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El PP presenta en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prometida por Tejerina desde el Gobierno

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Europa Press.– El PP ha registrado en el Congreso su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que ha elaborado la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se había comprometido a presentar antes del verano.

Este texto, incluye los objetivos para España en materia de reducción de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. En el primer caso, la norma pone como meta una reducción de, al menos, un 26%, mientras que esta cifra se eleva al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, se pretende que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a la eficiencia energética.

Para lograr estas cifras, explica el PP, se deben tener en cuenta los factores medioambientales y socioeconómicos del país, entre ellos el grado de interconexión con otros Estados de la Unión Europea. Del mismo modo, estos objetivos se deben incluir en los planes integrados de energía y clima que se presentan a la Unión Europea cada 10 años y que podrán ser revisados si cambian los compromisos internacionales o europeos.

Del mismo modo, la ley propone la elaboración de un plan de adaptación a este fenómeno para «hacer frente a los efectos del mismo» y que tenga en cuenta la asistencia de grupos sociales y sectores vulnerables. También se exigirá un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberán tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura.

«Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establece que todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y general, deben destinar al menos un 20% de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático», ha explicado la portavoz popular en esta materia, Belén Bajo. Del mismo modo, ha señalado que se propone que «toda la normativa que se apruebe por todas las administraciones públicas» debe integrar la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación, y coste-beneficio.

Más medidas sobre fiscalidad ambiental

El Banco de España deberá elaborar también un informe, cada dos años, en el que explique el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y vulnerabilidades y oportunidades relacionadas con el cambio climático. La ley también incluye medidas sobre fiscalidad ambiental. En este caso, se determina la necesidad de una reforma para «mejorar la aplicación del principio quien contamina, paga» y que contemple cargas fiscales para aquellas actividades que incrementen las emisiones invernadero. Si por el contrario, la actividad contribuye a la reducción de emisiones, tendrá un incentivo fiscal.

«Las administraciones públicas deberán de dar ejemplo, tanto en las contrataciones, como en los planes de reducción de emisiones o en la compra y uso de vehículos para el impulso de la descarbonización de la economía española», apuntó Bajo. Finalmente, la ley propone la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética que estará formado por expertos de reconocido prestigio que servirá de asesoramiento de las políticas y medidas que se vayan aprobando.

Equo habla de «oportunismo indecente«

Por otro lado, el coportavoz de Equo y portavoz de cambio climático de Unidos Podemos en el Congreso, Juan López de Uralde, ha calificado de «oportunismo indecente» esta proposición de ley de cambio climático. En este sentido, la formación ecologista critica que el Grupo Popular haya presentado esta proposición después de la moción de censura que «derribó» al Ejecutivo de Mariano Rajoy «después de 6 años en el Gobierno sin actuar contra el cambio climático».

Según el diputado López de Uralde, el Gobierno del PP redujo «cada año» el presupuesto destinado a la lucha contra el cambio climático y «obstaculizó» el desarrollo de las energías renovables con medidas como el conocido impuesto al sol. Asimismo, ve «paradójico» que tras «reducir sistemáticamente» las partidas públicas encaminadas a combatir el cambio climático, el PP proponga aumentar este gasto un 20% al año. «Es increíble el grado de cinismo que refleja esta propuesta», concluyó el coportavoz de Equo.

Erdogan anuncia la construcción de una tercera central nuclear de Turquía para reducir las emisiones de dióxido de carbono

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EFE.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado la construcción de una tercera central nuclear para reducir las emisiones de dióxido de carbono, según indicaron los medios locales.

«Nuestro objetivo es empezar cuanto antes con la segunda central, y comenzar con la tercera. Porque necesitamos energía limpia. Cuando termine, dará empleo a 10.000 personas«, aseveró el mandatario durante un encuentro electoral dedicado a temas tecnológicos, según el diario Hürriyet.

Erdogan y su homólogo ruso, Vladímir Putin, inauguraron el pasado abril las obras de la primera central nuclear de Turquía, conocida como Akkuyu, en la provincia meridional de Mersin, a orillas del Mediterráneo, y contratada con la empresa rusa Rosatom.

Otra central se proyecta en Sinop, a orillas del Mar Negro, y será construida por un consorcio de la empresa japonesa Mitsubishi y la francesa Avea.

