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Galán (Iberdrola) considera que «no sería un drama” que haya nuevas elecciones aunque pueda tener un impacto en las inversiones

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Servimedia / EFE.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cree que «volver a votar no sería un drama», aunque advierte de que la incertidumbre política «puede demorar o anular decisiones de inversión que redundan a corto plazo en la creación de empleo y a largo plazo en el mantenimiento del Estado del bienestar». En este sentido, el máximo responsable de Iberdrola afirmó que «es necesario contar con estabilidad institucional para quitar incertidumbre en momentos como el actual».

Sin embargo, no quiso definirse en cuanto a su preferencia por la formación de un Gobierno o por la repetición de elecciones. «Es tiempo de que los políticos hagan su trabajo» tras los resultados del 20-D, pero «tampoco es un drama que volvamos a votar», apuntó. A este respecto, preguntado por supuestas presiones de las grandes empresas para que se conforme un cierto tipo de gobierno, les quitó importancia ya que, según su punto de vista, «se sobrevaloran las capacidades de influir de las grandes empresas en todos los temas».

En cuanto a la evolución de la economía mundial en los próximos meses, considera que «estamos en mejor situación que hace unos años, aunque hay nubarrones», entre los que citó el menor crecimiento de China o la crisis en Brasil. Por otro lado, admitió estar preocupado por el crecimiento de la desigualdad y explicó que forma parte del colectivo llamado capitalismo responsable, presidido por el Príncipe de Gales, que se pregunta “qué es lo que estamos haciendo mal”. En esta línea, reconoció que «el capitalismo no es un sistema perfecto», pero sostuvo que «no se ha inventado nada mejor». «Hay que cambiar cosas para que el crecimiento llegue a todos de manera más equilibrada», apostilló.

El debate energético se sume en la ideología y los dogmas

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Paisaje para después de unas elecciones sin mayorías estables, esa falacia que viene a denominar la inexistencia de mayorías absolutas con capacidad de rodillo. El debate energético deviene en ideológico y dogmático, amplificado con las herramientas pop. En realidad no es ideológico, sino ideologizado de forma publicitaria, es decir, a partir de la nueva política y sobre la base de distintas posturas de carácter ideológico a falta de una política energética coherente, construida en términos de equilibrio económico, medioambiental y de seguridad de suministro. Ideologías pro o anti algo.

Esto se traduce en tomas de posiciones de los agentes, en presiones para un Parlamento recién elegido con necesidad de afirmarse y, así, empiezan a proliferar declaraciones de intenciones políticas para una etapa de la que todavía no se ve salida inmediata en el proceso de negociación para formar gobierno, que eso es otro cantar. La nueva política, a golpe de titular, abuso de la función mediática, de performance parlamentaria, de políticas declarativas y de Twitter. Estos son algunos ejemplos:

Aprobación de una iniciativa parlamentaria en contra de la fractura hidráulica en nuestro país; el fracking, técnica cuya implantación se está aplazando en la coyuntura actual de precios del petróleo. En el fondo de esta confrontación discursiva, se enfrenta a los promotores de este tipo de inversión, sin un claro retorno económico o necesidad en la actual coyuntura de oferta y demanda, con el movimiento ecologista más beligerante. Dos ideologías.

También hay propuestas para solicitar al Parlamento de un país sin Gobierno instar a que España se convierta en un país con una generación 100% renovable, a la voz de ya. Es decir, a qué abrace en este interregno ejecutivo un programa de “transición energética” y de descarbonización, de eliminación de los combustibles fósiles a pelo, sin más análisis económico, temporal o transicional que el procedente de los elementos discursivos.

Unidos a ellos, revitalizados posicionamientos en contra de energía nuclear sobre el discurso del miedo y del peligro, alimentados por la torpeza en la gestión del ejecutivo popular en la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, por una parte, y la actuación del Consejo de Seguridad Nuclear en el proceso de reapertura de la central de Santa María de Garoña. En definitiva, la necesidad de un mix diversificado y sostenible económica y medioambientalmente frente a la ideología. Y también está lo que vendrá, como la revisión sumaria del fracasado decreto de autoconsumo, una promulgación realizada sin necesidad.

Como guinda folclórica, pero no exenta de relevancia, la declaración municipal de persona non grata a Rajoy por el affaire de la planta de celulosa de Ence en Pontevedra, consistente en una ampliación del plazo de operación por compensación en sus cuentas de los efectos de la revisión retributiva de la cogeneración operada en el marco de las medidas incluidas en la reforma energética para la absorción del déficit tarifario.

Política de declaraciones y de pronunciamientos ideologizados que, eso sí, conforma un frame del que es muy difícil escapar. Declamaciones pop a través de la venta de relatos propios de cada grupo de presión con sus argumentaciones que han advertido con su olfato el desgobierno, la desvertebración institucional general y la utilidad de la política de gestos, a la vez que virtualmente se constituye en un intento de trazarle el camino en lo energético al Ejecutivo que salga de los pactos o de las segundas urnas. Es en este escenario en el que se producen las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno. Y la energía tiene su papel.

Soria ve «buenas perspectivas» de que Bruselas acepte los nuevos incentivos al carbón mientras recibe críticas desde Castilla y León

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Redacción / Agencias.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, criticó que el Ministerio de Industria lleva en funciones “desde antes” de las elecciones generales del pasado diciembre y reivindicó nuevamente una solución a los problemas de la minería. Por su parte, el ministro José Manuel Soria asegura que existen «buenas perspectivas» de que la Comisión Europea dé el visto bueno a sus propuestas sobre incentivos a la quema de carbón nacional.

Aunque han llevado tiempo las negociaciones con la Unión Europea para establecer un mecanismo que permita al Gobierno seguir ayudando a las centrales térmicas a comprar carbón nacional al menos hasta el 31 de diciembre de 2018, Soria cree que se ha llegado a una solución, ya que propusieron una alternativa y «hay buenas perspectivas”. “Aunque todavía no han respondido, se espera que lo hagan más pronto que tarde”, apuntó Soria respecto a la posibilidad de “reactivar nuevamente” el sistema de ayudas al carbón nacional.

Industria presentó su propuesta ante la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager. Soria explicó que lo que se solicita no son ayudas de Bruselas, sino que se reconozcan como «ayudas compatibles,» provenientes de recursos públicos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, y no sean declaradas ayudas de Estado ilegales. «El problema es que «Bruselas las autorice o no», señaló antes de explicar que, desde que venciera el marco regulatorio en diciembre de 2014, el Ministerio trató de «arbitrar un mecanismo que pueda sustituir al anterior para garantizar la compra del carbón nacional a las empresas mineras».

En funciones, «antes del 20-D”

Por otro lado, la consejera de Castilla y León criticó que, en lo que atañe al carbón nacional, Industria parece que está en funciones desde hace más tiempo que desde el pasado 20-D.No obstante, Del Olmo añadió que está «insistiendo» ante los responsables ministeriales para que se tome alguna medida inmediata que contribuya a la resolución de los problemas que afectan a las explotaciones mineras y a las propias centrales térmicas de la comunidad.

«Seguimos luchando con el Ministerio», ha resumido la consejera, convencida de que «hay cosas urgentes» como la concesión de las ayudas comprometidas y que se apruebe el establecimiento de algún mecanismo que favorezca el consumo del carbón autóctono, ya que esto daría viabilidad a su extracción.En último lugar, Del Olmo ha dejado caer que si finalmente la opción del Ministerio se alarga, la Junta de Castilla y León es partidaria de que sea la vía parlamentaria, en el Congreso, la que desbloquee la situación, aunque no concretó más allá.

