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La rentabilidad propuesta por la CNMC para las redes de distribución es menor a la europea, según la patronal Unesa

Europa Press.- La rentabilidad propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de distribución eléctricas es inferior a la vigente en el entorno europeo, según advierte la patronal eléctrica Unesa. La CNMC, en el ámbito de sus funciones reguladoras, ha emitido un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores.

La CNMC aplicó la metodología habitual en otros países para la retribución de las redes aunque, en opinión de Unesa, requiere ajustes en los parámetros. Así, explica que tal y como hacen casi todos los reguladores europeos, la metodología de la CNMC para fijar la tasa de retribución se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en sus siglas en inglés),»lo cual supone un avance sustancial respecto a la ausencia de metodología de la tasa actual de retribución, fijada por el Gobierno en referencia al bono español a 10 años», explica Unesa.

Este borrador se somete a audiencia pública con plazo hasta septiembre. En este sentido, Unesa advierte de que una definición «inadecuada» de los parámetros que lo componen puede dar lugar a resultados que no reflejen la realidad de los mercados ni las características de la actividad en cuestión. A falta de un análisis detallado, el borrador de informe de la CNMC de la tasa de retribución arroja un diferencial con respecto al bono español a 10 años de 400 puntos básicos, inferior a la media de otros países europeos, en los que se alcanzan los 500-550 puntos básicos, explica Unesa.

Unesa resalta que la tasa que se fije para el próximo período regulatorio debe permitir afrontar el desafío de digitalizar y modernizar las redes de distribución para integrar nueva producción a partir de fuentes renovables, así como para facilitar la transición energética. «Un proceso en el que las redes de distribución jugarán un papel clave para integrar distintos recursos distribuidos, como generadores a pequeña escala o puntos de recarga de vehículos eléctricos, y todo ello manteniendo los estándares de calidad del suministro«, argumenta. De este modo, señala que la «esperada» electrificación de la economía es «inconcebible» sin el consiguiente refuerzo de las redes a las que se conectan dichas instalaciones.

Por ello, el marco regulatorio y la rentabilidad adecuada deben estar alineados, «de manera que no parece razonable fijar un diferencial con el bono español por debajodel que se aplica en los países de nuestro entorno», esgrime. Unesa recuerda que la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones. «Sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones en un entorno cada vez más competitivo, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía», concluye.

Iberdrola celebra el acuerdo europeo de renovables y la patronal APPA habla de una inversión de 100.000 millones en España

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, augura que la cuota del 32% de renovables que fijó la Unión Europea para 2030 podría suponer unas inversiones en España de entre 80.000 y 100.000 millones de euros. Por su parte, Iberdrola ha aplaudido «la ambición» demostrada por los países europeos y considera que representa una «muy buena noticia para la industria y la economía española y europea».

La energética también valora el compromiso de los países para «desplegar mecanismos y decisiones concretas» para avanzar en el proceso de descarbonización y electrificación de la economía y aprovechar «todas sus oportunidades». Subraya que con este acuerdo, alcanzado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre la directiva de renovables, «se abren nuevas oportunidades en términos de generación de empleo y riqueza en un sector en el que las empresas españolas y europeas están muy bien posicionadas«.

Además, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que el objetivo mínimo del 32% de energía renovable para 2030 es «alcanzable y está sustentado en la evolución que han experimentado las tecnologías renovables, que ha hecho posible disponer de una energía competitiva, segura y asequible«. Para Iberdrola, decisiones como esta «permiten actuar contra los efectos del cambio climático, apoyar una transición justa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que se reduce paulatinamente la dependencia energética exterior de nuestra economía».

APPA ve bien el objetivo

Al margen de la millonaria inversión prevista en España, González Moya ha indicado que para APPA el acuerdo es una «muy buena noticia», así como que se haya conseguido antes de que cambiara la presidencia de la Unión Europea, que actualmente ostenta Bulgaria. El responsable de APPA ha considerado un «éxito» la negociación, aunque cree que se podía haber sido «un poquito más ambicioso», ya que el 32% acordado se sitúa entre el 27% que pedían inicialmente los países y el 35% que reclamaba la Eurocámara, si bien en 2023 podrá ser revisado al alza.

