Servimedia.- El investigador de la Universidad Pontificia Comillas, José Pablo Chaves, el socio de la consultora KPMG, Carlos Solé, y el socio de Accenture, Álvaro Polo, abogaron por la progresiva desaparición de las tarifas reguladas de electricidad y gas en España. Así se expresaron estos tres expertos en la jornada Las cuentas de la energía: entender la tarifa, un evento organizado por Servimedia en Santiago de Compostela.

Según Chaves, España debería ir moviéndose hacia la desaparición de las tarifas reguladas, con la posibilidad de establecer subsidios para los colectivos más desfavorecidos. Además, indicó que actualmente en torno a la mitad de los conceptos presentes en la factura eléctrica se dirigen a pagar costes que no tienen que ver con la energía, lo que provoca que en el caso de la electricidad los españoles tengan los cuartos precios más altos de Europa pese a contar con unos precios mayoristas en la media continental.

Por ello, Chaves considera que los costes no energéticos deberían sacarse de la factura y financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, señaló que en estos momentos sólo el 27% de la factura responde al coste de generación eléctrica, a lo que se debe sumar el 19% del coste de las redes, otro 19% de los subsidios a las renovables, un 12% a otros cargos y un 23% a impuestos.

Por su parte, Solé explicó que entre el 40 y el 50% de los consumidores permanecen en la tarifa regulada, denominada ahora Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), pese a que la posibilidad de acudir al mercado libre está vigente desde 2009. Indicó además que la diferencia entre la tarifa PVPC y el mercado libre radica en el coste de la energía y en el margen de distribución que se aplica y que se negocia con la empresa suministradora, ya que el coste de los peajes es el mismo.

Ambos expertos coincidieron en que la tendencia es que Europa llegue a una unificación de los mercados energéticos al ser preguntados por la posibilidad de que se fijen tarifas energéticas regionales. Ambos expertos, pese a coincidir en que desde el punto de vista técnico podría tener sentido una tarifa autonómica en función de la localización del consumidor, algo que actualmente ocurre en algunos lugares de Europa, apuntaron que la tendencia europea es que se acoplen los precios para que sean iguales desde Portugal a Noruega.

En esta línea, Solé destacó que España «desde siempre ha tenido una política bien clara de que todos los consumidores españoles pagan lo mismo«. Por su parte, Chaves defendió que en España la red de infraestructuras energéticas se planifica y gestiona a nivel nacional y no está pensada en términos autonómicos. En consecuencia, ambos expertos se mostraron contrarios a la reciente propuesta de crear una tarifa eléctrica gallega más reducida.

Por último, Polo, que es experto en el sector gasista, apuntó que en el caso del gas los consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) son alrededor del 25% y destacó que la mayoría de ofertas del mercado libre son más baratas. Por este motivo, se cuestionó si tiene sentido mantener la TUR cuando fue una tarifa creada para proteger al pequeño consumidor, algo que podría ser que ya no se esté haciendo.

En cuanto a la comparación con Europa, indicó que la tarifa doméstica española del gas es un 22% más alta que la media europea, algo que atribuyó a la infrautilización de algunas infraestructuras y a la necesidad de importar el gas. Por otro lado, valoró la posición de España para convertirse en un hub europeo de distribución de gas, única energía fósil que seguirá incrementando su importancia hasta 2030 gracias a su bajo nivel de emisiones, lo que le permitirá seguir respaldando a las renovables.