Turquía y Japón firmaron un acuerdo al respecto en 2013, pero las instituciones turcas todavía no han expedido los permisos de construcción necesarios.

«Los países del mundo que más hablan en contra de la energía nuclear son los que más centrales nucleares tienen. Nosotros no caeremos en este juego. Construiremos nuestras propias centrales nucleares», argumentó Erdogan.

«Estos países controlan con éxito el volumen de sus emisiones de carbono. No nos engañen. Controlan las emisiones y emplean una energía totalmente limpia. Nosotros también lo haremos», agregó.

Aunque Erdogan no especificó el lugar previsto para la tercera central, el ministro de Energía turco, Berat Albayrak, avanzó que probablemente se ubicaría en Tracia, la región turca fronteriza con Grecia y Bulgaria.

«En esta región hay mucho consumo de energía, pero no se produce. Así que la elaboraremos localmente y equilibraremos la demanda. Los detalles se darán a conocer muy probablemente durante este año», apuntó el ministro.

La patronal Protermosolar pide una subasta específica para hacer plantas termosolares y acabar con las nucleares y las térmicas

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Europa Press / EFE.- La patronal de la industria termosolar Protermosolar reclama la convocatoria de subastas de 1.000 megavatios (MW) para relanzar la instalación de nuevas centrales termosolares, ya que permitirían prescindir de las nucleares y el carbón y a un precio menor que los barajados en varios estudios. En este sentido, proyecta un escenario de sistema eléctrico para 2030 con un 85,6% de generación renovable y a un coste de menos de 5 céntimos de euro por kilovatio/hora (kWh).

El presidente de Protermosolar, Luis Crespo, presentó el informe Transición del Sector Eléctrico Horizonte 2030, en el que han reflejado el efecto que tendría para cumplir los objetivos medioambientales de 2030 la introducción de más energía termosolar, una fuente que considera que ha sido olvidada en otros informes que se hacen sobre transición energética, incluido el del Comité de Expertos para la Ley de Transición Energética y Cambio Climático (CdE). De hecho, el porcentaje de generación renovable proyectado por la asociación supera ampliamente el 62,1% sugerido por la CdE, con una reducción del 82% de vertidos (hasta los 830 GWh) y del 60% de emisiones de CO2 (hasta los 4,99 millones de toneladas) respecto a lo propuesto por dicha comisión.

Crespo ha explicado que las instalaciones termosolares tiene la ventaja de que pueden recoger la energía del sol, almacenarla y entregarla cuando se necesite, y que las centrales termosolares del futuro se podrían hacer más grandes para que tuvieran 9 horas de almacenamiento y que el despacho de la energía se hiciera a partir del que el sol se pone.

Según Crespo, habría que hacer otro tipo de subastas, pues las subastas neutras comparando exclusivamente costes de generación no entienden de ese tipo de diferencias, por lo que Promotermosolar pide que se haga una subasta de 1.000 MW con el perfil de despacho descrito y otra de 100 MW para demostrar el concepto de hibridación con turbinas de gas de ciclo abierto. En el informe de Protermosolar, los47 gigavatios (GW) de energía fotovoltaica que contempla el Comité de Expertos de Transición Energética para 2030 se reparten en un mix (diferentes fuentes de energía) en el que habría 25 GW de energía fotovoltaica y 20 GW de termosolar. Se contemplan 33 GW de eólica y 5 GW de otras renovables.

Además, Protermosolar reduce de 25 GW que fija el informe de los expertos a 16 GW la representación de los ciclos combinados a gas en el mix de 2030 y elimina totalmente la nuclear y el carbón para atender a la misma demanda prevista que contempla para esa fecha el comité de expertos, que es de 296 teravatios hora (TWh). Según Crespo, ese mix desmonta toda la necesidad de respaldo a las renovables que contempló la Comisión de Expertos en su informe, pues con el despacho de termosolar a partir de la puesta de sol se abastece la misma demanda. Asimismo, las energías renovables alcanzarían una penetración en la demanda energética del 34%, cumpliendo los objetivos de la Unión Europea.