Por eso, ha señalado que APPA está «razonablemente» satisfecha con el acuerdo y ha añadido que ahora habrá que ver cómo se asume por los países ese objetivo medio de un mínimo del 32% para la Unión Europea en 2030, para lo cual habrá que esperar a los planes nacionales de energía y clima que los países tendrán que presentar antes de que acabe el año. No obstante, ve esa cuota como un «buen empujón» para la industria nacional de renovables, pues a partir de ahora todo lo que se haga en energía será renovable.

«Insuficiente» para la Fundación Renovables

Por su parte, la Fundación Renovables ha valorado «el esfuerzo negociador» del Parlamento Europeo para aumentar el objetivo de renovables al 32% para 2030, desde la propuesta de partida «ridícula y exigua» del 27%, aunque ha considerado que el acuerdo finalmente adoptado por el trílogo se trata de «una meta poco ambiciosa e insuficiente para combatir el cambio climático y la dependencia energética en la Unión Europea». La Fundación señala también que, al no ser un objetivo vinculante, cada Estado puede aumentar el porcentaje indistintamente de esta meta, «ya que al final lo que contará es un cómputo de la cobertura con renovables en el conjunto de la Unión Europea».

En este sentido, considera positivo que el texto aprobado por el trílogo introduzca una cláusula de revisión exclusivamente al alza en 2023. Asimismo, insiste en que es «imprescindible» actuar sobre la demanda electrificándola de manera generalizada y en un objetivo de que el 80% de la electricidad en España se genere con renovables para el 2030, lo que permitirá cumplir el objetivo acordado en la Unión Europea de alcanzar el 32% de cobertura de demanda final de energía prácticamente sólo a través del consumidor eléctrico.

2021 sin cargos al autoconsumo

Por otra parte, la Fundación Renovables aplaude que el texto de la revisión de la directiva de renovables incluya la eliminación de los peajes de acceso (cargo fijo y cargo transitorio), el impuesto al sol que en España se aplica a las instalaciones de autoconsumo mayores de 10 kW, si bien abre la puerta a un posible establecimiento a futuro de un peaje para autoconsumos de más de 25 kW.

Además, la Fundación Renovables agradece la labor realizada por el eurodiputado José Blanco, ponente de la propuesta de revisión de directiva de renovables del Parlamento Europeo, así como el trabajo desempeñado por el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Finalmente, valora «el último impulso» que ha supuesto el cambio de posicionamiento del Gobierno con la incorporación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El sector de las renovables desea alcanzar un gran consenso sobre el futuro mix energético para avanzar en la descarbonización

EFE / Europa Press.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, cree que «estaría bien» que hubiera cierto consenso en el país para decir a que mix energético se quiere ir y que «no sólo sea fruto de un Gobierno que dure un año o dos, o los que sea».

González Moya ha señalado que espera también que el Gobierno tenga dentro de sus prioridades el problema de la dependencia energética en España, que ha recordado que nunca ha estado en el debate político y cuesta «muchos millones» al año, al tiempo que ha advertido de que España seguirá teniendo ese problema, pues no tiene gas ni otras fuentes de energía autóctonas, sólo las renovables. Por eso, alerta de una excesiva gasificación de la economía durante el proceso de transición energética, pues aunque el gas puede ayudar a cumplir los objetivos ambientales, puede perjudicar la consecución de los objetivos macroeconómicos.

En este sentido, ha recordado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, cifró en 6.000 millones de euros el coste que tendría para el país una subida de los precios del petróleo. Ha señalado también que España tiene que sustituir la generación con carbón y la de las centrales nucleares, que los socialistas proponen clausurar a los 40 años. González Moya reconoció que en España se han cometido errores en renovables «derivados de decisiones políticas», pero también en el gas, con una sobrecapacidad del sistema que hace que no se utilice en su totalidad.

El director general de APPA señaló que la eólica «será fundamental en la transición energética, al haber alcanzado su competitividad con los precios actuales de mercado». Así, González Moya valoró que el potencial que tiene España en términos de recurso, tejido industrial o capacidad exportadora «la convierten en una de las principales protagonistas del sector energético durante la próxima década».

