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Henrik Andersen se convertirá en agosto en el CEO de la eólica danesa Vestas tras la marcha de Anders Runevad

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Redacción.- La eólica danesa Vestas anunció que Anders Runevad dimitirá como director ejecutivo (CEO) de Vestas el 1 de agosto de 2019 y será reemplazado por Henrik Andersen, actualmente CEO de la compañía industrial Hempel A / S y miembro de la junta directiva de Vestas.

Henrik Andersen, quien se unió al consejo de Vestas en 2013, aporta una amplia experiencia en roles de gestión en compañías globales durante los últimos 20 años. Con el nombramiento de Andersen, Vestas apunta a continuar y desarrollar su estrategia de crecimiento rentable y su visión a largo plazo, en la que Andersen participó como miembro de la junta durante los últimos 6 años, según destacó la eólica danesa. Andersen destacó que su objetivo al frente de Vestas es preparar la compañía para el futuro e impulsar la transición energética.

Se cumplen así los planes de sucesión a largo plazo en Vestas, pues Anders Runevad seguirá siendo asesor de la compañía hasta mediados de 2020, trabajando junto al presidente de Vestas, Bert Nordberg, y el director ejecutivo entrante. Durante el mismo período, Anders Runevad también seguirá siendo presidente de MHI Vestas Offshore Wind, la compañía dedicada a la eólica marina.

Tras la decisión de Runevad de renunciar, Bert Nordberg, presidente del consejo de administración de Vestas, agradeció “su fuerte liderazgo estratégico y operativo para convertir a Vestas en el líder mundial en energía eólica y llegar a ser líder mundial en soluciones de energía sostenible”. “Vestas tiene una base sólida para abordar sus prioridades, invertir en el futuro y ayudar a preservar nuestro planeta para las generaciones futuras”, destacó Nordberg. En el mismo sentido, se mostró convencido de que Andersen tiene una trayectoria “comprobada” en la construcción y transformación de empresas globales, “lo que será un gran activo a medida que Vestas pase de ser líder en energía eólica a ser líder en energía sostenible”.

Anders Runevad justificó su decisión de abandonar el liderazgo de Vestas al considerar que la industria entra en una nueva fase “después de llevar la energía eólica a la par con el combustible fósil”. “Es el momento adecuado para que yo renuncie. Me complace entregar una empresa en excelente forma que también se beneficiará de la perspectiva de un nuevo líder”, afirmó Runevad, que resaltó que seguirá asesorando a Vestas.

Las renovables aportaron un 17,5% del consumo final de energía en 2017 frente al 10,7% de 2008, según el IEE

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Europa Press.- La proporción de energías renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó en España un promedio de 17,5% en 2017, lo que ha supuesto un incremento de 7 puntos porcentuales respecto a 2008 (10,7%), según datos recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Este porcentaje coincide justo con la media europea, que también registra una aportación del 17,5%, lo que supone un nuevo avance hacia el objetivo de lograr una media del 20% que se ha fijado para 2020 en la Unión Europea. 11 países europeos ya han alcanzado sus objetivos nacionales. Suecia se sitúa en primera posición como el país donde la energía renovable cuenta con una mayor aportación en el consumo final bruto de energía en 2017, un 54,5%, frente al 45,2% que registró en 2008, año en el que también lideraba la lista. A continuación, superando la aportación del 30%, figuran Finlandia (41,0%), Letonia (39,0%), Dinamarca (35,2%) y Austria (32,5%). Estonia supera el 29%, mientras que Portugal alcanza el 28%.

Croacia (27,3%), Lituania (25,8%), Rumanía (24,5%), Eslovenia (21,5%), Bulgaria (18,7%) e Italia (18,3%) también superan la media europea, que iguala España con una aportación del 17,5%. En el otro extremo, Luxemburgo cierra la lista, con una aportación de únicamente el 3,5%. Le siguen, con una aportación inferior al 10%, Malta (3,7%), Países Bajos (4,7%), el Reino Unido (5,3%), Bélgica (7,5%), Irlanda (7,6%) y Chipre (8,1%).

