Servimedia / EFE.- El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha acordado la modificación del Acuerdo de 2001 de aprobación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) para suprimir el instrumento de convocatoria o concurso previo previsto para la construcción y puesta en funcionamiento de parques. No es la única novedad para el sector ya que la junta directiva de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha nombrado presidenta a la hasta ahora vicepresidenta en representación de EDP Renewables Europe, Rocío Sicre del Rosal.
Según explicó la patronal eólica, su presidencia es rotatoria y Sicre sustituye en el cargo a Juan Diego Díaz Vega, que vuelve a ser vicepresidente en representación de Siemens Gamesa Renewable Energy. La nueva presidenta de AEE es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). Sicre ha desarrollado toda su carrera en torno a las renovables como directiva especializada en energía y financiación: primero en Unión Fenosa Energías Especiales y posteriormente en el Grupo Hidrocantábrico (actualmente parte de EDP), donde fue nombrada en 2008 directora general de EDPR para España, cargo que continúa desempeñando en la actualidad.
La nueva presidenta subrayó que el sector eólico «se enfrenta a un momento crucial una vez más». Por ello, ha añadido que tendrán que trabajar «muy duro y junto a todas las partes interesadas para hacer valer la importancia y la necesidad de apoyo a una tecnología consolidada, eficiente, que genera empleo y que contribuye al futuro sostenible» del país.
Cambios en la Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana exigía que, antes de poder presentar un proyecto para realizar un parque eólico, la Generalitat, a través de la consejería competente en materia de energía (Economía Sostenible), tenía que realizar una convocatoria pública para la presentación de proyectos en una o más de las 15 zonas en las que se permiten instalar este tipo de centrales eléctricas.
En el Plan Eólico aprobado en 2001 se realizaron dos convocatorias, resueltas en 2003 y 2009, que adjudicaron una potencia aproximada de 2.680 megavatios, y en la actualidad únicamente se ha puesto en servicio un 44% de toda la potencia adjudicada (1.200 megavatios aproximadamente). La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mónica Oltra, ha explicado que el desarrollo de la energía eólica ha sido muy «desigual», ya que de las 15 zonas eólicas posibles recogidas en el PECV, sólo se han desarrollado 9 de ellas y en algunas de éstas el desarrollo ha sido parcial, mientras que en las 6 zonas restantes no se instaló ningún aerogenerador.
En este contexto, el Gobierno autonómico considera necesario eliminar la necesidad de convocatoria o concurso previo porque supone mayores plazos, por la tramitación añadida para la puesta en servicio de nuevos parques eólicos, y porque estaba diseñada de manera que las solicitudes se tenían que presentar por zonas completas, lo que se restringía a empresas con cierto tamaño empresarial. Además, las eólicas eran las únicas centrales eléctricas que tenían que pasar por ese concurso previo, ya que este procedimiento no se exige para implantar otro tipo de centrales como las fotovoltaicas, termosolares o ciclos combinados.
Por tanto, la eliminación de la convocatoria como instrumento para el desarrollo de parques eólicos permitirá que, a partir de ahora, puedan presentarse en las zonas aptas para ello, nuevos proyectos eólicos y que éstos puedan ser desarrollados por empresas más pequeñas, según el Ejecutivo. La implantación efectiva de los nuevos proyectos seguirá sujeta a las normas de ordenación del Plan Eólico, que determinan las zonas que son aptas para el desarrollo eólico de nuestro territorio. Igualmente, los proyectos presentados deberán obtener el pronunciamiento favorable previo a su construcción por parte de los órganos competentes en materia de energía, evaluación ambiental, ordenación territorial y urbanística.
Junto a la supresión de la convocatoria, también se realiza un mandato a las Consejerías con competencias en la implantación de parques eólicos para que, en un año, realicen una evaluación del actual modelo de ejecución y desarrollo de la energía eólica para proceder a una revisión o reformulación, con la finalidad de continuar aprovechando, en aquellas zonas donde sea viable, el recurso eólico disponible.