Ha criticado también el parón que le supuso a la industria renovable la moratoria que aprobó el anterior Gobierno y ha dicho que «es un milagro que el sector siga vivo y siga exportando tecnología y conocimiento, y que sea un sector netamente exportador«. También considera «un error y un desastre» que no haya una planificación en la implantación de nuevas instalaciones renovables y que, con las subastas que se hicieron en poco espacio de tiempo, vaya a hacerse en año y medio lo que no se hizo en 6.

Por su parte, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, consideró que los próximos años supondrán «una revolución para el sector de la energía desde el punto de vista de la producción y el consumo». De esta manera, indicó que, con la puesta en marcha de 5.000 megavatios (MW) de nueva potencia eólica en 2020, las emisiones del sector eléctrico podrían disminuir en un 13% para entonces respecto a 2017.

Por ello, afirmó que a medio y largo plazo es necesario establecer unos objetivos de futuro acordes con el reto de descarbonizar el consumo energético español, y planificar el despliegue de las energías renovables. «Para lograr una transición energética y cumplir con nuestro compromiso con el Acuerdo de París, es urgente tomar medidas en aquellos sectores que pueden reducir sus emisiones como el sector eléctrico, pero también el sector transporte y el residencial. En este sentido, la electrificación tanto del transporte como de la climatización tienen que empezar a avanzar con solidez«, añadió al respecto.

Asimismo, Márquez cree que España tiene que decidir qué posición quiere tener en el mercado mundial de las renovables: lo que «hay que ver es si España quiere ser comprador de tecnología o un desarrollador y constructor de tecnología«. En su opinión, «pagar curvas de aprendizaje bien planificadas» es beneficioso y una de las consecuencias es que en España la energía eólica es la segunda tecnología del mix energético, es sostenible y gana en competitividad.

Márquez se ha referido a los retos que tiene por delante la sociedad en el ámbito energético y, entre ellos, ha señalado que el del operador del sistema o el Ministerio tiene que ser ver qué medidas se necesitan para que la transición sea viable, con políticas de innovación e industriales que aseguren que los objetivos pueden conseguirse en un número determinado de años. No obstante, ha señalado que el gran reto será que los consumidores de energía cambien su modelo para consumir mayoritariamente electricidad.

Márquez, que ha señalado que por ese motivo los grandes ayuntamientos tendrán un papel más determinante que los gobiernos, también indicó que lo de las renovables «ya no es sólo cuestión de los históricos» de este sector. En este sentido, recordó que la petrolera Cepsa en sus perspectivas energéticas a 2030 es la que dio mayor de previsión de crecimiento a la eólica dentro de los numerosos estudios que se han hecho sobre transición energética.

Márquez concluyó que para que la eólica se siga desarrollando hace falta que no haya cambios legislativos que se trasladen a riesgos en la inversión, que las subastas de renovables cuenten con mecanismos que luego permitan a los adjudicatarios acudir a entidades a financiarse, así como con mecanismos de estabilidad que garanticen un rango de ingresos. También espera que en España haya una regulación más sencilla y que se introduzcan cambios en el mercado eléctrico.

Red Eléctrica ve «absolutamente necesario» alargar el funcionamiento de las centrales nucleares «al menos 10 años»

Europa Press / EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, considera «absolutamente necesario» e «imprescindible» alargar la vida útil de las centrales nucleares en España «al menos 10 años», según convenga el regulador CSN, si se quieren alcanzar plenamente los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero durante el proceso de transición energética para reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 en 2050. Incluso lo considera «inevitable» para alcanzar la reducción de emisiones comprometida para 2030 en el marco del Acuerdo de París.

En la Comisión para el estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, Folgado ha destacado que la nuclear jugará un papel «relevante» durante el tiempo que dure la transición energética y resaltó la importancia de potenciar las interconexiones eléctricas, el mallado de la red y la eficiencia energética, aspectos que «salvarán» en el largo plazo a España junto con sus «ventajas competitivas». A su juicio, la transición energética debe llevar a que la energía sea un «motor» económico y no factor limitador económico, «a diferencia del pasado». En ese tránsito, ve un mix de tecnologías en el que las nucleares y el carbón serán «absolutamente necesarias» para maximizar el uso de renovables.

