadas por los impagos de consumidores en situación de pobreza energética, facilitando a los técnicos de Cruz Roja la forma de pago de las ayudas que se adopten para evitar el corte de suministro, según indicó. Francisco Arteaga, director general de Endesa Andalucía y Extremadura, ha destacado que tras el convenio se «garantiza que se pueda dar cobertura a todas las personas en situación económica vulnerable que no puedan afrontar los costes derivados del mantenimiento de los suministros básicos del hogar».

Por su parte, José Carlos Sánchez Berenguel, presidente autonómico de Cruz Roja Española en Andalucía, ha destacado que acuerdos de esta naturaleza son «de vital importancia» para su institución, que solo en 2016 atendió a más de 100.000 personas en la comunidad en situación de extrema vulnerabilidad. Esta firma es producto de la acción de esta compañía energética en la búsqueda de soluciones y el desarrollo de nuevas medidas, tanto preventivas como correctivas, para establecer un esquema lo más eficaz posible de apoyo a los clientes vulnerables en esta materia.

El 57% de los hogares están cubiertos ante una situación de pobreza energética en caso de necesidad por acuerdos de Endesa, un porcentaje que la compañía se compromete a seguir aumentando al ser consciente del grave problema que supone la pobreza energética en muchos hogares. Endesa también ha revelado que dejará en suspenso el corte de electricidad y/o gas en el momento que reciba la comunicación de que el titular del servicio es sujeto de una ayuda al respecto e informará sobre los requisitos necesarios para la concesión del bono social cuando sea de aplicación.