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El Jardín Botánico del CSIC lidera un proyecto en el que fomenta medidas de adaptación al cambio climático en centros públicos y escolares

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Europa Press. – Un proyecto LIFE quiere promover medidas de adaptación al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza para reforzar la resistencia en colegios y centros de servicios sociales de España y Portugal frente al cambio climático, tras concluir que estos son los espacios públicos más afectados por el calentamiento global.

La iniciativa, liderada por el Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), prevé analizar y verificar el impacto de las soluciones basadas en la naturaleza para adaptar al cambio climático dos colegios y un centro de servicios sociales.

Específicamente, se instalarán cuatro prototipos basados en la naturaleza en fachadas y muros de compartimentación, cubiertas y azoteas, superficies exteriores y aparcamientos de cada edificio piloto seleccionado. Además, se ejecutarán medidas sostenibles de ventilación natural inducida, sombreado estacional (natural y artificial) y la elección de especies autóctonas del ámbito mediterráneo y atlántico.

El objetivo del proyecto es mejorar de forma importante el bienestar y confort térmico de los usuarios de estos edificios y  reducir 27 toneladas de C02. Se reducirá, también, un 50% el consumo de agua de riego y de costes de energía con un 50% menos en refrigeración y un 10% en calefacción. Por otro lado, se aumentarán las zonas verdes sostenibles en cada edificio, además de recoger 2.700 m3 de lluvia anualmente entre los tres edificios.

 

La iniciativa

La iniciativa parte de los resultados del proyecto LIFE-myBUILDINGisGREEN, un proyecto europeo financiado por el Programa LIFE que coordina el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) en el que participan varias instituciones de la Península Ibérica y en el que se proponen Soluciones Basadas en la Naturaleza para remediar este problema.

Entre las consecuencias del cambio climático para la Península Ibérica, se espera que cada vez las olas de calor sean más frecuentes y que los cambios en la distribución de enfermedades infecciosas sensible al cambio climático se traduzcan en un aumento de los riesgos para la salud y el bienestar humano.

Así, el proyecto LIFE concluye que el cambio climático ejerce una presión sobre las infraestructuras duras, como en los edificios públicos de educación y servicios sociales, pero también en las blandas, como son los sistemas de salud.

En las olas de calor se alcanzan temperaturas en el interior de estos edificios superiores a los 32 grados centígrados entre mayo y octubre y ocasiona serios problemas de salud y estrés térmico para niños, ancianos y personas discapacitadas, considerados Jar. Estos edificios, en su mayoría, se construyeron antes de que existiera una normativa básica de condiciones térmicas, de modo que sus usuarios sufren más las consecuencias de las elevadas temperaturas.

En concreto, hay edificios insuficientemente aislados, con escasa protección solar en las ventanas, lo que contribuye al sobrecalentamiento en verano y esto afecta a la salud y el confort de sus usuarios.

El investigador del CSIC en el Real Jardín Botánico y coordinador del proyecto, Jesús Muñoz, ha advertido de que los edificios de educación y servicios sociales se enfrentarán a «muchos desafíos» en las próximas décadas por el aumento de la presión del cambio climático.

Según Muñoz, «la solución a este problema no puede pasar por la aplicación de un programa de climatización que permita la instalación de refrigeración artificial mediante climatizadores en estos centros públicos, ya que ni las autoridades públicas responsables ni las directrices europeas lo aconsejan, debido a que los mismos contribuyen al calentamiento global, por su alto consumo de energía eléctrica y su emisión de CO2 a la atmosfera».

El CSIC desarrolla un método para analizar la eficiencia de los materiales orgánicos para dispositivos fotovoltaicos

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Europa Press.- Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un nuevo método de análisis que evalúa la eficiencia de los materiales orgánicos para dispositivos fotovoltaicos. El nuevo método desarrollado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB) evalúa los materiales y optimiza su eficiencia de una forma 50 veces más rápida que los métodos convencionales. El estudio se publica en Advanced Electronic Materials.

El director de la investigación, Mariano Campoy-Quiles, ha destacado que los materiales orgánicos tienen «un enorme potencial» para ser el ingrediente principal en tecnologías de energía limpia de bajo coste. «En particular, estos materiales se están investigando para ser la capa activa en dispositivos que convierten la luz o el calor en electricidad, es decir, tecnologías fotovoltaicas y termoeléctricas», ha explicado. El nuevo método analiza con más rapidez y fiabilidad los materiales orgánicos que son aptos para ser empleados en estos dispositivos fotovoltaicos y termoeléctricos.

