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El sistema eléctrico evoluciona 845 millones mejor de lo previsto en 2016 a falta de la última liquidación

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Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 430 millones de euros en la decimotercera liquidación de 2016 elaborada por el organismo regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que, a falta de una liquidación para cerrar el ejercicio, arroja una evolución de 845 millones de euros mejor a la prevista.

La previsión para 2016 pasa por cerrar con superávit, como ha ocurrido en los ejercicios 2014 y 2015. El déficit de tarifa provisional de 2016, que se produce porque los ingresos vía peajes son aún insuficientes para cubrir los costes regulados reconocidos, fue inferior a lo previsto gracias a un incremento en la demanda del 0,8%, superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron en esta liquidación a 13.741,6 millones de euros, un 0,2% superiores al valor promedio histórico, mientras que los ingresos de peajes de generadores fueron 1,19 millones de euros inferiores a los previstos.

Por su parte, los costes regulados fueron 751,4 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, por importe de 323,8 millones de euros, de la retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares (342,8 millones de euros) y de los pagos por capacidad (90,8 millones de euros). Además, en esta liquidación se produjo la amortización de los bonos de la Serie 19 de FADE (emisión 45ª), lo que ha dado lugar a un ajuste en la anualidad, con un impacto en la liquidación de -24,9 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en todo 2016 ascendió a 6.396 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 481,8 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura se situó en el 96,9%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles.

En lo que respecta a la primera liquidación provisional de 2017, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 781,6 millones de euros, lo que supone una evolución 126,6 millones de euros mejor a la prevista. El regulador precisó que los ingresos por peajes correspondientes a lecturas del mes de enero no se reciben completamente hasta marzo, por lo que la primera liquidación tiene una “escasa relevancia”, debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste.

Según los datos de la liquidación, la demanda en consumo registrada en la liquidación ascendió a 4.665 gigavatios hora (GWh), lo que es un 3,4% superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 387,3 millones de euros, siendo un 8,6% superiores al valor promedio histórico. Por su parte, los costes regulados fueron de 90,3 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica peninsular de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, inferior en 29,8 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.722 instalaciones con derecho a retribución específica. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en enero del 2017 ascendió a 514,271 millones de euros, antes de impuestos. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación ascendió a 156,322 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura fue del 30,39%.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de tarifa de 175 millones de euros, un 83,3% superior a los 95 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 93,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.612 millones de euros, que es un 0,3% inferior al mismo periodo del año anterior. La retribución total acreditada de 2.787 millones de euros, que es un 0,2% superior a la del 2016.

Respecto a los datos de enero, registró un déficit de 169,6 millones de euros en esta primera liquidación de 2017, lo que supone un 0,3% menos que los 170,1 millones de euros registrados en enero de 2016. El total de ingresos declarados por las empresas ascendió a 109,7 millones de euros, que es un 7,8% superior al 2016, debido al incremento de los ingresos por término de conducción en puntos de suministro. La retribución total acreditada fue 261,6 millones de euros, un 0,4% superior a la del año anterior. La demanda nacional de gas en 2017, facturada en enero, ascendió a 18,9 teravatios hora (TWh), con un aumento del 17%.

La termosolar reclama tener un cupo en la próxima subasta de renovables

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Europa Press.- El presidente de Protermosolar y de Estela, Luis Crespo, ha reclamado que el Gobierno asigne un cupo para las tecnologías renovables gestionables en la próxima subasta renovable. «La planificación de nueva capacidad renovable en España debe incluir, incuestionablemente, potencia gestionable, como la termosolar, que proporcione respaldo a las tecnologías fluyentes, como la eólica o la fotovoltaica», afirmó Crespo.

El presidente destacó que el precio del kilovatio hora (KWh) «no puede ser el único criterio que marque la planificación energética», ya que las centrales termosolares son hoy en día competitivas, «frente a la doble inversión que supondría centrales fluyentes respaldadas con nuevos ciclos combinados cuando concluya la vida operativa de los actuales». Crespo, que estimó que los costes de generación del kWh de las centrales termosolares con 6 horas de almacenamiento son bastante más baratos que los de las centrales fotovoltaicas, indicó que, incluso con la posición adoptada por el Gobierno de neutralidad tecnológica, las subastas deberían diferenciar entre renovables con y sin almacenamiento.

