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La eólica aportó 16.379 millones de euros al PIB y ahorró 21.807 millones al sistema eléctrico entre 2012 y 2017

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Europa Press.- El sector eólico aportó un total de 16.379 millones de euros entre 2012 y 2017 a la economía española y ahorró 21.807 millones de euros al sistema eléctrico en ese periodo, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En este sentido, la presidenta de AEE, Rocío Sicre, destacó que pocos sectores de la economía pueden estar «tan orgullosos de su adaptación al cambio como el sector eólico».

En 2017, el sector eólico aumentó su contribución al PIB de España hasta los 3.394 millones de euros, representando un 0,31%, frente al 0,25% que suponía en 2015. Este crecimiento del sector se debió, principalmente, a su enfoque en la exportación de la mayor parte de su producción, a la prestación de servicios de operación y mantenimiento y al suministro de repuestos a los parques eólicos existentes en España. Así, las exportaciones del sector eólico el año pasado ascendieron a 2.391 millones de euros, frente a unas importaciones de 890,5 millones de euros, lo que hizo que las exportaciones netas supusieran 1.500,4 millones de euros, un 65% de la contribución directa al PIB del sector.

En lo que respecta al empleo, las empresas eólicas empleaban en 2017 a 22.578 personas, lejos de los máximos de más de 41.000 empleados que se alcanzó en 2008, pero confirmando la recuperación frente a los 20.201 a los que cayó en 2016. Además, el uso de potencia eólica en lugar de combustibles fósiles supuso ahorros para el sistema valorados en 21.807 millones de euros en el periodo 2012-2017, debido a la reducción en el precio del pool del mercado eléctrico. De esta manera, para un consumidor medio residencial, con un consumo de 4.000 kilovatios hora (kWh) anuales, el ahorro fue de 351 euros en su factura de la luz.

En lo que respecta a impuestos y tributos, el sector abonó en los últimos seis años un total de 2.774 millones de euros, de los cuales 1.097 millones de euros se corresponden con 2016 y 2017. En el caso de los productores eólicos, por cada 1.000 euros de ingresos, 160 euros se dedican a pagos de impuestos y tributos, mientras que 137 euros se generan como beneficio neto después de impuestos. Así, los tributos suponen más del doble que los gastos de personal, superando sólo el impuesto del 7% sobre la generación la partida destinada a remunerar a los empleados.

A finales de 2017, España contaba con 23.092 megavatios (MW) y la generación eólica en ese año fue de 47.628 gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 18%. Por otra parte, Sicre destacó que, tras las tres subastas celebradas en 2016 y 2017, el sector tiene por delante el compromiso de instalar 4.600 MW en la Península Ibérica, más el cupo canario a 2020, un objetivo «ambicioso» pero que el sector «no ha enviado señal alguna de que esta potencia no se vaya a poder instalar«. No obstante, subrayó que para hacer posible ese «crecimiento lineal, sin parones y acelerones», el sector necesita el respaldo en materia administrativa y regulatoria.

Así, pidió un marco regulatorio estable, «con consenso político y que perdure», además de una visibilidad a largo plazo «para generar confianza, atraer a los inversores y tomar decisiones industriales» y de la formulación de un sistema adecuado que «garantice la rentabilidad razonable y perdure durante la vida útil de las instalaciones«. También consideró necesario un sistema de subastas «bien diseñado», con un calendario como el de países del entorno, así como unas reglas que incentiven la repotenciación de los parques eólicos más antiguos y situados en los emplazamientos con mejor recurso y una regulación que permita extender la vida útil de los parques en las condiciones más óptimas posibles.

Con los objetivos que prevé el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030, con un horizonte de un 70% de electricidad renovable y un 35% de renovables en energía final, el sector prevé una media de crecimiento anual para la eólica de 1.700 MW hasta 2020 y como mínimo de 1.200 MW desde 2020 a 2030. «Estas cifras de incremento de la eólica en España para los próximos años ofrecen una visión objetiva del papel que esta tecnología tendrá en el futuro», añadió Sicre.

155 millones de toneladas evitadas

Por otro lado, la sustitución de producción de electricidad a partir de combustibles fósiles por energía eólica durante 2017 contribuyó a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en 25 millones de toneladas de CO2, según Sicre, que ha añadido que esta sustitución de electricidad de origen fósil por eólica evitó además la importación de 9,2 millones de toneladas de petróleo en ese año.

El estudio señala también que la eólica en España ha evitado la emisión a la atmósfera de 155 millones de toneladas de CO2 entre 2012 y 2017, de las que 50 millones se evitaron entre 2016 y 2017. En total, desde el 2000 hasta 2017 la eólica ha evitado la emisión a la atmósfera de 328 millones de toneladas de CO2, de los que 25 millones se evitaron en 2017. Asimismo, el análisis compara los «beneficios ambientales» de la eólica respecto del carbón e indica que durante 2017 las emisiones que permitió reducir la energía eólica equivalen al 58% del total de emisiones que generaron las centrales térmicas de carbón.

