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Juan Sánchez-Calero releva a Borja Prado en la presidencia de Endesa tras la junta de accionistas de la compañía

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Europa Press.- Juan Sánchez-Calero asumió la presidencia de Endesa, relevando en el cargo a Borja Prado, que dejó el puesto en la junta de accionistas después de 10 años al frente de la energética. Sánchez-Calero, catedrático de Derecho Mercantil por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, está considerado como uno de los expertos españoles más reconocidos en Derecho Mercantil en el ámbito nacional e internacional, especialmente en derecho mercantil societario y buen gobierno corporativo.

Asimismo, forma parte, entre otros, de los consejos de dirección, redacción o científicos de Thomson Reuters Aranzadi, Revista del Derecho de Sociedades, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Revista de Derecho Mercantil, Revista General de Jurisprudencia y Legislación o Rassegna Giuridica dell’Energia Elettrica. Participó también en labores prelegislativas en materias tales como la normativa sobre Oferta Pública de Adquisición de Acciones o la propuesta de Código Mercantil y posee una amplia trayectoria internacional acreditada, entre otras actividades, por su participación en la International Academy Law, Comparative Law, la European Model Company Act (EMCA) o su trabajo como co-director del Máster de Derecho de los Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

Presidente no ejecutivo de Endesa

Sánchez-Calero será un presidente no ejecutivo en Endesa, al contrario que hasta ahora era Prado. El poder ejecutivo en la compañía recaerá así en su totalidad sobre el actual consejero delegado, José Bogas, que fue renovado en su cargo. El 19 de febrero, ya se anunció el relevo de Prado en la presidencia de Endesa, después de casi una década al frente de la compañía.

La italiana Enel, máximo accionista de Endesa con un 70,1% de su capital, anunció al consejo de administración de la compañía su intención de proponer una adaptación de la normativa interna a la limitación, por razones de buen gobierno corporativo, del período máximo en que una persona puede ejercer el cargo del presidente de la española. Esta modificación suponía así la no reelección de Borja Prado como presidente de Endesa.

La Justicia europea avala el sistema de contribuciones al fondo nacional de eficiencia energética

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Europa Press. – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la norma española que obliga a las empresas a abonar contribuciones económicas de alrededor de 200 millones de euros al año al fondo de eficiencia energética es compatible con el Derecho comunitario.

La sentencia resuelve la cuestión planteada por el Tribunal Supremo ante la impugnación presentada por la empresa Saras Energía. Del mismo modo, se habían personado en el caso Acciona Green Energy Developments, Endesa, Engie España, Fortia Energía, Viesgo Infraestructuras Energéticas, Villar Mir Energía y Enérgya VM Gestión de Energía.

El Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) fue creado en 2014 con el objetivo de financiar mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica y otras medidas con el fin de aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores consumidores de energía.

Para llevar a cabo esta tarea, obliga a las empresas comercializadoras de electricidad a abonar aproximadamente unos 200 millones de euros al año para ayudar a cumplir los objetivos de ahorro de energía. El Gobierno fijó para 2018, en este sentido, unas aportaciones totales que ascenderán a 204,5 millones de euros.

En el lado de la impugnación, Saras Energía defendía que la legislación española es incompatible con la directiva europea al obligar a cumplir con las obligaciones de ahorro energético mediante contribuciones a un fondo de eficiencia energética sin permitir hacerlo mediante la implantación de medidas de ahorro.

La entidad también denunciaba que se imponga esta obligación a las empresas comercializadoras de gas y electricidad y a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo, dejando al margen los distribuidores de gas y electricidad y los minoristas de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo.

Así, el fallo del tribunal de Luxemburgo afirma que la directiva europea sobre eficiencia energética «no se opone a la normativa española» siempre que la legislación nacional «garantice la obtención de ahorros de energía en una medida equivalente a los sistemas de obligaciones de eficiencia energética que pueden crearse» y, por otra parte, que se cumplan los requisitos establecidos en dicha directiva, algo que debe comprobar el Tribunal Supremo.

De este modo, el TUE considera que la obligación de contribuir anualmente al FNEE «constituye un instrumento de financiación que induce a que se apliquen tecnologías o técnicas eficientes desde el punto de vista energético. Por ello, afirma que es parte de los medios enumerados en la directiva europea para obtener ahorros de energía entre los clientes finales.

Además, el TUE señala de nuevo que el Tribunal Supremo debe verificar si la designación de las empresas obligadas «se basa efectivamente en criterios expresamente establecidos, objetivos y no discriminatorios». Para ello, añade, deberá tener en cuenta «la configuración y las características del mercado nacional» y «la situación de los operadores de ese mercado».