Para el presidente de Protermosolar, un sistema libre de emisiones «no puede conseguirse exclusivamente con renovables fluyentes», por lo que espera que las decisiones que se adopten para cumplir los objetivos de 2020 no estén basadas únicamente en el criterio del mínimo coste, sino en optimizar el valor de la nueva potencia para el sistema eléctrico en su conjunto y para el relanzamiento industrial nacional.

En este sentido, subrayó que los posibles apoyos a la termosolar se comienzan a pagar 3-4 años después de la aprobación de las centrales, mientras que los impactos macroeconómicos positivos empiezan de inmediato. «La contribución al PIB y al empleo serán otras razones adicionales que muevan a los responsables energéticos de los países soleados a apoyar su implantación», concluyó Crespo.

Energía cree que el coste de los 3.000 MW nuevos de renovables puede ser de apenas 40 millones al año

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Europa Press.- El Ministerio de Energía cree que los proyectos que ganen la próxima subasta de 3.000 megavatios (MW) de potencia renovable estarán «muy cerca de mercado», de modo que su coste regulado puede oscilar entre 30 y 40 millones de euros anuales para el sistema eléctrico, según fuentes del departamento ministerial.

Las fuentes se muestran convencidas de que la introducción de nueva potencia renovable ahora sí podrá realizarse a un precio competitivo y contraponen el escenario actual con lo sucedido con el real decreto 661/2007. Por ejemplo, en aquel momento el precio del megavatio hora (MWh) fotovoltaico alcanzó los 490 euros, frente a entre 55 y 66 en la actualidad, aseguran. Energía calcula que, si se instalase ahora toda la potencia renovable incorporada desde 2007, el coste en incentivos regulados «habría sido 5.000 millones de euros inferior a los 7.000 millones actuales». La subasta se celebrará previsiblemente en este primer semestre.

Coste máximo de 176 millones

Según la memoria de orden ministerial en la que se regula la subasta, el coste máximo anual para el sistema derivado de la retribución a la inversión a los 3.000 MW renovables será de 176 millones de euros anuales a partir de 2019. Este escenario es el más costoso de los contemplados por Energía. Esta subasta, en la que la eólica y la fotovoltaica se presentan como las tecnologías con más opciones de adjudicarse megavatios, permitirá elevar en un 10% la potencia de renovables actualmente instalada en España, que supera los 30.000 MW. Esta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la instalación de nueva potencia renovable primada.

Sobre el autoconsumo de electricidad, el Gobierno se muestra dispuesto a incorporar novedades como parte de su acuerdo de investidura con Ciudadanos siempre y cuando esta actividad se realice de forma «eficiente». A partir de esta premisa, se atenderán los casos particulares de autoconsumo en los que una instalación no solo no genere sobrecostes, sino que contribuya a abaratar los de distribución. En esos casos, se podrán adoptar medidas para incentivar la instalación de sistemas de autoconsumo. El Gobierno, aseguran las fuentes, considera que hay margen para realizar mejoras técnicas en la normativa sobre autoconsumo y ha solicitado a los distintos grupos políticos que remitan sus propuestas sobre la materia.

El sistema eléctrico evoluciona 542 millones de euros mejor de lo previsto a falta de dos revisiones de 2016

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Europa Press.– El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 1.506 millones de euros en la duodécima liquidación de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que, a falta de las últimas liquidaciones, arroja una evolución 542 millones de euros mejor a la prevista.

El escenario de costes e ingresos del regulador contempla para el conjunto del ejercicio un leve superávit, de apenas 24 millones de euros, que, de consolidarse la evolución actual, podría ser significativamente superior. El Ministerio de Energía previó en el borrador de la última orden ministerial de revisión de peajes eléctricos un superávit de cerca de 100 millones para 2016.

El déficit de tarifa provisional de 2016, que se produce porque los ingresos vía peajes son aún insuficientes para cubrir los costes regulados reconocidos, fue inferior a lo previsto gracias entre otras cosas a un incremento de la demanda del 0,9%, superior al valor promedio de años anteriores. El mayor consumo contribuyó a que los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendiesen a 12.887 millones de euros, un 0,7% por encima del promedio histórico.

Por contra, los costes regulados fueron 393,3 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a los menores incentivos a la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, por importe de 313 millones, y a los menores pagos por capacidad, por 90,8 millones. De forma adicional, se produjo un desvío acumulado para la actividad de transporte de 54,4 millones de euros menos de coste, así como otro para la actividad de distribución de 93,6 millones más de coste.