En total, las emisiones evitadas desde el 2000 hasta 2017 por el sector alcanzaron las 328 millones de toneladas de CO2 equivalente, un volumen superior a todas las emisiones de España durante 2016, cuando se lanzaron a la atmósfera 325 millones de toneladas de CO2. Es decir, que el parque eólico ha ahorrado el equivalente a un año de emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto al volumen de importación de combustible fósil que se ha evitado mediante la energía eólica, el informe para la organización que representa al sector eólico señala que solo en 2017 se evitó la importación de 57 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y 113 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Este volumen ha supuesto un ahorro estimado de unos 2.554 millones de euros.

España debe instalar 50.000 MW renovables hasta 2030 para alcanzar un objetivo del 35% frente al 32% marcado por Europa

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Europa Press.- España deberá instalar 50.000 megavatios (MW) verdes de aquí a 2030 para alcanzar el objetivo del 35% de renovables de la energía final, según anunció el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en el Congreso APPA Renovables 2018.

Domínguez señaló que esta hoja de ruta se incluirá en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que España remitirá a Bruselas antes de acabar 2018 y donde se definirá «la senda del país de aquí a 2030», tratando así de «evitar la improvisación«. El secretario de Estado de Energía destacó que esta senda de 50.000 MW nuevos al horizonte de 2030, lo que representa un ritmo de unos 5.000 MW anuales, permitirán duplicar en 12 años el peso de las renovables en la energía, pasando así del 17,5% actual a ese reto del 35%, por encima del 32% del objetivo de media europea.

Además, auguró un objetivo de entre 5 y 4 millones de vehículos eléctricos para ese horizonte de 2030, así como la rehabilitación energética de 100.000 viviendas anuales, lo que obliga «a un gran plan de la mano de los Ministerios de Fomento e Industria», añadió. Domínguez señaló que antes de que acabe 2018 se remitirá al Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se recogerá esta senda de España hacia la descarbonización. Asimismo, valoró que España tiene capacidad de ser «100% renovable en 2050».

Por su parte, el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, señalo que la alta dependencia energética de España debe «no solo ser un reto, sino también una oportunidad» para aprovechar los recursos del país en renovables. Para ello, Villarig subrayó que será necesario «adaptar la fiscalidad excesiva y recaudatoria» y pidió «no caer en los errores» de anteriores gobiernos que llevaron a una acumulación de déficit de tarifa «tremendo». El presidente de APPA Renovables consideró que 2020 será un año «preocupante» ante la incertidumbre respecto a un posible cambio en la rentabilidad razonable y la evolución de las subastas de renovable, aunque destacó que el sector ha encontrado «receptibilidad» por parte del actual Gobierno.

Inversión en solar y eólica

Por otro lado, las fuentes de energía renovables, en especial la energía solar y eólica, figuran entre las favoritas en inversiones energéticas futuras, según el informe global Tendencias en Energías Renovables elaborado por Deloitte. Según el informe, las exigencias de la demanda, así como la combinación de la reducción de costes y la innovación tecnológica, están propiciando que ambas fuentes de energía puedan competir con las tradicionales, hasta el punto de posicionarse por delante de estas en proyecciones de inversión. El socio responsable a nivel mundial de Power&Utilities de Deloitte, Felipe Requejo, considera que la energía solar y la eólica podrían satisfacer la creciente demanda de empresas, ciudades y mercados emergentes “de manera más económica y baja en emisiones contaminantes«.

El informe considera que la paridad de precios y la continua reducción de sus costes derivada de la innovación tecnológica de estas energías favorecen su competitividad frente a las tradicionales. Así, destaca que en países como China, Estados Unidos, Alemania y otros, ya se alcanzó la paridad en precio para algunas de las energías renovables. En este sentido el LCOE (levelized cost of energy) de la eólica onshore (terrestre) se ha convertido a finales de 2017 en la fuente de energía más barata, con un LCOE de entre 30 y 60 dólares por MWh, mientras que la solar fotovoltaica se ha convertido en la segunda con un LCOE de 43 a 53 dólares por MWh.

Además, señala la continúa mejora de sus capacidades de integración, que permiten a estas tecnologías disponer de la capacidad para suministrar y abastecer la red eléctrica de manera fiable y rentable, así como la evolución de los mercados eléctricos y regulaciones que favorecen las tecnologías libres de emisiones. El informe elaborado por Deloitte también señala otros dos agentes clave en el aumento de la demanda de energías renovables, como son el auge de las llamadas smart cities o ciudades inteligentes, y el gran desarrollo de la demanda en mercados emergentes.

Red Eléctrica ve «absolutamente necesario» alargar el funcionamiento de las centrales nucleares «al menos 10 años»

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Europa Press / EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, considera «absolutamente necesario» e «imprescindible» alargar la vida útil de las centrales nucleares en España «al menos 10 años», según convenga el regulador CSN, si se quieren alcanzar plenamente los objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero durante el proceso de transición energética para reducir hasta un 95% las emisiones de CO2 en 2050. Incluso lo considera «inevitable» para alcanzar la reducción de emisiones comprometida para 2030 en el marco del Acuerdo de París.