El PSOE propone nuevas leyes de cambio climático y transición energética dentro de un pacto de Estado de la Energía

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Redacción / Agencias.- El Programa para un gobierno progresista y reformista que el PSOE ha elaborado como punto de partida en las negociaciones con otras fuerzas políticas recoge, entre otras medidas, nuevas leyes de Cambio Climático y Transición Energética. La propuesta socialista pasa por alcanzar un sistema eléctrico que se base en las energías renovables en 2050 y para ello promoverá un «gran Pacto de Estado de la Energía» que facilite la transición energética y aporte estabilidad a la política energética de España.

Este pacto incluye un plan de cierre de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil, la prohibición de los proyectos de fracking y la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización. En este sentido, prevé la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO2 para los objetivos 2020/2030/2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo energético, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO2 del país, que se remitiría anualmente al Parlamento.

Modificar Ley de Contratación Pública

Hay un aspecto en el que el PSOE pone más acento que en lo que aparecía en su programa electoral, que es en la modificación de la Ley de Contratación Pública, en la que plantean incluir nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas. También contempla escenarios de largo plazo para Zero emisiones y la generación de mapas de riesgos e incorporación en análisis de impacto y en planificación sectorial en ámbitos tales como la territorial, urbana, hidráulica, energética y de infraestructuras.

El PSOE también señala como prioritario acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico, «facilitando su progresiva adecuación al nuevo modelo energético disminuyendo los costes de la transición». Otros de sus compromisos para formar gobierno pasan por regular el autoconsumo incluido, incluido el denominado impuesto al sol, y se compromete a elaborar un marco regulatorio estable en esa materia, en la modalidad del balance neto.

En materia energética, propone la creación de un fondo verde para la transición energética que se alimente «con parte del nuevo impuesto al CO2» que se destinará a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a la transición. Para el objetivo de reducir las emisiones en las ciudades, plantea un plan para la rehabilitación sostenible de viviendas con el que pasar de 23.000 viviendas al año rehabilitadas a las 200.000 viviendas en 2025.

La Ley 25 de Podemos en tres episodios y un ‘zasca’

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Episodio 1: Cuentan que la noche del 20 de diciembre, mientras se iba conociendo el resultado electoral, el candidato a presidente del Gobierno por Podemos y sus confluencias, Pablo Iglesias, se animaba cada vez más al conocer el recuento, en la efervescencia de los 69 diputados, e incluso hablaba de electricidad gratis al día siguiente según comentan estas fuentes.

Episodio 2: Se ha presentado la primera propuesta de ley de Podemos, la denominada Ley 25. En síntesis, la ley recoge una serie de preceptos derogatorios de otras leyes sin solución de continuidad, es decir, sin contener una sustitución normativa que contenga una regulación alternativa (más o menos discutible) a aquello que deroga o al menos una forma de administrar los períodos transitorios. Esto ocurre, por ejemplo, con el autoconsumo.

Episodio 3: Según se cuenta desde el Foro de Davos, España ha recibido un importante ‘zasca’ por la dejación política ante el fenómeno populista de Podemos y la falta de pedagogía económica e institucional de nuestro país, señalándonos que no se ha comprendido la complejidad de la situación económica española, sus riesgos y el papel de las clases dirigentes en una sociedad globalizada y occidental.

En definitiva, esto es algo que se está evidenciando en los distintos espectáculos políticos que está protagonizando esta formación, con especial alarma ante la rueda de prensa de Pablo Iglesias tras su entrevista con S.M. el Rey Felipe VI, reclamando la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios para los allí presentes en una escenografía preparada a tal efecto. Alarma general que se extiende en las cancillerías europeas, inversores y fondos internacionales: las cosas están llegando demasiado lejos y la condescendencia para no meterse en problemas se puede convertir en letal.

Tiene que ver toda esta introducción con las propuestas en materia de electricidad que efectúa Podemos. Dicha ley, en lo que se refiere a la energía eléctrica, define una especie de tarifa social para regalar el consumo de electricidad. Dicha tarifa social, establece que sea sufragada obligatoriamente y de forma sindicada por los operadores empresariales. Para ello, la definición de tarifa social o de consumidor vulnerable no se aproxima a ningún modelo reconocible en el ordenamiento europeo o en las economías occidentales. Ni falta que hace. Tampoco la forma confiscatoria de sufragarlo que proponen se encaja en la de un modelo redistributivo socialdemócrata en términos de ortodoxia en el ámbito hacendístico, vía gasto público como consecuencia de una decisión política.

Estiremos el argumento que aparentemente lo soporta: la primera necesidad. Mayor primera necesidad que la electricidad sería el hecho de proporcionar alimentos a la población y no parece que Podemos haya formulado norma alguna que obligue a las empresas de distribución alimentaria a proporcionar de forma gratuita bolsas de alimentos en los supermercados y que se sufragasen de forma colectiva los cestos de la compra entre estos operadores. O, por ejemplo, que las operadoras de telecomunicaciones suministren gratuitamente la conexión a internet y el móvil en un momento en que las telecomunicaciones son tan necesarias para cualquier persona. O que se ordenase a las petroleras la confiscación del combustible, su distribución y se estableciera su racionamiento obligatorio para los consumidores.

Podemos parte del aprovechamiento de una realidad y de un ambiente sociológico formado durante años en torno a la energía eléctrica, sus precios, sus costes y su naturaleza, fruto de su ausencia de pedagogía y cultura económica. A la vez, se aprovecha de una ausencia de política energética; esa pedagogía deficiente incluye decisiones como las bajadas electorales de las tarifas, aceptadas con tolerancia y simpatía pero caldo de cultivo de propuestas populistas, o la forma en que se articuló la abolición de las subastas CESUR.

Asimismo, la existencia de una pulsión antiempresarial y antimercado de una sociedad, la española, de fuertes resabios colectivistas que arrancan de la visión comunista inserta en la cultura económica del falangismo, coartada del nacionalsindicalismo del que no hemos salido. El argumento confiscatorio, por demagógico, es insostenible en cualquier país de la Unión Europea. Y también trae consecuencias: el no reconocimiento de la naturaleza del suministro, de los mercados, de las empresas, de los accionistas, desde la primera generadora de electricidad al último parque fotovoltaico, pasando por las distribuidoras y comercializadoras.

Además, refleja una concepción del aparato productivo como un instrumento al servicio de un modelo político caudillista que incluso pregunta a los informadores por las ropas y abrigos que llevan. La posición de Podemos, en este sentido, tiene componentes de comisaría política comunista venezolana. Y, con independencia del devenir de esta ley en su trámite parlamentario, de producirse, lo que parece claro es que ese maniqueísmo político anticipa una legislatura, corta o larga, de barricadas y de intensidad médica con cada numerito.

La pregunta es si nos lo podemos permitir.

El resultado electoral abre semanas de incertidumbre

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El PP ganó las elecciones generales de 2015 pero no son pocos los que creen que el próximo año tocará volver a las urnas dada la dificultad para formar mayorías estables. En el apartado energético, el ministro José Manuel Soria, Guillermo Mariscal, Pablo Matos (todos del PP), Pilar Lucio (PSOE), Pedro Azpiazu (PNV) y Juan López de Uralde (Podemos/EQUO) obtuvieron sus correspondientes escaños.

El PP ha cimentado su mensaje electoral en el continuismo y en la estabilidad en el Gobierno, apoyándose en unos indicadores económicos que han mejorado los números pero que esconden múltiples lecturas detrás, tal y cómo ha demostrado una victoria menor que sacrifica 63 escaños, 16 puntos y 3,5 millones de votos. En lo que atañe al mundo energético, las miradas al PP se concentraban en Canarias al realizar el escrutinio para valorar quiénes podrían ser las voces de la energía en la nueva legislatura.