En cuanto a los plazos, no cree que las centrales de carbón puedan ir más allá de 2030 y de las nucleares ve que alargar su vida 10 años es «realmente» necesario para bajar los precios, reducir las emisiones y cumplir objetivos. «Soy partidario de que, como reza el documento de expertos sobre transición energética, se alargue el funcionamiento de las centrales nucleares«, ha zanjado. Por otro lado, ha pronosticado que la «masiva implantación de renovables» será una fuente sostenible de energía en España, incluso por encima de otros países a pesar de sus dos limitaciones, como son su imposibilidad actual de almacenar energía primaria y a su extraordinaria variabilidad.

Además de no generar emisiones de CO2, Folgado recordó que las nucleares no encarecerían el precio de la luz, y representan un «respaldo competitivo» para las renovables con el fin de garantizar la seguridad del suministro hasta que se desarrollen tecnologías de almacenamiento masivo de las renovables. El presidente de REE subrayó a los diputados que «la energía ha estrangulado el crecimiento económico de España», fundamentalmente por el desequilibrio de precios y la dependencia de energía importada, alrededor de un 75%, frente al 50% de los países del entorno, por lo que ha pedido que la Ley de Cambio Climático que salga de esta comisión tenga en cuenta esta variable.

En este sentido, para cumplir los objetivos energéticos respecto a los compromisos de la Unión Europea y del Acuerdo del Clima de París, ve fundamental avanzar en una mayor electrificación de la sociedad, fomentar la movilidad sostenible, aumentar la participación de las renovables en el mix y maximizar el uso de la capacidad ferroviaria para el transporte de mercancías, que está en el 4%, frente al 20% en otros países europeos, mejorando la infraestructura de vías actual para garantizar el acceso del tren a los núcleos industriales. «Hay que dar un paso de gigante en ese tema», subrayó Folgado, que indicó que la introducción de renovables en el sistema eléctrico de cara a 2030 no debe ser inferior al 60%.

Respecto a la movilidad sostenible, ha señalado que es «irreversible» la mayor electrificación del transporte dadas las tendencias globales y los compromisos de descarbonización asumidos. Por otro lado, sobre el vehículo eléctrico valora que se esté iniciando su despliegue a pesar de las «importantes barreras de entrada» que sufre a consecuencia de su coste más elevado, su menor autonomía y la escasa infraestructura de recarga. Por eso insistió en que un plan de movilidad sostenible debe incluir estímulos, como favorecer fiscalmente los vehículos eléctricos, y una regulación adecuada pero ha apostado porque se va a producir con «bastante rapidez» un proceso de cambio en las líneas de montaje hacia coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Del mismo modo, considera importante actuar en el tema de los buques, que atracados en los puertos contaminan «una barbaridad», y cree que el mayor porcentaje de ahorro y eficiencia debería llegar por el acondicionamiento del parque de viviendas, que supone un 11% de las emisiones de CO2. En ese ámbito, asegura que hay un potencial de mejora de la eficiencia energética en 12 millones de viviendas en España, para lo que aconseja aprobar un nuevo código de edificación, establecer la obligatoriedad de hacer una certificación energética, y apostar por sistemas como geotermia o aerotermia, las placas de inducción o la sustitución por electrodomésticos de bajo consumo, entre otras medidas.

En definitiva, Folgado opina que para el desarrollo masivo en el medio y largo plazo de las renovables y mantener los precios competitivos es un «requisito imprescindible» avanzar en el mercado interior de la energía con el desarrollo de un buen mallado de red de transporte energético y en las interconexiones eléctricas que permitirán utilizar tanto la eólica marina del mar del norte a la solar del sur de España en el conjunto de Europa.

El segundo compareciente en la comisión, Alberto Amores, experto en transición energética de la consultora Deloitte, coincidió con Folgado en que cerrar las centrales nucleares «no es una alternativa lógica» ya que «subiría el precio de la luz y habría que recurrir a más consumo de gas o carbón». Amores ha incidido en que la expansión masiva de renovables, la eficiencia energética y la electrificación de la demanda final de energía, especialmente en sectores como el transporte y la edificación que representan el 75% del consumo final, son las claves para la descarbonización de España.