El coeficiente de cobertura de la liquidación provisional 12/2016 se ha situado en un 89,43%, frente al 90,16% en la Liquidación 11/2016, debido a la falta de ingresos procedentes de los impuestos eléctricos. En cuanto a las renovables, la liquidación provisional a 6.395 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a los productores en la Liquidación 12/2016 ascendió a 397,8 millones de euros antes de IVA o impuesto equivalente.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de tarifa de 430 millones en la duodécima liquidación, un 37% más que los 312 millones registrados en 2015. El total de ingresos declarados por las empresas por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.526 millones de euros, un 0,4% menos que en el mismo periodo del 2015. La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.762 millones de euros, un 0,2% superior a la del 2015. La demanda nacional de gas fue un 1,8% mayor en 2015.

Energía utilizará el fondo de contingencia para evitar el déficit de tarifa en 2017 ante el reconocimiento de 142 millones de euros a los purines

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Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé que el ejercicio 2017 se cierre con un nuevo superávit de tarifa en el sistema eléctrico pese a su intención de reconocer mediante una orden ministerial un coste adicional por cerca de 142 millones para retribuir la actividad de las plantas de tratamiento de purines con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del departamento ministerial.

La orden de peajes de electricidad para 2017 recoge, dentro de los costes del sistema, un fondo de contingencia por valor de 150 millones de euros que podrá usarse para responder a gastos no contemplados en las previsiones iniciales. Las fuentes explican que este fondo de contingencia, en función de las circunstancias, podría utilizarse para responder al coste adicional de la retribución de los purines y garantizar que no se produzca déficit de tarifa durante el año. El uso del fondo dependerá en todo caso de cómo evolucionen los ingresos y los gastos del sistema a lo largo del año.

Energía precisa además que el importe de 142 millones de euros recogido en su borrador de orden ministerial sobre la revisión de la retribución de los purines es solo una estimación y que el importe final dependerá de aspectos como el número de horas de funcionamiento de las plantas. La orden ministerial sobre las plantas de tratamiento de purines, cuyo borrador ha sido remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), revisa al alza la retribución a este tipo de instalaciones con el objeto de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo.

380 millones acumulados hasta 2019

Según datos de la CNMC, las plantas para el tratamiento de purines de porcino tienen una potencia instalada de 384 megavatios (MW) y producen casi 3.000 gigavatios hora (GWh) al año. El borrador de orden ministerial indica en su memoria económica que, de funcionar las plantas de purines al ritmo de 2013 y de mantenerse la previsión de precios del gas, estas instalaciones ocasionarán al sistema eléctrico un coste de 142 millones en el 2017, a los que se suman otros 136 millones en 2018 y 102 millones en 2019. En total, los sobrecostes del periodo comprendido entre 2017 y 2019 serán de 380 millones.

La orden ministerial de peajes de electricidad para 2017, en la que se congela la parte del recibo que los consumidores deben dedicar a cubrir los costes regulados del sistema, pronosticaba un leve superávit de 9 millones de euros para 2017. Al elaborar la orden ministerial, Energía no incluyó ninguna partida relacionada con los costes de los purines porque se hallaba a la espera de ejecutar la sentencia del Supremo que daba la razón a la empresa Energyworks San Millán y obligaba no solo a revisar la retribución, sino a indemnizar por los importes pagados de menos en el pasado.

El año pasado, el Supremo anuló dos anexos de la orden ministerial 1045/2014 en los que se recogen los parámetros retributivos de las plantas de producción de electricidad a partir de purines y obligó al Gobierno a aprobar una regulación sustitutiva. Este nuevo coste suma incertidumbre a la parte regulada del sistema eléctrico, sobre la que también podría recaer el importe de la indemnización por 500 millones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo por haber financiado el bono social en los últimos años. El Gobierno recurrió la sentencia del Supremo en la que se da la razón a las eléctricas al Constitucional.

¿Qué se paga con la tarifa eléctrica regulada?

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EFE.– La tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos 12 millones de consumidores, sigue siendo una gran desconocida a pesar de la polémica que ha suscitado durante las últimas semanas la brusca subida de la electricidad en el mercado mayorista, que parece haber empezado a remitir. De hecho, en numerosas ocasiones se ha confundido la evolución del precio en el mercado mayorista con el comportamiento de la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Si dejamos al margen los contratos de suministro firmados por los consumidores que están en el mercado libre, unos 13 millones, el primer dato a destacar es que el coste de producción representa tan sólo el 35% de la tarifa regulada. El 65% restante corresponde a impuestos (IVA e Impuesto de Electricidad), al margen de comercialización, al alquiler del contador y, sobre todo, a los llamados peajes de acceso, que suponen en torno al 40% del recibo de la luz y que fija el Gobierno.

