Europa Press.- Mientras Ecologistas en Acción exige al Gobierno que retire definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) porque considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), lo hace «inviable», la Plataforma y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) creen que la sentencia supone «el fin definitivo» del proyecto puesto que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es indispensable para poder construir el ATC.
Para la organización antinuclear, esta sentencia «es una prueba más de que en varios de los procedimientos de licenciamiento del ATC no se cumple el ordenamiento jurídico», según ha indicado la Plataforma. «Desde el inicio se deberían haber tenido en cuenta los principios de precaución, seguridad y transparencia y ninguna de estas premisas se han cumplido desde la designación de Villar de Cañas para ubicar el ATC en diciembre de 2011«, explican. Por ello, la Plataforma resaltó que no oculta «su enorme satisfacción» por esta sentencia, algo que se demuestra con las alegaciones que ya presentó en diciembre de 2014 con argumentos en la línea que ahora pone de manifiesto el TSJCM en su sentencia.
“Estupenda noticia” para los opositores
La portavoz de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, María Andrés, ha indicado que, aunque hay que esperar a conocer el texto completo de la sentencia, «no cabe duda de que es una estupenda noticia para la Plataforma». A su juicio, esto avala «que las prisas por aprobar el POM en un tiempo récord, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de la falta de seguridad jurídica. Y por mucho que diga el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, sin POM no hay basurero nuclear».
Ahora, concluye la portavoz de la Plataforma, José María Saiz «puede hacer dos cosas: recurrir ante el Supremo o hacer otro POM, pero en ambos casos, los retrasos pueden hacer inviable el ATC, ahora que todas las centrales nucleares tienen o están en trámites para tener sus almacenes individuales y es conocido públicamente que los terrenos elegidos no son aptos».
Además, añade Andrés, que «es muy lamentable la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que está dispuesto a mentir diciendo que los residuos nucleares se están enviado fuera de España, a pesar de que sabe que no es cierto. Todo porque Cospedal lo colocó en la lista al Congreso por la provincia de Cuenca, únicamente para que Catalá haga campaña a favor del ATC».
Ecologistas pide cancelar el ATC
Por su parte, Ecologistas en Acción destaca que la sentencia que avala la prohibición por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del POM de Villar de Cañas mantiene la calificación de no urbanizable para los terrenos donde se planea construir el ATC, por lo que iniciar las obras es «inviable». Por ello, considera que el Gobierno debe interrumpir la búsqueda de los terrenos para un almacén de residuos nucleares hasta que no establezca un calendario de cierre «aceptable» para las centrales nucleares y abrir un debate sobre la forma en que se deberán gestionar los residuos de alta actividad.
La sentencia rechaza el recurso de Villar de Cañas y avala la decisión de la Junta castellano-manchega de prohibir el POM de la localidad que fue aprobado por el consistorio para autorizar la construcción del ATC que albergaría los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas. Si bien, la Junta anuló este POM que convertía en urbanizables los terrenos donde se iba a construir el ATC. En cuanto a las cuestiones ambientales, la ONG recuerda que el ATC se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos.
En definitiva, Ecologistas en Acción asegura que la sentencia «frena» la construcción del ATC en Villar de Cañas y termina con «el empeño del Gobierno» de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear. Si bien, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denuncia que el proyecto de Villar de Cañas, impulsado cuando la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal presidía la administración autonómica, ha supuesto «el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía», ya que Enresa ha licitado y pagado contratos e instalaciones.