Endesa apuesta por alargar la operación de las centrales nucleares a los 50 o 60 años en la transición energética

Europa Press.- Endesa ha defendido su apuesta «clara, propia y diferenciada» por operar las centrales nucleares a largo plazo, hasta alcanzar los 50 o 60 años, en la transición energética para poder cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

En este sentido, el presidente de Endesa, Borja Prado, expresó la posición «clara, propia y diferenciada» en materia de transición energética de la empresa que pasa por buscar oportunidades de inversión para aumentar en el corto plazo el parque renovable y que considera que la generación térmica continua siendo un elemento «indispensable» en la transición de fuentes emisoras de CO2 a renovables. Además, indicó que junto con los organismos reguladores competentes se están «planteando esquemas que permitan extender la vida útil» de las centrales nucleares a las que ha calificado de «pilar fundamental» para garantizar la seguridad de suministro eléctrico a medio plazo. Otro de los compromisos manifestados tiene que ver con la investigación de sistemas de almacenamiento de electricidad.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha precisado que la empresa estima que para cumplir con los Acuerdos de Clima de París es «imprescindible» extender la operación de las centrales nucleares hasta los 50 o 60 años «al igual que han hecho diversos países» del entorno. Por ello, ha informado de que en el marco del Plan Industrial 2018-2020 se dará un «fuerte impulso» al compromiso con la descarbonización para alcanzar un «mix» de generación 100% neutro de emisiones en 2050.

Recursos “indispensables” para las térmicas

De ese modo, ha añadido que centrarán las nuevas inversiones de generación en renovables y en las actuaciones «necesarias» para extender la operación de las centrales nucleares. Por el contrario, sobre las térmicas, Bogas ha indicado que a estas solo se dedicarán los recursos «indispensables» para asegurar su compatibilidad ambiental «durante el tiempo en el que sean necesarias» y para mantener la seguridad del suministro en los sistemas no peninsulares.

Endesa produjo 78,6 TWH, lo que supone un incremento del 13% respecto a 2016, porque la escasa disponibilidad de energía hidráulica condujo a un fuerte incremento de la producción térmica, según ha apuntado el consejero delegado. De esta producción, ha añadido que las tecnologías libres de emisiones de CO2 (es decir, hidroeléctrica, eólica, solar y nuclear) representaron el 44% de la generación total de Endesa.

Respecto al Informe sobre Transición Energética presentado por la Comisión de Expertos al Gobierno, ha dicho que varios de sus ejes tienen una «amplia coincidencia» con las posiciones de Endesa. Entre esos puntos coincidentes se ha referido en particular a la extensión de las centrales nucleares, a la electrificación de la demanda, a la actuación sobre las emisiones de los sectores difusos, a la sustitución progresiva de generación térmica por generación renovable, a la promoción de los vehículos eléctricos y a la importancia de compartir entre todos los sectores los costes de la política energética.

España defiende en la Unión Europea un objetivo ambicioso en renovables para el año 2030 vinculado a reforzar las interconexiones

Europa Press.- España ha defendido un nivel «ambicioso» en renovables para 2030, aunque ha subrayado que este objetivo debe venir acompañado «de un refuerzo muy significativo» de las interconexiones, así como de medidas tanto en eficiencia energética como en electrificación de demanda final que permitan la incorporación eficiente de nueva potencia renovable.

Según el Ministerio de Energía, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asistió a una reunión donde se debatió sobre los objetivos en materia de renovables y eficiencia energía para el año 2030 en la Unión Europea. Además, se ha hablado de las medidas para alcanzar una gobernanza europea en materia de energía y clima, así como de la revisión de competencias de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER).

Se busca un acuerdo de los países con el Parlamento Europeo sobre la Directiva de Renovables, la Directiva de Eficiencia Energética y el Reglamento de Gobernanza antes del verano. En este sentido, se han celebrado varios trílogos para aproximar posiciones del Consejo con el Parlamento Europeo y la Comisión. Navia también reclamó que se apliquen pronto las nuevas reglas de Eurostat sobre la contabilidad pública de nuevas inversiones en eficiencia, así como mayores fondos europeos dedicados a eficiencia energética. Además, Navia destacó la importancia de garantizar que la transición energética sea eficiente, ofrezca unos precios competitivos de la energía y esté basada en reglas definidas.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos rechaza la propuesta de los expertos de subir el gasóleo un 28,6%

EFE.– La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las propuestas presentadas recientemente al Ministerio de Energía realizadas por parte de la comisión de expertos que está trabajando en la ley de Transición Energética, ha mostrado su «completo rechazo» al aumento sugerido al impuesto del gasóleo como vía para descarbonizar el transporte, según ha indicado.