Campoy-Quiles, ha señalado que, por ejemplo, la fabricación de células solares orgánicas lleva entre días y unas pocas horas (si se procesa en paralelo), mientras que en medir su eficiencia se tardan solo minutos. El estudio cuenta con financiación del Ministerio de Economía a través del Programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia en I+D y por el proyecto del Consejo Europeo de Investigación (ERC) Finding a needle in a haystack: efficient identification of high performing organic energy materials (FOREMAT).

Las bombillas halógenas no se podrán fabricar ni vender a partir de mañana, día 1 de septiembre de 2018

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EFE. – Las bombillas halógenas no se podrán fabricar ni vender a partir de mañana, día 1 de septiembre de 2018, cuando entre en vigor una normativa europea que tiene como objetivo favorecer el uso de tecnologías LED más eficientes y sostenibles, una medida que ha sido acogida con satisfacción por parte de ecologistas y científicos en España.

Así, el responsable de Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz ha indicado que la aprobación de esta medida implica «un gran paso». Sin embargo, a pesar de que asevera que es «una gran noticia», cree que en una vivienda la iluminación es un factor «pequeño» de consumo porque hay otros aparatos «más contaminantes» como grandes electrodomésticos o contar con varios televisores. «Si coges la factura total de una casa, contamina más la lavadora o la calefacción que una bombilla», afirma.

Asimismo, el responsable de Energía ha asegurado que una medida alternativa pasa por contar con propias fuentes renovables en cada casa, como paneles solares «para reducir el impacto energético y el cambio climático».

Por otro lado, el investigador del CSIC en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona Xavier Perpiña, considera que los principales beneficios de este cambio están en el consumo y en el tiempo de vida. En este sentido, el investigador ha explicado que aunque el funcionamiento no es muy distinto a las incandescentes, el tipo de material que utilizan las LED es diferente, ya que tienen un gas halógeno en su interior, principalmente yodo o bromo, que permite que el desgaste del filamento sea mucho menor. Además el tiempo de vida es mayor que en el de las incandescentes.

Perpiña ha apuntado que hay más ventajas, como la contribución a un menor consumo energético, al aumento de un uso más eficiente de la energía y la redución de la generación de residuos.

 

Los consumidores desconocen la prohibición

A pesar de esta prohibición, según un estudio realizado por Ledvance, uno de cada dos consumidores en Europa desconoce esta prohibición y el 67% ignora cuáles son sus consecuencias. De hecho, hasta un tercio de los encuestados todavía incluye en sus listas de la compra viejas tecnologías de iluminación como bombillas halógenas (un 29%) o bombillas incandescentes (un 27%).

La despedida de las bombillas halógenas implica un gran número de alternativas LED disponibles en el mercado, cuyo aspecto es similar al de las halógenas, pero más eficientes.

 

 

Iberdrola, Gas Natural, EDP, Enagás, Unesa y Sedigas se unen en una plataforma para mejorar la calidad del aire urbano

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EFE.- Organizaciones públicas y empresas privadas han lanzado la Plataforma X Aire Limpio, que tratará de identificar, adaptar e impulsar las mejores prácticas y políticas para mejorar la calidad del aire de las ciudades, junto con las administraciones locales. Dentro del sector energético destaca la presencia en la plataforma de compañías como EDP España, Enagás, Gas Natural, Iberdrola, Sedigas y Unesa, que se unen para generar debate sobre la urgente necesidad de mejorar la calidad del aire de las ciudades españolas.

La Plataforma X el Aire Limpio tratará de implementar medidas eficientes junto a las administraciones locales que se adapten a las circunstancias concretas de cada ciudad. Para sus fines, la entidad ha formado un comité asesor liderado por el científico e investigador del CSIC, Xavier Querol, y que cuenta con la participación de la Fundación ECODES, el SEPAR y el CIEMAT. El presidente de la Plataforma X Aire Limpio, José María Arceluz, señaló que es «una responsabilidad compartida entre todas las partes» para dar respuesta a la demanda que la sociedad civil «exige cada vez con mayor fuerza e insistencia por un aire más limpio«.

