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Energía dará prioridad a la interconexión gasista con Francia ante el nuevo Gobierno de Macron y avanzar en la descarbonización

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha reiterado el compromiso del Gobierno con el desarrollo del gas natural para cumplir con los objetivos mundiales de descarbonización pero manteniendo la sostenibilidad financiera y la competitividad industrial. Asimismo, comprometió que la interconexión gasista con Francia va a ser una cuestión prioritaria en las relaciones con el nuevo Gobierno de ese país, con el fin de «lograr resultados lo antes posible».

Navia, que ha clausurado la asamblea anual de la asociación Gas Industrial, que agrupa a grandes industrias consumidoras de gas, ha reconocido que el proceso para llevar adelante el proyecto MidCat, renombrado ahora Step, se ha visto ralentizado por la celebración de elecciones en el país galo. Daniel Navia ha añadido que, pese a las resistencias que existen entre países para hacer interconexiones gasistas en Europa, la Comisión Europea está teniendo una «colaboración muy activa».

El secretario de Estado subraya que en la negociación que ahora se abre del denominado Paquete de Invierno, la directiva de la Comisión Europea en materia energética para el periodo 2020-2030, España va a plantear que el objetivo que recoja en materia de interconexiones sea «vinculante». Además, ha anunciado que solicitarán que se establezcan procedimientos de tramitación abreviados para infraestructuras estratégicas como el proyecto Step, así como financiación para los proyectos de interconexión. El presidente de Gas Industrial, Juan Vila, aseveró que «ya es hora de perder la paciencia con Francia. Si no nos podemos duros, el tubo no estará nunca en marcha porque van a poner pegas a todo«.

Por otra parte, Navia aseguró que la regulación del creador de mercado obligatorio del Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), una figura orientada a incrementar la competencia en ese mercado y contener los precios, se aprobará próximamente y que la plataforma de ese mercado ofrecerá próximamente más productos, como futuros. En este sentido, el presidente de Mibgas, Antonio Erías, reconoció que «en menos un año habrá un mercado de futuros del gas», que contribuirá a desarrollar el mercado spot (corto plazo).

Respecto a las reformas energéticas, Navia cree que las grandes ya se han hecho, “en gran medida están superadas”, y España ya no está en una situación «anómala» como en la que estuvo, en que había que conseguir que el sistema tuviera «sostenibilidad financiera». Ahora debe afrontar los problemas existentes en el ámbito energético español, que son «muy similares a los que hay en otros países europeos», como la adecuada planificación energética. El secretario de Estado considera que el sistema debe obtener nuevos ingresos para conseguir un mejor reparto de las cargas. Ello pasa por el desarrollo de nuevas actividades, ya que se obtendrían ingresos por peajes a la regasificación, descarga de buques o almacenamiento de gas natural licuado (GNL).

Descarbonización sin renunciar a competitividad

Por otro lado, Navia destacó el “papel fundamental” del gas como fuente de energía limpia de cara al Acuerdo de París (COP21) por el cambio climático y su voluntad de que España se convierta en hub del gas. Para alcanzar los compromisos de sostenibilidad ambiental a la vez que mejora la competitividad, el secretario de Estado incidió en que el programa del Gobierno contempla expresamente mantener los costes regulados del sistema energético y, aunque entiende que «sería más eficiente reducirlos», asegura que el sistema todavía arrastra «cargas del pasado» que hay que «asumir y saber gestionar». «El sistema energético es un trasatlántico y no se puede variar de rumbo de un día para otro sin arriesgar su continuidad», ha asegurado.

«Tenemos la obligación de responder al cambio climático, no es una opción, pero como reguladores nos enfrentamos al desafío de compaginar esta transición hacia una economía baja en carbono con la competitividad industrial en un entorno en el que la coordinación de las políticas a nivel global presenta dificultades», ha explicado. Además de la contención de los costes regulatorios del sistema, la intención es reducir los costes a medio y largo plazo «donde haya espacio para hacerlo con garantías suficientes».