Protermosolar también contempla importar algo de energía, un 4,5% del mix aproximadamente, porque eso es más barato que generar con ciclos combinados y su presidente ha recordado que en cuatro años sólo se han necesitado 16 gigavatios (GW) de potencia máxima de respaldo de ciclos combinados y en momentos muy puntuales. Además, ha recordado que se han pagado 10.000 millones de euros por contratos de interrumpibilidad que no se han utilizado y «eso es también déficit y no sólo las renovables». También ha explicado que el coste sería inferior, pues si se hicieran entre 17 y 18 gigavatios (GW) de termosolar en España el precio sería de 5,5 céntimos de euro el kilovatio hora (KWh).

Crespo ha pedido al nuevo Gobierno que estabilice la retribución de las instalaciones actuales en el 7,4% que perciben, frente a la «amenaza» del anterior Ejecutivo que quería revisarla para rebajarla al 4,2% «ya que no se puede construir el futuro sobre las cenizas del sector», señala. También calificó de «pesadilla» lo vivido con el Gobierno anterior, primero con la moratoria a las renovables y luego con la modificación de su retribución, que ha recordado que ha convertido al sector español en constructor de plantas en lugar de ser dueño.

El informe también especifica la estimación razonable de la media de costes a los que resultaría la generación eléctrica tras las sucesivas subastas por tecnologías durante la próxima década: eólica 4 céntimos de euro/kWh, fotovoltaica 3,5 centimos/kWh, termosolar 5,5 céntimos/kWh, biomasa 6 céntimos/kWh, turbinación por bombeo 2,5 céntimos/kWh, hidráulica 2 céntimos/kWh, residuos no renovables 8 céntimos/kWh, cogeneración 7 céntimos/kWh, ciclo combinado 7,4 céntimos/kWh, importaciones 6 céntimos/kWh y exportaciones 4 céntimos/kWh.

Por lo tanto, la media de costes de generación, de acuerdo a las producciones de cada tecnología, se situaría en el entorno de 4,9 céntimos/kWh y la generación a partir de viento y sol representaría el 65% de la generación total, mientras que el resto dependería de la cogeneración (11%), biomasa y biogás (9%), que elevarían ligeramente el precio del mix, e hidráulica (12%) que reduciría el precio al valor medio de sol y viento.

«El recorte retributivo nos cortó alas para ser promotores en el exterior», ha añadido el presidente de Protermosolar, cuyo informe señala que las inversiones termosolares contribuirían a un incremento de 62.000 millones de euros (3,5 millones de euros/MW para 17,7 GW) del PIB en la fase de construcción y de 5.000 millones de euros (0,25 millones euros/MW para 20 GW) en la de operación. Además, generarían 88.550 puestos de trabajo al año durante la construcción y 1.770 empleos directos adicionales al año en la fase de operación. A partir de 2030, el parque termosolar en operación tendría 20.000 empleos permanentes.

Este estudio es una propuesta alternativa al informe de la comisión de expertos y no se basa en modelos informáticos sino en la proyección realizada a partir de datos horarios de generación reales en años pasados del mix propuesto, «por lo que sus resultados se corresponden con una comprobación real de un mix de renovables optimizado identificando la potencia real de respaldo que le faltaría y llegando a la conclusión de que sobrarían el carbón, las nucleares y parte del parque actual de ciclos combinados».

Las 9 plantas fotovoltaicas proyectadas en Manzanares (Ciudad Real) prevén una inversión de 230 millones de euros y 500 empleos

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EFE.-Los 9 proyectos de plantas fotovoltaicas que se prevén desarrollar en Manzanares (Ciudad Real) supondrán una inversión de más de 230 millones de euros y la creación de entre 400 y 500 empleos en la fase de construcción. Así lo ha indicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, tras reunirse en la localidad con los promotores de estas plantas que suman más de 300 megavatios, con permiso de acceso y conexión.

La consejera destacó que haya 9 expedientes en Manzanares, de los 18 de la provincia de Ciudad Real. 6 expedientes, que suman 215 megavatios, ya están en proceso de información pública. Estas plantas fotovoltaicas facilitarían y mejorarían la calidad de vida en más de 200.000 viviendas y beneficiar a más de 600.000 habitantes, que contarán con acceso a energía renovable, además de la reducción de emisiones de CO2. Franco aseguró que trabajan para acortar los plazos de concesión de permisos que manejan respecto a otras comunidades autónomas, aunque ahora se sitúan ya en 9 meses.