En la legislatura de las prospecciones petrolíferas, aumentó notablemente el voto, pasando de un 59% a un 65%, con un importante auge de Podemos, que irrumpió con fuerza en Canarias siendo la segunda fuerza en votos y la tercera en escaños. El descenso del PP en votos fue similar a la caída sufrida a nivel nacional. Aún así, tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por la circunscripción de Gran Canaria, como por Tenerife el presidente de la comisión del área en el Congreso durante esta legislatura, Pablo Matos, se hicieron con la victoria. Asimismo, el portavoz del PP de Energía en esta comisión, Guillermo Mariscal, obtuvo su escaño sin problemas.

También ganó las elecciones en su circunscripción Juan López de Uralde, coportavoz federal de Equo y el principal valedor del nacimiento de esta formación política en 2011 después de abandonar su cargo de director ejecutivo de Greenpeace. Uralde concurrió a los comicios como cabeza de lista de Podemos en Álava y ganó las elecciones en esta provincia, con 48.265 votos, por delante del PP (33.609), EAJ-PNV (28.297) y PSE-EE (25.293).Complicada para esta formación poder optar al Gobierno aunque en energía comparten muchos puntos con el PSOE, tal y como se pudo comprobar en la entrevista en la que afirmaba que «reformaremos el mercado eléctrico para que todas las tecnologías reciban una retribución razonable en función de sus costes de producción”.

3.000 votos separaron a Pilar Lucio de alzarse con la victoria en la circunscripción de Cáceres, triunfo que sí logró el PSOE en Badajoz. En cualquier caso es buen dato para los socialistas el empate con el PP y haber frenado el auge de los partidos emergentes, que no alcanzan representación. El tiempo dirá si Lucio se ocupa de los temas energéticos de la formación en el Congreso, dada su vocación más centrada al Medio Ambiente, en otra comisión parlamentaria durante esta legislatura. Otro socialista que consigue escaño es el asturiano Antonio Trevín, habitual orador en la comisión cuando se trata la minería del carbón.

Finalmente, otro diputado que es ya un clásico en estas lides es Pedro Azpiazu (PNV), que acudió como número 2 por la circunscripción de Vizcaya, la única en la que ganaron los nacionalistas vascos. En el capítulo de ausencias, en la nueva legislatura no estarán, entre otros, algunos que no obtuvieron escaño como Josep Sánchez Llibre, número 2 de la escindida Unió, Ricardo Sixto (Izquierda Plural), y otros que no iban en listas como Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) o el portavoz socialista de Energía, José Segura, cuyas intervenciones en la comisión del Congreso se echarán sin duda de menos en la Carrera de San Jerónimo.

Elecciones 20-D: Programa, programa, programa y programa

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La lectura de los programas electorales en materia de energía y de las entrevistas a los representantes de las formaciones que compiten en este 20-D nos lleva a hacer un retrato de lo esencial del pensamiento y visión de nuestros partidos políticos en este momento y en este área. Teniendo en cuenta, por otra parte, el escenario de pactos postelectorales que se avecina, el programa y las afirmaciones públicas en materia de energía de estos momentos adquieren un peso relativo pero, en todo caso, no menor, ya que toma la temperatura de cómo el sistema político percibe la cuestión energética.

Por eso, hagamos la lectura esquemática y esencial de los mismos para comprobar la “línea política” existente en cada caso:

PSOE: Lo que va de Jorge Fabra a Jordi Sevilla.

Conocer lo que ocurre dentro del PSOE pasa por identificar la trazabilidad de determinadas figuras que acaban siendo centrales en el funcionamiento de este partido, ante una claudicación del perfil más socialdemócrata y europeísta de los socialistas y la pinza podemita. Una de ellas es Jorge Fabra, que ha conseguido auparse dentro de esta formación política en el sector energético como factótum tras la depauperación ideológica  y de pensamiento producida tras el zapaterismo, algo además general en la socialdemocracia europea.

Su égida teórica abarca desde el PSOE hasta Podemos dónde, cómo podemos comprobar, su programa es casi calcado y dónde se traslucen sus postulados. De hecho, estos dos partidos casi comparten en su integridad el programa energético, más allá de diferencias más o menos temáticas.

El PSOE promete en su programa restituir la seguridad jurídica de las renovables, que es una de los planteamientos que viene repitiendo el propio responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, a costa de acabar con la seguridad jurídica y de la institución del mercado eléctrico que, por otra parte, es el objetivo que viene persiguiendo Jorge Fabra, incluso a su paso por la Comisión Nacional de la Energía como consejero. Por tanto, el programa socialista consigue, milagrosamente, ese supuesto encaje, esa línea Maginot aunque sea a costa de salir de los parámetros de funcionamiento competitivo de la Unión Europea.

Touché, Sr. Sevilla. Y touché Sr. Sánchez, que en esta campaña se quejaba de que Podemos quería nacionalizar el sector eléctrico.

La influencia de Fabra se reconoce, además de por la prosodia política narrativa de los programas electorales tendentes a mantener el decoro y la ambigüedad de sus formulaciones, por la expresión argumental compleja y circular de una idea simple: la intervención del sector, la fijación administrada de rentas para las tecnologías y la abolición del mercado eléctrico. Y la expresión de una supuesta justicia redistributiva consistente en que las tecnologías nuclear e hidráulica financien las primas a las renovables, sin atisbo de autocrítica, como en el modelo de la burbuja fotovoltaica. Pasando de puntillas por el asunto del carbón nacional, uno de los graneros de votos socialistas y, por otra parte, una tecnología a retribuir con el mismo modelo administrado.

Así, en tecnologías convencionales, los socialistas proponen «volver a la regulación anterior», lo que, de facto, supone la reimplantación de un sistema de costes reconocidos basado en la retribución por costes, sin incentivos a la competencia entre tecnologías. Da igual las mismas y su eficiencia, se pagan los costes y se fija un margen administrado.

Y, en ese sentido, estas propuestas se inscriben en la fiebre derogatoria de los socialistas, que les lleva a la síntesis retroprogresiva, nostálgica del Marco Legal Estable (lo que enuncian elípticamente como “volver a la regulación anterior”). Es decir, se trataría de derogar la ley para remontarse incluso a gobiernos pasados, retrocediendo normativamente a la época anterior a Zapatero.

Podemos: el Soviet Supremo

Por su parte, Podemos también comparte el eje central de los socialistas, expresado con menor subordinación sintáctica, artificio lingüístico y de forma más reconocible. Esto es, abolición del mercado eléctrico y un modelo soviético sin incentivos competitivos entre las tecnologías. Abiertamente son partidarios de la intervención del sector. Y lo justifican, sin matices.

En definitiva, expresado muy claramente, el sistema energético en general, y el eléctrico en particular, al servicio de la política como se detrae de la afirmación de la utilización de las centrales de ciclo combinado para su uso circunstancial durante el tiempo que sea necesario, tras cerrar las nucleares, para que entre en funcionamiento la nueva potencia renovable.

No se pronuncian sobre el impacto económico en el recibo de electricidad del incremento de potencia renovable de 7.500 MW que proponen para la próxima legislatura, ni sobre el impacto económico del cierre de las centrales nucleares y el papel que juegan en el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Y lo bueno es que, además, exprimiendo al máximo el clima social y la reputación del sector energético y sus tecnologías, todo el contenido de su programa podría ser objeto de un referéndum, de esos que promueven y que sacralizan el concepto de “lo que diga la gente”.

El No programa del PP: “dejadme a mi”

Por su parte, el Partido Popular sigue una línea argumental de continuidad que le ha llevado a dibujar un no programa electoral en materia de energía en el que no dibuja una política energética, no define un mix energético  y no establece un modelo de gobernanza del sector. Se mueve entre la vaguedad y el ajuste contable, con márgenes para las bajadas de precios en momentos coyunturales (como lo son los 15 días de campaña electoral).