En la Comisión para el estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, Folgado ha destacado que la nuclear jugará un papel «relevante» durante el tiempo que dure la transición energética y resaltó la importancia de potenciar las interconexiones eléctricas, el mallado de la red y la eficiencia energética, aspectos que «salvarán» en el largo plazo a España junto con sus «ventajas competitivas». A su juicio, la transición energética debe llevar a que la energía sea un «motor» económico y no factor limitador económico, «a diferencia del pasado». En ese tránsito, ve un mix de tecnologías en el que las nucleares y el carbón serán «absolutamente necesarias» para maximizar el uso de renovables.

En cuanto a los plazos, no cree que las centrales de carbón puedan ir más allá de 2030 y de las nucleares ve que alargar su vida 10 años es «realmente» necesario para bajar los precios, reducir las emisiones y cumplir objetivos. «Soy partidario de que, como reza el documento de expertos sobre transición energética, se alargue el funcionamiento de las centrales nucleares«, ha zanjado. Por otro lado, ha pronosticado que la «masiva implantación de renovables» será una fuente sostenible de energía en España, incluso por encima de otros países a pesar de sus dos limitaciones, como son su imposibilidad actual de almacenar energía primaria y a su extraordinaria variabilidad.

Además de no generar emisiones de CO2, Folgado recordó que las nucleares no encarecerían el precio de la luz, y representan un «respaldo competitivo» para las renovables con el fin de garantizar la seguridad del suministro hasta que se desarrollen tecnologías de almacenamiento masivo de las renovables. El presidente de REE subrayó a los diputados que «la energía ha estrangulado el crecimiento económico de España», fundamentalmente por el desequilibrio de precios y la dependencia de energía importada, alrededor de un 75%, frente al 50% de los países del entorno, por lo que ha pedido que la Ley de Cambio Climático que salga de esta comisión tenga en cuenta esta variable.

En este sentido, para cumplir los objetivos energéticos respecto a los compromisos de la Unión Europea y del Acuerdo del Clima de París, ve fundamental avanzar en una mayor electrificación de la sociedad, fomentar la movilidad sostenible, aumentar la participación de las renovables en el mix y maximizar el uso de la capacidad ferroviaria para el transporte de mercancías, que está en el 4%, frente al 20% en otros países europeos, mejorando la infraestructura de vías actual para garantizar el acceso del tren a los núcleos industriales. «Hay que dar un paso de gigante en ese tema», subrayó Folgado, que indicó que la introducción de renovables en el sistema eléctrico de cara a 2030 no debe ser inferior al 60%.

Respecto a la movilidad sostenible, ha señalado que es «irreversible» la mayor electrificación del transporte dadas las tendencias globales y los compromisos de descarbonización asumidos. Por otro lado, sobre el vehículo eléctrico valora que se esté iniciando su despliegue a pesar de las «importantes barreras de entrada» que sufre a consecuencia de su coste más elevado, su menor autonomía y la escasa infraestructura de recarga. Por eso insistió en que un plan de movilidad sostenible debe incluir estímulos, como favorecer fiscalmente los vehículos eléctricos, y una regulación adecuada pero ha apostado porque se va a producir con «bastante rapidez» un proceso de cambio en las líneas de montaje hacia coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Del mismo modo, considera importante actuar en el tema de los buques, que atracados en los puertos contaminan «una barbaridad», y cree que el mayor porcentaje de ahorro y eficiencia debería llegar por el acondicionamiento del parque de viviendas, que supone un 11% de las emisiones de CO2. En ese ámbito, asegura que hay un potencial de mejora de la eficiencia energética en 12 millones de viviendas en España, para lo que aconseja aprobar un nuevo código de edificación, establecer la obligatoriedad de hacer una certificación energética, y apostar por sistemas como geotermia o aerotermia, las placas de inducción o la sustitución por electrodomésticos de bajo consumo, entre otras medidas.

En definitiva, Folgado opina que para el desarrollo masivo en el medio y largo plazo de las renovables y mantener los precios competitivos es un «requisito imprescindible» avanzar en el mercado interior de la energía con el desarrollo de un buen mallado de red de transporte energético y en las interconexiones eléctricas que permitirán utilizar tanto la eólica marina del mar del norte a la solar del sur de España en el conjunto de Europa.

El segundo compareciente en la comisión, Alberto Amores, experto en transición energética de la consultora Deloitte, coincidió con Folgado en que cerrar las centrales nucleares «no es una alternativa lógica» ya que «subiría el precio de la luz y habría que recurrir a más consumo de gas o carbón». Amores ha incidido en que la expansión masiva de renovables, la eficiencia energética y la electrificación de la demanda final de energía, especialmente en sectores como el transporte y la edificación que representan el 75% del consumo final, son las claves para la descarbonización de España.