Franco ha subrayado que la región cumple con todo lo necesario para que se instalen este tipo de proyectos: elevada ración solar, terreno disponible y coordinación entre las administraciones para que la implantación sea exitosa, y ha incidido en que «Castilla-La Mancha brilla con luz propia y favorece el desarrollo medio ambiental con energías limpias y sostenibles», que ha confiado en que se vean potenciadas con el nuevo Gobierno central.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 97 expedientes en tramitación correspondientes a proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, que supondrán una potencia adicional de 2.085 megavatios, lo que hará que la región supere los 10.000 megavatios de potencia instalada. En lo que va de año, 249 empresas, 90 hogares y 5 ayuntamientos de la comunidad autónoma han solicitado las ayudas de la convocatoria de 2018 para el aprovechamiento de las energías renovables y al ahorro y la eficiencia energética en Castilla-La Mancha, que cuentan con un presupuesto de 660.000 euros.

El Gobierno regional dedicará en 2018 4,5 millones de euros al fomento de la eficiencia energética y las energías renovables, que se sumarán a los 8,2 millones de euros destinados hasta el momento desde el inicio de la legislatura. A estas cantidades hay que sumar los 19 millones de euros que en los próximos años se pondrán a disposición de los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de zonas ITI para el desarrollo de proyectos tendentes al ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado público y los edificios de la administración.

Los ministros del G20 abordan la transición energética para impulsar las renovables y reducir los subsidios a los combustibles fósiles

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EFE.- Los ministros de Energía del G20 se reunieron en Argentina para discutir acerca de la transición energética, con cuestiones como el empleo de las renovables o la reducción de subsidios a los combustibles fósiles.

La conferencia ministerial tuvo lugar en San Carlos de Bariloche, en la provincia patagónica de Río Negro (sur del país), y los máximos responsables del sector debatieron para consensuar un documento final de conclusiones y líneas de acción para el futuro.

La agenda aborda el fortalecimiento de las energías renovables y la eficiencia energética, el acceso a la energía en América Latina y el Caribe, la reducción de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, la transparencia de la información energética y la digitalización de los mercados energéticos, según los organizadores.

El Ejecutivo argentino, que este año ostenta la presidencia del G20, quiso hacer énfasis en la promoción del «cambio de comportamiento», un concepto que hace referencia a la adopción de «hábitos de consumo saludables».

Con estos cambios en el empleo de la energía pretenden generar beneficios como la reducción de gases de efecto invernadero, menores facturas de energía y una mejora de la competitividad en los sectores industrial y de servicios.

En el encuentro participaron, además de los 20 países que integran el grupo, Singapur, como miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Jamaica, por la Comunidad del Caribe (Caricom), España, Países Bajos y Chile.

También tomaron parte representantes de organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Internacional de la Energía, el Foro Internacional de la Energía, la Sociedad Internacional para la Cooperación en Eficiencia Energética y la Agencia Internacional de Energía Renovable.

Completan la lista de organismos la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Con la premisa de «impulsar las transiciones energéticas hacia sistemas energéticos más flexibles, transparentes y limpios», los contactos comenzaron con un almuerzo informal, seguido de la visita de algunos jefes de las distintas delegaciones a Invap, una empresa estatal dedicada al desarrollo de tecnología nuclear y renovable, satélites e ingeniería aplicada.

Los líderes políticos del sector cerraron la jornada con una cena de trabajo, y continuarán con sesiones plenarias y presentaciones de expertos y organizaciones.

En el marco del encuentro, el ministro de Energía y Minería de Argentina, Juan José Aranguren, y el ministro de Recursos Naturales de Canadá, James Gordon Carr, firmaron tres memorándums de entendimiento en materia de eficiencia energética y cooperación en política minera y en energía nuclear.

Aranguren declaró que, con esos convenios, «ratificaron su compromiso de mitigar el cambio climático, en línea con las metas del Acuerdo de París».

El titular argentino de Energía añadió su intención, como país miembro del G20, de «racionalizar y eliminar, a medio plazo, los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan un consumo derrochador».

Su colega canadiense afirmó que «los principales avances que aceleran realmente la transición hacia una economía baja en carbono solo pueden venir de la colaboración».