Todos los países europeos tienen niveles de pobreza energética, con Bulgaria en peor situación y España en el puesto 12

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Europa Press.- La mayoría de los Veintiocho Estados miembro de la Unión Europea tiene pobreza energética, con Bulgaria en el último puesto, mientras España está en la parte media-alta de la tabla y se sitúa en el puesto número 12. A la cabeza se sitúan Suecia, Finlandia y Dinamarca, según un estudio realizado por Open Exp que publica la Coalición Europea por el Derecho a la Energía.

El trabajo revela que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen niveles «significativos» de pobreza energética y que son «incapaces» de calentar a sus ciudadanos durante el invierno. El escalafón de la pobreza energética da una prevalencia más elevada en el sur y en el este de Europa. Bulgaria es el país que peores resultados obtiene en 4 indicadores clave: hogares húmedos y con fugas, altos costes de energía para las familias, incapacidad para calentar los hogares durante el invierno e incapacidad para mantenerlos frescos en verano. Suecia y Finlandia figuran entre los países con mejores resultados.

De los Veintiocho, un total de 17 tienen niveles significativos de pobreza energética y el estudio advierte de que la proporción del presupuesto familiar que los hogares dedican a la energía está aumentando en Europa, especialmente para las familias de renta baja, para las que el gasto aumentó un 33% entre 2000 y 2014. Por otro lado, el estudio observa una «clara división» entre los países de Europa occidental y del norte por un lado, y los países de Europa del sur y del este.

Además, concluye que los niveles altos de pobreza energética dependen más de factores socioeconómicos que del clima ya que los países con un alto PIB per cápita y una normativa estricta en materia de construcción muestran niveles más bajos de pobreza energética. Al mismo tiempo, advierte de que hay una falta de acción política a la hora de abordar la pobreza energética y destaca que Grecia es el único Estado de la Unión Europea que contempla un objetivo de pobreza energética y alerta de que los planes nacionales de eficiencia energética «no lograrán alcanzar” el objetivo acordado de la Unión Europea del 32,5% para 2030.

«La Unión Europea debe tomar medidas urgentes para reducir las altas tasas de pobreza energética y abordar la creciente brecha energética en Europa. Cuando aumenta la renta de los hogares y se endurece la normativa, los niveles de pobreza energética descienden significativamente. La Unión Europea debe prohibir las desconexiones y garantizar la inversión en eficiencia energética para las viviendas destinadas a las familias con rentas más bajas», ha manifestado la coordinadora de Políticas en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), Sian Jones.

Por su parte, desde la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos, Guillaume Durivaux ha destacado que el aumento de la pobreza energética pone en peligro el acceso a la energía para millones de europeos. «Los políticos deben proteger a los europeos y garantizar el derecho a la energía prohibiendo las desconexiones y una implicación directa de los ciudadanos en las políticas energéticas«, ha manifestado. Al mismo tiempo, la defensora de justicia climática de Amigos de la Tierra Europa, Clémence Hutin, denuncia que millones de ciudadanos de la Unión Europea pasan frío en sus hogares este invierno y «necesitan ayuda inmediata» a causa de un sistema energético «profundamente derrochador».

Finalmente, la analista senior de Open Exp y autora del estudio, Yamina Saheb, indicó que, para reducir la vulnerabilidad de las familias de renta baja frente a las fluctuaciones de los precios de la energía y el estancamiento de los salarios, los gobiernos deben garantizar que los edificios donde hay familias vulnerables tengan un balance energético positivo, esto es, que produzcan más energía de la que consumen para reducir a cero la factura energética de las familias de renta baja«.

