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APPA pide que la Ley de Cambio Climático dé estabilidad regulatoria y una planificación energética a medio y largo plazo

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) expresó su confianza en que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética «siente las bases de una necesaria estabilidad regulatoria y marque una planificación a medio y largo plazo» para el sector de las renovables.

En este sentido, la asociación considera que tanto la Directiva Europea de Renovables, que fija el objetivo europeo del 32% de renovables en el mix energético europeo en 2030, como la Ley de Cambio Climático en España, que pretende marcar una meta en 2030 de un 35% de renovables, representan un «impulso al sector renovable nacional». No obstante, reclamó predictibilidad en la transición energética, dado el volumen de inversiones superiores a los 100.000 millones de euros que deberá acometer el sector privado en la próxima década «para dar respuesta a los objetivos fijados para 2030».

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, cree que el anuncio de que habrá un mínimo anual de 3.000 megavatios (MW) de nueva potencia en concurrencia competitiva «es positivo para dotar de seguridad al sector». Así, subrayó que la planificación energética «es fundamental» para acometer las inversiones y considera que «es mucho más importante hacer bien la transición energética que tener objetivos”. «Debemos hacer grandes esfuerzos en electrificación y en los sectores difusos, especialmente en penetración de renovables, para satisfacer nuestras necesidades de usos térmicos y transporte», añadió Villarig.

La electrificación de la economía en los próximos años será la clave para alcanzar la total descarbonización energética

Europa Press.- La electrificación de la economía y de la sociedad en los próximos años será un elemento clave para avanzar en los objetivos de descarbonización, según el amplio panel de expertos que participó en la jornada Redes Eléctricas: claves para la electrificación de la economía. El tema de debate principal giró en torno a la necesidad de impulsar las redes eléctricas para continuar la transición energética y posibilitar la descarbonización de la economía.

El asesor del Secretario de Estado de Energía, Javier Serrano, aseguró que el Gobierno está apostando por una transición ligada a un cambio de modelo energético, es decir, una transición ecológica y sostenible pero también eficiente y competitiva, en la que se fomente la movilidad sostenible. En este sentido, también se destacó el papel que juegan los vehículos eléctricos en la transición a un nuevo modelo energético, al cargarse en el momento en el que no hay mayor consumo, lo que permite optimizar el sistema y, al mismo tiempo, ofrecer una cantidad de batería suficiente.

Baterías como sistema de almacenamiento

De hecho, se evita que se utilicen los sistemas de generación más eficientes, de forma que por la noche se pueda conseguir utilizar las baterías como sistema de almacenamiento. Serrano también subrayó que la integración de las renovables supone un doble reto: la necesidad de reforzar la red eléctrica y evitar la intermitencia de las redes para favorecer el consumo. El resto de ponentes afirmaron que «solo las redes eléctricas» pueden ser el elemento que permita integrar los recursos energéticos distribuidos, dar respuesta a la flexibilidad que requieren las renovables, propiciar un papel activo del consumidor y permitir el despliegue de la carga eléctrica móvil que supone el vehículo eléctrico.

APPA pide al Gobierno un «papel clave» para los biocarburantes en el Plan Nacional de Energía y Clima a 2030

Europa Press.- APPA pide al Gobierno «un papel clave» para los biocarburantes en el futuro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el marco de alcanzar «unos objetivos de energías renovables y de descarbonización en el transporte ambiciosos y robustos».

La asociación considera que, aun cumpliéndose «el ambicioso» objetivo de electrificación avanzado por el Gobierno de llegar a los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, un 70%-80% del parque de vehículos ligeros previstos en España para ese horizonte seguirá funcionando con motores de combustión. Así, señala que los biocarburantes serán «la única opción renovable, al igual que para la aviación, la navegación marítima y los vehículos pesados de carretera». Además, recuerda que los biocarburantes ahorran hasta un 80% de emisiones de gases invernadero en relación con los combustibles fósiles.