Asimismo, Querol ha explicado los 5 pilares básicos y eficaces sobre los que actuar para la mejora de la calidad del aire: impulsar el transporte público, actuar sobre el tráfico, el establecimiento de zonas de bajas emisiones, abordar la distribución urbana de mercancías y dar lugar a un cambio urbanístico. El reto de la calidad del aire ya representa un eje propio dentro de las políticas de las grandes urbes europeas y lo está siendo de forma incipiente en España.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha destacado que es «fundamental la colaboración institucional entre todas las partes para afrontar el reto de manera efectiva». En este sentido, señala que la Unión Europea ya ha urgido España para que acometa las medidas necesarias para reducir los niveles de contaminación, con el condicionante de la imposición de multas si no se logra mejorar la calidad del aire. El reto pasa por encontrar las políticas más eficaces para que el consumo energético en los entornos urbanos sea eficiente, la movilidad transite hacia un escenario de bajas emisiones o se sensibilice sobre los usos y consumos con una perspectiva de sostenibilidad del entorno.

Los integrantes de la plataforma ven necesario un espacio de conversación que permita a todos los implicados encontrar palancas comunes de impulso con la clara orientación de servicio a las entidades locales españolas y como punto de encuentro para otras entidades sociales y científicas. La Plataforma x Aire Limpio tratará de identificar, divulgar e impulsar las políticas más eficientes y las mejores prácticas para la mejora de la calidad del aire, ya sean nacionales como también de otras ciudades del planeta a la vanguardia de la reducción de la contaminación.

El Comité Asesor desempeñará un rol clave a la hora de aportar criterios científicos que conduzcan a la adopción de aquellas medidas necesarias y adaptadas a cada municipio. El comité estará presidido por Querol y estará integrado por el catedrático y coordinador de programa de doctorado en Ingeniería Ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao-UPV/EHU, Lucio Alonso; el doctor en Ciencias Físicas y científico titular del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz Jiménez; la directora de conversaciones de la Fundación ECODES, Cristina Monge; la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

La Junta de Andalucía autoriza acciones legales para intentar impedir los proyectos de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, firmó una orden para que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a evaluar de forma conjunta de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

Según indicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, los argumentos del recurso contencioso administrativo que interpondrá la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución. El recurso del Ejecutivo andaluz también tendrá en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto «habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones» en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Según Blanco, la evaluación «por separado» de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto», por lo que la Junta va a plantear un recurso contencioso administrativo para exigir su «evaluación conjunta por vía legal«. De este modo, el portavoz ha concretado que el Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

Así las cosas, ha insistido en que la Junta reacciona y recurre «por riesgos evidentes según instituciones de solvencia» y que lo hace pensando en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en las posibles reclamaciones patrimoniales que pueden producirse. En este sentido, explicó que será el gabinete jurídico el que precise «qué procedimiento, medidas y pasos hay que dar en las próximas semanas».

Los 4 proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona, Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones.Ha recordado que en el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización del proyecto se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

El PSOE rechaza el gas

Por su parte, el senador por el PSOE de Huelva, Manuel Guerra, remarcó el «posicionamiento claro» de la Junta de Andalucía contra el proyecto de almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana y subrayó «su defensa absoluta» del medio ambiente. En este sentido, Guerra destacó que la postura de la administración regional responde a que «el Ministerio no ha tenido en cuenta los reiterados requerimientos de la Junta», la cual ha querido tener «una actitud leal» pero se ha encontrado con «la cerrazón» del Gobierno en esta materia.

Según apuntó, «la cerrazón del Gobierno no puede suponer un perjuicio para nuestra comarca». «Nosotros tenemos un posicionamiento claro de defensa absoluta del Espacio Natural de Doñana», proclamó, incidiendo en que este proyecto tendría «un impacto negativo en este territorio, hipotecándolo para el futuro». Por ello, el senador socialista reiteró que la Junta «va a poner en marcha todos los medios legales a su alcance para evitar el disparate que sería la ejecución de este proyecto en un espacio que tiene el mayor valor ambiental de todo el continente europeo».