Las inversiones en redes eléctricas necesarias hasta 2030 requerirán mantener la rentabilidad en el 7% para poder abordarse según Deloitte

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Europa Press / EFE.- La transición energética para alcanzar los objetivos medioambientalesfijados por la Unión Europea, avanzando hacia una economía descarbonizada, requerirá unas inversiones en redes eléctricas de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 y el mantenimiento de una tasa de retribución razonable del 7%, «consistente con la observada en otros países europeos del entorno y sus costes de capital«, según La contribución de las redes eléctricas a la transición energética, informe elaborado por Deloitte.

El sistema eléctrico español tendrá que integrar, según el estudio, 35 gigavatios (GW) de nueva potencia, debido a la gran cantidad de instalaciones renovables que habrá. «Para permitir esta transformación, serán necesarias unas inversiones de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030, de los que 29.000 y 34.000 millones de euros deberán ser realizados por los operadores de redes», señaló Alberto Amores, socio de Deloitte en la presentación del estudio, en el que han participado además las principales empresas de redes de transporte y distribución en España (Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidroeléctrica del Cantábrico, Viesgo Distribución y Red Eléctrica de España), así como las asociaciones sectoriales ASEME y CIDE.

Pese a la magnitud de las cifras, Amores resaltó que el volumen de inversiones que se requerirá no supondrá un esfuerzo muy superior al que se ha venido haciendo en España, donde en el periodo 2005-2016 fue de una media anual de 2.200 millones de euros. La previsión del estudio de Deloitte para el periodo 2017-2030 se sitúa entre 2.000 y 2.400 millones de euros anuales, por lo que Amores considera que es una inversión factible, dentro del límite regulatorio y sin gran impacto sobre la base de activos regulatorios (RAB) neto de los operadores.

De este esfuerzo inversor que deberán realizar los operadores de redes, entre 14.000 y 15.000 millones de euros irán destinados a su modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes, de los que casi la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030, que son las que más se verán afectadas por la obsolescencia para gestionar una demanda que será muy diferente a la actual, con más renovables, mayor electrificación y nuevos modelos de consumo. Asimismo, entre otros 5.000 y 6.000 millones de euros, un 13% de la inversión, irían destinados a la digitalización y automatización de las redes, lo que reduciría costes y permitiría crear nuevos servicios para el usuario.

Estas inversiones en redes tendrían un impacto positivo en la economía española ya que el 95% de ellas sería servida por la industria nacional, preparada para suministrar los nuevos equipos y soluciones que se requerirán, y se generarían unos 40.000 puestos de trabajo durante el periodo 2018-2030, creando «empleo de calidad, con una baja temporalidad y alta cualificación«. El peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%, según el informe, que recuerda que las redes eléctricas contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.

No obstante, el informe destaca que las inversiones deben de obtener una rentabilidad adecuada, por lo que propone una tasa de retribución del 7% para el siguiente periodo regulatorio. El Gobierno debe definir en 2019 la tasa de retribución financiera para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) para las distintas actividades del sector. Al respecto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, desveló su intención de aplicar la revisión correspondiente según la legislación, que vincula la rentabilidad al rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos para el caso de las redes, por lo que la rentabilidad caería respecto a los niveles actuales del 6,5% a alrededor del 4%.

El estudio señala que la regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada a una actividad de bajo riesgo, al coste de financiación de operadores de redes comparables y a las necesidades de inversión del siguiente periodo regulatorio. Así, Deloitte propone esa tasa del 7% para el próximo periodo regulatorio basándose en el coste de capital de los operadores de red en España, con una media del 7%; así como en un diferencial medio sobre la deuda soberana que alcance al reconocido a estas actividades en países del entorno, de 490 puntos básicos con una previsión del coste de la deuda española del 2,1%.

El informe también destaca que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y la tasa de retribución propuesta, junto con el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría en aproximadamente un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa, debido a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030. En términos globales, el coste del suministro eléctrico para el consumidor podría reducirse un 30-35% en términos reales entre 2015 (130 euros por MWh) y 2030 (entre 85-90 euros por MWh).

El recibo de la luz podría bajar un 55% en 2050 cumpliendo los objetivos de reducción de emisiones, según Deloitte

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Europa Press.- El recibo eléctrico sería hasta un 55% más barato en 2050 si se cumplen los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos por la Unión Europea, según el informe Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050 realizado por Deloitte.

Según establecen los objetivo fijados de reducción de emisiones, de entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990, la tarifa eléctrica en 2030 sería un 30-35% inferior a la tarifa media actual, cayendo a los 85-90 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 130 euros/MWh de 2015, mientras que para 2050 dicha reducción llegaría hasta el 50-55%, con precios de 60-65 euros/MWh, según el estudio.

Para la consultora, esta caída en la tarifa se basaría en el crecimiento de la demanda eléctrica, que permitiría diluir los costes entre un mayor volumen de energía, a pesar del esfuerzo inversor a realizar durante el período, así como en la desaparición antes de los importes a dedicar a la financiación del déficit de tarifa y de los incentivos a las plantas de generación renovable del antiguo régimen especial.

