Redacción / Agencias.- De hecho, Amigos de la Tierra lamentó que el Gobierno haya aprobado «en funciones» la directiva de eficiencia energética de 2012 con retraso, «a regañadientes y obligado por las amenazas» de la Comisión Europea. Lo cierto es que el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que transpone partes de la directiva europea de eficiencia energética, y, entre otras actuaciones, prevé auditorías energéticas periódicas obligatorias para las grandes empresas, a partir de las cuales éstas puedan mejorar su consumo energético.

El decreto prevé estas auditorías energéticas para toda compañía de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio. Las auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones y deberán realizarse, al menos, cada 4 años. El Gobierno estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas, con cerca de 27.000 establecimientos o locales. Las empresas tendrán un plazo de 9 meses para realizar las auditorías, que sólo podrán sustituirse por la existencia de sistemas de gestión ambiental que cuenten con certificados de eficiencia energética en vigor.

Industria indicó que este decreto, junto con el resto de normas aprobadas en esta legislatura que también trasponen la directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, «permite impulsar el ahorro y la eficiencia energética contribuyendo de manera decisiva a alcanzar los objetivos de la Unión Europea«. Asimismo, pretende impulsar la eficiencia energética en varios ámbitos: auditorías energéticas, acreditación de auditores y proveedores de servicios energéticos y promoción de la eficiencia del suministro.

El Ejecutivo considerará válidas las auditorías que se hayan realizado desde el 5 de diciembre de 2012, fecha de entrada en vigor de la directiva. Las auditorías serán realizadas por auditores energéticos profesionales que cumplan con los requisitos de cualificación que se establecen en el decreto, sin perjuicio de que también podrán realizarse por personal interno cualificado. El decreto establece los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos, que deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil. En la sede electrónica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) existirá un listado de proveedores de servicios energéticos.

Por su parte, la ONG Amigos de la Tierra ha criticado los más de 2 años de demora con los que se transpone esta directiva, que debería haberse trasladado a la legislación nacional en 2014, y que sólo se haya traspuesto de manera parcial. Hector de Prado, portavoz de energía de esta ONG, indicó que «el Gobierno ha tratado de esquivar esta transposición con el fin de no afectar negativamente los negocios de las grandes empresas, especialmente los de las eléctricas, e hizo caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que sugerían una mayor ambición a la hora de transponer la directiva».

Para Héctor de Prado, a pesar de las reticencias por parte de las grandes empresas europeas del sector de la energía, la «necesidad estratégica» de depender menos de las importaciones de combustibles fósiles, así como de emitir menos CO2, permitió situar la directiva por encima de los intereses privados. Amigos de la Tierra ha lamentado que el real decreto no trasponga todas las medidas de la directiva, «algunas de las cuales ayudarían al consumidor doméstico o comunitario a ahorrar casi un tercio de su consumo mensual», y ha recordado que estas actuaciones tendrían un gran potencial de crear nuevos empleos.

Amigos de la Tierra explica que las medidas recogidas en la directiva impulsarían la energía comunitaria porque conlleva estrategias de reducción del consumo de gas y electricidad en sectores diversos como el residencial, la industria o el transporte. A su juicio, desde el sector privado muchas medidas no se ven con buenos ojos porque, como ya se ha explicado, obligaría a las grandes empresas a llevar a cabo auditorías energéticas.

«El documento original, a pesar de no ser perfecto, ofrece una interesante batería de disposiciones viables que ya están aprovechando muchos países tras haberlas implementado. El documento que ha aprobado el Consejo de Ministros está plagado de lagunas en comparación al original, y es, en general, poco consistente», denunciaron. Finalmente, lo considera un texto de mínimos a pesar de las contraindicaciones del Consejo de Estado, la CNMC y varias asociaciones de defensa del medio ambiente o de consumidores que instaban al Gobierno a implantar medidas «más ambiciosas» de eficiencia energética.