Energía no concederá el permiso final al proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del IGME

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EFE.- Mientras el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía está ultimando el recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de no evaluar de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicó que no concederá el permiso final para la puesta en funcionamiento del proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana sin el visto bueno del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Así respondió el Ministerio a una pregunta planteada por el coportavoz federal y diputado de EQUO, Juan López de Uralde, que hacía referencia a unas informaciones sobre que el IGME había detectado «alta peligrosidad» en uno de los almacenes de gas planteados en Doñana. En dicha respuesta se señala que «según lo previsto en la autorización, las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento hasta que el propio IGME valide estos estudios adicionales. El Ministerio no permitirá la puesta en marcha del proyecto en tanto dichas modificaciones no se realicen satisfactoriamente».

Según se desprende de su respuesta, pese a la Autorización Ambiental Unificada positiva, el Ministerio condiciona la autorización definitiva al cumplimiento de todos los requisitos ambientales, de seguridad, etcétera. Desde EQUO, convencidos de que no se cumplen, han vuelto a pedir la paralización cautelar de la ejecución del proyecto Marismas Occidental, cuya primera fase está actualmente en ejecución, hasta conocer la valoración definitiva del Instituto Geológico y Minero de España.

«No tiene sentido continuar con los trabajos previos si luego la autorización no se va a conceder, no pretendan luego reclamar compensaciones por la inversión ya realizada. Lo mejor que puede hacer Gas Natural es irse de Doñana ya», ha incidido la portavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito. EQUO reclama desde el primer momento, tanto mediante la movilización en las calles como con iniciativas en las distintas instituciones, la paralización de este proyecto gasístico, para el que recientemente desde EQUO Huelva, y tras reunirse con la subdelegada del Gobierno, ha solicitado la retirada de la declaración de interés general.

La Junta prepara un recurso

«Se está ultimando para presentarlo de forma inminente», ha asegurado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, que ha recordado que su departamento hizo un requerimiento oficial al Ministerio para que evaluara de forma conjunta los impactos de los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «a tenor de los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del IGME, que alertaban de determinados peligros que no habían sido tenidos en cuenta».

«No se nos contestó y el gabinete jurídico emprendió la elaboración de ese contencioso contra la decisión del Gobierno de no evaluar de manera conjunta los cuatro proyectos de gas natural», ha explicado, tras lo que interpretó que no lo ha hecho porque si lo evaluara de forma conjunta, el proyecto «decae absolutamente«. No obstante, recordó que la norma permite a la Junta impedir que «ni un solo metro cruce el espacio natural de Doñana, lo cual invalida el conjunto» y de ahí que Gas Natural Fenosa haya hecho una reclamación patrimonial a la Junta de 359 millones de euros.

Andalucía irá a los tribunales si el Gobierno no analiza de manera conjunta los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha recordado este miércoles que la Junta acudirá a los tribunales si el Gobierno no decide realizar una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana, así como ha indicado que también acudirá a la vía judicial si el Gobierno no responde al requerimiento de la administración regional.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Fiscal ha remarcado que el Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) tiene hasta finales de mes para responder al requerimiento remitido por la Junta este verano.

Por ello, ha dejado claro que si el Gobierno no contesta acudirán a los tribunales o si contesta diciendo que no hará una evaluación conjunta de los proyectos, como defiende la Junta, «iremos a los tribunales», ha enfatizado.

Hay que recordar que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, envió en agosto una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, en la que solicitó la paralización del proyecto de almacén de Gas Natural en el entorno de Doñana, en virtud de un informe del CSIC que alerta de «la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona», así como que el estudio de su afección se haga de manera conjunta.

En ese momento, José Fiscal ya dejó claro que, si el Ejecutivo central «no atiende esta petición, el Gobierno andaluz acudirá a los tribunales», y ha mantenido su postura.

Asimismo, recordó que este verano se conoció un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que le remitió al Defensor del Pueblo, «en el que dice taxativamente lo que la Junta ha venido defendiendo desde el principio, que los estudios de impacto ambiental de los cuatro proyectos deben hacerse de manera conjunta y teniendo en cuenta los riesgos sísmicos».

Izquierda Unida pide la comparecencia del presidente del CSIC para explicar los «riesgos» del proyecto de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras Podemos pide desde Andalucía la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y que el organismo aclare su postura «oficial» sobre el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana, la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente de la agencia estatal para que explique los posibles «riesgos», tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto.

García Sempere solicita que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso todos los datos de que disponga en relación a ese «proyecto de gaseoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial del proyecto y sobre el riesgo de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana«, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.

La parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, encuadrada en Unidos Podemos, considera «muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar en sede parlamentaria, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado al frente del organismo científico en relación a este delicado asunto«. Así, ha recordado que «ante las reiteradas exigencias de asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos como CCOO y formaciones políticas para que el CSIC tomara cartas en el asunto y se implicara en la protección de este patrimonio natural», la respuesta «ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento al trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica».

García Sempere hace referencia a un informe, sin autoría definida, emitido por investigadores del CSIC a petición del Defensor del Pueblo andaluz y que es «contundente», según la diputada de Izquierda Unida, en contra del proyecto de Gas Natural al señalar, entre otras cuestiones, que «debido a que los 4 proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, se considera que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar».

Para García Sempere, «quizás algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, implicada en multimillonarios y peligrosos proyectos; nosotras no lo hacemos«. Así, la diputada espera «oír las explicaciones que dé el presidente del CSIC para comprobar de primera mano si su labor está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos».

Podemos Andalucía pide su dimisión

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, a través de su diputada autonómica Mercedes Barranco, reclamó la «dimisión» de Emilio Lora-Tamayo por el «grave escándalo del que está siendo protagonista» en relación al polémico informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre el proyecto que promueve Gas Natural Fenosa en Doñana, al tiempo que ha solicitado al propio CSIC que aclare su posición «oficial» al respecto de dicho proyecto, que la formación morada rechaza. Así lo ha pedido la diputada Mercedes Barranco en el Parlamento andaluz, que ha criticado la actuación del presidente del CSIC respecto al referido informe que contiene unas «conclusiones contundentes sobre los grandes riesgos sísmicos» que acarrea el proyecto.

Barranco ha relatado que el referido informe está realizado «en base a otro informe que hizo el investigador Miguel de las Doblas», científico cuya relevancia ha destacado porque «fue el que alertó de los peligros de la plataforma Castor», proyecto que está siendo objeto de una investigación «por presunta prevaricación contra el medio ambiente«, de forma que tanto «el Estado como la empresa están siendo investigados y que nos está costando a todos los españoles 1.350 millones en concepto de indemnización por la paralización del proyecto». Además, también ha indicado que entre los investigados figuran miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), porque dicho proyecto contaba con un «informe favorable» de dicho organismo.

Barranco ha incidido en que el informe del CSIC en relación a Doñana «advierte de que, aunque el proyecto se haya troceado en 4 subproyectos, los cuatro afectan a un único acuífero, el acuífero Almonte-Marismas, y a una misma zona sísmica, placa o falla», de forma que «alerta de que si el proyecto se pone en marcha sería sumamente peligroso por los riesgos sísmicos» y «pide que se paralice el proyecto en virtud del principio de precaución que establece la Unión Europea, y que se haga una investigación por un equipo multidisciplinar e independiente de los riesgos sísmicos del proyecto«.

La diputada de Podemos ha criticado que «lo más inaudito» tras conocerse dicho informe son las «declaraciones inadmisibles» que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose «de lado de las grandes empresas del Íbex 35; en este caso de Gas Natural Fenosa«, además de que «deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de los científicos del CSIC». Tras insistir en que «es sumamente grave que el presidente del CSIC se dirija a Gas Natural para rendirle pleitesía», Mercedes Barranco ha reclamado «su dimisión» y ha recordado que el presidente del CSIC «es nombrado por el Consejo de Ministros».

Asimismo, ha anunciado que Podemos va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, «para que aclare esta situación y explique las medidas legales que la Junta va a llevar a cabo para paralizar el proyecto de gas». En ese sentido, Barranco está convencida de que «ya ha llegado el momento» de pasar a la acción para paralizar el citado proyecto de Gas Natural. Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha considerado también «fundamental» que el CSIC aclare la «propia posición oficial del organismo sobre Doñana».

Barranco ha criticado que «esta maraña pueda servir al final para lavar la cara del PSOE respecto al proyecto de almacenamiento y extracción de gas», cuando éste, según apostilló, «no sería posible sin la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que emitió el Gobierno andaluz aun sabiendo que incumplía directivas europeas, que había sido troceado y que no cumplía la legislación básica».