En concreto, la organización agraria es contraria a la postura de esta comisión que presupondría que la fiscalidad es la única manera para disminuir las emisiones y, por este motivo, habría propuesto el aumento de los impuestos hasta incrementar el precio del gasóleo un 28,6%, mientras que para la gasolina este incremento sería sólo del 1,8%. Según estiman, los agricultores tendrían que pagar 200 millones de euros más al año por el gasóleo agrícola que consumen en sus labores. Igualmente, consideran que las propuestas realizadas están más enfocadas a los problemas de contaminación de las grandes ciudades, afectadas por las emisiones de óxido nitroso y de partículas, olvidando que los vehículos de gasolina emiten CO2.

Sin embargo, la organización ve positivas otras observaciones realizadas por el grupo de expertos en relación a mejorar la electrificación en todo lo que sea posible, propuesta que han realizado desde hace años sin que se ponga en marcha por las administraciones un verdadero plan de electrificación. En este sentido, Unión de Uniones destaca que, no sólo no se ha hecho el plan sino que el agricultor está obligado por los peajes a pagar por un suministro eléctrico que no utiliza en temporada baja, desincentivando el consumo de energía eléctrica frente a los combustibles fósiles.

Por todo ello, la organización considera importante «abrir un diálogo» con los profesionales del campo, la industria alimentaria y la de maquinaria agrícola antes de hacer que los costes de producción para el agricultor y los consumidores finales se incrementen de manera injustificada, sin haber planteado antes otras medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad y la eficiencia. «No se pueden poner impuestos al sol y luego criticar que no se usan lo suficiente las energías limpias. Estamos concienciados con los problemas ambientales y somos los primeros que nos sentimos amenazados por el avance del cambio climático y aprovecharemos cualquier herramienta innovadora que pongan a nuestra disposición para contribuir al combatirlo», aseguraron desde Unión de Uniones.

AEE valora el informe del comité de expertos pero cree que «no queda reflejado» todo el potencial de la eólica

Europa Press / EFE.- Mientras desde Equo, integrante de Unidos Podemos, aseguran que el informe del comité de expertos sobre transición energética señala que el aumento de la capacidad de la interconexión con otros países no facilita la consecución de los objetivos ambientales y no favorece a las renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora el informe de los expertos, ya que «propone medidas positivas», pero considera que el potencial de la eólica «no queda reflejado en todos los escenarios contemplados por los expertos«.

La patronal destaca que el documento contempla «un incremento sustancial» de la generación renovable en el sistema en los próximos años, apuesta por una reforma de la fiscalidad, una gobernanza independiente y una reducción de los extracostes de la tarifa eléctrica, todo ello respaldado por un aumento sustancial en la electrificación de la economía. Sin embargo, AEE cree que los parámetros asignados a la eólica no reflejan la actualidad de esta tecnología en lo referente a costes y horas de producción, donde en las últimas subastas de nueva potencia la inversión inicial fue de 1,2 millones de euros por megavatio (MW), un 7,7% menos que en el informe, mientras que las horas equivalentes mínimas eran de 3.000, un 36% más.

El informe, sin embargo, contempla una inversión de 1,3 millones de euros por MW y 2.200 horas equivalentes mínimas. Asimismo, AEE señala que en el escenario que más ventajas ofrece para el cumplimiento de los objetivos a 2030, se contempla un incremento de la eólica de 31.000 a 47.150 MW, constatando que con una mayor aportación de esta tecnología es posible alcanzar «objetivos más ambiciosos de la aportación de renovables en el mix (energías que suministran la electricidad), por encima del 27% en energía final«.

Por otra parte, considera que hubiera sido «deseable» que los expertos hubieran tenido en consideración la repotenciación del parque eólico español, del que el 50% tendrá en 2030 más de 25 años. Según la AEE, la repotenciación implica que, con menos aerogeneradores, se logra más producción de energía (en algunos casos hasta el doble) y la eficiencia es mayor, lo que redunda en un mayor cumplimiento de los objetivos europeos que se aprueben para 2030.