El discurso popular se basa en el argumento de “confiad en mí” para que siga haciendo como solía, con un manejo de las bridas del sistema energético estirando y soltando, controlando e interviniendo las tarifas de acceso, con la promesa de que no exista déficit mientras espera que no aparezca un problema en la opinión pública ante una potencial alineación de elementos diversos que pueden ir desde los precios internacionales del crudo o la meteorología. Todo esto le lleva incluso a un cierto desdén en la formulación teórica, que contrasta en el pasado con las aportaciones de sus propios think tank como FAES.

NI una palabra de liberalización (actualmente el Partido Popular no es un partido liberal en el sentido europeo del término, y en energía, menos), apelaciones a la vigilancia de precios en materia de carburantes, relación utilitarista con la Unión Europea para las interconexiones (disimulo respecto a mecanismos de fijación de tarifas, funcionamiento de órganos reguladores, seguridad jurídica, etc…), nucleares, fracking y renovables, según y cómo el Gobierno lo graduará y modulará en cada momento. Y, por supuesto, ninguna alusión al problema que gravita de los conflictos internacionales derivados de las reformas legales introducidas en esta legislatura y la forma en que se pueden ir resolviendo en la legislatura que se iniciará en enero de 2016.

Ciudadanos: Todo por el pacto y en el pacto

Finalmente, Ciudadanos diseña un programa de perfil diferente. En algunas ocasiones, esquemático y con márgenes de reserva a los criterios técnicos. En estos términos, por ejemplo, se pronuncian sobre el tema de la vida útil de las centrales nucleares, conforme a lo que determine el órgano encargado de ello, el Consejo de Seguridad Nuclear. O también con la subsanación de los defectos de diseño del mercado eléctrico o del bono social.

En el tema del mercado eléctrico, propone el unbundling total, la separación de propiedad de las distintas actividades (generación, distribución y comercialización), a la vez que no lo tiene tan claro esto mismo en lo que se refiere a la separación completa de las funciones del transporte y del gestor técnico de los sistemas para llegar al modelo ISO. Tampoco se sabe si esta maximización del unbundling alcanzaría al sistema gasista.

La aproximación al problema de los precios eléctricos, precisamente, la realizan a través de atacar la estructura sectorial, sin tomar como punto de partida la realidad de un mercado de generación en sintonía con los precios europeos pero con la creencia instalada a nivel opinático respecto a los mercados en régimen de oligopolio. Así lo hacen antes que abordar la liberalización completa de la actividad y la importante carga fiscal que soporta la electricidad.

Abogan por la seguridad jurídica, lo que les distingue de las tres formaciones políticas anteriores, aunque albergan matices de confusión entre precios, costes y mercados. Paradójicamente, con el acento que ponen en materia de gobernanza en el resto de su programa, son tibios con el modelo de empresa participada por la SEPI y su gobierno de turnos existente en los dos operadores de transporte y sistema.

Esencialmente, plantean un Pacto de Estado por la Energía, con poder taumatúrgico para resolver los problemas energéticos del país. Y sus polémicas. Pacto que se atisba difícil, aunque se inscriba en la serie de pactos de estado que promueve esta formación en otras materias. Lo cierto es que, ante las diferencias programáticas expresadas y el clima político demagógico existente alrededor de la energía, casi es una propuesta de echarse a temblar.

 

Gracias, Unión Europea, por existir.

El futuro de la CNMC, en juego en las urnas

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La presente legislatura ha supuesto un cambio capital en el capítulo de los órganos reguladores de los sectores económicos de España. Sin contar con el apoyo de la oposición, el PP aglutinó los 6 organismos anteriores, desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en un único macroregulador: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la consecuente mezcolanza de departamentos bajo el mandato de José María Marín Quemada.

Un modelo en el punto de mira de Bruselas, que cuestiona cómo se ha ejecutado el proceso y que tenga cabida en las directivas europeas. Debe considerar el PP que hizo lo correcto al crear el nuevo organismo macroregulador cuando en su programa electoral no lleva ninguna referencia a la CNMC. Tampoco lleva referencias al papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), carencia compartida por el resto de partidos políticos.

Tampoco se menciona a la CNMC en el programa de Podemos. Y eso que tienen una visión bastante negativa de lo acontecido con el regulador. Precisamente, en entrevista a Energía Diario, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, apuntaba que «el nuevo superregulador ya no es independiente puesto que sus miembros son nombrados por Real Decreto del Gobierno. En definitiva, tal y como está planteada, la CNMC no se ha creado para fomentar la competencia y la transparencia, sino todo lo contrario, para blindar al oligopolio. Es evidente que habría que modificar todo esto y adoptar medidas para que este organismo realmente sirva para favorecer la libre competencia, la transparencia y la defensa de los derechos de los consumidores».

Quién sí que lleva una propuesta de cambio en su programa es el PSOE. En primer lugar plantean «evaluar» el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y, en su caso, «estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente, similar al existente en Alemania«. Según explican los socialistas, se trataría de separar la CNMC en un organismo regulador «para los sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte, sector postal)» y en un organismo de Competencia.

El PSOE se propone «impulsar el reforzamiento de los organismos de competencia y de regulación de mercados dotándolos de mayor independencia funcional y recursos» con un modelo que consideran más próximo a los países de nuestro entorno. Finalmente, los socialistas aseguran que este modelo «dispondrá de la autoridad necesaria de Competencia, plenas capacidades normativas para los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado».

La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE, Pilar Lucio, denunció en Energía Diario que el Gobierno del PP había «debilitado» al organismo regulador con una modificación «en contra del criterio de la Unión Europea, de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición«. Según sus palabras, desde el PSOE garantizarán su independencia ya que consideran el regulador básico para «promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores». Por ello anunció la intención de «modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores».

Otro partido que acude a las urnas con un modelo claro de regulador es Ciudadanos. «La independencia de la CNMC no ha existido porque el Gobierno nunca ha creído en tal. Hay que volver a empezar en el diseño de este organismo clave ya que la estructura actual de la CNMC es el peor de todos los mundos posibles«, denuncia el programa electoral de Ciudadanos, que propone su reforma. «Proponemos la separación de Competencia de Regulación, que puede estar a su vez dividida en dos o tres áreas», dice Ciudadanos.

El programa va más allá e incorpora un procedimiento completamente detallado para proceder al nombramiento de los consejeros así como propuestas para asegurar su independencia funcional y presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Ciudadanos resalta que la CNMC debe cumplir con sus obligaciones de transparencia y publicar los órdenes del día del organismo regulador y publicar las actas y las resoluciones de una forma más rápida que la actual ya que «tardan meses en ser publicadas». Finalmente, aseguran que el regulador debe tener su propio servicio legal para no depender de la Abogacía del Estado.

«La fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados en único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro», indicó a Energía Diario el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.

Ignacio Aguado (Ciudadanos): «Planteamos separar la propiedad de las actividades de generación, distribución y comercialización de las energéticas»

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Ignacio Aguado (Madrid, 1983) es portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid desde las elecciones del pasado mes de mayo, en las que cosechó un 12% de los votos. Licenciado en 3 titulaciones como Derecho, Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Políticas y de la Administración, trabajaba desde 2008 en el área de regulación de Unión Fenosa Gas. Aguado ha sido el responsable de elaborar el programa energético del partido para las elecciones generales, al que acude sin prejuicios para alcanzar con el resto de fuerzas políticas un gran pacto de Estado.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

El Gobierno se encontró con un problema muy importante que era el déficit de tarifa y han centrado toda la legislatura en frenar este problema, algo ciertamente inaplazable, pero también es evidente que se han olvidado de otras muchas cosas e incluso han aprobado medidas con las que no estamos de acuerdo, que no contribuyen a nuestra idea de lo que tiene que ser el futuro energético de España, especialmente con la restricción al autoconsumo.

