Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió al delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, «ayuda» en la interlocución con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y su titular, José Manuel Soria, a la hora de abordar el conflicto de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas. Sin embargo, Gregorio subrayó la necesidad de construir el ATC, «para dinamizar la economía de Villar de Cañas y de la comarca».
Así lo desveló el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, tras una reunión institucional celebrada entre ambos dirigentes en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno castellano-manchego. Hernando indicó que enésta y en otras cuestiones ha visto al delegado del Gobierno «muy receptivo y con una actitud comprensiva«, por lo que calificó como «fructífero» el encuentro. «Le hemos dicho que actúe como interlocutor para poder trasladar este mensaje al Gobierno de España, que es parte de su responsabilidad», indicó.
Sobre la instalación del ATC, Hernando recordó el informe de Greenpeace sobre la posible repercusión negativa del transporte de residuos nucleares por la región, en la que según los ecologistas hasta 71 localidades castellano-manchegas «podrían verse en peligro». Para Hernando, la solución sería «un almacenaje desagregado y que por cada zona nuclear pueda procesar sus residuos y no un almacén unificado que ponga en riesgo muchos municipios» por el transporte.
El portavoz gubernamental explicó además que en la reunión entre Gregorio y García-Page se han abordado otros asuntos, como la situación de Elcogas, sobre lo que han pedido al representante del Gobierno de Mariano Rajoy «que eche una mano para que se le dé una solución a todas las familias afectadas«. Sobre Elcogas, el delegado del Gobierno recordó que ya en la reunión que mantuvo García-Page con el ministro de Industria, José Manuel Soria, el titular del Ministerio ofreció un pacto político para salvar conjuntamente la planta de ciclo combinado Elcogas en Puertollano y todo el empleo que ello supone.
Gregorio señaló que el ministro Soria ya ofreció una solución que compromete al Gobierno central y a la Junta de Castilla-La Mancha a poner sobre la mesa las cuantías necesarias. En este sentido, el ministro anunció la aportación de en torno a 20 millones de euros anuales durante los próximos cuatro años. «Para ello, ha de haber un compromiso firme y público por parte de la Junta de financiar otro tanto igual. De esta forma, entre ambos gobiernos sumarían una cuantía de en torno 40 millones de euros y la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo, directos e indirectos, estarían garantizados», señaló.
Respecto al ATC, Gregorio recordó que permitirá cubrir las necesidades de almacenamiento del combustible generado por las centrales nucleares españolas, que producen del orden del 22% de la electricidad y supondrá 1.000 millones de euros de inversión, «lo que dinamizará la economía de Villar de Cañas y de la comarca». Asimismo, señaló que está previsto que genere alrededor de 400 puestos de trabajo durante su construcción y de 100 durante su explotación. Por ellosubrayó la necesidad de construir el ATC. «De no ser así, habría que construir almacenes individualizados en cada central, con el aumento de costes e ineficiencias que esto supondría, así como la dispersión de estos almacenes por el territorio nacional«, indicó.
ATC con la dotación presupuestaria
Por otro lado, el PP rechazó las enmiendas planteadas por la Izquierda Plural para dejar sin dotación presupuestaria al ATC de residuos nucleares que se está construyendo en Villar de Cañas, durante la votación de los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno para 2016 y aprobados por el Congreso, que ahora se envían al Senado. En concreto, la Izquierda Plural había registrado tres enmiendas parciales para minorar en un total de 412 millones de euros el dinero que se dedica a esta partida.
«El almacén nuclear genera un gran rechazo social, que pone en peligro la agricultura, la ganadería y los proyectos de turismo rural de toda la zona, además de los riesgos añadidos para la seguridad en todas las comarcas por las que transcurre el transporte ferroviario y por carretera de estos residuos altamente tóxicos», argumentaba Izquierda Unida en sus enmiendas. La formación defendía que este dinero se podría dedicar a otras actividades, «dada la preocupante situación de Castilla-La Mancha», una de las regiones en las que «más ha crecido el paro».