La danesa European Solar Farms presenta la 32ª demanda contra España ante el Ciadi por el recorte de las renovables

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Europa Press.- La sociedad danesa European Solar Farms ha presentado la trigésimo segunda denuncia contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables. Según la información remitida al Ciadi, la sociedad, radicada en Dinamarca, cuenta con el asesoramiento jurídico del despacho de abogados King&Spalding. Por tanto, fueron 3 las demandas presentadas contra el Gobierno de España en 2018 por los recortes en la retribución de las renovables.

De estas más de 30 denuncias, el Ciadi ya falló en 3 a favor del demandante, en los casos de Masdar, perteneciente a al fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses; y el fondo Antin, con una indemnización de 112 millones de euros. No obstante, en los 3 casos la ejecución de los laudos no se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno en procedimiento de anulación, en el caso de Eiser, o de solicitud de rectificación.

Además, el Estado español ha sufrido 2 reveses más en los arbitrajes internacionales. En noviembre la danesa Athena Investments comunicó que había ganado un laudo contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que le favorecía con una indemnización de 11 millones de euros. Asimismo, el SCC también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que a finales del 2017 la Comisión Europea respaldó al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea. Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante Uncitral, que asciende a 1.900 millones de euros.

El 14% de las familias monoparentales en España sufre pobreza energética, según un estudio realizado por Rastreator.com

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Europa Press.- El 14,1% de las familias monoparentales en España sufre pobreza energética, según datos de un estudio realizado por el comparador online Rastreator.com. Así, el número de familias que no puede mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno ha crecido un 56,8% desde 2013, según el estudio.

En concreto, un 8% de los hogares españoles, unos 1,4 millones, sufre pobreza energética. De todas maneras, este dato mejora el de años anteriores, ya que entre 2014 y 2016 el porcentaje de hogares en pobreza energética se situó por encima del 10%, aunque está aún lejos del 5,9% de 2008, el más bajo de la última década. Además, el informe destaca que el 31,7% de los españoles afirma pasar frío en invierno para ahorrar en calefacción. Asimismo, otro colectivo que presenta alto riesgo son los adultos menores de 65 años que viven solos, con un 11,4% de estos hogares que sufre pobreza energética, frente al 10,7% registrado en 2013.

Según el estudio, una de las razones de este problema está en los altos precios de la electricidad en España, que hace que se tenga que destinar el 6,8% del sueldo a pagar las facturas eléctricas. Rastreator.com señala que España se encuentra por encima de la media de lo que se paga en el resto de países europeos, siendo el quinto país con la electricidad más cara, solamente superado por Irlanda, Bélgica, Dinamarca y Alemania.

Bruselas espera la normativa de prohibir coches con emisiones desde 2040 para analizar si es compatible con la regulación comunitaria

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Europa Press.- El comisario de Energía y Acción por el Clima, el español Miguel Arias Cañete, apuntó que la Comisión Europea no evalúa «declaraciones políticas» como el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir a partir de 2040 la venta de coches con emisiones directas de dióxido de carbono (CO2), pero que si el proyecto se convierte en norma Bruselas sí analizará su compatibilidad con las reglas de la Unión Europea.

El comisario Cañete ha recordado que además de España al menos otro cinco países de la Unión Europea han anunciado medidas similares, pero ninguno ha dado el paso de transformar las ideas en propuestas legislativas concretas. Dinamarca, Irlanda y Países Bajos han apuntado el objetivo de vetar los vehículos con motores de combustión interna en el horizonte de 2030, mientras que Francia y Reino Unido, como España, han sugerido que lo harán en 2040. Así las cosas, si alguno de estos gobiernos introduce una norma legislativa, ha explicado Arias Cañete, deberá notificar a Bruselas los detalles técnicos para que los servicios comunitarios analicen su «compatibilidad» con las reglas del Mercado Interior, una tarea que corresponde a la comisaria Elzbieta Bienkowska.