No obstante, la diputada de Podemos agradece la «rectificación» que, a su juicio, está protagonizando el PSOE «en los últimos tiempos», y le ha dado la «bienvenida a la defensa de Doñana», de la que Podemos Andalucía nunca se ha salido desde su llegada al Parlamento autonómico, según reivindicó Barranco. En esa línea, garantizó que Podemos mantendrá una actitud de «oposición leal» y «apoyará» al Gobierno de Susana Díaz «si está realmente interesado en paralizar el proyecto», para lo cual le ha exigido que «vaya de una vez a los tribunales, actúe de una vez por todas y se deje de la política de anuncios«.

Andalucía insiste en la «veracidad» del informe del CSIC que advierte de la vulnerabilidad de Doñana ante el almacén gasista

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Europa Press.- El Gobierno andaluz ha insistido en defender la «veracidad» del informe de geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que pone de relieve la situación de máxima vulnerabilidad de Doñana y su entorno como resultado de las obras del almacén de gas natural que construye la multinacional Gas Natural Fenosa. Además, ha reprochado al PP que está lanzando mensajes sobre su supuesta «falsedad» con el objetivo de defender los intereses de la citada empresa.

El portavoz Juan Carlos Blanco ha querido dejar claro que la Junta no tiene intención alguna de dar una autorización medioambiental a ningún pozo que se pueda situar dentro del Parque nacional, por mucho que el PP esté lanzando «mensajes sobre la supuesta falsedad» de unos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Asimismo, ha señalado que si el PP quiere defender “los intereses de Gas Natural y tratar de defenderlos es su responsabilidad».

Ha recordado que un informe del CSIC habla de «riesgo sísmico» de los pozos, ya incorporado a un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha sido remitido al Gobierno andaluz. Blanco ha indicado que llama la atención que el PP cuestione la «veracidad de ese informe, que es oficial y que ha sido elaborado por geólogos del CSIC y que, sin embargo, parezca muchos menos interesado en hablar del contenido del mismo y de esa posibilidad de riesgos sísmicos».

Desarrollan un reactor para obtener benceno de gas natural a gran escala

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EFE.- Investigadores del Instituto de Tecnología Química, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un reactor catalítico para transformar directamente el metano en hidrocarburos líquidos como gas natural. El trabajo, que aparece publicado en Science y que se ha llevado a cabo en colaboración con científicos de la Universidad de Oslo y la empresa multinacional norteamericana CoorsTek, concluye que la ventaja de estos hidrocarburos es que son más fácilmente transportables y de mayor valor añadido.

El profesor de investigación del CSIC y director del estudio, José Manuel Serra, explica que el gas natural es la fuente de hidrocarburos más abundante y, sin embargo, en muchos casos su explotación no es viable económicamente. Por ello, «hemos desarrollado una nueva arquitectura de reactor catalítico que abre la puerta al uso más generalizado del gas natural, no sólo como mero combustible de calefacción sino como fuente de productos químicos y nuevos combustibles de automoción«, concreta. El proceso desarrollado por los investigadores del Instituto de Tecnología Química permite obtener benceno a partir del metano.

Desde el CSIC explican que los reactores existentes no resultaban rentables industrialmente, porque el catalizador perdía rápidamente actividad debido a la formación de carbón y porque el rendimiento de esta reacción está limitado por el equilibrio químico natural, que no se puede sobrepasar por los medios que emplea la ingeniería química convencional. «La clave de nuestro reactor es el uso de una membrana que, mediante la aplicación de corriente eléctrica, separa selectivamente hidrógeno durante la reacción de transformación del metano, de modo que es posible sobrepasar el equilibrio termodinámico y conseguir rendimientos más elevados y estables en el tiempo», afirman.

En cuanto a las ventajas medioambientales, los investigadores destacan que un subproducto directo del reactor, obtenido en grandes cantidades, es el hidrógeno de alta pureza, que es un combustible «totalmente limpio con elevada densidad energética». «Además, nuestro proceso ofrece una transformación más limpia ya que, al ser un proceso directo y con alto rendimiento, las emisiones de dióxido de carbono son mínimas«, concluye Serra. Los científicos destacan asimismo el pequeño tamaño del reactor y su modularidad, que permiten adaptar el tamaño de la planta al del yacimiento de gas natural, «lo que supone una gran ventaja frente a los procesos industriales actuales que requieren de tamaños gigantescos para su rentabilidad».