Así, AEE, que subraya que el informe de los expertos es «un paso adelante» en el debate sobre cómo hacer la transición energética en España, ve necesaria una planificación para los próximos años que garantice un mix equilibrado y una integración «ordenada y progresiva» de las tecnologías renovables según su nivel de competitividad. Esta asociación ya presentó un documento para su consulta a los expertos en el que señalaba que la potencia eólica instalada en España en 2020 alcanzaría los 28.000 megavatios (MW) y en la década siguiente los 40.000, un escenario que la AEE califica de «posible» y «realista».

Equo cuestiona las interconexiones energéticas

Por su parte, tras el informe de los expertos, la diputada de Equo / Unidos Podemos, Rosa Martínez, exigió de nuevo al Gobierno y a Red Eléctrica la paralización del proyecto de conexión eléctrica entre España y Francia por el Golfo de Vizcaya. Martínez asegura que, según los resultados obtenidos de las simulaciones eléctricas recogidas en el informe del comité de expertos para asesorar la estrategia de energía y clima, las interconexiones no mejoran la consecución de los objetivos ambientales.

Para la diputada, se desmienten así parte de los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Energía para justificar la construcción de la megainfraestructura submarina proyectada en el Golfo de Vizcaya, 278 kilómetros de cables submarinos más otros 80 terrestres para unir la estación de conversión existente en Gatika, (Vizcaya) y la estación de Cubnezais, en la región francesa de Aquitania.

Según Martínez, las simulaciones del informe reflejan que, con la interconexión, por una parte, se aumentan las emisiones, y por otra, se mantiene o se reduce el porcentaje de energías renovables estimado en energía final. A esto ha de sumarse, según el estudio, que un incremento de las interconexiones se traduce en un aumento del coste marginal de la energía. El experto propuesto desde Unidos Podemos, Cristóbal José Gallego, apunta además en sus conclusiones que a ese encarecimiento se ha de añadir el aumento de los costes de inversión en la red de transporte, que pasan de 131 a 334 millones de euros al año.

«En este informe del comité de expertos se reconoce que estas interconexiones eléctricas no tienen los beneficios ambientales apuntados y encarecen la luz. El Gobierno de Rajoy tiene que replantearse este proyecto con un gran impacto en el territorio de Vizcaya y un elevado coste económico. No pueden pasar por alto los resultados de estos expertos», insiste Martínez. En caso de que el Ejecutivo de Rajoy siga adelante con el proyecto en Vizcaya, la diputada de Equo en Unidos Podemos emplaza al Gobierno a entregar datos sobre los «beneficios concretos» de este proyecto. «El coste de los actuales proyectos de interconexión en marcha puede convertirse en otro ejemplo más de infraestructuras innecesarias como lo fue el proyecto Castor», advirtió Martínez.

 

El Foro Económico Mundial considera que España debe asumir un mayor compromiso político para lograr una transición energética eficaz

EFE.- España saca buena nota a nivel mundial en cuanto al estado actual de su sistema energético y su nivel de preparación para adaptarse a las futuras necesidades energéticas, pero debe asumir un mayor compromiso político para lograr una transición energética eficaz, según el Foro Económico Mundial. España se sitúa en el puesto 21 de los 114 países analizados en el informe Promover una transición energética efectiva publicado dentro de la edición latinoamericana del Foro Económico Mundial.

A nivel mundial ocupan los diez primeros puestos del Índice de Transición Energética del Foro Suecia, Noruega, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Holanda, el Reino Unido, Austria, Francia e Islandia. España se sitúa con su vigésima primera posición en el ránking por detrás de los diez primeros países, de Nueva Zelanda, Singapur, Uruguay, Irlanda, Malasia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y Costa Rica, pero por delante de Canadá, Japón, Chile o Estados Unidos. El Foro Económico Mundial considera que España tiene un sistema energético con un «buen desempeño», por lo que se posiciona en la posición 14 a nivel global en este capítulo.