Aunque los peajes están congelados e incluso bajaron en 2016, no faltan los expertos que cuestionan algunos de los conceptos que engloban. El capítulo de costes regulados incluye la retribución de dos actividades necesarias para hacer llegar la electricidad a hogares y empresas: el transporte, que permite llevar la energía desde las centrales hasta las subestaciones, de la que se ocupa Red Eléctrica de España; y la distribución, que la reparte entre los consumidores finales.

Pero también son costes regulados las primas a las energías renovables; la compensación a los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) por sus mayores costes de producción; la recuperación del déficit tarifario acumulado en ejercicios anteriores; los pagos por capacidad, para que siempre haya centrales de reserva, y la financiación de la interrumpibilidad, el descuento aplicado a las empresas a las que se puede cortar la luz en caso de necesidad. Si se eliminaran algunos de estos conceptos, la tarifa regulada bajaría sensiblemente, pero habría que determinar de qué forma se pagarían, por ejemplo, las primas a las renovables.

Mención especial merece la recuperación del déficit tarifario, una bola de deuda de más de 20.000 millones de euros que empezó a gestarse en los gobiernos de José María Aznar por la decisión de no subir la tarifa más del 2% durante varios años y que se disparó con la política de ayudas a las renovables en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa «pesada mochila» se sigue pagando a través de la tarifa, aunque la reforma energética acometida por el Gobierno del PP ha conseguido, aparentemente, eliminar el déficit.

Sin embargo, lo que disparó la polémica en las últimas semanas ha sido la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Hay razones que pueden explicar la subida: la ola de frío, que ha disparado la demanda; la ausencia de agua y viento, que ha obligado a utilizar centrales más caras; el encarecimiento del petróleo y el gas natural, y el parón de varias nucleares francesas. Pero tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizan si, además, hubo algún comportamiento anticompetitivo por parte de los agentes del sector.

El Ministerio de Energía ha tomado medidas para aumentar la competencia en el mercado gasista y conseguir precios más competitivos. En la situación actual, los precios del mercado eléctrico mayorista los marcan las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas como combustible. Energía ha incorporado la figura del «creador de mercado», que ya existe en otros países europeos, para conseguir más liquidez en Mibgas, el mercado gasista organizado. Además, obligará a los operadores dominantes del sector gasista a ofrecer un volumen determinado de gas en el mercado. Ahora se espera que los precios de la electricidad se moderen a medida que suban las temperaturas, vuelva a soplar el viento y, si hay suerte, llueva.

Podemos pide en el Congreso auditar los costes para elaborar un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad

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Europa Press / EFE.- Mientras el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha sugerido el establecimiento de una horquilla de precios para los consumidores domésticos de energía, Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad refleje «adecuadamente» el coste de generación de cada tecnología y realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico.

En su iniciativa, firmada por el diputado Josep Vendrell, el partido pide que las modificaciones legislativas en el sistema de fijación del precio eléctrico tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas. También que se encamine a garantizar el acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía; y el estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los «enormes impactos» ambientales asociados a la generación eléctrica.

Asimismo, la iniciativa pide realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en España. El resultado de la auditoría será la base para el diseño del nuevo sistema de fijación de precios. De igual forma, reclama establecer de forma inmediata un cargo por la diferencia entre el coste y el precio de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares.

También se propone reformar la parte regulada de la tarifa. Para ello deberá reducirse la parte fija en función de la potencia contratada, aumentar la parte variable en función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados. La iniciativa también demanda recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para “evitar el uso especulativo” del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable.

En la iniciativa, Podemos denuncia el aumento del recibo de la luz, con una tendencia «claramente al alza» desde hace más de una década. En esta línea, se refiere al repunte de los precios del pool, que superaron los 90 euros por megavatio hora (Mwh) en parte por la ola de frío, el parón nuclear francés y el encarecimiento de las materias primas, como han subido también «en toda Europa», pero en el caso de España cree que se agudiza por los «problemas regulatorios y de competencias que han convertido el sistema en un mecanismo injusto de extracción de rentas».