La CNMC propone recortar la retribución de redes eléctricas al 5,58% y de renovables al 7,09% para el período 2020-2025

Europa Press.- Las compañías eléctricas consideran que la retribución para las redes que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «es insuficiente” después de que el organismo regulador haya propuesto una tasa de retribución para el periodo regulatorio 2020-2025 del 5,58% para las actividades de transporte y distribución de electricidad y del 7,09% para la actividad de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Esta propuesta supondría un recorte del 14,15% con respecto a la retribución actual del 6,5% para los negocios de redes y generación extrapeninsular y un 5,5% menos con respecto al 7,5% vigente para las renovables. No obstante, representa un recorte menor para estas actividades respecto a la propuesta inicial que había planteado el regulador cuando sacó a consulta pública su metodología, que dejaba la retribución a las redes en el 5,47% y a las renovables entre el 7,04% y el 7,18% para ese segundo periodo.

La principal novedad de la propuesta de la CNMC es que la metodología seguida se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector energético. Competencia señala que la metodología propuesta es «consistente, reproducible y ampliamente utilizada, y proporciona tanto estabilidad regulatoria como seguridad jurídica a empresas y consumidores».

La metodología WACC refleja la realidad de los mercados de capital donde las empresas reguladas encuentran su financiación. Es decir, el WACC garantiza una rentabilidad razonable para que los proveedores de capital aporten sus fondos para la financiación de la actividad regulada. La utilización de esta metodología WACC, frente a la que fue establecida en la reforma eléctrica de 2013 de ligar la rentabilidad razonable para estas actividades al bono del Tesoro a 10 años más un diferencial de puntos básicos, ha sido bien recibida por la mayoría del sector.

Además, la CNMC indicó que esta metodología se adapta a los requisitos establecidos en la normativa sectorial para el cálculo de la tasa de retribución financiera; como son la duración del periodo regulatorio, la base de activos sobre la que aplica, una similar tasa para todas las sociedades que realizan la actividad, una similar tasa para las distintas tecnologías de generación, etc. Asimismo, en el caso de las redes, la regulación sectorial establece, entre otras cuestiones, que se debe considerar el coste de financiación de las empresas transportistas y distribuidoras comparables eficientes y bien gestionadas.

La CNMC lanzó a consulta pública en julio esta propuesta de metodología, con carácter previo a su aprobación y que respondía a la solicitud de informe realizada por el secretario de Estado de Energía, recibiendo en ese periodo un total de 38 documentos de alegaciones de empresas del sector energético, asociaciones empresariales y administraciones públicas. La CNMC indicó que estas alegaciones «han sido analizados y sus consideraciones tenidas en cuenta en la elaboración de la versión final de esta metodología».

Insuficiente para la patronal eléctrica

Por su parte, AELEC, la patronal centrada en las actividades reguladas que agrupa a las 5 principales compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo), considera que la retribución del 5,58% propuesta por la CNMC para las actividades de distribución de energía eléctrica a partir de 2020 «se aleja de los valores aprobados por los reguladores europeos y es insuficiente».

Fuentes de AELEC indicaron que el diferencial con respecto al bono del Estado se sitúa casi un 20% por debajo de la media de los países del entorno por lo que, si se consolide esta propuesta, «España competirá en inferioridad de condiciones para obtener los fondos e inversiones necesarios para la transición energética«. No obstante, la patronal valoró la metodología propuesta por el regulador, basada en el WACC, ya que es la que emplean casi todos los reguladores europeos y «se ajusta a un proceso ortodoxo de cómo debe fijarse la tasa financiera de rentabilidad».

AELEC subrayó que la transición energética necesita «un fuerte esfuerzo inversor en redes durante la próxima década», en el que la distribución va a jugar «un papel esencial» actuando como facilitador de este proceso de transición. Por ello, consideró que la contribución de las redes eléctricas de distribución será «crucial» para fomentar la electrificación de la economía y alcanzar los compromisos de descarbonización para 2030 y para 2050. Así, recordó que la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones, «por lo que sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía».

