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España necesitará invertir 385.000 millones para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, según Deloitte, que recomienda mantener nucleares

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Europa Press / EFE.- España necesitará invertir entre 330.000 y 385.000 millones de euros, unos 10.000 millones de euros anuales, para cumplir con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea para el año 2050, entre un 80% y un 95%, según el informe Un modelo energético sostenible para España en 2050 de la consultora Deloitte.

De este importe total, entre 185.000 y 251.000 millones de euros, deberán destinarse a la generación eléctrica libre de emisiones, fundamentalmente a las renovables, entre 50.000 y 59.000 millones de euros a redes de transporte y distribución energética, entre 38.000 y 73.000 millones de euros a eficiencia energética y conservación y entre 29.000 y 39.000 millones de euros al cambio de vector energético. En la presentación del informe, el socio de Deloitte, Alberto Amores, destacó que estas cifras «son asumibles» ya que están en línea con la cantidad anual media invertida por el sector eléctrico durante la época de crecimiento.

Según Deloitte, para alcanzar ese compromiso de reducir las emisiones de carbono entre el 80% y el 95%, será necesario que el peso de la producción renovable alcance en el horizonte de 2050 más del 90% del total, frente al 38% actual. Esto quiere decir que de los actuales 52 gigavatios (GW) de renovables instalados en la actualidad se deberá pasar a entre 161 y 216 GW en 2050. Esta implantación de renovables requeriría además una capacidad de respaldo de unos 40 o 63 GW.

Además, la consultora considera necesario que se mantengan en funcionamiento tanto las plantas térmicas como las nucleares durante el periodo transitorio, ya que «para un mundo descarbonizado la nuclear tiene todo el sentido porque no emite y permite hacer un balance adecuado de aquí al 2030», señaló Amores. Así, el estudio advierte de que el cierre prematuro de las centrales térmicas convencionales instaladas, de carbón y ciclos combinados, requerirá nuevas centrales de gas natural a partir de 2020, ya que en ese momento es previsible que todavía no estén disponibles las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía necesarias para el respaldo del sistema, lo que significaría nuevas inversiones por valor de 3.500 millones de euros.

«Prescindir prematuramente de determinadas tecnologías o combustibles, como la nuclear, el carbón, el petróleo o el gas, pondría en riesgo el cumplimiento de estos objetivos y en definitiva la seguridad de suministro del modelo energético», señala Deloitte. Asimismo, apunta que el cierre de las plantas nucleares cuando cumplan 40 años supondría un incremento de las emisiones de CO2 y una subida del precio del mercado diario de electricidad de hasta 8-10 euros por megavatio-hora (MWh).

Electrificación progresiva de la demanda

Deloitte también señala que para alcanzar estos objetivos medioambientales será necesario limitar los productos petrolíferos a usos en los que no hay alternativa, como el transporte aéreo, y sustituirlos en otros usos por electricidad o por gas natural. En este sentido, supone que en España prácticamente todos los vehículos deberían ser eléctricos en 2050, para lo que se deberían vender en 2030 ya unos 750.000 vehículos, mientras que en 2015 apenas se vendieron 2.300 unidades en España; que entre el 40% y el 60% del transporte pesado se tendría que realizar por ferrocarril, cuando actualmente el 95% es por carretera, y que el 90% de los consumos de cocina, calefacción y agua caliente en viviendas y empresas debería ser eléctrico.

El informe también apunta a una serie de objetivos de «transición» para 2030: los coches eléctricos deberían suponer para ese año entre el 7% y el 10% del total, entre el 20% y el 25% del transporte de mercancías se tendría que hacer por ferrocarril eléctrico o entre el 34% y el 46% de los camiones deberían usar gas natural. Otras medidas tendrían que ver con la eficiencia energética a partir de la rehabilitación de edificios existentes, actuaciones en nueva edificación y nuevos procesos industriales.

Junto a estas recomendaciones, el informe apunta una serie de medidas que ayudarán a cumplir con esos objetivos como cambios en la fiscalidad de CO2, inversiones públicas en el transporte ferroviario, apoyo al vehículo eléctrico, promover el aislamiento en los hogares, extender la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años o eliminar de la factura eléctrica los sobrecostes derivados de políticas energéticas que distorsionan el precio final.

Según Deloitte, la descarbonización permitiría rebajar en un 42% el precio medio de la electricidad que pagan los consumidores, al pasar de los actuales 120 euros por megavatio hora (MW) a entre 65 y 75 euros por MWh. Este descenso se debe principalmente al aumento de la demanda, que se duplicaría por su electrificación, y a la desaparición ya en ese horizonte del déficit del sistema y de la retribución actual a las renovables, que estará ya amortizada. Además, habrá una menor dependencia energética, ya que estima que en 2050 serán necesarios entre 7 y 15 millones de barriles de petróleo, frente a los 416 millones de barriles de 2013, con lo que bajaría la millonaria factura petrolera de España.