–Podría decirme algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Diría que con la reforma energética han conseguido, desde mi punto de vista y sacrificando a las empresas y al consumidor, poner rumbo a acabar con ese déficit de tarifa. No obstante, la deuda acumulada de más de 20.000 millones de euros sigue ahí, pero es positivo que el déficit estructural no vuelva a producirse.

-¿Qué quiere aportar Ciudadanos al sector energético?

En España hace falta trasladar el concepto de la importancia de las empresas, de unas empresas responsables, en un mercado con muchos agentes. De competencia perfecta en la medida de lo posible, que es lo que mejor funciona; un mercado con un buen marco regulatorio, que se toque lo menos posible, con seguridad jurídica y donde la energía no sea un tema de derechas o de izquierdas. En Ciudadanos entendemos la energía como una necesidad de la sociedad y queremos que sea lo más sostenible, barata y accesible posible. La energía no es de derechas o de izquierdas; hay que despolitizar el concepto energético. No me gusta hablar de pronuclear o prorenovable.

SECTOR ELÉCTRICO

-¿Cómo dibuja su partido el mix energético de generación? ¿ A qué plazo? ¿Cómo sería la transición al mismo?

Todas las energías tienen sus pros y sus contras. Por tanto, todas las energías pueden aportar y pueden sumar, y lo que hay que hacer es buscar el mejor mix energético teniendo en cuenta que vamos a un modelo en el que las renovables van a tener un peso fundamental en España, en Europa y en el mundo. Teniendo esa visión a largo plazo en la mente, lo importante es tener un plan energético que nos garantice en los próximos años unas energías de tránsito hacia las renovables, de forma que sea lo más sostenible y barato posible y que haya seguridad en el suministro.

-¿Qué plantea su partido sobre las centrales nucleares? ¿Abogaría por aumentar su vida útil hasta los 60 años o cierre a los 40?

Condicionaremos nuestra decisión a un informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al que preguntaremos si existe la posibilidad de ampliar la vida de las plantas nucleares durante más años, como pasa en Estados Unidos, dónde se han ampliado ya muchas centrales a los 60 años. Si el informe es favorable, valoraremos si interesa mantener esa planta nuclear o no, también en función de si es necesaria su aportación energética, si hay capacidad de respaldo en caso de prescindir de esa planta nuclear. Es un tema técnico que hay que dejar en manos de profesionales expertos, básicamente el CSN. Con el informe en la mano, analizaremos si merece la pena ampliar la vida útil de la planta o no.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit?

Estamos en año electoral y no interesan las malas noticias para los usuarios, que ya estamos bastante penalizados a nivel eléctrico y a nivel gasista, con unas facturas por encima de la media europea. En Ciudadanos creemos que tiene más sentido dedicar el superávit a reducir deuda e intentar ver por otro lado la manera de reducir los peajes sacando costes que no tienen que estar en la factura eléctrica.

Estamos hablando, por ejemplo, de los costes extrapeninsulares o cualquier coste que tiene más que ver con políticas energéticas que con las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Entendemos que esos costes tienen que ir al margen de la factura. Es un cambio importante que hay que analizar entre todos los grupos políticos y decidir qué partidas de esa factura eléctrica tienen que ir a Presupuestos Generales del Estado y cuáles siguen siendo soportadas por los usuarios.

-¿Contemplan sacar la retribución a las renovables de la factura y ubicarla en los Presupuestos?

Habría que ver hasta qué punto el coste de las primas a las renovables hay que sacarlo o no de la factura eléctrica. Es un tema de mucho calado, por eso lo valoraríamos con todos los grupos políticos. Buscamos un pacto energético a nivel nacional para determinar el mix energético que queremos para los próximos 15/20 años en España. Diseñar cómo es el tránsito hacia las energías renovables y cómo vamos a conseguir un mix energético equilibrado. No tenemos por tanto, una postura clara con las primas a las renovables y hasta qué porcentaje debería ir en los Presupuestos y cuánto en la factura eléctrica.

-Ciudadanos plantea en su programa electoral impedir que las actividades de generación, distribución y comercialización continúen formando parte del mismo grupo empresarial. ¿Por qué consideran necesaria esta medida?

Así reduciríamos las posiciones de poder de determinadas empresas que hasta hace pocos años mantenían el control vertical de toda la cadena de suministro, lo que les permitía controlar el precio y reducir la competencia aumentando las barreras de entrada al sector. Creo que siendo capaces de trocear la tarta energética, con menor capacidad de los agentes para influir en el mercado y en los precios, favoreceremos la competencia, el mercado y la llegada de nuevos agentes. Aparte de que creemos en ello viene marcado por la Unión Europea. El modelo más exigente de la Unión Europea es el que exige la separación, no sólo del funcionamiento sino también de la propiedad, de las actividades de generación, distribución y comercialización.

GOBERNANZA

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades ? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

Hay unas directivas europeas que obligan a la separación de actividades. En otros países como Francia y Alemania han sido más reticentes, pero en España se ha hecho bastante bien con los TSO (operador de transporte y de gestión del sistema). Actualmente la operación y el transporte son dos empresas distintas que dependen de una misma matriz. Hay una separación no del todo efectiva, pues siguen siendo los mismos grupos los que controlan ambas actividades. La separación funcional existe, y se está haciendo bastante bien, pero hay que seguir trabajando y profundizando en la separación real y total de la operación y el transporte, por lo que somos partidarios en profundizar en esa separación hasta llegar al modelo independiente total.

-Siendo críticos con el hecho de que haya políticos que terminan en los consejos de administración de las empresas privadas. ¿Qué piensa Ciudadanos de lo que ocurre en REE y Enagás, empresas en las que además hay una participación mayoritaria pública con la SEPI y que lleva en la práctica a un modelo de turnos de PP y PSOE en estas empresas?

Es un tema que tiene mucho que ver con las puertas giratorias, con cómo se establece un régimen de incompatibilidades a los políticos que luego terminan en los consejos de administración; tiene que ver con los organismos reguladores y su independencia respecto al sector, que a día de hoy es muy deficiente y habría que mejorar. Hay que garantizar la independencia de los organismos reguladores y establecer mejores y mayores criterios de incompatibilidades para evitar ese tipo de puertas giratorias.

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)? ¿Qué cambios propugnan para el regulador independiente?

Esta fusión fue una decisión del Gobierno para tener todos los órganos controlados bajo un único órgano. O bien se vuelve otra vez a la situación inicial de que cada regulador controla su sector o bien se respeta esta fórmula pero garantizando su independencia, incluso su independencia entre Mercados y Competencia. Es algo que no se ha logrado y nuestro objetivo es que el regulador sea independiente, pero no tenemos preferencia por un modelo u otro siempre que se den esos requisitos.

¿Cómo abordarían el requerimiento de la Unión Europea de que las tarifas se fijen en este organismo?

La Ley dice que el regulador tiene que tener cada vez más competencia para al menos definir la metodología. Definir las tarifas concretas es algo que debe ser competencia del Gobierno. Otra cosa es que también hay que simplificar las tarifas y revisar completamente las tarifas y los peajes en España. Hay tantos temas a nivel energético que tocar que nosotros queremos llegar con pies de plomo, porque es muy técnico y complicado. Queremos tener toda la información, reunirnos con todos los colectivos, y ser sensatos.

-¿Qué opinan sobre que la estructura de la tarifa para consumidores industriales haya sido modificada de tal forma que la estructura tarifaria para las industrias del País Vasco o Navarra se haya beneficiado con respecto a otros territorios?