Con todo, el comisario ha apuntado que la Unión Europea se centra en «establecer estándares» comunes de reducción de emisiones que se aplican en «todo el territorio» y a «todos los fabricantes», con el objetivo de garantizar «igualdad de condiciones». Otras fuentes comunitarias insisten en que la línea que defiende Bruselas no se apoya en «prohibiciones», sino en trabajar para «limitar» las emisiones, por lo que no solo es relevante el objetivo que se persiga con la tramitación de nuevas medidas, sino también los «medios» que se utilicen para ello.

España sufre su quinto revés en los tribunales internacionales ante la danesa Athena por los recortes a las renovables

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Europa Press.- El Estado español sufre su quinto revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables, después de que Athena Investments, una operadora danesa de plantas renovables, haya ganado la demanda interpuesta hace dos años contra España, reconociéndole una indemnización de 11 millones de euros.

Según la compañía, en noviembre de 2015 inició un arbitraje contra España ateniéndose a la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, tras el cambio llevado a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de renovables. Estos cambios legislativos habrían afectado negativamente al valor de la inversión realizada en los años previos relativos a la energía solar, de forma que infringía el artículo 10 de dicho tratado sobre una capacidad total instalada de 6,7 megavatios (MW).

Además de la indemnización de 11 millones, que cubre los daños ocasionados y el coste del arbitraje, la sentencia también le reconoce a la empresa la recuperación de los intereses desde el 30 de junio de 2014. El presidente de Athena, Peter Hostgaard, ha aplaudido el fallo ya que confirma la aplicación de la ley en Europa y protege «el interés legitimo de los inversores», al mismo tiempo que ha avanzado que el importe indemnizado será contabilizado para «partidas especiales».

La última sentencia a la que España tuvo que hacer frente debido al cambio de criterio sobre las renovables tuvo lugar en junio, cuando el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, falló a favor del fondo Antin, reconociéndole el pago de una indemnización de 112 millones de euros. Previamente, en mayo, el Estado español sufrió otro revés también por parte del Ciadi al fallar a favor de Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros. Este fallo del Ciadi era el segundo en contra de España, después de que en 2017 fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi un recurso contra este laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia. De todas maneras, el tribunal de apelación de Suecia decretó posteriormente la suspensión indefinida de la ejecución de este laudo.

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire ya que en noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno español en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló en marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea. Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). España suma casi una treintena de demandas ante el Ciadi contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.

España, en el top ten de los países con mejor gestión energética, según un informe de Marsh & McLennan

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Europa Press.- España se encuentra entre los países con mejor gestión energética del mundo, con un rating AAA en la materia, según el estudio realizado por Global Risk Center de Marsh & McLennan, Oliver Wyman y el Consejo Mundial de la Energía. Esta máxima calificación mide tres variables energéticas, la accesibilidad, la seguridad y la sostenibilidad ambiental, siendo España uno de los 9 países que comparten ese rating.

El informe destaca que España se ha fijado obtener el 20% de la energía en el consumo final bruto a través de renovables, lo que supondría en 4 años un avance de 3 puntos, desde el 17% alcanzado en 2016. Mientras, advierte que uno de los riesgos del mercado de la energía en España proviene de la interconexión regional de la electricidad, que «puede suponer un obstáculo para un mayor crecimiento de las energías renovables y la seguridad del suministro«.

Así, el estudio sitúa a España al nivel de Estados como Dinamarca, Suiza y Suecia, y junto a los grandes países europeos como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido u Holanda. Entre los países del Este de Europa, Eslovenia también consigue situarse entre los 10 grandes de la gestión energética. Si a las tres variables del denominado trilema energético se suma la variable contextual de cada país, España desciende hasta la decimosexta posición. En los dos años anteriores, nuestro país había ocupado el puesto número 13.

España se sitúa en el puesto 16 del índice global energético Trilemma 2018, que lideran Dinamarca, Suiza y Suecia

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Europa Press.- España ocupa el puesto 16 en el índice global energético Trilemma 2018, que está liderado por Dinamarca, Suiza y Suecia y posiciona a los países en función de su integración de las 3 dimensiones de sostenibilidad, equidad y seguridad de suministro.