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández, ha defendido la necesidad de revisar la normativa para mejorar la regulación sin necesidad de modificar las leyes en el corto plazo. «La gran reforma regulatoria ya está hecha y ahora lo que tenemos que hacer es una regulación de detalle, un análisis del impacto normativo, del impacto económico y de las cargas administrativas», ha explicado. En este sentido, reconoce que la revisión normativa es un trabajo «complejo», pero considera que la solución no pasa por su constante modificación. «No podemos estar todos los días modificando las leyes, hay que ir al detalle, remangarse y analizar dónde están las barreras», ha concluido.

Navia (Energía) advierte de que nadie debe invertir en renovables en España pensando que las condiciones de partida son inmutables

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EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha advertido, en referencia a los cambios que pueda haber en las legislaciones de apoyo a las renovables, que ningún inversor debería invertir pensando que las políticas y las condiciones de inicio son «infinitas y sin límites«.

Daniel Navia ha aseverado que el cambio de legislación que hizo España, que recortó las primas a las renovables, cuestión por la que recientemente el fondo Eiser ha ganado un arbitraje en el CIADI a España, multada con 128 millones de euros, «no es único e irrepetible» en la Unión Europea. El secretario de Estado de Energía ha afirmado que esas ayudas, que reconoció que en un determinado momento impulsaron «políticas ambiciosas» en renovables en España «no eran sostenibles financieramente».

Navia ha señalado que la aplicación o no de la retroactividad en la normativa de inversiones depende de que sea «sostenible» económicamente y no de lo que se escriba en una directiva, frente a lo manifestado por el eurodiputado socialista José Blanco, quien también intervino en el debate. Blanco, que es ponente de la propuesta legislativa del Parlamento Europeo sobre energías renovables, ha pedido que haya compensaciones «adecuadas» si proyectos en marcha se ven afectados negativamente por una pérdida de los esquemas de apoyo que había cuando planificaron su inversión.

Respecto a las prioridades que se fija España en las negociaciones de los objetivos para el desarrollo de la Unión de la Energía, considera que la primera es «superar la barrera física» que suponela falta de interconexiones entre países y conseguir que esas interconexiones sean un objetivo vinculante de la Unión Europea. En su opinión, cree que España puede ser más ambiciosa en su política de avance en materia de renovables si se hacen las interconexiones y se establece un respaldo financiero para acometer las inversiones que sean necesarias.

Navia ha señalado, por otra parte, que no se puede prescindir actualmente de ninguna tecnología y, con relación al carbón, subrayó que en España, que no tiene acceso al gas ruso ni al del Mar del Norte, aporta seguridad en el suministro en unas condiciones razonables como se vio en enero pasado. Sin embargo, el socialista José Blanco no ve razonable que sólo se contemple el coste inmediato en la lucha contra el cambio climático, pues el beneficio «más inmediato» que se debe perseguir es la salud de los ciudadanos.

Además, ha indicado que si en la última subasta de renovables los proyectos, que no han obtenido primas, se han adjudicado a un coste menor es porque en su día se hizo una apuesta que permitió al sector desarrollarse y ha añadido que, si se quieren seguir abaratando, hay que seguir haciendo una «apuesta importante». También recriminó que la falta de interconexión energética en Europa no puede ser una excusa para no hacer los deberes para ampliar la generación y el uso de energías renovables.

Nadal presume de que España tiene energía renovable “sin prima” pero el Ministerio no descarta introducir cambios en las subastas

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EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no descarta analizar el sistema de subastas de renovables para que en un futuro puedan «ser más efectivas» o para que exista la posibilidad de cupos para tecnologías que se queden fuera. Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, subrayó que ahora, «por primera vez», España cuenta con energía renovable «sin prima» y que, además, «va a ser autóctona» porque las empresas que lo han obtenido producen «mucho» en España.

Nadal ha defendido que España debe «llegar a un objetivo del 20% de renovables» en 2020 y por eso apoya que se realicen subastas como la que se celebró el pasado 17 de mayo. Ha expuesto que así se tendrá una cuota de renovables superior a la de otros países como Alemania y Reino Unido y ha defendido que el criterio para adjudicar proyectos fuera que «tuviera el precio más bajo». Para el ministro, «esto supone que no le va a costar un sólo euro a los consumidores» y ha abogado por planificar cómo será la energía que se consuma en el 2030 desde una manera «realista» porque entiende que «no se puede prescindir de ninguna fuente de energía actual».