Forma parte de la política encaminada a beneficiar a determinados sectores e intentar llevar la competitividad a las empresas, no tanto facilitándoles su crecimiento en innovación sino apostando por reducciones concretas de sus costes energéticos. En Ciudadanos creemos que hay que apostar por la industria pero existen otros mecanismos, menos arbitrarios desde mi punto de vista, donde se puede poner en valor la capacidad de las empresas para generar riqueza y no solamente con este tipo de incentivos que generan inequidad entre las distintas industrias.

El objetivo fundamental a medio plazo tiene que ser conseguir la misma factura para todos, incluido para la industria. Apostamos por la cogeneración como una herramienta clave para contribuir con la competitividad. Esto no tiene que ver con tantos niveles de peajes o tarifas distintas, que al final generan distorsiones innecesarias entre unos sectores y otros.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-Tanto la electricidad como los carburantes soportan una carga fiscal importante en España debido a la inelasticidad de su demanda y consumo. ¿Qué piensan hacer con la carga impositiva que hay sobre la energía?

Entendemos que la fiscalidad es importante y que, en primer lugar, debe mantenerse armonizada en toda España. Queremos que los impuestos que graven la electricidad sean los mismos en toda España. No siempre sucede así porque las comunidades autónomas tienen competencias en este sentido. En los demás aspectos habrá que trabajar con otros grupos parlamentarios. Es un tema delicado que hay que abordar con calma, sobre el que no tenemos una receta mágica, pero sí que entendemos que cualquier reforma fiscal debe ser global, no sólo de los impuestos especiales e impuestos a la energía sino también de IRPF, Sociedades… Una reforma fiscal global, no sólo de la fiscalidad energética.

Lo que tampoco podemos hacer es trasladar todo el peso de los impuestos únicamente al consumidor final. Tiene que haber un reparto equilibrado dentro de la energía. En España hay un peso muy importante, especialmente en el sector de los hidrocarburos, pagando muchos impuestos en el litro de gasolina que suponen una recaudación muy importante para las arcas públicas. Pero hay que ser cautos porque cada céntimo que subas a nivel impositivo, estás gravando la actividad de los transportistas, que son los que dependen del hidrocarburo para su negocio, y cada céntimo que restas lo haces sobre las arcas públicas.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE) consideró en su última visita a España que, en aras de cumplir los objetivos medioambientales, habría que elevar los impuestos a los carburantes que son, por otro lado, de los más reducidos de la Unión Europea, para financiar así el apoyo a las renovables. ¿Qué piensan al respecto?

Hay que valorar la posibilidad de gravar más fiscalmente aquellas energías que más contaminen, que es algo que parece que va en la línea de las directrices europeas y que tiene sentido. Algo que se haría sin ahogar a los sectores de la noche a la mañana pero sí que habría que ir introduciendo criterios fiscales para que las energías más contaminantes tengan un mayor coste, una mayor penalización fiscal, que las que son renovables y contribuyen a alcanzar los objetivos de reducción de contaminación marcados por la Unión Europea. ¿Cuánto o en qué porcentaje? No lo tenemos todavía definido.

RENOVABLES

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

Desde Ciudadanos pretendemos un marco de competencia perfecta a medio plazo, que entren todos en el mercado. En un mercado energético liberalizado, que funcione, en el que se eliminen barreras de entrada y salida para los agentes, donde se compita en libertad dentro de un pool con reglas claras, transparentes, no discriminatorias. Todo diseñado de forma que si hay que potenciar alguna energía a nivel de Estado, por política energética nacional o medioambiental, siempre que se haga con un sistema de retribución que vaya acorde con la curva de aprendizaje de esa energía, con primas decrecientes y tendentes a desembocar en un pool en el que se compita en igualdad de oportunidades y de condiciones con el resto de energías.

-¿Estáis de acuerdo con las críticas al pool que se realiza desde algunos sectores, a pesar de que los precios son bastante semejantes a lo marcado por otros mercados europeos?

Sinceramente creo que no está funcionando adecuadamente. Hay una duplicidad: por un lado hay unas tecnologías que parece que funcionan en libre mercado en el pool junto a una serie de tecnologías que tienen una rentabilidad garantizada por su  régimen retributivo que les permite entrar a cero y, en definitiva, que están distorsionando el precio real del pool. El pool no está reflejando exactamente el coste de generación. Incluso las propias empresas pueden jugar con el pool. Hay que pulirlo y trabajar en un mecanismo más sencillo. Sabemos que es complicado, pero desde Ciudadanos pretendemos un mercado que refleje exactamente el coste de generación de la energía y en el que entren todas las tecnologías en igualdad de oportunidades.

-Volviendo a las renovables, ¿Cómo valoran todo lo acontecido durante esta legislatura para este sector?

Se derogó el régimen especial pero persisten determinadas primas, rentabilidades garantizadas, condiciones ventajosas de unas energías frente a otras. Si vamos a ese modelo de potenciar determinadas energías como el impulso a la biomasa, que está entrando muy fuerte, o fotovoltaica o eólica con un determinado nivel de rentabilidad garantizada, hay que elaborarlo de otra manera. No podemos volver a caer en los errores de 2004-2005. Se diseñó un sistema de primas que en lugar de ser decrecientes fueron planas. Lo que hemos hecho es pagar toda la curva de aprendizaje de las renovables a nivel mundial sin que la prima fijada para esos proyectos, que están diseñados a 20-30 años, fuera cayendo en consonancia con la curva de aprendizaje.

-¿Qué valor da Ciudadanos a la seguridad jurídica?

Tenemos que reconocer que el Gobierno del PP no ha tenido más remedio que sacrificar la seguridad jurídica para controlar el déficit de tarifa. No se me ocurre una solución mejor a quebrantar la seguridad jurídica, aún reconociendo que para nosotros la seguridad jurídica es un pilar fundamental. Se habían hecho las cosas tan mal con las primas a las renovables que era la opción menos mala. En Ciudadanos somos defensores de la seguridad jurídica y lo que proponemos lo queremos respetar al 100%. Queremos dar seguridad jurídica a los inversores y que sepan que si vamos a poner unas reglas de juego, su proyecto terminará exactamente igual que empezó.

Lo que no se puede hacer es como hizo el Gobierno de Zapatero, poner primas permanentes con curvas de desarrollo tecnológico que aumentaban su eficiencia, al mismo nivel hasta el final de su vida útil de las renovables, porque eso te lleva a lo que ha hecho el Gobierno del PP. Coartar la seguridad jurídica y recortar las primas, lo que genera una espantada a los inversores internacionales o nacionales.

-¿Pero creen que las formas del Gobierno de hacerlo han sido las adecuadas?

No sé el grado de interlocución que ha habido con el sector. Lo cierto es que está bastante recurrido por todos y el Estado va a tener que soportar sentencias millonarias en contra por haber quebrado la seguridad jurídica. Creo que el Estado lo entendió como un mal menor. Posiblemente se podía haber llegado a algunos acuerdos y haber evitado algunas de las sentencias que están por venir. Creo que lo que se ha hecho para corregir el déficit era necesario, que se sacrificó mucho a la industria eléctrica, desde las multinacionales a los productores solares, y que todo debe servir para aprender de los errores del pasado y diseñar, entre todos, un modelo retributivo que no se pueda tocar.

CARBÓN

-¿Cómo abordaréis la cuestión del carbón nacional?

Avanzamos a un modelo en el que el carbón, para poder estar presente en el mix energético, tiene que ser económicamente viable para entrar en el pool sin ayudas, sin subvenciones y sin aportaciones por parte del Estado. Hay dos realidades: la primera es que únicamente pueden llegar a ser rentables las minas a cielo abierto. En segundo lugar, tiene que haber una renovación importante del parque de centrales térmicas en España. Actualmente están obsoletas, no cumplen los requisitos medioambientales de la Unión Europea, para lo que precisan llevar a cabo unas inversiones muy importantes para cumplirlos. Así podríamos mantener el carbón como una energía de transición durante unos años. Si no lo hacen, no habrá más remedio que cerrarlas.