Fomentar la electrificación de la economía y la fiscalidad ambiental son “claves” según el comité de expertos sobre transición energética

Europa Press.- El presidente del Comité de Expertos sobre transición energética, Jorge Sanz, considera que promover la electrificación es la forma más barata de descarbonizar la economía y que para garantizar la seguridad energética en España es preciso reducir la demanda o «evitar que las centrales, sean las que sean» cierren, así como otras medidas que pasan por modificar la fiscalidad para que sea verdaderamente ambiental y no enfocada a la recaudación.

En la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones del documento, que analiza los distintos escenarios de cara al cumplimiento de los objetivos comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París, Sanz indicó que promover la electrificación es «la forma más barata» de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que asegura que son mucho más caras y son «a costa» de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advierte de que será «difícil» alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel «suficiente» de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad es el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una «nueva definición» de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación, y ve la generación «muy importante» para la eficiencia energética. Por otro lado, Sanz ha añadido que el comité de expertos, creado en julio de 2017 a instancias del Ejecutivo del PP, ha denunciado que los impuestos «distorsionadores» son los que hacen que la energía en España sea más cara que en Francia, ya que «lo único» que hacen es subir el precio de la luz y no por motivos ambientales.

De ese modo, Sanz no ve tan «necesario» fomentar las interconexiones con Francia cuando la verdadera razón de ese alto coste de la electricidad son los impuestos, salvo que sea por razones de seguridad. Así, ha dicho que para garantizar la seguridad energética «lo interesante» es que las centrales españolas «sean las que sean, no cierren», porque se corre el riesgo de cerrar las plantas e importar electricidad de Francia.

Respecto a la energía nuclear, ha recordado su capacidad para garantizar la seguridad del suministro porque es una energía «síncrona», con inercia, que se mueve a 50 vueltas por segundo, cosa que en el caso de las renovables como la eólica o la fotovoltaica no ocurre y en caso de parada, una tarda mucho en dejar de producir electricidad frente a la segunda. Esto, según ha explicado, significa que no es lo mismo sustituir los 7.000 megavatios nucleares por una energía con inercia que sin ella. De modo que insiste en que «va a haber cambios» en la energía y que hay que tomar decisiones.

A ese respecto, ha añadido que sería bueno fomentar el fondo de eficiencia energética que gestiona el IDAE que, a su juicio, debe analizar dónde consigue sus objetivos con el mínimo coste porque ese «lo pagan los ciudadanos». En todo caso, recuerda que «hay que hacer cambios» pero es preciso conocer las consecuencias del escenario elegido porque «las decisiones no son gratuitas» y la sociedad ha de saberlo. «Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos», comenta.

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la Unión Europea de aranceles al CO2 de los productos que se importen. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos, como a los hidrocarburos, y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que «todo el mundo» pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que «quien contamina paga«.

Sanz admite la incertidumbre pero señala que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será «importante» en el transporte marítimo. En todo caso, asegura que se producirán cambios y que corresponde al Gobierno tomar decisiones pero estas, en su opinión, deben ser trasladadas a la sociedad, que debe saber el coste que conllevan. «Va a haber cambios y al final ganará el más barato. Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor», ha advertido.

Durante la comisión, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha valorado el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que «va más allá de una legislatura» e incluso de una generación. A este respecto, destaca que el informe advierte de que la supresión «inmediata» de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio y de las emisiones contaminantes. Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Lucio, subraya que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global pero hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Desde Unidos Podemos, el diputado Juan López de Uralde tiene «coincidencias sustanciales» con el informe del equipo de expertos en cuanto a que es «imprescindible reducir la demanda», introducir más renovables y establecer la electrificación de la demanda final para obtener un sistema energético flexible y porque deja claro que el carbón «no tiene un papel en un sistema sostenible y va a desaparecer en un periodo bastante corto». Eso sí, discrepa del respaldo al sistema de la energía nuclear durante la transición porque asegura que es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea.