En el apartado de la preparación para la transición energética, España ocupa el puesto 27, una posición que el Foro Económico Mundial califica de «elevada». Eso sí, añaden sus expertos, es «más baja que en la mayoría de las economías avanzadas» analizadas. En el análisis sobre la preparación de España para la transición energética se ubica en los puestos 26 tanto en el capítulo de capital e inversión, como en el de infraestructura y clima empresarial innovador. En opinión de los expertos del Foro Económico Mundial, España tendría que mejorar el acceso al crédito, su inversión en capital humano y «asumir un compromiso político más fuerte para lograr una transición energética eficaz en el país».

En el capítulo del desempeño de su sistema energético actual, España destaca por el puesto 15 que logra en la dimensión de la sostenibilidad ambiental. El Foro Económico Mundial indica que el país cubre una «parte importante» de su demanda energética con energías renovables, por lo que supera en 12 puntos la media de las economías avanzadas. El informe revela que en lo que se refiere al porcentaje de la electricidad generada con renovables el país ocupa el puesto 46. A nivel global, el avance hacia la sostenibilidad ambiental se ha detenido y considera que la tendencia prácticamente plana en la intensidad de las emisiones de carbono así lo demuestra.

De acuerdo con sus expertos, en el último lustro se registró una mejora marginal de tan solo un 1,8% anual en comparación con el 3% requerido para cumplir con el Acuerdo de París en materia de objetivos climáticos. Asimismo, se ha constatado un aumento del precio real de la electricidad para los hogares desde 2013 en más de la mitad de países analizados, a pesar de la reducción general del precio del combustible, recuerda el informe. Como dato más positivo el informe destaca tendencias que apuntan a que más del 80% de los países registran una mejora en sus sistemas energéticos en el último lustro.

En los apartados de acceso y de seguridad energética, España ocupa el puesto 15. En tanto, el país destaca en la tasa de electrificación en relación a la población, el uso de combustibles sólidos y la calidad del suministro eléctrico. El Foro Económico Mundial explica que España tiene una base «bien diversificada» de fuentes de energía primaria y socios de importación igualmente diversificados, pero aún «depende sustancialmente de las importaciones para cubrir su demanda energética».

Las furgonetas eléctricas comienzan a ser una alternativa en precios al vehículo convencional para avanzar hacia la descarbonización del transporte

Europa Press.- Las furgonetas son las responsables del 12% del total de las emisiones del transporte en carretera, según un estudio de la consultora CE Delft, que explica que el actual estándar para este tipo de vehículos de 147 gramos por kilómetros de Dióxido de Carbono (CO2) en 2020 es «poco ambicioso», en comparación con el establecido para coches de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.

La propuesta de la Comisión Europea propone reducir las emisiones de furgonetas en un 15% para 2025 y en un 30% para 2030, a pesar de quesu propio estudio de impacto concluye que una reducción de un 40% en 2030 «es mejor», teniendo en cuenta que las furgonetas se usan en negocios y recorren más kilómetros que los coches.

La compañía asegura que en 2018, las furgonetas diésel pequeñas, que constituyen el 40% de las ventas de este tipo de vehículo en la Unión Europea, tienen el mismo coste que las furgonetas eléctricas y libres de emisiones. El estudio muestra que la caída de los precios de las baterías, hasta un 24% en 2017, fue el factor principal que ha conseguido igualar los precios. «La electrificación de las furgonetas es particularmente atractiva porque son las utilizadas por negocios, que tienen en cuenta el precio total (compra y uso)», destacó Miriam Zaitegui, miembro de Ecodes.

«Hay capacidad para que 800.000 furgonetas eléctricas puedan ser conducidas en las carreteras europeas sin suponer un coste adicional a sus dueños respecto a las furgonetas diésel», ha asegurado la responsable de Vehículos Limpios de T&E, Julia Poliscanova. Por su parte, las furgonetas más pequeñas, además, juegan un papel «importantísimo» en la lucha contra la contaminación en las ciudades ya que son las más usadas en el transporte de mercancías.

Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos de las furgonetas eléctricas, la compañía asegura que no suponen ni un 1% del total de las nuevas matriculaciones en Europa, ya que no existe una capacidad de elección «real», al haber 10 modelos con batería eléctrica en el mercado frente a 200 modelos diésel. «El problema es que la industria no ofrece lo que el mercado ya demanda, así que, en favor de un aire limpio, nuestros políticos deben requerir a los fabricantes que inviertan esfuerzos en tecnologías limpias», añadió Poliscanova.