Deloitte duda de la viabilidad de Abengoa, que acumula 194 millones de euros de pérdidas hasta septiembre

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Redacción / Agencias.- La empresa de ingeniería y energía Abengoa publicó las cuentas de los nueve primeros meses del año, donde refleja unas pérdidas de 194 millones de euros, acompañadas por una nota de Deloitte en la que esta firma plantea sus dudas sobre la viabilidad de la compañía. La duda ha sobrevolado al grupo a lo largo del último año, en el que se han sucedido una serie de planes de reestructuración y cambios directivos e incluso accionariales que no han impedido las millonarias pérdidas.

De hecho, su propia auditora de cuentas, Deloitte, indica que los resultados negativos de las operaciones a cierre de septiembre, así como la evolución negativa de la cotización en el trimestre tanto de las acciones de Abengoa como de Abengoa Yield, unido a los problemas que tiene de financiación para acceder tanto a los mercados de deuda como a las renovaciones de algunas líneas de circulante «son indicadores de la existencia de una incertidumbre que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento». La compañía no quiso pronunciarse sobre esta cuestión, aunque su consejero delegado, Santiago Seage, aseguró que Abengoa «recuperará la confianza de los inversores» con las medidas puestas en marcha.

Abengoa tuvo unas pérdidas de 194 millones de euros hasta septiembre, que contrastan con los 100 millones que ganó en 2014. El grupo achacó las pérdidas al impacto contable del saneamiento de la participación en su filial estadounidense Abengoa Yield, de 198 millones, y defiende que una vez eliminado ese efecto tendría un beneficio de 4 millones. La compañía facturó 4.872 millones en el periodo, un 3,8% menos, tras descender las ventas tanto en ingeniería y construcción como en infraestructuras concesionales y avanzar solo en bioenergía. La cartera de pedidos del grupo suma 8.786 millones de euros, en línea con el trimestre anterior, un volumen que según Seage crecerá a corto plazo con varios contratos.

Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) fue de 891 millones, un 1,8% inferior al del ejercicio precedente. En el tercer trimestre, Abengoa redujo la deuda bruta consolidada en 1.371 millones de euros respecto a 2014, y en unos 900 millones de euros en comparación con el pasado 30 de junio. Así, el ratio de deuda neta consolidada con respecto al Ebitda consolidado (ratio de apalancamiento consolidado) a 30 de septiembre se mantuvo estable en 4,5 veces; mientras que el ratio de deuda neta corporativa con respecto al Ebitda corporativo (ratio de apalancamiento corporativo) fue de 3,3 veces.

La compañía, esgrimió Seage, «continúa enfocada en aplicar el plan de acción» presentado en verano y dirigido a reducir el endeudamiento a través de ciertas desinversiones y limitar el poder de la familia Benjumea, actual primer accionista a través de la sociedad Inversión Corporativa. En el marco de estos planes, la compañía anunció recientemente un acuerdo estratégico con la sociedad Gonvarri Corporación Financiera (Gestamp) por el que entrará en el capital de Abengoa a través de dos ampliaciones de capital. Al respecto, el auditor señala que los administradores consideran que esto será «suficiente para mantener la viabilidad de la operaciones».

Abengoa tenía previsto ampliar capital por 650 millones de euros, una operación pendiente desde verano y que finalmente realizará en dos pasos. En un primer paso, lanzará una ampliación de capital de 250 millones de euros que será íntegramente suscrita por Gestamp. Posteriormente, ampliará capital por 400 millones con derecho de suscripción preferente para los accionistas, de manera que Gonvarri adquirirá acciones por otros 100 millones a través de esta vía. Al finalizar ambas operaciones, Gestamp será el primer accionista y tendrá el 28% de los derechos de voto y 4 de los 13 puestos del consejo de administración, todos cedidos por la familia Benjumea.

Seage señaló que, dentro de un contexto financiero complejo, los negocios de Abengoa en el periodo «muestran fortalezas». «Nuestro plan de actuación, que incluye el acuerdo marco con Gonvarri, fija el camino hacia una situación sostenible en el futuro», añadió Seage. Por áreas geográficas, América del Sur y del Norte representan un 35% y un 29%, respectivamente, de las ventas en el periodo, mientras que España supone en 14%, el resto de Europa el 11%, África el 8% y Oriente Medio y Asia el 3%. La recuperación de los activos y la realización de pasivos a los importes de las cuentas, según Deloitte, «dependerán de la evolución de las operaciones».