Acciona pone en marcha un parque eólico de 183 megavatios en México con una inversión de 200 millones de euros

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EFE.- Acciona Energía puso en marcha el parque eólico El Cortijo, de 183 megavatios, en Tamaulipas (noreste de México), 15 meses después de comenzadas las obras, que han supuesto una inversión de 235 millones de dólares (199,6 millones de euros). Es el primer parque eólico asociado a la reforma energética en México y resultado de la adjudicación de 585,5 gigavatios/hora tras la primera subasta de electricidad.

El Cortijo está ubicado 40 kilómetros al sur de Reynosa (ciudad más populosa del estado de Tamaulipas) y producirá electricidad eólica equivalente al consumo de 350.000 hogares, que evitará la emisión cada año de más de 429.000 toneladas de dióxido de carbono. Consta de 61 aerogeneradores Nordex, modelo AW125/3000, de 3 megavatios de potencia nominal y rotor de 125 metros de diámetro, sobre una torre de hormigón de 120 metros de altura de buje. El Cortijo es el quinto parque eólico en propiedad de Acciona en México, donde totaliza 740 megavatios instalados, ya que a estos 183 en Tamaulipas suma otros 557 en Oaxaca, y además cuenta en México con 303 megavatios eólicos para terceros.

Ribera da 2025 como fecha «orientativa» para el fin del carbón y se muestra contraria a prorrogar las centrales nucleares

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en 2025 la fecha «orientativa» para el fin del carbón en España, para lo que ve necesario impulsar «alternativas» para las comarcas afectadas y ha mantenido su voluntad, también expresada en el programa electoral del PSOE, de cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años.

Ribera ha señalado que es una «cuestión prioritaria» tener un compromiso para generar alternativas «reales» y voluntad de diálogo con las comarcas mineras y con centrales térmicas y nucleares que ven con «legítima» preocupación el fin en el medio plazo de su actividad. Así, ha puesto como fecha orientativa al fin del carbón el año 2025, aunque precisó que no hay una «decisión cerrada», y en 40 años de vida útil el cierre de las centrales nucleares. Para Ribera, en este escenario de caída de peso paulatino del carbón en el mix, es preciso un compromiso «muy serio» sobre las alternativas que requieren un régimen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio.

«No puede dejar a nadie atrás en el camino», indicó Ribera, que considera necesario ver cómo se activa el empleo y se ofrecen alternativas en las comarcas que dependen de las centrales térmicas. Ribera ha destacado que «no es ningún secreto para nadie» que, como consecuencia de la normativa comunitaria y de la decisiones ya tomadas por el Gobierno anterior, la actividad de las centrales térmicas que se alimentan de carbón «es algo que irá decayendo«. «Se necesita mostrar que una sociedad moderna, una sociedad solidaria entiende la preocupación concentrada en esos espacios y ofrece alternativas para esos espacios», ha recalcado y lamentó que hasta ahora ese compromiso por buscar alternativas «no ha estado presente».

En cuanto a las nucleares, ha llamado a preguntarse qué significaría una extensión del funcionamiento de las centrales «desde los puntos de vista de los costes del cierre», un aspecto en el que considera que hay «distorsión» ya que, matiza, «nada apunta a que va a ser más barato cerrar más tarde que más pronto» frente a los «otro tipo de riesgos» que supone alargar su actividad que requeriría otra inversión adicional que deberá ser analizada. También ha instado a plantearse «cuál es la capacidad técnica de sustitución de ese parque» y cómo percibe la población el mantenimiento o el cierre de esas centrales. Asimismo, reiteró que figura en el programa electoral de PSOE su cierre a los 40 años.

Primas renovables y moratoria nuclear

En este contexto energético, la nueva ministra se ha comprometido a hacer «un esquema» que permita «entender» el recibo de la luz, lo que se paga o no en el recibo de la luz, lo que se está dispuesto a pagar y los riesgos e hipotecas que se está dispuesto a asumir y, en base a esto, decidir en qué momento se quiere impulsar un proceso de cambio «sumamente eficiente» que, si es renovable, augura que tendrá un coste más reducido y precios más estables en el medio y largo plazo pero con una inversión mayor. «El gran desafío será entender el negocio«, ha manifestado.

Respecto al «bolsillo» del consumidor, el recibo, según la ministra, depende de las reglas del sistema de fijación de precios de la factura, en la que ha restado importancia a las primas de las renovables y subrayó, por ejemplo, el pago por capacidad, la moratoria nuclear (que no se paga desde 2015) o el pago por la gestión de los residuos nucleares o el pago por kilovatios de origen hidroeléctrico. «Hay que repasar un poco de qué estamos hablando», asumió.