Presentando el informe, Alberto Amores, socio monitor de Deloitte, destacó que este proceso de descarbonización «no es una obligación sólo de las empresas o de la Administración, los hogares también tienen que contribuir, dado que la edificación, residencial y de servicios, supone una parte muy importante del consumo energético y de las emisiones del país». Además, el informe plantea cambios en la tarifa eléctrica, como la eliminación de costes no relacionados con el suministro eléctrico como las tasas e impuestos, o una mayor adaptación del coste a las franjas horarias, lo que permitiría que España dejara de ser el séptimo país con la factura de electricidad más cara de Europa.

En lo que respecta al mix energético, Deloitte ve necesario mantener las plantas de generación de energía convencionales (térmicas convencionales y nucleares) a medio plazo para asegurar una transición energía eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6.800 millones de euros. A este respecto, el informe subraya que para conseguir los objetivos de descarbonización en el horizonte de 2030 es importante mantener abiertas todas las opciones de generación de energía, sobre todo debido a la incertidumbre que plantea el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.

Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría una inversión en almacenamiento de entre 10 y 30 billones de euros, «una cifra obscena» que representa un coste inasumible para el consumidor eléctrico, señaló Amores. De esta manera, en escenarios de alta electrificación, el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros. En estos mismos escenarios, el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones en nuevas centrales de respaldo, mientras que cerrar las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3.000 millones de euros.

La consultora establece 4 escenarios diferentes para los próximos años, entre los que destacan el de alta eficiencia eléctrica y que considera una electrificación muy alta de la economía y actuaciones muy intensas en eficiencia energética, y el escenario continuista en el que se sigue más o menos como hasta ahora en cuanto al peso de los productos petrolíferos y en el resto de actuaciones de eficiencia energética. En todos los escenarios, el gas natural tiene un peso creciente durante la transición. El escenario de alta eficiencia eléctrica es además el único que puede hacer frente a los objetivos más ambiciosos de reducción de CO2 que ya está planteando Europa.

En lo que se refiere a las inversiones, estima que serán necesarios un total de 510.000 millones de euros entre 2017 y 2050 en el escenario de descarbonización para poner en marcha las medidas que permitan la electrificación de la demanda y la eficiencia energética en la edificación. De esta cifra, la mayor parte se destinaría a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética (110.000 millones) o la puesta en marcha de centrales de energía renovable (105.000 millones).

También habría importantes partidas para el cambio modal del transporte de mercancías al ferrocarril y apoyo a la compra de coches eléctricos (45.000 millones), el desarrollo de redes de transporte y distribución de electricidad (40.000 millones) y las medidas de eficiencia en la industria (10.000 millones). Este escenario descarbonizado, además de cumplir con los objetivos medioambientales, supone ahorrar 380.000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles y dinamiza la actividad económica, al cambiar el gasto en hidrocarburos por una mayor inversión.

España necesita 300.000 vehículos eléctricos y 11.000 electrogasolineras en 2020 para cumplir su objetivo comprometido de reducir emisiones

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Europa Press.– España necesita que circulen alrededor de 300.000 vehículos eléctricos y haya instaladas unas 11.000 electrogasolineras rápidas y semirrápidas para cumplir con los objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono requeridas por la Unión Europea. Así se desprende del informe Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050, elaborado por Monitor Deloitte, en el que se detallan cuáles son las medidas que deberían ponerse en marcha para lograr la reducción de las emisiones en los plazos marcados.

Deloitte indica que para descarbonizar el transporte de pasajeros en España se necesita destinar entre 6.000 y 11.000 millones de euros hasta 2030, lo que supone una inversión de 650 millones de euros anuales. Centros de trabajo, centros comerciales, estaciones de servicio, garajes públicos y autopistas son los lugares en los que deberían situarse estas electrolineras, cuya inversión se estima en los 100 millones de euros anuales durante los próximos 13 años. A finales de 2015 había en España alrededor de 6.500 vehículos eléctricos, una cifra que desde Deloitte consideran «irrelevante» para un parque automovilístico de 22 millones de coches.

Por su parte, la demanda de vehículos eléctricos apenas alcanza las 3.000 unidades, lo que representa un 0,2% de las ventas totales y queda así «muy lejos» de países como Noruega o los Países Bajos, donde este porcentaje fue del 23% y del 10%, respectivamente en el año 2015. Los elevados incentivos permiten que un utilitario eléctrico sea entre un 15% más barato que un vehículo convencional en los Países Bajos y hasta un 27% en Noruega, mientras que en España apenas supone un 3%.

Por ello, el informe pide que se lleven a cabo incentivos, especialmente fiscales, por valor de 400 millones de euros anuales hasta que su precio se iguale al de un vehículo convencional. La iniciativa pasa porque a partir del año 2040 no se pueda vender ningún vehículo con motor de combustión interna y que los coches convencionales no puedan circular por el centro de las ciudades a partir de 2025.