Por otra parte, Podemos también ha registrado una batería de preguntas al Gobierno ante la escalada del precio de la electricidad en el mercado durante las últimas semanas, situándose en niveles de 2013, lo que podría suponer una subida de 100 euros anuales en el recibo, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Así, pregunta al Gobierno si una mayor presencia de las renovables en el mix eléctrico favorece la reducción del precio de la electricidad y si ha calculado el precio de mercado si hubiera instalada en España el doble de capacidad en renovables.

También se interesa sobre si el Ejecutivo ha cuantificado el impacto que tendrá el incremento del consumo de gas y carbón en la balanza de pagos, así como el aumento de las emisiones de CO2 y sobre si tiene previsto alguna medida o mecanismo de compensación que permita a España mantener sus compromisos internacionales respecto a la reducción de emisiones de gases invernadero. De igual forma, le pregunta sobre el calendario que prevé para impulsar el Pacto de Estado por la energía comprometido en el programa de investidura del presidente.

En este contexto, Podemos quiere saber si el Ejecutivo se plantea incorporar la reforma de la regulación del sector eléctrico, el sistema de fijación de precios y la estructura de la tarifa, dado que España tiene uno de los precios de la electricidad más altos de Europa. Junto a estas preguntas, Podemos pregunta al Gobierno si tiene sospechas o indicios de que se hayan producido manipulaciones fraudulentas de los precios del mercado y si considera que los ingresos de las hidroeléctricas y nucleares en el mercado son «razonables», teniendo en cuenta sus costes de generación.

Fijar una horquilla al consumidor

Por su parte, Vega de Seoane cree que los consumidores domésticos no están preparados para aprovecharse de la fluctuación en el precio por horas de la energía, por lo que ha propuesto reflexionar sobre la necesidad de establecer una banda de precios, con un mínimo y un máximo, para los consumidores domésticos. Eso evitaría generar alarma social y daría más estabilidad al sistema, según ha afirmado. Asimismo, Seoane lamenta que los consumidores estén pagando los «disparates» que se hicieron en el pasado con el despliegue «masivo» de energías renovables, especialmente «fotovoltaicas», a un coste que actualmente sería «25.000 millones de euros inferior». «Lo hicimos rematadamente mal y lo estamos pagando ahora. Y eso quien debería pagarlo son los contribuyentes», indicó.

Los agricultores critican sobrecostes millonarios

Por otro lado, la Unió de Llauradors denuncia que el incremento del precio de la energía (electricidad y gasóleo) provocará que los agricultores y ganaderos valencianos tengan un sobrecoste de 111 millones de euros si se mantiene en ese estatus alcista. Según La Unió, un estudio elaborado por sus servicios técnicos indica que de esta cantidad, 69,5 millones de euros corresponderían a la factura de la electricidad y los 42 restantes a la del gasóleo.

Los sectores ganaderos más afectados, añade La Unió, por esta subida de los costes energéticos son el avícola y el porcino, sobre todo por el gasóleo empleado para la calefacción de las granjas. En el caso del avícola esta situación repercutiría en un aumento del 26% en los costes de producción, mientras que en el porcino sería del 4%. Los cultivos donde más se nota la subida de los costes de la energía son los de secano, principalmente el olivo (con un incremento del 16%), el almendro (del 14%), la viña (10%), la fruta de verano (4%), los cítricos (4%).

El sindicato recuerda además que el precio de la energía (gasóleo y electricidad) representa para la agricultura un 12% de los costes directos y un 3% de los costes totales, mientras que para la ganadería suponen casi un 13% de los costes totales. Del mismo modo, pide que vuelvan a establecer tarifas especiales de electricidad para el sector agrícola como existía hasta 2008, y un gasóleo profesional agrícola que es una reivindicación histórica del sector.

Energía estima un coste máximo de 176 millones anuales para el sistema eléctrico por los 3.000 MW nuevos de renovables

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estima unos sobrecostes máximos para el sistema, derivados de la retribución a la inversión por parte de las nuevas instalaciones de la nueva subasta de renovables por 3.000 megavatios (MW) que celebrará en el primer trimestre de 2017, de 176 millones de euros anuales a partir de 2019, una vez que las instalaciones hubieran entrado en funcionamiento.