Por otro lado, confía en que se pueda desacoplar «rápidamente» el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para lo que cree necesario cambiar el modelo de crecimiento tradicional, que «no es viable», por lo que insiste en que el Gobierno debe emitir «señales económicas adecuadas de valor y desvalor para los inversores» y ser muy eficientes en los consumos energéticos. «Mi objetivo en el tiempo útil que disponemos en esta legislatura es poder orientar esas señales para que todos los operadores económicos, institucionales y la sociedad vayan asumiendo modelos de decisión mucho más coherentes y ese desacoplamiento se haga evidente, obvio de aquí a muy poco tiempo. Hoy esta señal está muy mitigada», apuntó.

Teresa Ribera ha indicado que sus prioridades «en lo que queda» de legislatura serán la aprobación de la Ley de Cambio climático y la estrategia de transición energética, que empezará a elaborar «ya» tras encontrarse con un borrador del Gobierno anterior «interesante» pero con «carencias importantes» y «poco claro» en la forma de involucrar a todos los sectores sociales. La ministra apostará el resto de legislatura por un modelo de energía y clima que permita generar «consensos» sobre las prioridades que «todos» los cambios requieren para acometer la transición a una economía baja en carbono.

La ministra ha reivindicado que el cambio de nomenclatura ministerial ha sido recibido «fantásticamente» porque representa una «mirada al futuro» en el que energía, clima y medio ambiente han dejado de ser cosas contradictorias. De hecho, ha dicho que el futuro se está abordando «casi» a escala global y que el proceso ya está «en marcha» en Europa de modo que los trabajos de la Comisión de Energía y Clima de la Unión Europea están «muy avanzados» y suponen, en su opinión, una señal de modernización de la industria, de la energía y de la sociedad. Finalmente, ha expuesto que en Europa el debate está en ofrecer señales claras que orienten sobre la forma de avanzar en la transición energética.

El sector de las renovables desea alcanzar un gran consenso sobre el futuro mix energético para avanzar en la descarbonización

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EFE / Europa Press.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, cree que «estaría bien» que hubiera cierto consenso en el país para decir a que mix energético se quiere ir y que «no sólo sea fruto de un Gobierno que dure un año o dos, o los que sea».

González Moya ha señalado que espera también que el Gobierno tenga dentro de sus prioridades el problema de la dependencia energética en España, que ha recordado que nunca ha estado en el debate político y cuesta «muchos millones» al año, al tiempo que ha advertido de que España seguirá teniendo ese problema, pues no tiene gas ni otras fuentes de energía autóctonas, sólo las renovables. Por eso, alerta de una excesiva gasificación de la economía durante el proceso de transición energética, pues aunque el gas puede ayudar a cumplir los objetivos ambientales, puede perjudicar la consecución de los objetivos macroeconómicos.

En este sentido, ha recordado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, cifró en 6.000 millones de euros el coste que tendría para el país una subida de los precios del petróleo. Ha señalado también que España tiene que sustituir la generación con carbón y la de las centrales nucleares, que los socialistas proponen clausurar a los 40 años. González Moya reconoció que en España se han cometido errores en renovables «derivados de decisiones políticas», pero también en el gas, con una sobrecapacidad del sistema que hace que no se utilice en su totalidad.

El director general de APPA señaló que la eólica «será fundamental en la transición energética, al haber alcanzado su competitividad con los precios actuales de mercado». Así, González Moya valoró que el potencial que tiene España en términos de recurso, tejido industrial o capacidad exportadora «la convierten en una de las principales protagonistas del sector energético durante la próxima década».

Ha criticado también el parón que le supuso a la industria renovable la moratoria que aprobó el anterior Gobierno y ha dicho que «es un milagro que el sector siga vivo y siga exportando tecnología y conocimiento, y que sea un sector netamente exportador«. También considera «un error y un desastre» que no haya una planificación en la implantación de nuevas instalaciones renovables y que, con las subastas que se hicieron en poco espacio de tiempo, vaya a hacerse en año y medio lo que no se hizo en 6.