El camión ligero eléctrico también debería contribuir a la reducción de las emisiones de cara a los próximos años. Para ello, sería conveniente fijar como objetivo un millón de camiones ligeros hasta 2030, hasta representar el 25% del tráfico ligero de mercancías. Por su parte, la extensión del ferrocarril y del camión ligero eléctrico permitiría reducir el 50% de las emisiones del transporte de mercancías hasta 2050. En este caso, las mejoras de la descarbonización del camión pesado pasan por la utilización de gas natural, ya que en estos casos la electrificación resulta «más complicada».

La Audiencia Nacional ordena tomar declaración a Borrell y a otros consejeros de Abengoa

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EFE.- La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Ismael Moreno que admita a trámite la querella presentada contra Abengoa, Deloitte y 19 consejeros y exconsejeros del grupo andaluz, entre ellos el exministro Josep Borrell, por la presunta alteración de las cuentas de la empresa, y que les llame a declarar.

En un auto fechado hoy, la sección cuarta de la Sala de lo Penal estima el recurso interpuesto por los representantes legales de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 2 de rechazar la querella.

El pasado 19 de abril, el juzgado acordó no admitir a trámite la querella, decisión contra la que la Plataforma formuló un recurso de reforma que también fue desestimado el 4 de mayo.

La querella estaba dirigida contra las personas jurídicas Abengoa y Deloitte y contra 19 personas físicas, todas ellas miembros o exmiembros del consejo de administración del grupo andaluz.

Los querellantes denunciaban presuntos delitos societarios, entre ellos administración desleal, falseamiento de documentación contable y de información económicofinanciera.

El auto recurrido señalaba que la querella no exponía en qué consistió la alteración de las cuentas ni especificaba qué anotaciones contables se habían alterado ni aportaba ninguna documentación.

Sin embargo, la Sala recuerda que «sólo procederá la inadmisión a trámite de la querella si de la simple lectura de la misma se puede descartar la tipicidad de los hechos que en ella se expresan».

Si eso no ocurre, añade, «habrá de admitirse a trámite y será más tarde, en el ámbito del procedimiento correspondiente, donde ha de decidirse la continuación en la tramitación de la causa o su sobreseimiento».

Además, señala el auto, para resolver la admisión a trámite de una querella «el juez no ha de entrar en contacto con ningún medio de prueba ni diligencia de investigación».

La Sala concluye que, puesto que los hechos reflejados en la querella «pudieran ser constitutivos de los delitos que en la misma se expresan», procede estimar el recurso de apelación.

El auto -contra el que no cabe recurso- señala que el juez deberá tomar declaración a los querellados y decidir después «acerca del resto de las pruebas pedidas con total libertad de criterio».

El juez admite a trámite la solicitud de homologación del acuerdo de reestructuración de Abengoa

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EFE.- El juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla admitió a trámite la solicitud de homologación del acuerdo de reestructuración de Abengoa que el grupo andaluz presentó con la adhesión de acreedores financieros que suman el 86% de su deuda. En una providencia el juez explica que la solicitud se ha admitido a trámite porque cumple los requisitos formales necesarios, que eran aportar el acuerdo para el que se pide la homologación y la certificación del auditor de la adhesión mínima necesaria de los acreedores.

La providencia subraya que, de esta forma, se paraliza cualquier ejecución contra el patrimonio de cada una de las sociedades deudoras hasta que se resuelva la solicitud de homologación del acuerdo de refinanciación. Este proceso ocurrirá cuando se dicte auto denegatorio de la homologación y una vez concluido el plazo para la presentación de impugnaciones frente al acuerdo adoptado, o cuando se dicte sentencia en el seno del incidente de impugnación, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En la providencia se hace constar que, entre los cuatro efectos del acuerdo de reestructuración cuya extensión se pretende para el conjunto de los acreedores, el primero es fijar el porcentaje concreto de la quita respecto de todo el importe de deuda afectadadefinida por el acuerdo de refinanciación. El segundo efecto es que, respecto del porcentaje restante, la prórroga de su fecha de vencimiento será de 10 años. De este modo, la deuda se abonará mediante un pago en el día en que transcurran 10 años desde la fecha de cierre de la reestructuración.

El tercer efecto es una quita de los intereses ordinarios o de demora, de tal modo que durante el periodo de espera, la deuda no devengue intereses de ningún tipo. El cuarto efecto es el mantenimiento de los instrumentos de deuda en cuestión frente a los mismos deudores, aunque entendiéndose automáticamente modificadas las previsiones contractuales que pudiesen dar lugar a una obligación de pago del deudor, distinta del pago tras la espera de 10 años, o a la terminación anticipada de los instrumentos de deuda.

La decisión del juez se adopta después de que Abengoa presentara en este juzgado de Sevilla la solicitud de homologación de su acuerdo de reestructuración, que recibió la adhesión de acreedores financieros que suman el 86% de la deuda. Las adhesiones logradas por el grupo energético y tecnológico, que fueron validadas y certificadas por Deloitte, superan con claridad el mínimo establecido por ley, que era del 75% de la deuda. Los acreedores que no se hayan adherido al plan podrán hacerlo en un plazo adicional cuyo comienzo anunciará el grupo.