Galán ve «alcanzable» que en 2030 el 80% de la electricidad sea renovable siempre que se aplique «quien contamina, paga»

Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que es «perfectamente alcanzable» que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar el criterio de que “quien contamina, paga«. «El medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos el criterio de que quien contamina, paga. Si no, no lo conseguiremos», ha aseverado Galán.

Así, ha recordado que los objetivos para 2030 pasan por un peso de las energías renovables del 32% y que ello llevaría a que entre el 70% y 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables. «Son objetivos ambiciosos pero perfectamente alcanzables desde un punto de vista tecnológico y económico», indicó. Esto pasaría, abundó, por la integración en el sistema eléctrico de 40.000 nuevos megavatios (MW), la extensión y digitalización de las redes de distribución, un «aumento sustancial» de la capacidad de almacenamiento, la ayuda al consumidor para una «gestión más activa» de la demanda y la electrificación del transporte.

En este último punto, ha apostado por que «el despliegue del coche eléctrico tiene que ser una realidad». «Como empresa eléctrica, no queremos ser el cuello de botella para este despliegue y estamos en un proceso de despliegue de contadores en todas las carreteras para que pueda ocurrir», ha subrayado. Todo ello, desgranó, implicaría una inversión global de entre 70.000 y 100.000 millones de euros, pero también «marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria, atraigan ese capital y aporten visibilidad más allá de situaciones coyunturales». «Hay que hacerlo atractivo a inversores mundiales», advirtió.

En este sentido, ha reclamado que estos marcos regulatorios «apoyen a los que miren al futuro» y garanticen «un reparto justo y equilibrado de los costes medioambientales entre los diferentes emisores» para que «no sólo pague el sector eléctrico, sino los que tengan alguna responsabilidad». Galán espera que todos estos objetivos «claros y ambiciosos» se contengan en la próxima Ley de Transición Energética y el Plan integrado de Energía y Clima, de la que espera «una planificación energética coherente» y «mecanismos regulatorios que garanticen esa consecución del modelo más eficiente«.

La renta familiar “sube más”

Por otro lado, Galán resaltó que el precio de la electricidad para los hogares, sin computar los impuestos en la tarifa, ha subido un 30% menos que el aumento de la renta familiar disponible. «Hemos crecido más en renta que lo que ha crecido la factura, un 40% menos que el metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que productos de primera necesidad, como el pan y la leche», aseveró Galán.

Asimismo, Galán ha reconocido que existe una «sensibilidad especial con los precios» pero que esta situación «está ocurriendo en todo el mundo». Incluso considerando en este coste todos los impuestos incluidos y costes de política energética que soporta actualmente la factura eléctrica, el presidente de Iberdrola ha destacado que el precio por kilovatio hora (kWh) ha aumentado un 7% menos que la renta de las familias. «Ello ha sido posible gracias a un significativo esfuerzo de las empresas eléctricas por mejorar su eficiencia operativa», subrayó.

Ribera defiende la subida al diésel como fiscalidad verde y que la transición será más rápida en el sector eléctrico

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que, dentro de la transición energética, donde hay posibilidad de hacer las cosas más rápidamente es en el sector eléctrico, que va a permitir activar de forma más rápida los cambios que se necesitan para luchar contra el cambio climático. Asimismo, la ministra defendió la subida de impuestos al diésel como una medida de fiscalidad verde dentro del periodo de transición hacia una movilidad eficiente y sostenible que marca Europa.