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito?

No es un tema únicamente de la Administración sino del sector. No es un tema de ayudas: el sector lleva años con un plan de reconversión industrial de las minas en España. Actualmente la apuesta medioambiental es muy potente. Existen mecanismos que permiten reducir la contaminación del carbón de una forma notable. La pelota está en el tejado de la industria carbonera y de la industria de generación eléctrica, que son los que tienen que decidir si llevan cabo unas inversiones muy importantes en las plantas térmicas. Es verdad que la industria tomará la decisión en función de cuál sea la seguridad jurídica en España; si se les garantiza unas reglas de juego estables seguramente apostarán por renovar las plantas.

Pilar Lucio (PSOE): «Restituiremos las primas a las energías renovables gracias a eliminar unos beneficios para las tecnologías convencionales que consideramos injustificados»

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Pilar Lucio (Plasencia, 1972) es desde 2014 la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, en 2011 llegó al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, circunscripción donde en estas elecciones lidera la candidatura de su partido. Previamente fue consejera de Igualdad y Empleo en la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011. Con el programa presentado, el PSOE reivindica una transición hacia las renovables con severos ajustes en los mercados energéticos actuales.

-¿Qué balance hace de la legislatura en materia energética?

Ha sido la legislatura del frenazo a las energías renovables, consolidando nuestra dependencia energética exterior, poniendo en riesgo nuestros compromisos internacionales e imponiendo todas las barreras, cargas y peajes al autoconsumo, impidiendo su expansión. Es importante recordar que la reforma energética del Gobierno del PP se ha hecho con el rechazo de todos los sectores industriales del país, la CEOE, las empresas del ámbito de las energías renovables, las del gas, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, las organizaciones de consumidores y la ciudadanía. En definitiva, un auténtico disparate.

-Dígame algo bueno que se haya hecho esta legislatura en el área de energía.

Es difícil, más si cabe teniendo en cuenta que, a la falta de consenso, se une la ausencia de una mínima lógica regulatoria, económica y ambiental del proyecto de país en materia de energía. Ya que me pide algo bueno, le diré que coincidimos en la necesidad de potenciar las interconexiones con otros países como una de las herramientas para consolidar la seguridad energética no sólo de España sino también de Europa. De hecho, el Gobierno del PP ha podido inaugurar alguna de las interconexiones iniciadas en las legislaturas anteriores.

-En referencia a la diferencia de precios de la energía en España con respecto a Europa y sus causas, ¿qué opina su partido sobre su efecto en la competitividad? ¿qué piensan al respecto y qué propondrían para solucionarlo?

Está claro que la energía debe ser un factor fundamental en la competitividad de nuestras empresas y no una carga como está sucediendo en nuestro país, en un escenario mundial con precios del barril de petróleo en torno a los 40 dólares. Nuestras empresas deberían competir en igualdad de condiciones y no lo están haciendo por decisiones equivocadas. Tenemos un sector energético con un potencial enorme en tecnologías limpias, con un desarrollo tecnológico que no estamos aprovechando.

Hay que afrontar, sin más dilación, una profunda reforma del mercado eléctrico que haga compatible asegurar, en un marco de competencia, las inversiones de largo plazo en la nueva generación y que promueva una gestión más eficiente del parque de generación disponible. Existe una anomalía entre lo que pagamos y lo que recibimos. Hay una sustancial diferencia entre lo que cuesta producir la energía y lo que los ciudadanos pagamos por ella. Y esta anomalía sólo se corregirá con la reforma a la que he hecho referencia.

SECTOR ELÉCTRICO

-Proponen una transición energética que haga que el 70% de la electricidad sea de origen renovable en 2030. ¿Cuál será el impacto económico de esta transición? ¿Cerrar las centrales nucleares incrementará el precio de la electricidad en el recibo?

La transformación de nuestro modelo energético en el marco de la transición que proponemos debe tener a las energías renovables y a la eficiencia energética como protagonistas. El impacto económico será positivo si logramos restaurar la seguridad jurídica y un marco regulatorio estable que asegure un retorno de la inversión que el mercado como está diseñado no proporciona.

Nosotros establecemos en nuestro programa electoral un calendario de cierre que finalizaría en 2028 cuando el último reactor de nuestro país cumpla 40 años, su vida útil. No hay ninguna formación política que sea más clara que la nuestra. Este hueco de generación debe ser cubierto por producción renovable con lo que daríamos una clara señal de cuál quiere ser nuestro modelo energético de futuro.

Con el cierre de las centrales nucleares no va a verse incrementado el precio de la electricidad. Ya hemos hablado antes de la necesidad de una reforma del mercado eléctrico que aporte transparencia a un sistema demasiado opaco y que fije realmente el precio de cada tecnología en función de lo que cuesta producirla. De hecho, lo que la tecnología nuclear hace es socializar algunos costes que deberían ser asumidos por las empresas. Tenemos alternativas basadas en un desarrollo tecnológico y que ya son competitivas. Apostemos por ellas.

-La Ley del Sector Eléctrico indica que cualquier superávit del sistema eléctrico debería destinarse a enjugar la deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno no pierde oportunidad de anunciar bajadas de la tarifa antes de las elecciones gracias a los superávit. ¿Qué propone hacer su partido con el superávit? ¿Considera que las decisiones sobre el suministro eléctrico están politizadas?

El Gobierno ha hecho una ley que ha incumplido a la primera de cambio para intentar ocultar el resultado de la misma, que no es otro que su fracaso. El Gobierno ha mentido sobre el precio de la luz. En esta legislatura, con los datos que ha proporcionado la CNMC, la tarifa de luz ha subido un 10% en España. Somos el cuarto país con la electricidad más cara, con lo que ello supone para la competitividad de nuestras empresas y las economías familiares.

Necesitamos absoluta transparencia en el mercado eléctrico y, para ello, es imprescindible una auditoría de los costes integrados en la tarifa energética. No es admisible soportar una parte fija tan elevada en el recibo de la luz ni que consumir más o menos importe tan poco. Creemos que debemos extraer del sistema eléctrico aquellas decisiones que no tengan una relación directa con el coste real energético.

-Desde la Unión Europea, el comisario Arias Cañete plantea la conveniencia de avanzar hacia un futuro próximo sin tarifa regulada en el sector eléctrico. ¿Comparte estos planteamientos? ¿Aboga por mayor intervención, mayor liberalización o una continuidad en el sector?

Algunos parecen no haber aprendido las lecciones de una crisis consecuencia de las graves deficiencias regulatorias que ha permitido campar a sus anchas a los especuladores que se mueven en sectores económicos básicos, y la energía es uno de ellos. Cañete propone más desregulación y nosotros justo lo contrario.

-¿Qué consecuencias puede tener la auditoría de costes del sistema eléctrico, habida cuenta que ya en el programa denuncian una posible sobre-retribución a las centrales desarrolladas antes de la liberalización?

La principal consecuencia es, como ya he comentado antes, conocer los costes integrados en la tarifa energética, lo que nos dará, además de transparencia, las claves para la reforma del mercado eléctrico que nosotros consideramos prioritarias. Una de las primeras medidas que tomaremos en los primeros 100 días de gobierno será esta auditoría. Queremos que los generadores no ingresen beneficios injustificados y que los consumidores paguen precios justos.

GOBERNANZA

-¿Cómo valoran el cambio de la Comisión Nacional de la Energía por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? ¿Qué cambios propugnan para el regulador?

En contra del criterio de la Unión Europea de la racionalidad económica y de nuestra radical oposición, el Gobierno ha debilitado una herramienta imprescindible para velar por los intereses de los ciudadanos.