Subastas de renovables «más efectivas»

Navia señaló que en la subasta de renovables, en la que se adjudicaron 3.000 megavatios (MW) verdes, hubo «muchísima oferta, tanto de eólica como de fotovoltaica, en costes muy competitivos», por lo que ahora hay que ver «cómo se aprovecha» este hecho para el futuro. El secretario de Estado no considera la fotovoltaica como una tecnología «marginal», ya que acudió con mucha oferta a la subasta, aunque finalmente apenas se adjudicó un megavatio mientras que la eólica se hizo con casi la totalidad de la potencia en juego. Navia subrayó que será necesario ver cómo la fotovoltaica puede entrar «de la forma más efectiva posible«.

No obstante, aseguró que la consideración de coste tiene que seguir siendo «fundamental» a la hora de decantarse por una tecnología, aunque añadió que sí que es posible que se puedan introducir cambios en las subastas futuras de renovables «para que sean más efectivas o para que, si hay bolsas de tecnologías que no pueden entrar, entren«. Por otra parte, Navia indicó que el Gobierno está trabajando en el recurso contra el laudo arbitral del Ciadi, en el que se da la razón a Eiser Infraestructure por el recorte a las renovables, aunque señaló que se cuenta con un plazo de 120 días para presentarlo. «Estamos trabajando en ello y se trata de prepararlo de la mejor forma posible», aseguró.

La Eurocámara propone endurecer los objetivos de renovables para 2030 del 27% al 35%, marcando incluso un 36% para España

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Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo propone elevar los objetivos comunes de renovables en el consumo de energía para la Unión Europea del 27% al 35% en el horizonte del 2030, convirtiendo además estos objetivos nacionales en vinculantes, según el eurodiputado socialista José Blanco, ponente de la propuesta legislativa sobre energías renovables. En cuanto a los objetivos fijados para 2020, que son que las renovables supongan un 20% del suministro ese año, explicó que van por buen camino.

Blanco señaló que el objetivo de la propuesta, cuya tramitación se iniciará ahora y podría prolongarse durante un año, es poner en relación los objetivos en renovables con la meta de descarbonización marcada en la Cumbre de París (COP 21). «La propuesta es lo suficientemente ambiciosa para cumplir con los objetivos de París y que sean una realidad», apuntó. Esta propuesta endurece así el proyecto de directiva de la Comisión Europea, que marcaba unos objetivos del 27% y que no recogía los objetivos nacionales vinculantes. «Si no son vinculantes, no tenemos la garantía de que se vayan a cumplir. Solo con unos objetivos vinculantes tenemos la certeza de que se van a cumplir», indicó Blanco.

Para el caso de España, esos objetivos además son más ambiciosos y los lleva hasta el 36% en el horizonte de 2030. España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 un 17,3%, según el Ministerio de Energía. Sin embargo, este objetivo del 36% supondría duplicar la penetración de renovables actual. Blanco considera que Europa debe liderar y ser ejemplo en descarbonización, más cuando la política estadounidense de Donald Trump puede ser un obstáculo para cumplir con el Acuerdo del Clima de París. Blanco ha recordado que hay países que han establecido cuotas superiores para 2030.

Blanco recriminó la posición del Gobierno de España en contra de que estos objetivos para el periodo 2020-2030 sean vinculantes y consideró necesario que cambie su posición y no trate de «bloquear» el desarrollo de las renovables. «España debe tratar de recuperar el tiempo perdido para conseguir estos objetivos y espero que no bloquee el objetivo vinculante. Me gustaría que el Gobierno de España repensara esa apuesta y se sumara a los objetivos vinculantes», añadió. Asimismo, el eurodiputado criticó que España haya pasado de «una apuesta clara» por las renovables a aliarse, «casi siendo el país que lo lidera», con los países que quieren frenar el desarrollo de las renovables.