Ribera recordó que ha sido el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien se ha comprometido a que dicho gravamen no afecte a los conductores profesionales. Sánchez confirmó a principios de mes que la subida de impuestos al diésel irá incluida en los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y que de ella quedarán exentos los conductores profesionales. «La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y todos los organismos internacionales alertan de la importancia de trabajar en esta dirección para la reducción de emisiones. No se van a ver afectados los propietarios de los coches de la actualidad», apuntó Ribera.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, le pidió a Ribera «responsabilidad» ante una medida que afecta a 40.000 empleos directos en el sector de la automoción. En España se fabrican 3 millones de vehículos al año entre sus 17 factorías y 1,4 millones de unidades son vehículos diésel. «El PP sí cree en un transporte de cero emisiones, que exige un periodo de transición para que se adapte la industria y los consumidores». subrayó. Asimismo, Mariscal instó a la ministra a que ponga en marcha los 50 millones de incentivo a la compra de vehículos alternativos y para la instalación de puntos de recarga, recogidos en los últimos Presupuestos aprobados.

Por su parte, Ribera aseguró que el Gobierno trabajará “en los dos campos”: en cómo ofrecer una movilidad sostenible en España y en cómo acompañar a la industria automovilística en este proceso de modernización para que siga teniendo el peso en el empleo y en el PIB (11% del total) del que goza en la actualidad. En este sentido, la ministra explicó que «la realidad es compleja» y hay que tener en cuenta diversas referencias, entre ellas la valoración que hacen los ciudadanos de la calidad del aire, algo que ya ha hecho que en París, Londres, Suecia o Noruega se hayan aprobado normativas para prohibir los diésel a partir de 2025, 2030 o 2040.

El Ministerio de Industria aprobó recientemente un régimen transitorio a la aplicación del nuevo ciclo de homologación de consumos y emisiones WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2020, de forma que usarán unos valores correlados para reducir el impacto sobre el sector. Así, junto al compromiso de «acompañar» a la industria en un plazo de dos años con el cómputo transitorio que permite Bruselas, el Gobierno «en ese plazo de adaptación» facilitará «mejorar la movilidad, revisar la fiscalidad, impulsar la electrificación y la revisión de los objetivos de reducción de emisiones«.

Transición más rápida en electricidad

Respecto a la electrificación de la economía, Ribera cree que la incorporación de nuevos usos de la electricidad será más rápida que otros de los cambios que hay que hacer para rebajar emisiones a la atmósfera.En este sentido, ha destacado la trascendencia que tendría para la seguridad del planeta y de los que lo habitan disponer pronto de un contexto de cero emisiones, particularmente en la electricidad, donde asegura que hay capacidad para hacerlo, y ha añadido que todos los que analizan estas cuestiones coinciden en señalar unas «fantásticas prospectivas para el sector eléctrico».

Eso sí, Ribera ha resaltado que el sector energético enfrenta ahora nuevos desafíos, entre ellos el de un escenario eléctrico con una mayor complejidad de actores.Pese a ello, subrayó que es importante contar con actores estructurados como Aelec, con una gran experiencia y que entienden lo que han sido los grandes desafíos del pasado y están en condiciones de hacer una lectura de los del futuro.La ministra destacó la capacidad de entendimiento y señales de compromiso que han mostrado los asociados a Aelec, las principales compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo), con el nuevo Gobierno y confía en que esas primeras señales se conviertan en realidades.

Arias Cañete destaca el papel de la electrificación y la energía de fusión en el futuro de la Unión Europea

Europa Press / EFE.- El comisario de Acción por el Clima y Energía en la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, ha destacado que la electrificación y la energía de fusión «juegan un papel fundamental» en el futuro energético de la Unión Europea y en la descarbonización de la economía. «La electricidad cubre el 27% de la demanda final de energía. En 2050 estará en los alrededores del 50%, de los cuales el 80% será de energías renovables», auguró Cañete.