Abengoa presenta al juez su plan de reestructuración con el apoyo del 86% de los acreedores mientras otros afectados denuncian a Deloitte

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EFE / Servimedia.- La acusación particular del caso Abengoa denunció a Deloitte ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, al considerar que Deloitte pudo incurrir en falta «grave o muy grave» en su labor de vigilancia de la compañía sevillana, que ya ha presentado en el juzgado la solicitud de homologación de su acuerdo de reestructuración, que recibió la adhesión de acreedores financieros que suman el 86% de la deuda, según comunicó a la CNMV.

Las adhesiones logradas por el grupo energético y tecnológico, que han sido validadas y certificadas por Deloitte, superan con claridad el mínimo establecido por ley, que era del 75% de la deuda. En la comunicación, la empresa precisa que los acreedores que no se hayan adherido al plan podrán hacerlo en un plazo adicional cuya fecha de inicio anunciará el grupo. Con el porcentaje logrado, y a falta de la aprobación judicial, Abengoa logra el requisito necesario para salir de la situación de preconcurso de acreedores en la que se encuentra desde hace casi un año y para aplicar el plan de reestructuración, lo que se materializará en la junta general extraordinaria de accionistas convocada para el 22 de noviembre.

Según Abengoa, la consecución de las adhesiones exigidas legalmente y la celebración de la futura junta de accionistas constituyen «un punto de inflexión definitivo para completar el proceso de reestructuración». Tras completar esos requerimientos y una vez que se consiga el pronunciamiento favorable del juzgado concursal «debería producirse el cierre del proceso y el inicio de una nueva etapa», según indicó Abengoa, que expresó «su máxima gratitud a todos aquellos que han contribuido a superar esta crisis», entre ellos empleados, accionistas, clientes, proveedores, instituciones financieras, organismos oficiales y nuevos inversores.

Abengoa tuvo que recurrir al preconcurso de acreedores por su elevado endeudamiento, situado en aquel momento en más de 9.000 millones de deuda financiera y en casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores. En agosto, el grupo logró cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda con sus principales acreedores que prevé la inyección de 1.170 millones de euros. El acuerdo se someterá a la junta, de la que saldrá una nueva Abengoa presidida por Gonzalo Urquijo y con un consejo de administración renovado.

En la junta extraordinaria también se votarán las ampliaciones de capital que darán lugar a la nueva estructura societaria en la que los actuales accionistas verán diluida su participación al 5%, mientras que los acreedores y nuevos financiadores tendrán el 95% restante. La presencia de los Benjumea y otras familias históricas de la compañía se quedará en alrededor del 1,5%.

Los términos de la reestructuración consisten en aplicar a los acreedores una quita del 97% en el valor nominal, manteniéndose el 3% con su vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. No obstante, los acreedores pueden optar por la alternativa de capitalizar el 70% del nominal de la deuda existente a cambio del 40% del accionariado de la nueva Abengoa, de manera que el 30% nominal de la deuda preexistente sería refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de sénior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.

Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,5% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones). El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción, que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización antes mencionada, en caso de que por materialización de contingencias el importe de la deuda antigua refinanciada, tras la capitalización del 70% anteriormente referida, excediese de 2.700 millones de euros.

Denuncia a Deloitte por auditoría

Por otro lado, la acusación particular del caso Abengoa ha denunciado a Deloitte ante el ICAC al considerar que la firma auditora pudo incurrir en falta «grave o muy grave» en su labor de vigilancia de la compañía sevillana. La denuncia, interpuesta por la Plataforma de afectados de Abengoa, se dirige también contra el socio auditor desde 2012, Manuel Arranz, al creer que «incumplieron su obligación de velar por que los resultados formulados en su auditada reflejaran de forma fidedigna su situación real». El escrito expone que ni Deloitte ni Arranz advirtieron de los problemas de viabilidad del grupo hasta el 13 de noviembre de 2015, apenas «cinco minutos antes» de la presentación de resultados y el inicio del preconcurso.

«A mayor abundancia», explica, los ahora denunciados «obviaron incluir en su informe que Abengoa se encontraba en suspensión de pagos teórica al menos desde 2014», razón por la que disponía de un fondo de maniobra negativo de 1,5 y 2,4 millones en 2014 y 2015, respectivamente. La Plataforma califica de «curioso» que los auditores sólo pusieran de manifiesto la existencia de dudas con relación al futuro de Abengoa justo durante la comunicación de los estados intermedios y no en la presentación de las cuentas anuales.

Una decisión que explicaría que el informe de revisión de cuentas reflejase, entre otras incertidumbres, «los resultados negativos de las operaciones, la evolución negativa en Bolsa de las acciones, y los problemas para acceder a los mercados de deuda», según la fuente. Por todo ello, la agrupación afea que las supuestas inexactitudes en los informes facilitaran que «aflorara la insolvencia» en la compañía, «evitando que Abengoa pudiera renovar sus líneas de financiación bancaria». De admitirse la denuncia, ésta sólo podría derivar en un expediente administrativo sancionador, no en una condena, al tratarse de un procedimiento administrativo al margen del circuito judicial, en el cual actualmente se investigan las indemnizaciones millonarias a la antigua cúpula directiva de Abengoa tras su cese.