A este respecto, subrayó que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se muestra «muy reservado» en Bruselas respecto al planteamiento de estos objetivos de renovables. Por su parte, el eurodiputado luxemburgués Claude Turmes, ponente de la propuesta legislativa sobre gobernanza de la Unión Energética calificó incluso de «chantajista» la posición del Gobierno de España a la hora de pedir contraprestaciones a cambio del respaldo a estos planes para el desarrollo de las renovables. «Así no avanzamos. Cada cual negocia como quiere, pero no es la mejor manera de avanzar», señaló.

La propuesta del eurodiputado José Blanco, que fija además objetivos más ambiciosos para el transporte y en materia de calefacción, también apuesta por reforzar la seguridad jurídica y conceder a los inversores un marco regulador estable frente a cambios discrecionales. Así, aboga por eliminar cualquier elemento de retroactividad y la introducción de criterios de penalización que permitan recibir compensaciones adecuadas para los inversores en el caso de producirse algún caso de retroactividad. Asimismo, considera que el autoconsumo es «una apuesta clara» y se muestra en contra del denominado impuesto al sol. «La batalla para que el autoconsumo de la energía solar esté en manos de los ciudadanos es una batalla que debemos librar», señaló Blanco.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, defendió la posición del Gobierno español respecto a estos objetivos que quiere Bruselas, aunque consideró que para ello es necesario que se faciliten «los instrumentos». «Ambición absoluta, pero queremos los instrumentos. Mi ambición pasa por las interconexiones, cambios en las reglas de eficiencia energética y financiación europea la máxima posible. Con estos instrumentos puedo ser muy ambicioso», destacó Navia.

El nuevo bono social costará unos 230 millones de euros e impondrá límites a cada beneficiario del consumo bonificado

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Europa Press.- El nuevo bono social de la electricidad tendrá un coste de entre 203 y 235 millones de euros, frente al de entre 180 y 200 millones actual, y aspira a proteger a unos 2,5 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. También se limitará el consumo bonificado, es decir, el número de kilovatios hora (kWh) que se ve beneficiado del descuento que supone el bono social.

Por ejemplo, el derecho a percibir el bono social de la luz para las familias numerosas estará limitado a un consumo de energía de 3.600 kilovatios hora (kWh) al año, según consta en el borrador del decreto por el que se regula el bono social. Concretamente, este descuento tanto para los considerados como consumidores vulnerables, que asciende al 25% del recibo, como para los vulnerables severos, que será del 40% de la factura, será aplicado teniendo en cuenta el límite de energía suministrada previsto para el periodo de facturación. Por encima de este límite, la energía suministrada le será facturada según la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor).

Este límite máximo de energía bonificada para cada una de las categorías de consumidores se calculará prorrateando la energía anual máxima establecida para cada una de ellas entre el número de días que conforman el período de facturación. Así, para el caso de las familias numerosas, este límite máximo será de 3.600 kWh al año por hogar, mientras que para las unidades familiares en que sus miembros sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, será de 1.680 kWh anuales.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló que al final el Gobierno ha considerado «que era mejor» incluir a las familias numerosas, aunque subrayó que el derecho al bono social «va a tener limitado el consumo» y «no se van a financiar lujos». «Un consumo normal de una familia normal. El bono social es para niveles de consumo habituales«, aseveró. Energía ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su preceptivo informe, el borrador de real decreto que desarrolla el bono social de electricidad, después de definir los criterios de renta para que sea percibido.

Para que un consumidor sea considerado vulnerable y pueda acogerse al bono social que le da acceso a un descuento del 25% en su factura, se tendrá en cuenta el nivel de renta de su unidad familiar referido al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En concreto, podrán acceder al bono social las unidades familiares sin menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, las unidades familiares con un menor a cargo que dispongan de una renta anual menor o igual a 2 veces el IPREM, así como aquellas que cuenten con dos menores a cargo y que ingresen una renta anual menor o igual a 2,5 veces el IPREM.

Además, los umbrales de renta anteriores se verán incrementados en 0,5 veces el IPREM para las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y para aquellos hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33%. Asimismo, podrán acogerse al bono social, además de todas las familias numerosas, aquellas unidades familiares en las que todos los miembros que tengan ingresos sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima.