En la misma línea, ha añadido que la energía de fusión «puede estar llamada a jugar un papel importante» en la descarbonización porque, a su juicio, sería una fuente «prácticamente inagotable y respetuosa con el medio ambiente». «La fusión se convertiría en un complemento básico de las renovables», ha defendido. El gas natural, según Cañete, puede jugar un papel en la descarbonización a corto plazo «sustituyendo a combustibles fósiles con más emisiones de carbono». Sin embargo, según ha explicado, el gas natural se enfrenta a largo plazo al «desafío» de «empezar a ser totalmente descarbonizado».

Respecto a la energía nuclear, ha subrayado que la Comisión Europea «no toma partido» por el tipo de energía que quiera utilizar cualquier Estado Miembro, aunque ha resaltado que la «realidad» es que hay 126 reactores en funcionamiento en 14 países de la Unión Europea con una media de 30 años. En este sentido, ha señalado que el 90% de los reactores existentes «tendrían que cerrarse con vistas a 2030». En concreto, afirmó que de los 126 reactores, 50 «tendrán que cerrarse de aquí a 2025», lo que supondrá «unos costos de 263.000 millones de euros» para su clausura y gestión de los residuos radiactivos.

Para el comisario de Acción por el Clima y Energía la Comisión Europea, el parque nuclear «está envejeciendo y va a requerir inversiones significativas». «A nivel mundial el número de países que cuenta con reactores nucleares va a aumentar hasta 2040, sobre todo en China», ha precisado. Otro reto al que se enfrenta la Unión Europea en la transición energética es, según Cañete, desarrollar el almacenamiento de la capacidad excedentaria de energías renovable, a través del desarrollo de las baterías. «En la Unión Europea no hacemos nada en el almacenamiento de baterías y ahora tenemos que extenderlo en nuestra estrategia del sistema eléctrico«, ha apuntado.

Los riesgos del cambio energético son, en palabras del comisario de la Comisión Europea, «muchos» y «complejos», como el «aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques». «Queremos que los Estados no cierren sus fronteras frente a riesgos de suministro, sino que actuemos en perspectivas regionales con solidaridad e interconexión, porque acudir al cierre de fronteras en tiempos de crisis no es la mejor solución«, ha sentenciado.

Objetivos 2030: 45% en emisiones

Por otro lado, alcanzar una reducción de un 45% desde el 40% inicial de emisiones a la atmósfera para 2030 con la adopción de una serie de medidas y legislación y con una visión regional son algunas de las metas de la Unión Europea, ha asegurado el comisario europeo. Esto se logrará si la legislación que se ha elaborado en la Unión Europea se cumple, según Cañete. El Acuerdo de París, señaló el comisario, representa un gran reto para la transición energética y ecológica de la economía mundial y hasta el momento 180 países lo han ratificado y 168 firmantes han puesto sus compromisos sobre la mesa para la reducción de las emisiones a la atmósfera responsables del calentamiento global.

El compromiso para lograr la transición energética supone para Europa asumir un liderazgo frente al resto de países, porque los europeos fueron «los pioneros en la utilización del carbón en la revolución industrial» y actualmente la Unión Europa debe abanderar la descarbonización de la economía hacia energías renovables. El objetivo es lograr un 32% de eficiencia energética en 2030, meta que se revisará en 2023 para examinar metas y costes.

Durante la mesa de debate Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha apostado por «electrificar la economía» y procurar a la vez que el precio «sea el más bajo cumpliendo siempre con los compromisos medioambientales». Así, ha subrayado que el precio de la energía es un factor «muy importante» para desarrollar un país y reivindica que hay que «quitar del sistema» aquellas fuentes de electricidad que generan CO2.

Para Mariscal, la descarbonización se debería hacer «basándose en hechos científicos», por lo que ha mostrado su apoyo a una ley «que garantice los compromisos medioambientales, pero también el precio». «Si vemos una ley ideológica pelearemos. Esperemos que el Ministerio de Transición Ecológica no haya que cambiarle de nombre y llamarlo Transición Ideológica«, ha ironizado Mariscal, al tiempo que asegura que se puede revertir el «alto» precio de la energía.