El sector eólico pide un nuevo modelo de subasta de renovables que garantice una rentabilidad fija durante la vida útil

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Europa Press / EFE.- El vicepresidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López-Tafall, demandó al Gobierno un rediseño de las subastas de potencia renovable que garantice una «estabilidad de precios a largo plazo y una rentabilidad fija» para la vida útil del proyecto. En este sentido, López-Tafall aseguró que el actual sistema de subastas renovables es un modelo que «no gusta» al sector eólico, ya que no permite contar con la certidumbre necesaria para «volver a atraer inversiones».

El vicepresidente de la AEE pidió un modelo de subasta de renovables que conceda una «visibilidad de estabilidad de precios a largo plazo y una rentabilidad fija» para poder salir de la «parálisis» y retomar las inversiones. «No puede haber futuro sin una regulación estable y que dé confianza», reivindicó López-Tafall, que considera que podrían alcanzarse los 40.000 MW eólicos en 2030 frente a los 23.000 MW actuales tras casi tres años sin instalarse nada. López-Tafall reclamó cambiar varios aspectos de la reforma energética emprendida en 2013, «con claros errores de diseño», y eliminar los elementos que generan desconfianza, como la revisión de los parámetros que sirven para establecer la retribución que reciben estas fuentes.

El sistema actual se aprobó en 2013, en sustitución del anterior de primas a la producción eléctrica, y contempla que cada 6 años, con revisiones parciales cada 3 años, se establezcan los parámetros que sirven para fijar lo que deben recibir estos proyectos. «Debe fijarse una rentabilidad razonable para toda la vida útil del activo», reclamó López-Tafall, quien ha planteado también que en las nuevas subastas para adjudicar potencia renovable se pidan más garantías y mecanismos para asegurar que los proyectos se ponen en marcha.

Además, López Tafall consideró que la subasta de renovables realizada el pasado enero, con la que se ponía fin a la moratoria verde, fue un «fracaso». «Nadie sabe esos 500 megavatios (MW) adjudicados cuáles son y dónde están», ha criticado antes de señalar que van conociendo los detalles de la nueva subasta que ultima el Ministerio de Industria por la prensa. Respecto al impuesto del 7% sobre la generación, que, según el informe La eólica en la economía española 2012-2015, supera por sí mismo la partida destinada a las remuneraciones de los empleados, indicó que las renovables deberían «estar exentas».

Aporta 10.484 millones al PIB

Según este informe, elaborado por la consultora Deloitte, el sector eólico aportó un total de 10.484 millones de euros en los últimos cuatro años a la economía española. A pesar de este impacto sobre la economía, el informe destaca que el sector sufre una caída en la contribución al PIB de 2.425 millones de euros en cuatro años respecto al cuatrienio anterior, representando actualmente el 0,25% del total. Además, el informe advierte que se ha producido una reducción de los puestos de trabajo, ya que el empleo medio se redujo en 11.521 trabajadores entre un cuatrienio y otro. Por otro lado, se evitó la emisión de 106 millones de toneladas de CO2, valoradas en más de 657 millones de euros.

López-Tafall aseguró que los números del informe reflejan que «el sector ha pasado y sigue pasando unos años muy malos, ya que no hay ejemplo de un sector cuyo nivel de producción se haya reducido a cero», aunque también señaló que existen «fortalezas» a pesar del impacto en el sector de la reforma energética que, a su juicio, dejó al sector eólico como “el más golpeado”. A este respecto, el vicepresidente de AEE apuntó que las exportaciones del sector se han fortalecido, sumando más de 11.000 millones de euros en los últimos cuatro años, y la industria ha seguido reduciendo sus costes, «haciéndose más competitiva».

Además, la sustitución de generación con combustibles fósiles por producción eólica le ha ahorrado al sistema eléctrico 15.709 millones de euros en los cuatro años analizados por la reducción del precio del mercado eléctrico, lo que representa, para un consumidor medio residencial, un ahorro de 227 euros en su factura de la luz. Asimismo, el responsable de Deloitte encargado del informe, Enrique Doheijo, subrayó el impacto del sector eólico en la formación del precio del pool eléctrico y señaló que una variación de 500 gigavatios hora (GWh) en la producción eólica mensual implica un incremento o bajada de 4,5 euros por MWh en el precio medio mensual del mercado diario.

Respecto a la carga impositiva que soporta el sector, el informe destaca que los impuestos y tributos superan el resultado de explotación. De esta manera, la introducción del impuesto del 7% sobre la generación de la electricidad en el periodo analizado, sumado a los cánones eólicos establecidos por las comunidades autónomas, penaliza de forma considerable la rentabilidad del negocio de la generación eólica. Por otra parte, Doheijo advirtió del «problema» que representa el conocido como efecto caníbal, el impacto en los ingresos del sector de la bajada del precio del mercado provocado por parte de la generación eólica, que ha restado a las empresas en 2014 y 2015 un total de 1.547 millones de euros.