Para el caso de los consumidores vulnerables conformado por una unidad familiar sin menores que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, que en 2017 se sitúa en unos 7.455 euros al año en 14 pagas, este límite máximo de consumo para tener derecho al bono social será de 1.200 kWh al año, mientras que para las unidades familiares con dos menores y que cumplan los criterios de renta será de 2.040 kWh anuales y para las familias con un menor y que puedan por renta acogerse a la ayuda será de 1.680 kWh anuales.

Por otra parte, se crea una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos, para aquellos hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables severos tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura. Las familias numerosas o los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima, serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior a 2 veces el IPREM o 1 vez el IPREM respectivamente.

También se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas. Estos consumidores serán considerados esenciales y no se les podrá suspender el suministro. Esto será financiado por medio de la financiación adicional que liberará el sistema eléctrico (10%) y que complementará la aportación de los servicios sociales (50%) y del propio bono social (40%).

Lucha contra la pobreza energética

Por su parte, Navia destacó que el bono social cubrirá un conjunto de consumidores ligeramente superior al que disfruta actualmente de la ayuda, al tiempo que lo hará de forma más eficiente, al vincular su percepción a criterios de renta. Para elaborar la nueva regulación, el Gobierno parte de las cifras de Eurostat según las cuales cerca del 10% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. El objetivo del bono social será proteger mediante descuentos en el recibo de la luz a 2,5 millones de hogares, lo que equivale a unos 7 millones de personas. Navia también destacó mejoras en los procesos de notificación y avisos de impago.

Volver a inyectar gas en Castor podría provocar terremotos de hasta 6,8, según el informe del MIT y de Harvard

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Europa Press.- Reanudar las operaciones de inyección de gas en el almacén Castor que fueron paralizadas en 2013, por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaroz (Castellón), aumentaría de nuevo la actividad sísmica y podría provocar terremotos «incluso mayores», de una magnitud hasta 6,8, según concluye un estudio encargado por el Gobierno al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard.

El análisis, realizado a lo largo de 18 meses con un coste de 600.000 euros, concluye que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor, provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera «incluso mayor«, según el informe. Tras conocerse su contenido, el Ministerio de Energía ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor y, una vez analizado el informe, encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento.

Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, han destacado que hay un «riesgo elevado» de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable de lo que era originalmente». Además, han explicado que con estos antecedentes de ocurrencia y sismicidad, en la actualidad hay mayor probabilidad de que se produzca un terremoto en la zona y que podría llegar a ser de una magnitud «mucho más elevada», de hasta 6,8.

Sin embargo, los responsables del informe han concluido también que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones «difícilmente se habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica», al tiempo que han reclamado que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica. Juanes ha señalado que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser «menos estable» de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.

Juanes ha indicado que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013. A nivel técnico, Juanes ha precisado que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas «en el bloque colgante de la falla». Así, ha apuntado que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desestabilización menor pero que, tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación, han advertido de que la desestabilización sísmica sería «mayor a la que se provocó en 2013, en el orden de un factor de dos».

Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard, John H. Shaw, ha sido más contundente al afirmar que reanudar las operaciones «agravaría el estrés de la falla» y que «habría riesgo elevado» porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo. Juanes ha defendido que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del real decreto ley de 2014, integra la sismología estructural, la geología y la geomecánica y ha pedido nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tectónicamente activas.

Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha subrayado que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. En cuanto al posible dolo o negligencia de la promotora de Castor, Escal-UGS, ha señalado que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen «con cautela» las conclusiones, que son «muy contundentes».

Navia ha afirmado que «es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que «no hay ningún elemento en este informe» que lleve a replantearse la reapertura de Castor, que «va a seguir hibernando». El siguiente paso, según ha dicho, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación, con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente. Navia ha concluido que «queda claro» que «no era fácilmente previsible, con un estándar de rigor razonable, que en Castor ocurriera lo que finalmente ha pasado».