Nuestro programa dedica un amplio catálogo de medidas para los organismos reguladores. Defendemos la necesidad de garantizar su independencia, la suficiencia de recursos y de defensa de la competencia como condiciones necesarias para promover el funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia efectiva y el impulso de la innovación en beneficio de los consumidores.

Además de modificar el procedimiento de designación de los miembros de los organismos reguladores vamos a evaluar el funcionamiento de la CNMC desde su creación en 2013 y estudiar su transición hacia un modelo de regulador convergente como ya existe en Alemania.

-¿Qué posición mantiene respecto a los operadores de mercado y sistema del sector eléctrico y gasista (Red Eléctrica (REE) y Enagás)? ¿Considera que hay excesos de inversiones (y/o retribución) en sus actividades? ¿Creen que ejercen demasiada influencia, en su beneficio, en la planificación de instalaciones energéticas? ¿Se debería tener hacia un modelo de separación de funciones entre operación y transporte?

Parlamento, Gobierno y regulador deben recuperar una notable capacidad de decisión en la planificación que ha ido traspasándose por omisión a un conjunto de agentes cuyo objetivo es velar por sus propios intereses y no por el interés general. Nuestra posición respecto a los operadores del mercado y del sistema debe ser el resultado de un consenso lo más amplio posible cuyo punto de partida es la auditoría regulatoria.

FISCALIDAD ENERGÉTICA

-A tenor de su programa y de la reforma fiscal verde que anuncian. ¿Subirán los impuestos a los carburantes? ¿Reducirán o eliminarán los impuestos a la generación eléctrica?

No podemos seguir ignorando las señales que nos ha enviado la COP21 de Paris. Creemos que manteniendo el mismo nivel de presión fiscal es posible orientar mejor las decisiones. Hablamos de una reforma fiscal ecológica. Ha habido consumos de energías fósiles que han quedado fuera del incremento impositivo en esta legislatura, recayendo la mayor carga en el sector eléctrico.

Hay que impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a estándares europeos con una serie de nuevos tributos que especificamos con claridad en el programa electoral, siendo uno de los más importantes el que se aplicará sobre las emisiones de CO2. Con parte de este impuesto, y ya contesto a la segunda pregunta, crearemos un fondo verde para la transición energética con tres líneas básicas: Una social para familias y colectivos vulnerables, otra destinada a PYMES y rehabilitación de viviendas y una tercera dirigida a la movilidad y el transporte.

-¿Están dispuestos a sacar del recibo de la luz algunos de los conceptos derivados de cuestiones de política económica, territorial o medioambiental que se cargan en el recibo de todos los consumidores?

Ya lo hemos dicho anteriormente. Pagamos por la energía que no consumimos, una especie de tarifa plana que no responde al consumo de los ciudadanos. El recibo de la luz volverá a tener una parte fija de alrededor del 35%. La actual composición del recibo de la luz lanza la peor de las señales para promover el ahorro y l eficiencia porque el resultado final es que paga más el que menos consume.

RENOVABLES

-¿Qué volumen de nueva potencia renovable estiman para la próxima legislatura?

Primero debemos cumplir con los objetivos internacionales a los que nos hemos comprometido y que el Gobierno del PP ha puesto en serio riesgo. Luego en nuestra hoja de ruta a 2030 consideramos que debemos superar el 70% de participación de las energías renovables. Debemos tener en cuenta que en este escenario se abre un abanico de posibilidades enormes para el desarrollo e implantación de esta tecnología, tanto en la electrificación del transporte, como con el autoconsumo, sobre el que derogaremos el impuesto al sol, así como en la sustitución progresiva del parque nuclear por generación renovable. Nuestro futuro energético es renovable.

-Esta legislatura ha supuesto un cambio radical para las energías renovables. ¿Cuál es el sistema retributivo que proponen?

Restituiremos las regulaciones de origen, bajo las cuales se produjeron las inversiones de las distintas tecnologías, y las renovables no pueden ser una excepción. De esta forma, España recuperará hacia el futuro el marco imprescindible para el impulso inversor necesario. Para que sea viable la restitución del marco regulatorio de las renovables, sin que ello acabe afectando al recibo que llega la consumidor o al déficit de tarifa, hay que restituir también el marco de las tecnologías convencionales, de tal forma que las primeras no sigan padeciendo una arbitraria minoración de unos ingresos que estaban garantizados en el BOE, ni las segundas percibiendo unos beneficios sobrevenidos totalmente injustificados.

-El modelo retributivo diseñado para las renovables de rentabilidad razonable está actualmente a juicio en varios tribunales. ¿Qué hará su Gobierno ante unas resoluciones contrarias a España en los arbitrajes internacionales? ¿Les daría el mismo trato a los nacionales que a estos inversores extranjeros si el arbitraje falla en su favor?

Debemos abrir un proceso de negociación con los inversores que han interpuesto demandas contra España. En esa negociación, deberemos poner encima de la mesa diferentes soluciones y, sobre todo, las oportunidades que se abren con el proceso de transición energética que queremos impulsar. No vamos a esperar a que los tribunales fallen. Nosotros proponemos de partida restituir el marco de referencia para todas las tecnologías en igualdad de condiciones.

-Respecto al autoconsumo, ¿qué fórmula utilizarán para su impulso? ¿Está a favor de que no paguen por el acceso a la red y la utilización de sus servicios los pequeños productores?

Nuestro Secretario General ya ha manifestado, en numerosas ocasiones, que derogaremos el denominado impuesto al sol y eliminaremos las trabas al desarrollo del autoconsumo que el actual gobierno ha frenado. Es preciso, de nuevo desde el consenso, un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, es contraproducente hacer pagar dos veces por el mismo concepto a un consumidor que además es productor.

-¿Qué tecnología es su apuesta para ejercer el respaldo que necesitan las energías renovables?

Un mix renovable diversificado debe avanzar hacia su propia autosuficiencia en el marco de la seguridad de suministro, sin olvidar los avances tecnológicos que ya se están produciendo en materia de almacenamiento energético, así como la ventaja que va a suponer orientar el sistema mucho más hacia la gestión de la demanda que de la oferta como ha venido sucediendo hasta ahora. Consideramos que los ciclos combinados pueden ser una alternativa ya que su capacidad de generación está en unos porcentajes mínimos y deben ser útiles en una transición hacia un modelo basado en las renovables y la eficiencia energética.

OTRAS CUESTIONES

-Se acerca 2018 y la Unión Europea no permitirá más subvenciones a la minería del carbón. ¿Qué debe hacer el próximo Gobierno en este ámbito? ¿Cómo se pueden combinar, la evolución de la demanda con los objetivos medioambientales y económicos con la situación de la deficitaria minería del carbón nacional?

Tenemos que encontrar una solución justa para la minería del carbón española que combine nuestro compromiso de emisiones con la necesidad de avanzar en la autonomía energética de nuestro país y la seguridad de suministro, tal como indicamos en nuestro programa electoral. Vamos a cumplir nuestros acuerdos con el sector y la resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de 2012. Además, hay que impulsar las formas de combustión limpia y la aplicación de innovaciones tecnológicas dirigidas a la reducción de emisiones y captura de CO2, en la línea de las propuestas que recogen las conclusiones de la COP 21.

-En su programa llevan el rechazo al ATC en Villar de Cañas. ¿Qué proponen para los residuos nucleares?

Somos partidarios de la construcción de un Almacén Temporal Centralizado para la gestión de los residuos nucleares pero consideramos que Villar de Cañas no reúne las condiciones. No lo decimos nosotros; existen diferentes informes que desaconsejan su ubicación en esa localidad lo que nos reafirma en nuestra idea de que la decisión fue, más que nada, política. En todo caso, no es razonable desagregar, como está haciendo el PP, las decisiones respecto a la vida del parque nuclear de la respuesta a la gestión  de los residuos.