Energía obligará a que los proyectos que se adjudiquen estén ejecutados antes del 31 de diciembre de 2019, por lo que se contemplan diversos hitos intermedios y un sistema de garantías y controles. Así, las nuevas subastas consistirán en un mecanismo competitivo y tecnológicamente neutral en el que las distintas tecnologías podrán competir en igualdad, es decir sin cupos preestablecidos por fuentes (eólica, solar, etcétera). De esta forma, se garantiza que “se incorporan aquellos proyectos más eficientes y que supongan un menor coste para el consumidor”, en línea con las directrices de la Comisión Europea.

Según consta en la memoria de orden por la que se regulará la subasta, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal realiza la estimación de esta cifra bajo la hipótesis de que se realice una asignación de 1.400 MW eólicos, igual cantidad de fotovoltaicos y 200 MW del resto de tecnologías. Suponiendo que la rebaja obtenida en la subasta es del 0%, es decir, es inexistente, Energía estima que de esa cifra de 176 millones de euros, 75 millones de euros corresponderían a la eólica, 71 millones de euros a la fotovoltaica y 30 millones de euros al resto de tecnologías.

Actualmente, el sistema eléctrico español suma 51.112 MW en renovables: 20.345 MW en hidráulica, 23.020 MW en eólica, 4.699 MW en fotovoltaica, 2.300 en térmica y 748 MW más en otras renovables, según los últimos datos de Red Eléctrica. Esto supone más de la mitad de la potencia total instalada en el sistema eléctrico que alcanza los 105.308 MW. Así, en electricidad las renovables cubren ya alrededor del 40% de la generación aunque eso se traduce en un porcentaje mucho menor si se mira el conjunto del consumo de energía.

Esta subasta permitirá elevar en un 6% la potencia de renovables actualmente instalada en España. La retribución actual a las instalaciones de producción de energía renovable, cogeneración y residuos asciende a unos 7.000 millones de euros anuales. Ésta será la segunda subasta después del levantamiento el año pasado de la moratoria a la concesión de ayudas a nuevas instalaciones renovables. Entonces se licitaron 700 MW, de los que 500 MW correspondieron a eólica y otros 200 MW, a biomasa. Esta subasta se cerró, para sorpresa del sector, con un descuento del 100%, es decir, que las plantas que se adjudicaron capacidad cobrarían solo la retribución del mercado sin ayudas adicionales.

El Gobierno remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta normativa para regular los procedimientos del mecanismo de subastas competitivas que incorpore nueva energía renovable. Según indicó Energía, España tiene el «firme compromiso» de alcanzar el 20% de energía renovable en 2020. El Gobierno señala que se encuentra por encima de la senda prevista para lograr el objetivo y que avanza a mejor velocidad que la mayoría de países del entorno, al alcanzar en 2014 un 17,3%, incluyendo los biocarburantes, por encima del 12% previsto y del 5,5% de Holanda, del 7% de Reino Unido, del 13,8% de Alemania o del 14,3% de Francia.

Tras la remisión a la CNMC de la propuesta, consistente en un real decreto y una orden ministerial, el regulador abrirá un trámite de audiencia a los interesados para su valoración. Posteriormente, se concretará el procedimiento mediante una resolución del secretario de Estado en la que se establezcan los detalles de la subasta y la fecha concreta de la convocatoria.

La CNMC reprocha a Energía que 335 millones ingresados para pagos por capacidad se destinen a financiar otros costes regulados

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Redacción / Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Energía de que, en su borrador de peajes eléctricos para 2017, está «financiando» costes del sistema mediante un exceso de recaudación de 335 millones de euros en la partida de pagos por capacidad, unos incentivos a las centrales de respaldo, generalmente térmicas de carbón o de gas, por estar disponibles en los momentos en los que falla la aportación de tecnologías no gestionables como la eólica.

En su informe sobre el borrador de peajes de electricidad, el organismo presidido por José María Marín Quemada advierte de que los ingresos previstos para 2017 destinados a los pagos por capacidad ascienden a 725 millones, a pesar de que esta partida generará unos costes de 390 millones. De esta forma, se registra un saldo positivo de los pagos por capacidad de 335 millones que se destinará a financiar los costes regulados “distintos al transporte y la distribución”, entre los que figuran, especialmente, los incentivos a las renovables o la amortización de la deuda eléctrica.

«Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema», afirma. La CNMC aprovecha para reclamar a Energía «una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente«.