Según las conclusiones del informe, que elabora el Consejo Mundial de la Energía en asociación con la consultora global Oliver Wyman, los sistemas energéticos equilibrados no son sólo del dominio de los países ricos, sino que pueden impulsar el buen desempeño de las economías emergentes. El socio y director global de Energía de Oliver Wyman, Francois Austin, señaló que el índice demuestra que «todos los países, a pesar de su situación económica, pueden aspirar a tener un sistema energético equilibrado«.

Dentro del ranking de 125 países del informe, un total de 8 consiguen alcanzar un balance de grado AAA, destacando los tres primeros: Dinamarca, Suiza y Suecia. No obstante, aunque los 10 primeros países dentro del índice se mantienen relativamente estables, existen cambios que contrarrestan la tendencia habitual asociada con el PIB nacional, como Eslovenia, que está en el número 6, por delante de países como Alemania, que ocupa un séptimo puesto, Francia, el décimo, Estados Unidos, que se sitúa en el número 14 o España que ocupa el 16.

Además, el informe destaca que varios países muestran una mejora significativa y demuestran que un sistema de redes energéticas equilibrado no es un lujo, sino un producto de estrategias integrado e inteligente en favor de la transición energética. Países como Nepal, Kenia y Bangladesh, con economías más vulnerables, han mejorado significativamente sus puntuaciones en el Trilemma en cuanto a la equidad energética mientras buscan mejorar el acceso a la energía.

El Gobierno, Vestas y los sindicatos acuerdan las medidas para paliar los efectos del cierre de la planta de León

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Europa Press.- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, los sindicatos UGT y CCOO y la compañía Vestas firmaron el Marco General de Actuación para paliar el impacto del cierre de la planta situada en Villadangos del Páramo (León). El acuerdo tiene como objetivo principal apoyar la recolocación de los trabajadores de la fábrica y el tejido industrial asociado a la misma.

El Marco General de Actuación contempla que Administración pública estatal y empresa se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para lograr inversores industriales antes del 31 de diciembre de 2019, según indicaron fuentes ministeriales. La Administración pública estatal se compromete a «promover el diseño de medidas de política industrial que contribuyan a la reindustrialización de la zona en pro de un desarrollo económico sostenible«. La empresa «promoverá una oferta de empleo dentro del Grupo Vestas en España y fuera de España» e informará a los empleados de León, que tengan interés, sobre las oportunidades de empleo y apoyará su reincorporación. Asimismo, facilitará la recolocación en empresas subcontratistas de Vestas o en otras empresas de León.

En el Marco también se contempla la disposición por parte de Vestas de un presupuesto máximo de 300.000 euros para planes de formación para el empleo. Vestas se compromete a «mantener el edificio en condiciones de operatividad hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta la transferencia del mismo a un inversor, lo que ocurra antes», y a mantener la actividad en las fábricas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real), eslabones fundamentales en la cadena global de producción de la empresa, conforme a las actuales condiciones de mercado.

Además, se compromete a facilitar el proceso de venta de las instalaciones en proporción a las garantías que ofrezca el futuro inversor sobre la contratación de empleados de la bolsa de trabajo creada a tal efecto. El acuerdo incluye la creación de una Comisión de Seguimiento del desarrollo de las medidas y actuaciones recogidas en el Marco General de Actuación.

Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se trata de «un buen acuerdo» al que se ha llegado después «de un intenso trabajo» con los sindicatos y la empresa, al fijar un marco de actuación para dar una salida industrial a la planta de Villadangos. La titular de Industria ha subrayado que el acuerdo incluye medidas para lograr un inversor que pueda mantener la unidad productiva, así como planes de recolocación y de formación dirigidos a los trabajadores afectados por el ERE. Por último, la ministra también hizo hincapié en que el acuerdo alcanzado «está abierto para que otros agentes se sumen».