Inútil y, en su momento, potencialmente peligrosa

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Ayer se presentó el informe realizado para evaluar los riesgos sismológicos derivados del almacén de gas Castor. Las conclusiones del informe, elaborado por dos instituciones universitarias y tecnológicas norteamericanas de prestigio, el MIT (Massachusetts Institute Tecnology) y la Universidad de Harvard, son claras en lo que se refieren a la seguridad y los riesgos: la instalación es la causante del gran número de seísmos que se produjeron en la costa de Vinarós (Castellón) durante su llenado, produciendo un estrés importante en la falla de Amposta frente a Tarragona.

Conclusiones claras pero contradictorias con los estudios españoles del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que apuntaban a una falla menor no cartografiada. Actualmente, la instalación se encuentra estable y lo mejor es no menealla, optando por una hibernación con un coste de entre 80 y 100 millones de euros anuales, adicionales a la indemnización de 1.400 millones de euros a la concesionaria Escal. Castor está actualmente bajo la gestión de Enagás y el vaciado y llenado de este silo podría volver a causar seísmos de hasta 6,8 grados en la escala de Ritcher, según el Informe.

Por otro lado, el desmantelamiento costaría aproximadamente 280 millones de euros, con cargo también a la tarifa de suministro gasista, siendo la alternativa que baraja el Ministerio de Energía. La instalación siempre ha estado rodeada de polémica por una actuación que debería ser un caso de estudio, al margen del riesgo sísmico que genera, en lo que se refiere a la cultura de la sobreinversión en infraestructuras en nuestro país y sobre nuestra calidad institucional.

Por ello deben analizarse los mecanismos de evaluación y decisión de las infraestructuras que van con cargo a los costes de acceso, en términos de su necesidad y su utilidad, o incluso la forma en que se introducen rectificados en sus presupuestos (en el caso del Castor esta cuestión no estuvo exenta de fuerte polémica por los peritajes). Todo ello queda de forma más contundentemente expresado a través de varias preguntas: ¿Era necesaria esta infraestructura si disponemos de una base instalada de regasificadoras que permitían una gestión activa del aprovisionamiento? ¿Por qué nadie plantea la sustitución de Castor tras su hibernación/desmantelamiento por otro almacén gasista?

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha declarado que era difícil de prever todo el devenir sísmico cuando se aprobó el proyecto en el flujograma administrativo español. Lo que nadie le ha pedido al MIT y a Harvard es, de forma complementaria, analizar, si era útil, su necesidad económica, el retorno de la inversión por mejora de la eficiencia en la gestión de aprovisionamiento para el consumidor, los niveles de almacenamiento necesarios con los cambios operados internacionalmente en estos años en los mercados del gas.

Hoy el sistema gasista anticipa un déficit tarifario de volúmenes mucho menores que el que alcanzó el eléctrico pero, eso sí, creciente. Déficit tarifario que se ve desde el punto de vista asépticamente contable para darle apariencia burocrática de normalidad. De esa forma, mediante un proceso pautado de autorización de infraestructuras y su absorción por el consumidor, además de su propia construcción y encarecimiento, tenemos una infraestructura excedente, inane y en su momento, potencialmente peligrosa.

El sindicato CCOO pide que se convoque ya la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón

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EFE.- El sindicato CCOO subraya la necesidad de convocar la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, que no se reúne desde el 15 de marzo de 2015. «Creemos muy importante esta convocatoria para que nos sentemos en la misma mesa los sindicatos, los empresarios y el Gobierno y no se hagan reuniones unilaterales», ha explicado el delegado comarcal de CCOO en Laciana, Omar García.

El sindicalista hacía referencia a la reunión mantenida entre las centrales sindicales y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que ha calificado de «positiva» en cuanto a que «hay una voluntad de diálogo inexistente en el anterior equipo del Ministerio». «Ahora nos hablan de la nueva ley de transición energética e incluso de incrementar el hueco del carbón en el mix energético nacional, pero lo primero que tenemos que solucionar es la situación traumática que vive el sector con prácticamente todas las empresas en concurso de acreedores», ha remarcado García. «Las buenas intenciones están muy bien pero hay que aportar soluciones ya porque actualmente no se está haciendo nada para evitar que la minería desaparezca», ha advertido García.