Por su parte, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, consideró que los próximos años supondrán «una revolución para el sector de la energía desde el punto de vista de la producción y el consumo». De esta manera, indicó que, con la puesta en marcha de 5.000 megavatios (MW) de nueva potencia eólica en 2020, las emisiones del sector eléctrico podrían disminuir en un 13% para entonces respecto a 2017.

Por ello, afirmó que a medio y largo plazo es necesario establecer unos objetivos de futuro acordes con el reto de descarbonizar el consumo energético español, y planificar el despliegue de las energías renovables. «Para lograr una transición energética y cumplir con nuestro compromiso con el Acuerdo de París, es urgente tomar medidas en aquellos sectores que pueden reducir sus emisiones como el sector eléctrico, pero también el sector transporte y el residencial. En este sentido, la electrificación tanto del transporte como de la climatización tienen que empezar a avanzar con solidez«, añadió al respecto.

Asimismo, Márquez cree que España tiene que decidir qué posición quiere tener en el mercado mundial de las renovables: lo que «hay que ver es si España quiere ser comprador de tecnología o un desarrollador y constructor de tecnología«. En su opinión, «pagar curvas de aprendizaje bien planificadas» es beneficioso y una de las consecuencias es que en España la energía eólica es la segunda tecnología del mix energético, es sostenible y gana en competitividad.

Márquez se ha referido a los retos que tiene por delante la sociedad en el ámbito energético y, entre ellos, ha señalado que el del operador del sistema o el Ministerio tiene que ser ver qué medidas se necesitan para que la transición sea viable, con políticas de innovación e industriales que aseguren que los objetivos pueden conseguirse en un número determinado de años. No obstante, ha señalado que el gran reto será que los consumidores de energía cambien su modelo para consumir mayoritariamente electricidad.

Márquez, que ha señalado que por ese motivo los grandes ayuntamientos tendrán un papel más determinante que los gobiernos, también indicó que lo de las renovables «ya no es sólo cuestión de los históricos» de este sector. En este sentido, recordó que la petrolera Cepsa en sus perspectivas energéticas a 2030 es la que dio mayor de previsión de crecimiento a la eólica dentro de los numerosos estudios que se han hecho sobre transición energética.

Márquez concluyó que para que la eólica se siga desarrollando hace falta que no haya cambios legislativos que se trasladen a riesgos en la inversión, que las subastas de renovables cuenten con mecanismos que luego permitan a los adjudicatarios acudir a entidades a financiarse, así como con mecanismos de estabilidad que garanticen un rango de ingresos. También espera que en España haya una regulación más sencilla y que se introduzcan cambios en el mercado eléctrico.

Los cogeneradores piden al Gobierno que adecúe la regulación del sector para poder reinvertir y renovar las instalaciones

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EFE.- El presidente de la Asociación para la Promoción de la Cogeneración (Cogen), Julio Artiñano, ha reclamado al nuevo Gobierno una adecuación regulatoria del sector para que pueda hacerse el proceso de reinversión necesario, que tiene que pasar por la renovación de las instalaciones.

Artiñano ha indicado que el nuevo Ejecutivo tiene por delante hacer adecuaciones de la regulación eléctrica para que el país se adapte a los nuevos objetivos de eficiencia energética.

Julio Artiñano ha recordado que el sector de la cogeneración lleva años reclamando a los reguladores que se adopten medidas para que pueda haber una reinversión en el sector, que pasa por renovar instalaciones y también por que arranquen las que están paradas en espera de esa nueva regulación que les permita volver a hacer las inversiones necesarias.

El presidente de Cogen ha afirmado que en el sector de cogeneración están convencidos de que la adecuación de la normativa «se tiene que dar ya» para hacer frente al final de la vida de instalaciones que se va a dar hasta 2021 y a cubrir las necesidades de los que hicieron inversiones en cogeneración sin ver una compensación.

Ha añadido que el sector que va a tirar más en cogeneración es la industria, que supone el 90% de la cogeneración, y tendrá que hacer las inversiones que no ha podido hacer en los últimos seis años.

El director general de la Asociación Española de Cogeneración, Acogen, Javier Rodríguez, que ha intervenido en sustitución del presidente, Antonio Pérez Palacio, ha indicado que para España es bueno mantener y aumentar la cogeneración, pues ahorra en emisiones de CO2, en infraestructuras, tiene beneficios para el mercado eléctrico, ayuda a mantener la calidad de suministro en las zonas donde está implantada y mejora la eficiencia energética.