Justifica congelar los peajes eléctricos

El borrador de orden ministerial de peajes eléctricos contempla un escenario de equilibrio entre costes regulados e ingresos procedentes de los peajes para 2017. Tras más de una década de déficit de tarifa, el sistema eléctrico ha arrojado superávit en 2014 y 2015, y lo hará previsiblemente en 2016. La CNMC considera en todo caso que los ingresos regulados previstos para 2017 son suficientes para cubrir los costes y, en consecuencia, está justificada la decisión de mantener congelados los peajes.

La CNMC aprovecha para pedir a Energía que apruebe de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para adecuar sus competencias con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria. También lamenta no haber podido valorar los ingresos por peajes de acceso a consumidores y generadores, y considera «inadecuado» el mecanismo de financiación con cargo a los Presupuestos del 50% del coste de las instalaciones de producción renovable ubicadas en territorio insular. Junto a esto, insiste en la necesidad de que Energía apruebe una metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución.

A propósito de esta metodología, el regulador indica que su aprobación servirá para contribuir a la transparencia del sistema en su conjunto y, en el caso del autoconsumo, para dotarlo de mayor certidumbre para su desarrollo. Competencia también advierte del incremento de los cargos transitorios por energía consumida para los subsistemas de Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera incluidos en la orden ministerial, sin que se justifique suficientemente el motivo de dicha variación.

Para el conjunto de autoconsumidores, se producirá una rebaja del 6,2% en el término fijo de los cargos para potencias contratadas no superiores a 10 kW. Entre 10 y 15 kW, la rebaja será del 3,6%. En cuanto a los términos variables, registran reducciones comprendidas entre el 3% y el 16,3% para los consumidores de baja tensión y entre el 8,4% y el 16,7% para el resto de los consumidores.

Capicúas energético-presupuestarios

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La designación como secretario de Estado de Presupuestos de Alberto Nadal junto al nombramiento de Álvaro Nadal como ministro de Energía ha devenido con bastante sigilo en un hecho insólito en la historia de la Administración española: el hermanamiento fraternal entre el Ministerio de Hacienda y el área de Energía, imprevisible en 2013 después del pulso perdido por el ministro offshore José Manuel Soria con Cristóbal Montoro a cuenta del déficit de tarifa. Una situación capicúa en la que ahora ambos hermanos saben que la responsabilidad energética no es especialmente sencilla de abordar.

La primera cuestión que plantea el estado actual de la situación es, lógicamente, la propia designación futura de secretario de Estado de Energía, en sustitución de Nadal. Es decir, qué candidatos pueden estar en el pool de los nominados, los  problemas que habrá de abordar, con el agravante de contar con un Ministerio dedicado a tal efecto, con lo que su responsabilidad será más nítida.

Alberto Nadal, muy discutido, con una ejecutoria caracterizada por el mínimo nivel de negociación política sectorial, se empleó en abordar a su manera el problema del déficit tarifario, cuando sus predecesores habían seguido la política de Señor, que pase de mí este cáliz. Probablemente, no le quedaba otra dado el nivel al que estaba llegando el déficit tarifario y su tendencia explosiva imparable. Todavía no hemos visto el desenlace final de los conflictos derivados de estos cambios normativos, pero lo deberán abordar el flamante Ministerio y el futuro Secretario de Estado. Y seguramente los siguientes.

La segunda cuestión se deriva del resultado de las carambolas de billar del Gobierno extendido a las Secretarías de Estado. Es decir, por ejemplo, la designación del nuevo secretario de Estado de Energía se instrumentará conjuntamente con los juegos y equilibrios de poder resultantes del nombramiento de responsable de la Oficina Económica del Presidente. Será relevante si su nuevo responsable pertenece a la órbita de Luis de Guindos o a la órbita de los hermanos Nadal (y consecuentemente de la vicepresidenta Saénz de Santamaría), y condicionará el enfoque de la energía en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Abordar cuestiones como la separación de determinados costes regulados de la tarifa eléctrica por su naturaleza política ajena al suministro (extrapenisulares, renovables) y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, no podrán ser tratadas con inhibición o con una política de mirar para otro lado, puesto que ahora será el propio Alberto Nadal  quien tendrá esa patata caliente. Asimismo, Álvaro, parece haber avanzado su intención de conseguir bajar los precios energéticos, cuestión por otra parte contenida en el acuerdo con Ciudadanos. ¿Con qué enfoque se pondrá a esta labor?

Todo está lleno de capicúas.