Energía asegura que no dedicará el superávit tarifario a la indemnización a las compañías eléctricas por financiar el bono social

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asegura que la disposición adicional incluida en el proyecto de Presupuestos para 2017, en la que se recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar indemnizaciones por fallos judiciales en ejecución de sentencias derivadas de la normativa del sector eléctrico, no tiene por objetivo cubrir los cerca de 500 millones de euros de compensación a las eléctricas por haber sufragado el bono social en los últimos años.

«Es una previsión genérica y no tiene en cuenta que sea para una sentencia u otra», afirmó Navia en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Energía para explicar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, añadiendo que, en el caso del bono social, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo que da la razón a las compañías, el Gobierno «va a pelear donde corresponde, en los tribunales».

Así, el secretario de Estado subrayó que la finalidad de esta medida es corregir el hecho, «que se da con relativa frecuencia», de sentencias derivadas de distintos periodos regulatorios que representan costes transcurridos unos años para los Presupuestos. En este sentido, subrayó que si las indemnizaciones por sentencias atrasadas se pagaran siempre con cargo a los Presupuestos, «se generaría un incentivo perverso» a hacer «regulaciones agresivas», que, de ser rechazadas, luego la pagarían otros Presupuestos dentro de varios años. Eso es contrario a un principio fundamental, que el sistema eléctrico tiene que ser sostenible por sí mismo», añadió al respecto.

Ambición en fomentar eficiencia energética

Además, Navia destacó también la convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley, con una cuantía de hasta 60 millones de euros. «Su finalidad es permitir acelerar el despliegue de renovables por vías adicionales a la subasta que ya está en tramitación», indicó. En materia de eficiencia energética, Navia afirmó que el Gobierno es «claramente ambicioso», como lo demuestran los esfuerzos desde el IDAE, aunque advirtió que se tiene que procurar que ese nivel de ambición «vaya acompasado con los otros agentes implicados».

Por lo que respecta a la reducción de la deuda del sistema eléctrico, que es a lo que, según la Ley del Sistema Eléctrico de 2013, era a lo que debía destinarse los superávits que el sistema español alcanzó desde entonces, ha señalado que desde que se introdujo la reforma el déficit se ha ido reduciendo cada año en 2.000 millones de euros, corrigiendo los «costes acumulados en el pasado». Navia considera que «sin esa losa» podrían ser más ambiciosos.

Respecto al carbón, apeló al resto de grupos políticos a pronunciarse respecto a si apoyan o no la presencia de la generación de las térmicas en el mix energético español. «Pensamos que hay un espacio necesario para que sigan estando, como se vio en el episodio de enero «, reconoció. Así, afirmó que la primera decisión que se debe tomar es ponerse de acuerdo en si se quiere seguir teniendo una parte de térmica en el mix eléctrico. «Es lo lógico y lo razonable», añadió.

Energía afirma que una auditoría de las centrales nucleares «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad que cuestiona Iberdrola

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Europa Press / EFE.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, «podría ser el contexto» donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.

Así se pronunció Navia sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su voluntad de no reabrir Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear. En este sentido, Navia aseguró que «responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido». «Es una cosa que hay que echar cuentas», añadió al respecto. Así, consideró que hay que cumplir el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). «Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto», indicó.

Navia considera que el cierre definitivo de Garoña «no supondría un cambio respecto a la situación actual», ya que está parada desde hace años. «Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso sobre cuál es la mejor fórmula. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear», añadió al respecto. Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.

En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que próximamente se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, al Consejo de Estado y, «en paralelo, a Europa». Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene abierto más tiempo el plazo de aportaciones de las distintas partes.

No obstante, cree que superado el trámite con las comunidades autónomas, a las que corresponden en gran parte la gestión del bono social y con las que hay que discutir los umbrales de ingresos de las diferentes clases de beneficiarios, ya que muchas de ellas cuentan también con sistemas propios de ayuda al consumidor vulnerable, despejará la parte más importante para sacar adelante el reglamento.