Por eso, se ha mostrado convencido de que «se van a tomar decisiones muy pronto» para adecuar la regulación de la cogeneración.

También Juan Antonio Alonso, de Cogen y que ha moderado una mesa redonda sobre transición energética y cambio climático, ha pedido un cambio normativo que propicie las inversiones en cogeneración y cuente con un marco para ello como tuvo anteriormente.

Ribera se estrena en el consejo de Energía de la Unión Europea con una cita clave contra el cambio climático

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EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se estrena este lunes en el plano internacional con un consejo de ministros de la Unión Europea en Luxemburgo en el que se perfilarán aspectos clave de la legislación comunitaria contra el cambio climático para 2030. Los ministros debatirán una modificación en su posición conjunta sobre los objetivos comunitarios en eficiencia energética y en renovables para ese horizonte, baremos que luego los Estados del Consejo Europeo deberán negociar con el Parlamento Europeo.

Inicialmente, los 28 Estados miembros de la Unión Europea defienden un objetivo de mejorar un 30% la eficiencia energética y de alcanzar una tasa del 27% para renovables, frente al 35% para ambos casos que pide de entrada la Eurocámara, con metas vinculantes para los países. Pero los equilibrios podrían variar tras los recientes cambios de Gobierno en España e Italia, dos de los grandes países del club comunitario cuyos nuevos Ejecutivos tienen un discurso más ambicioso en sus proyectos de transición energética. «Espero que un cambio de posición de España pueda arrastrar a un cambio de posición en el Consejo del resto de países», asevera el eurodiputado socialista José Blanco, ponente del Parlamento Europeo en materia de energía renovable.

Desde que ambas instituciones cerraron sus posiciones sobre este asunto han tenido lugar cuatro reuniones entre sus negociadores y la próxima está prevista para el 13 de junio. Por tanto, la incógnita es saber si los Estados miembros aceparán subir la proporción de renovables para 2030 para facilitar un acuerdo con la Eurocámara. De hecho, la Eurocámara está dispuesta a flexibilizar su postura y dejar el objetivo «en torno al 34% como mínimo», en línea con la recomendación de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), explicó Blanco, quien apuntó que en el Consejo (que representa a los países) también se habla ya de un «31% o 32%» en renovables.

Más allá de los escaños del Parlamento Europeo, entre las organizaciones ecologistas también esperan que España salga del grupo de los países más conservadores en la negociación, que se identifica con las tesis de Polonia, un país con una alta dependencia energética en el carbón. Fuentes de organizaciones ecologistas sitúan junto a Polonia en el vagón de cola a países como Alemania, Hungría y Rumanía. Entre los que más presionan por un acuerdo osado citan a Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Suecia y, ahora, España, de la que esperan esté a la cabeza del grupo en ambición, apostando en la negociación por el 35%.

«En los últimos años, hemos visto más retroceso que progreso en las políticas sobre clima y energía en España», resaltó el director para Europa de la Red de Acción Climática (CAN), Wendel Trio. Esa organización espera que «Ribera, con su rica experiencia previa, ahora puede impulsar que el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea para 2030 sea mucho mayor que el 40%». Para los ecologistas, solo así la Unión Europea podrá cumplir con sus compromisos para alcanzar el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura media mundial a final de siglo por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, recogido en el Acuerdo de París.

En ese sentido, el consejo europeo servirá también para que los ministros debatan sobre el reglamento para la gobernanza de la Unión de la Energía, que debería ser el instrumento para garantizar una estabilidad y certidumbre que favorezca las inversiones financieras en el área de la energía limpia. «La alianza entre los países más progresistas con capacidad de transformar las cosas es la única manera de hacer creíble e ilusionar y de gestionar algo tan complejo», agregó Ribera, quien subrayó que «España tiene que estar a la cabeza en la construcción europea» en términos de transformación de su modelo económico, aunque reconoció la dificultad de «salir de un modelo en el que hay una serie de inversiones, de intereses creados».

Otro de los puntos de debate sobre la mesa es el borrador legislativo para renovar las competencias de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que se encarga de garantizar el buen funcionamiento del mercado único del gas y la electricidad. Por último, los Veintiocho debatirán sobre los temas energéticos que se abordarán durante el segundo semestre, periodo en el que Austria asumirá la presidencia de turno de la Unión Europea.