Posteriormente, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, ha respondido que la Ley de Cambio Climático «podría haber estado ya hecha». «El grave problema del sector energético ha sido la falta de planificación y de un diseño claro, por lo que ahora tenemos que hacer un trabajo acelerado. Lo tenemos que hacer deprisa pero lo vamos a hacer bien«, ha concretado.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, Enrique Veloso, ha pedido explicaciones al Gobierno por las subidas que «incrementan considerablemente» el recibo de la luz. «Queremos un escenario en el que los consumidores sean el eje de la transición energética y acabar con los sobrecostes de la factura de la luz«, ha manifestado. Asimismo, Veloso apuesta por dar seguridad jurídica al ámbito energético, la defensa de la implantación de los parques experimentales en materia de I+D+i y la movilidad sostenible. «Nos preocupa el transporte de mercancías, apostamos por un plan específico para ayudar a esos transportistas para que puedan hacer el tránsito hacia una movilidad descarbonizada», indicó.

Por último, el portavoz de la Comisión de Transición Ecológica de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha señalado que el sector energético es «clave» en la descarbonización, por lo que ha defendido la «necesidad» de un plan de energías renovables que es, a su juicio, «realmente es necesario». «Nuestra idea es que las líneas básicas de nuestro planteamiento podamos abordarlas con el Gobierno y llegar a una ley consensuada. El consenso es que tenemos que disminuir las emisiones de CO2″, indicó. Sobre el debate nuclear, Uralde señaló que la energía nuclear se está eliminando «poco a poco» porque las centrales «están envejeciendo y hay que cumplir con su cierre».

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) establece en Tenerife 19 puntos gratuitos de recarga para vehículos eléctricos

EFE.- El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) ha puesto a disposición de la ciudadanía 19 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, según el Cabildo de Tenerife. Los usuarios podrán recargar sus vehículos eléctricos gratuitamente por lo que cualquier persona que lo desee podrá acceder a las instalaciones del Instituto y cargar su vehículo en cualquiera de las plazas reservadas y señalizadas para tal efecto.

Los 19 puntos de recarga se encuentran ubicados en el aparcamiento del edificio central del ITER y cuentan con una potencia de recarga de 166 kW. Además, tres de ellos permiten la carga rápida de los automóviles. Según la corporación insular, el objetivo es «impulsar» el vehículo eléctrico y las infraestructuras de recarga y se prevé instalar 415 puntos de recarga en Tenerife entre 2016-2020.

El Proyecto Clima de movilidad eléctrica de Repsol evita más de 1.000 toneladas de CO2 en 6 años

Europa Press.- El Proyecto Clima de movilidad eléctrica de Repsol suma ya más 1.100 toneladas de dióxido de carbono (CO2) reducidas, gracias a los casi 8,5 millones de kilómetros recorridos (equivalentes a más de 210 vueltas al mundo) por los vehículos eléctricos incluidos en la iniciativa de la empresa española.

Según indicó la compañía, dicho proyecto fue aprobado hace 6 años por el Gobierno y es el primer Proyecto Clima de España en verificar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero.

El objetivo de los Proyectos Clima es promover reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, en el territorio español.

En este contexto, Repsol actúa como gestora y coordinadora de la iniciativa y organiza el sistema de seguimiento y monitorización de los datos necesarios para los cálculos de reducciones de emisiones.

Para conseguir dichos objetivos, se instalan puntos de recarga eléctrica a través de la compañía IBIL, participada al 50% por Repsol y el Ente Vasco de la Energía (EVE).

IBIL es el primer gestor de carga de vehículos eléctricos inscrito en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que proporciona servicios de recarga en el ámbito privado y en el público.

Actualmente, cuenta con 26 puntos de carga rápida instalados en estaciones de servicio de Repsol. Además, proporciona un servicio integral de recarga basado en energía 100% renovable, instalaciones y terminales inteligentes, y un centro de control de la infraestructura.